Rumbo a las elecciones más grandes en la historia de México, la violencia criminal aumentará y se recrudecerá contra candidatos y sus equipos de campaña, pues el crimen organizado, coludido con políticos y profundamente inmerso en los estados, tratará de mantener o crear nuevas alianzas.
Basados en estudios cualitativos y de métricas, analistas políticos e investigadores afirman que los grupos delincuenciales, a través de la imposición de su autoridad, ya influyen en la vida pública de las entidades al bajar, subir o conservar en el poder a esferas aliadas que facilitan la expansión de sus actividades.
- Datos del proyecto de investigación Votar entre balas revelan que desde 2018 hasta lo que va de 2024, en el país se registraron más de mil 500 ataques de violencia criminal dirigidos contra candidatos o personas relacionadas con sus aspiraciones, entre los que se enumeran amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros.
- Hasta noviembre de 2023, un total de 12 candidatos fueron asesinados desde las pasadas elecciones federales y si bien no parece una cifra elevada, Itxaro Arteta, vocera de dicha iniciativa de la ONG Data Cívica, asegura a EL UNIVERSAL que este sector junto con precandidatos, funcionarios y equipos de campaña del ámbito municipal, son el grupo más afectado, con 82% de incidencia.
- “Según el monitoreo de estos años, tenemos razones para preocuparnos por las futuras elecciones. No sólo son asesinatos, sino distintos tipos de agresiones las que aumentaron en periodos electorales y la tendencia indica que se incrementarán en puestos locales donde el crimen organizado tiene pactos previos o motivos de control”, explica sobre el tema la también periodista.
Durante la penúltima semana de diciembre y los primeros días de enero ocurrieron cuatro homicidios de precandidatos y aspirantes.
- El primero fue Ricardo Taja Ramírez, de Morena, el 21 de diciembre, en Acapulco, Guerrero; luego, el 5 de enero siguieron los asesinatos de Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano, en Armería, Colima, y un día después, Alfredo Giovanni Lezama Barrera y David Rey González, del Partido Acción Nacional en Cuautla, Morelos, y la coalición entre PRI, PAN y PRD en Suchiate, Chiapas, respectivamente.
Aunque aparentemente no representan un volumen amplio, lo son, pues conforman la tercera parte del total de asesinatos ocurridos en seis años.
Arteta Monteagudo indica que en el periodo electoral de 2018 ocurrieron 103 agresiones criminales contra candidatos y sus equipos, y para las elecciones intermedias de 2021 fueron 118: “Enero empezó fuerte. Según las tendencias, mayo es el mes en que debemos estar más alerta porque aumentan las agresiones.
“Detectamos que los ataques se dan cuando hay reacomodos de poder y transiciones, lo cual suena paradójico, pero cambiar al partido que tenía el control implica renovar el pacto que existía con el crimen organizado o colocar a alguien que lo mantenga”, detalla.
- En 2018, los equipos de los candidatos fueron el grupo al que más agresiones se dirigieron y en el proceso electoral de 2021 también, hecho que augura que en 2024 pueda ocurrir lo mismo, no sólo por el número de puestos a elegir, sino por los despliegues militares, las situaciones de violencia generalizada y la poca atención al tema por parte del gobierno federal.
El analista político José Antonio Crespo dice que las consecuencias habituales de esos crímenes son que los candidatos abandonen sus intenciones al encontrarse bajo riesgo y que sean orillados a pactar con la delincuencia:
- “El crimen organizado tiene vínculos con policías, autoridades municipales o federales que podrían estar en el juego, no ejerciendo la violencia directamente, pero sí en complicidades políticas de narco y gobierno, y su tarea consta de cuál candidato consideran que va a jugar con ellos, cuál escogen e intimidar a quien no le entre”, expone el articulista.
En su análisis, Crespo Mendoza asevera que la población votante no se ve afectada por la violencia criminal, pero sí podrían inhibirse o inclinar sus intenciones de voto a otro partido de su preferencia.
- Ante este escenario, el reto para la jornada electoral del próximo 2 de junio, donde se elegirán 19 mil 634 cargos, es garantizar la seguridad para los candidatos y sus equipos, pues el inmenso despliegue de elementos de seguridad no es sinónimo de su funcionamiento, de acuerdo con Fernando Dworak Camargo, experto en política.
- “El máximo despliegue de fuerzas de seguridad no es sinónimo de que estas vayan a ser operativas, sólo demuestran que se está vigilando el proceso, pero lo que necesitamos es abrir ese debate para que se le proporcione seguridad a todos los cargos públicos y no sólo a las candidatas presidenciales, como se ha hecho al proponerles seguridad militar”.
¿Cuántos políticos y precandidatos han sido asesinados en México?
A poco más de cuatro meses de las elecciones más grandes en la historia de México pero desafortunadamente también de las más violentas que se haya tenido registro, de acuerdo con especialistas, pues en lo que va del actual proceso electoral, han sido asesinados en nuestro país al menos nueve políticos, de los cuales la mayoría eran precandidatos a algún cargo de elección popular.
- El analista Rubén Aguilar advirtió apenas esta semana en su columna de Animal Político, que las estadísticas apuntan a que este proceso electoral podría rebasar las alarmantes cifras de aspirantes a políticos asesinados en la elección federal anterior, es decir, la de 2021, cuando fueron ultimados 102, de los cuales 36 eran candidatos o precandidatos, 29 hombres y 7 mujeres, según datos que retomó de la consultora Etellekt.
“El escenario electoral de 2024 apunta a que habrá una intensa violencia política, más en algunos estados que otros, y que a consecuencia de la misma habrá más de 100 políticos asesinados. Ojalá que no se cumplan los pronósticos”, puntualiza el también exvocero presidencial de Vicente Fox Quesada.
1. Ricardo Taja Ramírez. Apenas el año pasado fue excandidato a la alcaldía de Acapulco, Guerrero, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente era aspirante a diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El político fue asesinado a tiros el pasado 21 de diciembre de 2023, cuando se encontraba en una pozolería ubicada en Boulevard de las Naciones.
2. Alfredo Giovanni Lezama Barrera. Era regidor de Cuautla por el Partido Acción Nacional (PAN) y aspiraba a ser diputado local por el mismo. El funcionario fue asesinado a tiros el pasado 4 de enero de 2024 cuando se encontraba en un gimnasio de aquel municipio de Morelos. Medios locales reportaron días antes la aparición de supuestas narcomantas con amenazas para ‘el regidor de Cuautla’, sin embargo, no se confirmó si dichos mensajes estaban dirigidos a él.
3. David Rey González Moreno. Era presidente de la Unión de Ejidos y aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México (FAM), coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). El político priista fue atacado por un grupo armado el pasado 5 de enero cuando circulaba a bordo de una motocicleta cerca de la frontera con Guatemala.
4. Sergio Hueso. Era aspirante a la presidencia municipal de Armería, Colima, por Movimiento Ciudadano (MC). El político de 35 años también fue asesinado el pasado 5 de enero cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron mientras caminaba sobre la avenida Oaxaca de la colonia El Pelillo y abrieron fuego en su contra.
5. Miriam Ríos Ríos. Era comisionada municipal de Jacona, Michoacán, y militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) así como activista del colectivo LGBT+, del cual formaba parte pues era una mujer transgénero. Buscaba ser regidora en dicha demarcación y fue asesinada el pasado 11 de enero, cuando hombres armados ingresaron a su negocio y le dispararon sin mediar palabra.
6. Samantha Gómez Fonseca. Era una reconocida activista transgénero en la Ciudad de México y realizaba labor social dentro de los centros penitenciarios capitalinos. El pasado 14 de enero, la política iba saliendo del Reclusorio Sur cuando un hombre alcanzó el taxi de aplicación donde ella viajaba y le disparó a muerte. Samantha era aspirante a una precandidatura al Senado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y se sabe que el año pasado había sido amenazada por grupos criminales que supuestamente controlan las cárceles locales.
7. Marcelino Ruiz Esteban y Guadalupe Guzmán Cano. El pasado 24 de enero, el matrimonio fue hallado sin vida dentro de su camioneta sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en el estado de Guerrero. Ambos presentaban heridas de bala y las primeras versiones apuntan a que sus asesinatos serían obra de miembros del crimen organizado. Marcelino era aspirante a la alcaldía de Atlixac, y su esposa Guadalupe era consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La mañana del sábado 27 de enero fue asesinado José Alejandro Naredo García, dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz. De acuerdo con medios, sujetos armados intentaron privarlo de la libertad cuando se encontraba en la colonia Oaxaca de dicha demarcación y, al intentar resistirse, le habrían disparado en varios ocasiones, causándole la muerte.
Enero marca récord en cifras de violencia política
Tan sólo en los últimos días, dos políticos locales fueron asesinados y uno más fue atacado: el exalcalde de Atlixtac, Guerrero, Marcelino Ruíz Esteban (PRD), el cual buscaba la reelección del municipio y que el pasado miércoles fue asesinado junto a su esposa Guadalupe Guzmán Cano.
- Mientras que este sábado, José Alejandro Naredo García, dirigente municipal del PRD en Cuitláhuac, Veracruz, fue atacado a balazos en la vía pública. Asimismo, el pasado jueves, Porfirio Hernández Aparicio, quien aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía de Jalpan, Puebla, fue objeto de un ataque armado, resultando herido de gravedad.
- Estos casos se suman a los 1,610 ataques, asesinatos, y amenazas que la organización Data Cívica contabiliza de 2018 a 2023 en su reporte “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político criminal en México”.
De acuerdo con el informe, entre 2018 y 2023 fueron asesinadas 105 candidatas(os), precandidatas(os) y ex-candidatas(os); no obstante, con corte al 17 de enero pasado, ya se contabilizaban otras cinco víctimas más a las reportadas en los últimos días, lo que daría un total de siete asesinatos de aspirantes.
“Durante los primeros días de enero, preocupantemente, ya han asesinado a tres precandidatos y una aspirante a cargos municipales, así como a una precandidata al Senado de la República. Los asesinatos han ocurrido en Chiapas, Colima, Morelos, Michoacán y Ciudad de México, dos de ellos formaban parte de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), dos más de Movimiento Ciudadano y una víctima más de Morena. Así que enero de 2024 ya es el enero más mortal para las y los candidatos durante los últimos 5 años”, alertó la organización.
Asimismo, se precisó que en el mismo periodo de los años electorales anteriores no hubo una cantidad similar, a la de este 2024, de personas candidatas asesinadas ya que, en enero de 2018, se registraron dos víctimas y en enero de 2021 hubo una persona asesinada, “por lo que no se había visto el nivel de violencia mortal como lo estamos viendo durante este año que empieza”.
- Data Cívica apuntó que el 86% de las y los candidatos asesinados en los últimos cinco años han sido hombres y el 14% mujeres. El 86% contendían a cargos municipales, el 10% cargos a nivel estatal y el 4% eran candidatas(os) a diputaciones federales.
- Guerrero ha sido el estado en donde han asesinado a más candidatas y candidatos: 16 en los últimos 5 años, en Veracruz han asesinado a 15, y en Guanajuato, Estado de México y Oaxaca, han matado a 10 personas candidatas en entidad.
- En cuanto a partidos políticos, el 25% de las y los candidatos asesinados contendían por Morena, el 18% por el PRI, 13% por el PAN, y 10% por MC y PRD cada uno, “por lo que ningún partido político se ha salvado de la violencia político-criminal”.
La organización destacó que esta base de datos, que incluye monitoreo de los casos de funcionarios o elementos de seguridad pública que han sido atacados fuera de sus funciones, al considerar que hay un intento del crimen organizado de incidir en la política, registra que 2023 cerró con 574 víctimas de violencia político-criminal por parte de grupos de la delincuencia organizada, mientras que en el 2022 se registraron 486.
“Pero si en el recuento total dejáramos fuera a este tipo de cargos, registramos 264 víctimas de violencia político-criminal durante 2023, cifra que continúa siendo mayor que el conteo de 2022 en 16 víctimas”, subrayó.
Deterioro institucional
- Sobre este tema, Andrea Samaniego, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que estos ataques responden a un entorno que está permeado por la violencia, principalmente de grupos criminales que tienen intereses en ámbitos estatales, pero más a nivel municipal.
“Tienen intereses en poner o en qué determinadas personas lleguen a las candidaturas, a ocupar cargos de de elección popular (…) En 2018 se observó que efectivamente conforme avanzaba el periodo electoral iba incrementando esta violencia, por lo tanto está esta situación que ahorita nos acontecen, no es algo que desgraciadamente nos sorprenda”, expresó.
- Asimismo, consideró que el aumento de estas agresiones va de la mano de un deterioro institucional, sobre todo a niveles locales, donde la presencia y poder de de los cárteles es notoria, que incluso pueden financiar campañas y donde la justicia electoral no actúa de manera adecuada.
“La fiscalía tanto la federal como las estatales, tienen áreas especializadas para atender delitos electorales sin embargo, como no siempre hay elecciones, muchas fiscalías trabajan con personal que es temporal; no cuentan con un área siempre funcional (…) esto también nos habla de que la fiscalías en lo general están rebasadas para la cantidad de delitos que se cometen, no tienen personal suficiente y no tienen los recursos”, destacó.
Subrayó que en la contienda electoral existen descalificaciones y campañas negras para acceder al poder, por lo que la violencia puede crecer hasta llegar al asesinato.
Analistas alertan que ningún partido se escapa
La violencia se ha incrementado en cada proceso y a nivel municipal se presenta el mayor riesgo. “Es altamente probable que 2024 sea el año con mayor número de agresiones y asesinatos a candidatos y precandidatos en la historia del país”, alerta Armando Vargas, consultor senior en la Unidad de Riesgo Político de Integralia.
- Históricamente, el blanco de los ataques ha sido contra personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71% de los casos. Y por partido, en los últimos seis años los más atacados están vinculados a Morena, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) o a sus gobiernos.
“La violencia criminal ya está en nuestras elecciones y mal se haría en negar este peligro que acecha a la más grande de nuestras prácticas democráticas”, concluyó el Instituto Nacional Electoral (INE) en su “Crónica del Proceso Electoral 2017-2018 junio 2018.”
Ahora, en el actual proceso electoral, expertos en violencia política advierten que éste será el más violento, de entrada porque con 20,367 cargos a elegir, estarán en circulación más de 50,000 aspirantes a diversas posiciones.
Además, porque se renovarán presidencias y cargos municipales en 30 de 32 entidades y es ese nivel de gobierno donde el crimen organizado, que se considera principal instigador de la violencia contra los políticos, centra sus agresiones.
- Del total de los cargos a elegir 19,739 serán locales. De ellos 18,200 en la célula territorial básica del Estado mexicano: 1,802 alcaldías o presidencias municipales (sólo en Durango y Veracruz no se elegirán este año), 1,975 sindicaturas, 14, 423 regidurías y 431 cargos auxiliares.
También estarán en juego ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la ciudad y 1,098 diputados de congresos locales.
- Y la evolución de la violencia contra los políticos ha ido in crescendo, precisamente, entre candidatos, la mayoría a munícipes y alcaldes, lo que ha sido documentado por diversos think thank especializados, que con enfoques y metodologías diversas han analizado la problemática.
- La consultora Integralia documentó 30 asesinatos de candidatos y aspirantes en ocho años, de las elecciones de 2008 a 2015. En el proceso electoral federal y locales de 2018 fueron 48 los asesinados, aunque sólo 41 de acuerdo al reporte del INE sobre ese proceso.
Esa misma firma contabilizó que en el proceso de 2018 –en que además de elección federal hubo relevo de 1,596 ayuntamientos– se presentaron 12 asesinados contra personas del PRI, 11 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), seis de Morena, cinco del PAN, cinco de Movimiento Ciudadano (MC), tres independientes, dos del Verde (PVEM) dos de Encuentro Social (PES), uno del Trabajo (PT), y otro de otra fuerza política local.
- En las elecciones de 2021, las más recientes, la cifra casi se cuatriplicó: fueron ultimados 179 políticos, entre ellos 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Y de ellos, 64% buscaban ser o reelegirse como presidentes municipales.
- Si se consideran las agresiones y atentados contra políticos que no terminaron en deceso, el número se quintuplicó a 239 entre 2018 y 2021, según el mismo centro de análisis, cuyo especialista, Armando Vargas, aclara que para Integralia la violencia política es entendida como agresiones o asesinatos hacia los candidatos y candidatas.
- Al añadirse otro tipo de violencia, ejercida no sólo contra abanderados, sino funcionarios de gobierno, legisladores y operadores políticos, en 2021 fueron un total de 1,066 actos violentos, de acuerdo con datos de la consultora Etellekt.
Desde otro enfoque, con una metodología que incluye, a diferencia de Integralia y Etellekt, a actores políticos pero también a servidores públicos y funcionarios del ramo de la seguridad pública, además de colaboradores y familiares de políticos y servidores públicos, México Evalúa en colaboración con Data Cívica, y el Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han desarrollado el proyecto Votar entre Balas .
- El dato consolidado de 2018 a noviembre 2023 arroja 1,564 agresiones, atentados y homicidios. De ellos 71% fueron contra personas con aspiraciones o cargos a nivel municipal.
- Sandra Ley, investigadora de México Evalúa, destaca que han observado “una tendencia sostenida al alza durante los últimos años, casi dos décadas” por lo que no es atribuible al gobierno actual.
- En el sexenio de Felipe Calderón “teníamos 400 casos de ataques del crimen organizado contra autoridades y personas candidatas, del 2006 a 2012” y ahora van casi 1,000 en dos años, expone.
La evolución de las cifras indica que en 2022 fueron 486 hechos de ese tipo, en 2023 aumentaron a 529, es decir 1,015 sólo en esos dos años.
Violencia incontrolable
- Por eso, en lo que sí coinciden los expertos es que la numeralia será superada con creces este año, debido a las elecciones federales simultáneas a las locales, para las que hay miles de postulaciones en juego.
- “La evidencia científica indica que los ciclos electorales son puntos clave para el aumento de este tipo de ataques criminales contra autoridades y personas, por lo que se espera un año de más violencia política en México”, indica Sandra Ley.
- Esto es de esperarse, pues es en la elección de autoridades municipales donde los grupos criminales buscan de los nuevos gobiernos la protección que necesitan a nivel local.
- “Es la oportunidad para poder tender las redes de protección que necesitan: tener incidencia en el nombramiento de autoridades en el ámbito de seguridad, acceso a recursos públicos, información valiosa que les es importante para controlar territorios enteros”, explica.
Armando Vargas, especialista de riesgo político de Integralia, también coincide en vislumbrar un incremento de la violencia en el ámbito político. Destaca la relevancia de las alcaldías como el puesto clave para ofrecer impunidad, pero apunta a otros dos factores:
- “Ahora hay más actores, más organizaciones criminales buscando o disputando ese control territorial”, enfatiza.
- Hay también, anota, una amplia diversificación de los mercados criminales que también exigen protección.
- “Ya no solamente es el narcomenudeo y el tráfico de droga, sino hay nuevos mercados como el tráfico de personas migrantes o la extorsión”, desglosa.
Ese mismo panorama ha sido anticipado por el Proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados (ACLED), proyecto sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, para el cual “es probable que las próximas elecciones generales (en México) previstas para junio de 2024 exacerben las tensiones y aumenten los riesgos de violencia.
- “Los funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo, y la competencia para asegurar un escaño electoral podría agravar aún más estas amenazas”, considera ese centro.
- Ambos expertos Sandra Ley y Armando Vargas desestiman que el aumento en los casos de violencia política sea resultado de la llamada política de “abrazos y no balazos” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para Ley, porque la tendencia continua a la alza en ese tipo de violencia viene de sexenios atrás:
- “Las redes de protección se sustentan desde el autoritarismo mexicano, y no se desmantelaron en el proceso de transición a la democracia. Además no hay ni un solo partido que se pueda salvar de haber brindado esas redes de protección”, detalla.
Mientras que Vargas, consultor senior en la Unidad de Riesgo Político de Integralia, recalca que la protección con que han operado los criminales es un factor añejo y no atribuible sólo a una administración, razón por la cual la violencia política ha sido un fenómeno continuado durante años.
Advierte que no toda la violencia tiene como fuente el crimen organizado:
“La política mexicana sobre todo la local, territorial, se caracteriza por esta visión patrimonialista, la búsqueda del poder de los cacicazgos: Y en ese sentido la violencia y la represión o la venganza política también es un factor de violencia política, aunque a mi juicio es menos frecuente”.
En el análisis de ACLED ese también es un factor relevante: “las rivalidades políticas y los conflictos interpersonales contribuyen a la violencia más allá de los ciclos electorales” pues en su informe especial detectó caso en los que los funcionarios locales están involucrados, sea como instigadores o víctimas.
Crimen y voto
Además de las consecuencias evidentes de muertes, heridos, presiones y violencia a que es sometida la clase política, todo esto tiene impacto en la calidad de la democracia, consideran los analistas.
Esto no sólo por el tipo de autoridades que al final resultan electas o los compromisos con los que asumen los cargos, sino porque el ejercicio democrático queda, en algunos casos, anulado, considera Ley.
- El crimen organizado, agrega la especialista de México Evalúa, “termina imponiendo candidatos eliminando otros unos días antes de la elección, o con amenazas. Y si solamente tienes un candidato en esos lugares, es claro que el mensaje ya lo mandó el crimen organizado y ya no hay incentivos para votar”.
- Señala que una de las primeras afectaciones observadas en lugares de mayor violencia es la menor participación de los votantes e incluso de ciudadanos, de modo que no hay interés en ser funcionarios de casilla o no se puede hallar interesados por los desplazamientos a otros municipios propiciados por el crimen organizado.
Un caso emblemático, recuerda, es cómo en la elección de 2011 en Michoacán, “los ´Caballeros Templarios´ explícitamente mandaron decir a los votantes cómo tenían que votar en Michoacán para la gubernatura es decir, son procesos que hemos visto hace más de 10 años y que simplemente hemos dejado sin atender. Ahora lo vemos multiplicado por todo el país”.
Precisamente, por ese fenómeno de abanderados “favoritos” de la delincuencia, es previsible también que se observe justo lo contrario a la apatía, expone Vargas.
- “Tal vez existen algunos territorios en donde la participación ciudadana pueda disminuir, por temor a la violencia, pero también va a haber otros territorios en donde vamos a ver un alto grado de participación ciudadana porque los grupos criminales también movilizan sus bases sociales y llaman al voto”, dice.
- Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a los ataques contra actores políticos o la violencia desatada en entidades con elección, como actos de propaganda o para ahuyentar a los votantes.
- Tras hechos violentos ocurridos en las elecciones federales de 2021, por ejemplo, el mandatario expresó en conferencia de prensa mañanera, el 26 de mayo: “es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones y sí es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada”.
¿Hay solución a la violencia política?
Armando Vargas, el investigador de Integralia, plantea que la única forma de acabar con este tipo de violencia política, es combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
- Estrictamente con la mira en el proceso electoral, analiza que hay dos tipos de intervención: “la situacional, coyuntural, de corto plazo, la que tiene que buscar arruinar la oportunidad delictiva y las oportunidades para la violencia contra objetivos prioritarios.
“Estas se presentan cuando hay tres factores: víctima, victimario y la ausencia de guardianes. Ese esquema se rompe cuidando a objetivos o candidatos con mayor probabilidad de victimización con las fuerzas del orden público de los tres niveles de gobierno o cuando menos de el orden estatal y del orden federal que son las menos susceptibles a la corrupción”.
El objetivo sería dar seguridad a las personas políticamente expuestas, basados en inteligencia “y también a sus entornos cercanos, familiares, además de autoridades electorales”, lo que sería fundamental para que la jornada electoral trascurra con seguridad.
- En cambio, para erradicar de fondo esa violencia se tendrían que “atender las causas más profundas de la violencia, pero digamos, no solamente desde una perspectiva tradicional de atender las causas sociales como la desigualdad o la pobreza que es algo que están en discurso”, sino ir incluso al contexto internacional, la demanda de droga, las motivaciones sociales y culturales, la descomposición social, todo lo cual permite la proliferación del crimen organizado.
- Para Ley, de México Evalúa, “si tuviéramos que apuntar a lo que se requiere es desmantelar esas redes de protección sería ir hacia un proceso profundo de reforma al aparto de seguridad y de justicia, pero es difícil cuando no hay un solo partido que pueda encabezar esa agenda y todos tienen un nivel de involucramiento en ese proceso de descomposición”.
Esto porque hay antecedentes de alcaldes, legisladores, gobernadores funcionarios de los tres niveles, que en el pasado han sido acusados o sentenciados por vínculos con grupos criminales, o incluso han sido evidenciados en reuniones con líderes de la delincuencia organizada, casos que involucran a todas las fuerzas políticas sin excepción./Agencias-PUNTOporPUNTO
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