Elegir por VOTO popular a JUECES tendrá un COSTO INCALCULABLE; superior a 30 MIL MLLNS PESOS

En caso de que se apruebe la Reforma Judicial, que sería el primer aterrizaje del Plan C de la Cuarta Transformación, se tendría que elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros a un costo literalmente.

Tampoco se sabe exactamente de dónde sería obtenido el dinero, pues mientras algunos legisladores de Morena sugieren que la elección se financie con los fideicomisos del Poder Judicial Federal, hay quien considera que la Cámara de Diputados le tendría que asignar al Instituto Nacional Electoral (INE) una partida especial para este rubro el próximo año.

• Mientras la Secretaría de Hacienda minimizó el gasto que implicaría la renovación de los integrantes del Poder Judicial mediante el voto directo, un estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calcula que esos comicios costarían alrededor de 30 mil millones de pesos, lo que representa 5.1 veces el presupuesto de la propia Corte para este 2024, que fue de cinco mil 787 millones de pesos.

El costo calculado por el máximo tribunal del país supera el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y el Senado, juntos, y no contempla el gasto que representaría pagar indemnizaciones a los miles de impartidores de justicia que, se prevé, presentarán demandas al ser despedidos.

• Sin embargo, las cifras previstas desde la 4T son más conservadoras, aunque no hay una postura unificada, pues mientras el senador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que el costo de la elección sería de tres mil 500 millones de pesos, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comentó que el monto ascendería a cerca de siete mil 500 millones.

En cuanto a la renovación de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, el peso del gasto se cargaría hacia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), muchos de los cuales arrastran una situación financiera complicada, derivada de los recortes presupuestales que han sufrido al menos en los últimos tres años.

Exconsejeros electorales del INE entrevistados por ejecentral coincidieron en que más allá del monto que se destine para la organización de un proceso electoral de este tipo, el gasto será inútil, pues al respecto se prevé una muy baja participación ciudadana.

Que pague el Poder Judicial

El Gobierno federal minimizó el impacto presupuestal de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y omitió precisar los gastos que implicaría la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

• El dictamen de impacto presupuestario que López Obrador envío al Congreso de la Unión junto con su iniciativa de reformas a la Constitución señala que los cambios planteados no implicarán gastos, porque no se crearán ni modificarán unidades administrativas ni plazas, y no se consideran nuevas atribuciones sustantivas ni disposiciones de carácter general que incidan en la regulación en materia presupuestaria.
• De acuerdo con ejecentral, el documento, firmado por Omar Tovar Ornelas, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, advierte que la reestructuración del Poder Judicial de la Federación deberá ser cubierta con el presupuesto que le sea aprobado (al propio Poder Judicial) por la Cámara de Diputados.
• Pero ni la Secretaría de Hacienda ni la de Gobernación consideraron los costos de las elecciones que se tendrían que llevar a cabo a nivel federal y estatal para sustituir a casi siete mil impartidores de justicia, entre jueces, magistrados y ministros, como lo plantea la reforma prioritaria de López Obrador, que respalda la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

En contraste, un estudio de la SCJN calcula que esos comicios costarían alrededor de 30 mil millones de pesos, recursos con los que se podría pagar la pensión de 833 mil adultos mayores durante un año.

El Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, en el Análisis de la iniciativa al Poder Judicial, señala que el costo del proceso para elegir a impartidores de justicia sería de “alrededor de la mitad del costo de las elecciones federales”.

• El estudio señala: “De acuerdo con la organización civil Laboratorio Electoral, ‘el presupuesto electoral para 2024 es de $60,451,351,931 (60 mil 451 millones 351 mil 931 pesos)’”, por lo que el costo de la elección de juzgadores rondaría alrededor de los 30 mil millones de pesos.
• Cabe destacar que en el proceso electoral de 2024 se disputaron poco más de 19 mil puestos de elección popular, mientras que en el caso de la renovación de la judicatura a nivel federal y estatal se tendrían que elegir alrededor de siete mil cargos, de entre un universo de más de 40 mil personas candidatas.

El documento de la SCJN identifica decenas de problemas en caso de que se avale en sus términos la reforma propuesta por el presidente López Obrador, entre ellos, los “altos e innecesarios costos derivados del proceso de elección popular”.

El riesgo de demandas laborales

Los 30 mil millones de pesos que, según cálculos del centro de estudios citado, se gastarían en la elección de los integrantes del Poder Judicial representan 5.1 veces el presupuesto de la SCJN de este año, que fue de cinco mil 787 millones de pesos.

• Además, el monto es superior al presupuesto de la Oficina de la Presidencia (924 millones), la Secretaría de Gobernación (10 mil 868 millones), la Cámara de Diputados (ocho mil 982 millones) y el Senado (cuatro mil 955 millones), juntos.
• La propia Corte aclara que el cálculo citado sólo es para la organización de los comicios, sin considerar las indemnizaciones que se tendrían que cubrir en caso de que se presenten demandas de los juzgadores que serán cesados como consecuencia del proceso electoral.

“La propuesta de destituir a todas las juzgadoras y juzgadores (alrededor de siete mil) en un mismo momento genera un alto riesgo de que presenten demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría un importante costo para indemnizarles por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos. Por otro lado, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados”, dice el análisis.

Y advierte: “La remoción de toda la judicatura mexicana plantea el despido de casi mil 580 juzgadores federales y más de cinco mil juzgadores estatales. Esto podría llevar, en primer lugar, a un escenario de alta presión para el sistema de justicia, pues existe la posibilidad de que alrededor de seis mil 580 personas presenten acciones legales. La sustitución también plantea una complicada situación económica para el otorgamiento de las pensiones o indemnizaciones correspondientes”.

10 mil candidatos en fuero federal

La iniciativa presidencial prevé una elección extraordinaria el próximo año para sustituir a todos los ministros de la SCJN, a magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• Este medio calculó que serían casi 10 mil candidatos a diversos cargos del Poder Judicial en el fuero federal, al considerar la elección de nueve ministros de la SCJN, siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, 18 magistrados de las salas regionales y especializada del TEPJF, cinco miembros de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 981 magistrados de circuito y 599 jueces de distrito.

La iniciativa precisa que la SCJN tendría nueve ministros y no 11, como ahora. Para elegir a nueve integrantes del máximo tribunal del país habría 30 candidatos, de los cuales 10 serían propuestos por el presidente de la República, 10 por el Congreso de la Unión y 10 por la Suprema Corte

Todos los candidatos tendrían que debatir y tener acceso a tiempos de radio y televisión y el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que organizar los comicios, sin que se precise si los gastos correrán a cargo del presupuesto del INE o del Poder Judicial.

Esto representa un gran problema logístico, pues la organización de tres debates entre tres candidatos presidenciales, con dos horas de duración cada uno, en meses pasados, implicó un gran despliegue de recursos humanos y técnicos. Y en el caso del Poder Judicial, el número de participantes en los debates se tendría que multiplicar por 10.

Los codiciados y asediados fideicomisos

Los fideicomisos del Poder Judicial han sido la manzana de la discordia durante una buena parte del actual sexenio. El año pasado, el Congreso avaló la extinción de 13 fideicomisos, que sumaban 15 mil 434 millones de pesos. Pero un juez frenó la decisión y posteriormente, la SCJN, por mayoría de votos, confirmó la decisión.

• Esos recursos los ha querido el Gobierno federal para múltiples destinos, como la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis y, ahora, se pretende que de ahí se financien las elecciones para renovar a todo el Poder Judicial.
• Los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, respectivamente, ya pusieron sobre la mesa la propuesta: la elección se podría financiar con los recursos de los fideicomisos judiciales, que actualmente tienen 23 mil millones de pesos.
• La SCJN, bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, ha sido enfática al advertir que echar mano de estos fideicomisos violaría los derechos laborales de los trabajadores. Como para darle la estocada final a estos recursos, López Obrador plantea:

“Los órganos del Poder Judicial de la Federación llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación”.

Dinero “tirado a la basura”

Para Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y exconsejero presidente de Instituto Federal Electoral (IFE), el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una idea “equivocada y populista de que el voto popular purifica a las personas”.

La propuesta de elegir a todos los impartidores de justicia a nivel federal y estatal la califica como “una estupidez”, y considera que es “propaganda para justificar el deseo de aniquilar un poder que le ha sido adverso”.

• “Si el propósito es una estupidez, es dinero tirado a la basura. Si el propósito fuera loable, ¿sería una buena inversión? Depende. El problema no es el dinero, ni el problema es la logística, el problema es el resultado y las implicaciones del resultado.
• Para mí es dinero tirado a la basura, porque vas a crear un problema mayor al que ya existe, entonces vas a pagar dinero para empeorar las cosas, por eso yo creo que es una pésima inversión”.

¿Ser elegido a través del voto popular es garantía de tener mejores jueces, ministros y magistrados?

• “Toda la evidencia muestra que es lo contrario, porque la función de una persona juzgadora, sea ministro, sea magistrado, sea juez, es defender la legalidad y la Constitución. Y defender la legalidad y la Constitución no tiene nada que ver con ser elegido por voto popular, son cosas diferentes, ¿no?
• De hecho, hay un problema básico de lógica argumentativa en vincular una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Justamente para que hagan bien su trabajo, las personas juzgadoras tienen que estar alejadas del humor social, de la política, de los políticos, de las tentaciones terrenales”.

Luis Carlos Ugalde aseguró que el reto de la elección no será la organización, pues el INE tiene la suficiente experiencia para ello y capacidad para hacer un mapa electoral judicial. El reto, dijo, sería la participación de la gente.

“No se trata de una elección del voto por el pueblo. Se trata de las personas que sean designadas por el poder político a través de los partidos”, declaró.

Luis Carlos Ugalde y el exconsejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, coincidieron en que la participación ciudadana en elecciones de jueces, magistrados y ministros será un fracaso.

“Imagínate que para ministro de la Corte va a haber 30 candidatos. ¿Cómo vas a hacer para informarte de las 30 personas que sean candidatas?, ¿vas a leer su currículum?, ¿vas a leer sus propuestas?, ¿vas a ver debates de candidatos a ministros? Si son 30 candidatos, ¿cuántos debates tiene que haber para que puedas tú informarte?

Pues tendría que haber debates de tres por tres o de cuatro por cuatro, o sea, tendrías que ver como siete debates para conocer a las 30 personas. ¿Y qué te pueden proponer? Sólo te pueden proponer defender la Constitución. La iniciativa (presidencial) es una propuesta sin sentido, absurda, totalmente propagandística”, afirmó.

• Marco Antonio Baños destacó que los mexicanos tienen “una enorme confusión de lo que realmente es el Poder Judicial, la diferencia entre autoridades y sobre las funciones que desempeñan”, por lo que consideró que el INE tendría “un problema tremendo para difundir y capacitar adecuadamente a la población sobre ese tema”.
• Recordó, además, que la participación ciudadana en la revocación de mandato y la consulta popular recientes fue muy baja, no superó el 18% de la Lista Nominal de Electores, y algo similar podría ocurrir en una elección de jueces.

Por ejemplo, en la consulta popular de 2021, que tuvo un costo de 528 millones de pesos, sólo participaron 6.6 millones de ciudadanos, que representaron 7.11% de la Lista Nominal de Electores.

La pregunta fue confusa, aunque originalmente se buscaba conocer si la gente estaba de acuerdo o no con abrir procesos penales en contra de varios expresidentes de la República.
La revocación de mandato de 2022 costó mil 738 millones de pesos y sólo participó 17.77% de la Lista Nominal de Electores, así que no llegó al 40% que se requería para que el resultado fuera vinculante. En esa ocasión se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no con que se le revocara el mandato a López Obrador por pérdida de confianza.

“Y fue una elección donde Morena le metió especial énfasis a ratificar a López Obrador. En el caso de la elección del Poder Judicial, dudo que la gente conozca a los famosos candidatos”, recalcó Baños Martínez.

El exconsejero destacó que si se aprueba la reforma, el INE tendrá que determinar cuántas casillas se instalan, elaborar un mapa electoral que responda a los distritos judiciales y determinar si diseñará una plataforma electrónica para votar o si únicamente usará boletas impresas.

Impacto a nivel estatal

De acuerdo con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que entren en vigor las reformas a la Constitución, las 32 entidades federativas tendrán 80 días naturales para adoptar el mismo modelo de elección de jueces y magistrados. De esta forma, se prevé que la mayor presión económica recaiga en organismos electorales locales, muchos de los cuales han sufrido reducciones presupuestales en los últimos años.

Un estudio del INE publicado en febrero pasado señala que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) tuvieron reducciones importantes en el presupuesto solicitado para este año. Destacan los casos de Nuevo León, con un recorte de 63.38%; Puebla, con 68.33%, y San Luis Potosí, con 42.84% menos recursos.

• INE precisa que desde 2023, año en que comenzó la organización de las elecciones más grandes de la historia de México, y hasta febrero de 2024, había 11 organismos electorales que generaban preocupación por su situación presupuestal en “alto riesgo”.
• En estas condiciones estaban los estados de San Luis Potosí, Sinaloa, Morelos, Zacatecas y Yucatán, entre otros, mientras que en “riesgo medio” estaban Tamaulipas, Nayarit, Colima, Tabasco y la Ciudad de México.
• En 2023, los institutos electorales con mayor recorte presupuestal fueron Nayarit (con una reducción de 75.87% del presupuesto solicitado al Congreso local), San Luis Potosí (74.35%), Colima (70.28%), Puebla (63.82%) y Oaxaca (59.55%).

A nivel estatal, de acuerdo con la SCJN, hay cuatro mil 389 jueces y 603 magistrados, y en unas elecciones locales de los poderes judiciales estatales, habría alrededor de 30 mil candidatos.

Para Marco Baños, exconsejero del INE, los institutos electorales locales tendrían un problema con los recursos, pero en cuestión de organización de los comicios no tendrían dificultades, porque seguirían el mismo modelo que lleve a cabo el INE para elegir a ministros, jueces y magistrados federales.

Caso Bolivia: crisis por politización

• Bolivia es el único país del mundo en donde se elige a todos los integrantes de sus máximos tribunales por voto popular, pero esto ha generado una severa crisis en el Poder Judicial, porque todos los magistrados están sujetos a distintos intereses políticos.
• Desde 2011, cada seis años en Bolivia se elige a los 23 magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, las cuatro instancias máximas del Poder Judicial.
• Sin embargo, los comicios que debían llevarse a cabo el año pasado se pospusieron y no se han realizado hasta la fecha, debido a las pugnas políticas y a la lucha por el poder entre el presidente Luis Arce y el expresidente del país sudamericano, Evo Morales.

“Luis Arce tiene casi la mitad del Movimiento al Socialismo (el partido político en el poder) y Evo Morales la otra mitad, por ponerlo fácil. Pero en cuanto a la representación política, Arce prácticamente ha perdido el control. Entonces, ¿cómo es que equilibran las cosas?

Arce controla la justicia y a través de recursos judiciales del Tribunal Constitucional ha ido postergando sistemáticamente el proceso de elección judicial; entonces, esos jueces le responden más a Luis Arce y de esta manera se mantienen en el poder generando recursos, acciones legales contra los opositores y contra la misma Asamblea Legislativa”, comentó el periodista boliviano Mauricio Quiroz Terán.

El editor de Política del periódico El Deber de Bolivia, destacó que debido a la politización, el Poder Judicial de su país está en “una crisis institucional muy potente, que está golpeando todas las estructuras políticas y sociales del país”.

¿El procedimiento de elección popular ha terminado con la corrupción de jueces y se han acelerado los procesos para el acceso a la justicia?

“Ese era el espíritu de la reforma de 2009: que la justicia llegue a todos y que se termine la corrupción. Sucede que no, la corrupción se ha incrementado y ahora tenemos el gran problema de que la justicia responde más al poder político que a la sociedad. Hablo de cada magistrado, en este caso los que están prorrogados de manera ilegal, porque si uno va al espíritu de la Constitución, la única forma de que los magistrados ejercen es a través del voto y ellos mismos han decidido prorrogar su mandato, porque no había quién los reemplazara. La crisis judicial se agravó y ahondó mucho más la corrupción”.

Además, las elecciones de 2011 y 2017 se caracterizaron por la baja participación de la ciudadanía. “Los indicadores de participación ciudadana en ambos procesos fueron muy bajos, casi por el 30 o 20%, y eso que el voto es obligatorio en Bolivia, y al ser obligatorio, la gente prefiere pichear el voto o anularlo. ¿Esto a qué se debe?

Se debe a que es tan compleja esta elección, que los candidatos son preseleccionados por la Asamblea Legislativa, por el Congreso. Esta preselección obedece a criterios meritocráticos, y también hay criterios políticos que se imponen a partir de la mayoría. En el caso de ambas elecciones, el Movimiento al Socialismo, el partido que gobierna Bolivia, ha impuesto a sus candidatos”.

La reforma al Poder Judicial de Bolivia fue impulsada por el expresidente Evo Morales, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

• En 2019, el boliviano recibió asilo político en México luego de que renunció a la presidencia de su país, entre acusaciones de fraude electoral y posicionamientos militares, y ahora en nuestro país se pretende implantar este modelo boliviano de elección de integrantes del Poder Judicial.
• En Estados Unidos, los nueve magistrados de la Corte Suprema son nominados por el Presidente y confirmados por el Senado, y ocupan el cargo de manera vitalicia. La misma fórmula se aplica para los jueces federales.

En cuanto a los jueces estatales, muy pocos son elegidos mediante voto popular, pero nunca de forma directa, pues en los estados se aplican diversas fórmulas y combinaciones, aunque en algunos casos las listas de candidatos las elaboran los partidos políticos.

De acuerdo con el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, diversas publicaciones estadounidenses han determinado que los candidatos a jueces “pocas veces responden al perfil o competencia”, y responden “al partido que los propone”.

“Las personas juzgadoras adaptan sus decisiones para intentar conservar el cargo; esto es especialmente notable en procesos penales. Un estudio (The Electoral Connection in Court: How Sentencing Responds to Voter Preferences) encontró que los jueces adaptan sus decisiones a las afinidades ideológicas de sus electores; es decir, personas juzgadoras en distritos liberales fueron más indulgentes en sentencias penales, mientras que personas juzgadoras en distritos conservadores impusieron sentencias más duras”, precisa el centro de estudios.

• Añade que los jueces locales suelen adoptar posturas más punitivas conforme se acercan las elecciones, mientras que las tasas de encarcelamiento aumentaron en los últimos seis meses del ciclo electoral, especialmente para los imputados afrodescendientes en comunidades que son mayoritariamente blancas y conservadoras.
• En contraste, en Suiza —otro de los pocos países en donde existe alguna modalidad de elección de impartidores de justicia— se presentó recientemente una propuesta para que los pocos jueces locales que se eligen por voto popular sean seleccionados con base en sus conocimientos.

El centro de estudios de la SCJN resalta que hay juzgadores suizos que no han obtenido el apoyo político para su reelección debido al sentido de sus sentencias.

“Resultado de estos problemas, se ha presentado una iniciativa para que una Comisión Experta proponga jueces con base en sus conocimientos y aptitudes, y un informe reciente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha determinado que el actual sistema de elección en Suiza no garantiza calidad y eficacia en sus decisiones judiciales”, señala.

Alerta por mano del crimen organizado

“La propuesta de designación de personas juzgadoras a través de elecciones populares, puede colocarles en una situación de vulnerabilidad, frente a violencia política o del crimen organizado. Al igual que las y los candidatos de partidos políticos, los candidatos a ocupar cargos jurisdiccionales correrán el riesgo de que durante las campañas sufran agresiones, como amenazas, intimidaciones, hostigamiento, e incluso homicidio”, alertó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• En el Análisis de la iniciativa al Poder Judicial advierte que desde 2013, la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la posible intromisión del crimen organizado en las instituciones de justicia, ya sea a través de actos de corrupción o amenazas a servidores públicos.

Ante las alertas, los consejos de la judicatura federal y locales implementaron medidas especiales de seguridad para proteger a los juzgadores.

• Sin embargo, advierte el análisis, con una elección popular, los candidatos podrían ser blanco de la delincuencia, como ha ocurrido con aspirantes a otros puestos de elección popular como alcaldes o legisladores.
• “Al igual que las y los candidatos de partidos políticos, los candidatos a ocupar cargos jurisdiccionales correrán el riesgo de que durante las campañas sufran agresiones, como amenazas, intimidaciones, hostigamiento, e incluso homicidio”, considera.

¿Politizar al Poder Judicial?

“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso. No somos políticos y rechazamos cualquier invitación a compartir el Poder Político. Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos, no usamos urnas para juzgar o perseguir, no usamos vallas ni grupos antimotines”. Con estas palabras, los jueces federales se pronunciaron por primera vez sobre la iniciativa del presidente López Obrador, el pasado 12 de julio.

• El argumento más usado por ministros de la Suprema Corte de Justicia y expertos en materia judicial y electoral en contra de la propuesta de elegir a impartidores de justicia mediante voto popular es que se abrirá la puerta a la politización de los juzgadores y se hará a un lado la carrera judicial, justo como sucede en Bolivia.
• Sin embargo, hay otros expertos que advierten que las designaciones, sobre todo de ministros de la Suprema Corte, ya están politizadas, pues el presidente de la República propone una terna y el Senado decide, con el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

“La posibilidad para ser elegibles hoy en día, para ser ministro o ministra de la Corte, en su mérito político, en sus habilidades, en las circunstancias, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada, de otra manera, difícilmente o casi de manera imposible llegarían al cargo. Entonces, ese es un tema más político y nadie puede decir que no, que son de carrera”, declaró Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista dijo que en México, en lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene un sistema de designación mixto: político y meritocrático. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, es el político que más ha señalado que la afinidad a un partido no es incompatible con el cargo de ministro y ha dado varios ejemplos:

• Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue candidato a diputado federal del PAN y regidor de Guadalajara; Juventino Castro y Castro fue diputado federal del PRD; Sergio Valls, diputado federal del PRI; Trinidad Lanz Cárdenas, senador del PRI; Leopoldino Ortiz Santos, gobernador y diputado federal del PRI; Moisés Calleja, cuatro veces diputado federal del PRI, y Ángel Carvajal Bernal, gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación en un gobierno priista.
• A la lista se deben sumar los que simpatizan con la 4T, como la ministra Lenia Batres, quien fue asesora jurídica de López Obrador cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal y fundadora de Morena; Arturo Zaldívar, quien se unió a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, y Yasmín Esquivel, promovida por el jefe del Ejecutivo. El jurista Ernesto Villanueva destacó que “afortunadamente”, a nivel de juzgadores de distrito y de magistrados de circuito, el mérito sí tiene mayor peso, al igual que los concursos de oposición y la carrera judicial.

“¿La elección popular de integrantes del Poder Judicial será algo bueno para el país? Pues está por verse. En principio, a mí en lo personal, el método no me gusta, me parece que no es lo más deseable, que esto es político, pero creo que si ya es una decisión tomada de que se van a nombrar a los juzgadores por la vía de elección popular, creo que lo que nos queda a los que estamos fuera y somos observadores e interesados en este tema, pues es que se tengan los requisitos más altos posibles para poder ser elegibles y evitar esta vinculación política de manera expresa y manifiesta”, opinó.

Justicia costosa

• Para el Gobierno federal y legisladores de Morena, urge una reforma profunda al Poder Judicial, porque los impartidores de justicia se han alejado de la sociedad y han mostrado desinterés por los problemas que aquejan a la población, además de que responden a intereses políticos y privados.

Pero uno de los argumentos que han cobrado mayor relevancia es que los juzgadores tienen sueldos onerosos y privilegios que no tienen otros jueces a nivel internacional.

• “Los salarios de quienes encabezan a la SCJN han sido significativamente mayores a los de sus homólogos en el mundo. Actualmente, una o un ministro en nuestro país gana entre 40% y 126% más que un ministro o ministra de los más altos tribunales de España, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina”, argumenta López Obrador en su iniciativa.

Exhibe que la remuneración mensual de los ministros es México es de 314 mil 499 pesos, mientras que en España es de 221 mil 230 pesos, en Perú de 220 mil 471 pesos, en Chile de 202 mil 76 pesos, en Colombia de 177 mil 184 pesos, en Brasil de 148 mil 111 pesos y en Argentina 138 mil 658 pesos.

• Más allá de los sueldos, el investigador de la UNAM, Ernesto Villanueva, hizo un análisis de los presupuestos del Poder Judicial a nivel internacional y concluyó que el aparato judicial en México es costoso y no tiene mejores resultados que otros países.
• Si se divide el presupuesto del Poder Judicial de la Federación entre el número de habitantes en México, el costo por persona es de 602 pesos; mientras que en Alemania es de 199 pesos, en Estados Unidos es de 426 pesos y en Australia es de 227 pesos.

“México, a pesar de que tiene más del doble del presupuesto de Alemania, Estados Unidos y Australia, pues está en los últimos lugares en el modelo de excelencia jurídica. En cambio, Australia, Alemania y Estados Unidos están en los primeros. Entonces, ¿cómo es posible? Ellos sí pueden hacer más con menos dinero, y aquí con más dinero se hacen las cosas peor. Yo creo que aquí algo anda mal”, recalcó.

• Pero ante los señalamientos provenientes de diversos actores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se defiende: en 2023, en promedio, cada persona juzgadora a nivel federal resolvió 895 asuntos en promedio, mientras que el año anterior, cada juzgador estatal fue responsable de la resolución de 428 asuntos en promedio.

Expertos discrepan sobre la elección popular de jueces

Expertos, académicos y juristas, coincidieron que el Poder Judicial requiere una reforma para ser más eficiente, así como ofrecer una justicia más expedita e humana, no obstante, observaron que la forma de designación de futuros juzgadores debe asegurar que los candidatos sean idóneos y capacitados, priorizando la competencia e integridad sobre la popularidad.

• El pasado 1ro de julio  se llevó a cabo el segundo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, en Guadalajara, Jalisco, con el tema: “Conformación y reorganización del Poder Judicial: nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades”.

En este contexto, el presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, el magistrado Daniel Espinoza Licón, reconoció que en un acto de autocrítica, entre los juzgados se ha abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial para hacer una labor jurisdiccional más eficaz, y ofrecer una justicia más cercana y amigable, pues señaló que hay jueces que trabajan a puerta cerrada, mostrando indolencia a los conflictos, por lo que “no se debe olvidar que no se trata solo de expedientes, sino de familias y vidas que son afectadas”.

Es así que destacó que ante la posibilidad de una reforma que incluya la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, como Poder Judicial se deberá respetar las decisiones tomadas por otras instituciones autónomas como lo es poder legislativo, no obstante, se espera que el respeto sea mutuo.

• Asimismo, propuso que en torno a la designación de las futuras generaciones de quienes impartirán justicia, se deben implementar mecanismos de selección rigurosos que aseguren que las y los candidatos sean idóneos e identificar a los más capacitados, priorizando inteligencia y capacidad sobre la popularidad, a fin de garantizar una judicatura que responda a las necesidades de justicia de la sociedad.
• Además, sostuvo que se debe priorizar que el respeto a los derechos adquiridos de quienes actualmente ocupan un cargo de juzgador o magistrado, evitando sentencias nacionales o internacionales con posibles condenas al Estado mexicano; asimismo, considerar el retiro progresivo hasta terminar los periodos por los cuales fueron designados, para que cada vez que se genere una vacante siga el nuevo proceso de designación.

Áreas de oportunidad

Por su parte, la maestra en derecho constitucional y derechos humanos del ITESO, Ana Sofía Torres Menchaca, recalcó que ante la complejidad y amplitud de esta reforma existen áreas valiosas como el ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionario público y la crítica al gobierno de las élites.

• No obstante, sostuvo que aún se muestra incompleta, pues no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.
• Mientras que en el caso de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, planteó tener mejores procesos, trascender el partidismo, las formas de cuotas y amigos.

“La sola ingeniería organizacional no va a resolver el problema, no lo ha hecho antes, no creo que deba o pueda hacerlo ahora (…) el juez ideal, tiene que ser ético conocedor de la técnica jurídica, pero además, debe de recuperar el sentido común. Hace falta volver a ser persona”, subrayó.

• En tanto, el abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, sostuvo que el Poder Judicial debe renovarse, pero llamó a hacerlo de manera periódica y parcial, como lo dispone la constitución.

Al tiempo que destacó que no puede haber independencia judicial sin estabilidad en el cargo, además de sostener que no es ideal que hagan campañas, pues “no imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”.

• Por el contrario, el investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, expresó que actualmente en el país se observa un modelo dominante que le da un gran poder a los jueces, posicionándose por encima de los legisladores y el Ejecutivo, pues define el alcance de los derechos. Sin embargo, consideró que este modelo riñe con la democracia del país.
• En este contexto, defendió que la reforma planteada por el presidente busca terminar con los grandes problemas en el Poder Judicial, como lo es nepotismo, ya que, en la carrera judicial cerca del 84% de los concursos son cerrados, además de que esté cuentan con muchos privilegios en los salarios y las prestaciones, y de ahí que consideró que esta reforma es fundamental.

En el mismo sentido, la abogada y maestra en Derecho Internacional en Derechos Humanos, Gabriela Díaz Salinas, instó que para esta reforma también es necesario socializar lo qué es el Derecho, al tiempo que defendió que la elección popular de juzgadores dará luz.

Riesgos por austeridad en el Poder Judicial

La austeridad propuesta por el Presidente de la República en la reforma al Poder Judicial debe ajustarse a los diagnósticos reales sobre la situación de la impartición de justicia en el país, de lo contrario, significará riesgos y afectaciones a esa labor central del Estado, advirtieron la mayoría de los asistentes al segundo foro de debate en la materia, organizado por la Cámara de Diputados.

Desde la sede del Congreso del Estado de México, en Toluca, especialistas, jueces, magistrados y académicos señalaron que la austeridad en el Poder Judicial mal aplicada, será sumamente costosa.

• Alertaron que si no se garantiza el presupuesto suficiente a los poderes judiciales a nivel federal y local, lejos de cumplir con servicios de justicia expeditos y adecuados, esas instancias se debilitarán.
• El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuéllar señaló que la reforma a discusión debe ser federalista y partir de diagnósticos reales, como el hecho de que en México, hay 4.5 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando al menos debería haber 10.

“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía, frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto”, expresó el magistrado Sodi Cuéllar.

• Su planteamiento fue rechazado por el líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien sentenció que la austeridad en uno de los elementos irrenunciables de la reforma y a ello se deberán apegar las judicaturas locales.

“Señor presidente del Tribunal aquí en el Estado de México, viva la austeridad también para ustedes, saludos”, atajó el legislador.

Reforma podría provocar “inestabilidad laboral grave” 

La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a más de 127 mil personas en inestabilidad laboral y no contempla costos asociados a conflictos legales, pago de indemnizaciones y derechos adquiridos de las 6 mil 711 personas juzgadoras y magistradas de los estados y la Federación que podrían perder su trabajo de aprobarse esta iniciativa.

Datos de los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refieren que en 2023 los poderes judiciales locales se componían de 73 mil personas servidoras públicas, mientras que el Poder Judicial de la Federación era la fuente de empleo para 54 mil 388 personas.

• Por ello, una reforma como la que se propone podría afectar y provocar “inestabilidad laboral grave” a las 127 mil 388 personas que actualmente trabajan dentro de los 33 poderes judiciales que hay en el país, de acuerdo con datos oficiales.
• Tampoco contempla el costo al erario público que resultaría de destituir a las 5 mil 25 personas juzgadoras y magistradas que hay en los poderes judiciales estatales y a las mil 686 personas juzgadoras, magistradas y ministras del Poder Judicial de la Federación.

Estos costos al erario público, a su vez, estarían asociados a demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría el pago de indemnizaciones por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.

• “Hay un nerviosismo importante porque tampoco tienen la certeza de que en caso de que terminen sus contratos laborales, el gobierno los va a liquidar, y es un tema importante porque imagínate el costo que tendría liquidar a 1,600 servidores públicos (a nivel federal) que a lo mejor los que tienen carrera judicial.
• En el mejor de los casos, llevan 20 o 30 años trabajando en el cargo”, señala Ricardo Mendoza, titular de la Coordinación de Estado de Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM). Por otro lado, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales también sufra despidos injustificados.
• “Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo, con base a criterios políticos”, dice la Corte.

El 6 de junio de 2024, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación enviaron una carta a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, donde le pidieron ser considerados ante la “inminente reforma” judicial impulsada por el presidente López Obrador.

• En la misiva, dirigida por Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato del PJF, se indicaba que más de 32 mil trabajadores de base sindicalizados sienten incertidumbre laboral y económica ante la eventual aprobación de la reforma.

“¿Cuál es la alternativa? No indemnizarlos sino indebidamente darles un finiquito que obviamente sería contrario a la legislación laboral o simplemente correrlos a la mala, pero en todo caso eso añade otro ingrediente respecto de la viabilidad (de una elección judicial) y yo creo que ese impacto sería muchísimo más caro que las propias elecciones”, señala Ricardo Mendoza, del INCAM.

De acuerdo con la organización civil Laboratorio Electoral, las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, a nivel federal y local, reciben la cantidad de 41 mil 170 millones 580 mil 855 pesos.

• Si a esto se suma lo destinado para el financiamiento de los partidos políticos, el presupuesto electoral para este 2024 resultó en poco más de 60 mil 451 millones 351 mil 931 pesos, un proceso electoral en el que se disputaron más de 20 mil puestos de elección popular.
• Un cálculo preliminar, a partir de un posible número de juzgadores a elegir, permite estimar un proceso de elección para personas juezas, magistradas y ministras de 22 mil millones de pesos, cifra equivalente al 2% del gasto de inversión física presupuestaria, subsidios para el sector social y para todas las entidades federativas y municipios del país.

“Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que, como ya se explicó, garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado”, según la Corte. /Agencias-PUNTOporPUNTO