El presidente López OBRADOR lanza aparato de Gobierno contra LATINUS; UIF difunde sus Estados Financieros

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Latinus respondió al Gobierno de México y negó estar involucrado en actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción, como aseguró Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este miércoles.

“Latinus conoce perfectamente bien sus obligaciones y derechos y tenemos todo en regla. Rechazamos tajantemente que desde el medio se haya cometido algún acto ilícito como se señala”, dijo en un comunicado compartido por Carlos Loret de Mola.

  • El periodista aseguró que la investigación abierta por la UIF fue provocada por las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Gobierno quiere desaparecer #Latinus en venganza por haber revelado la corrupción y el tráfico de influencias de sus hijos”, añadió el comunicador en Instagram.

¿Por qué la UIF investiga a Latinus?

Pablo Gómez explicó que las pesquisas sobre el consorcio Latinus iniciaron por una denuncia interpuesta en mayo de 2021, es decir, hace más de tres años, por actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción.

  • El titular de la UIF aclaró que el consorcio Latinus está conformado por cinco empresas, de las cuales dos presentaron actividades sospechosas: BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V.
  • Dichas compañías obtienen sus recursos de entidades públicas, como los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa, y según Pablo Gómez “a cambio de que se facture a nombre de ellos, reciben productos farmacéuticos y de salud”.

“El consorcio Latinus se caracteriza por calumniar con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales que no están en los presupuestos de Comunicación Social ni en Publicidad, sino en medicinas”, destacó.

Al respecto, Latinus dijo que Pablo Gómez “en un claro abuso de poder y a manera de confesión sobre sus motivaciones, se refirió al trabajo periodístico del medio como calumnias y difamaciones, en línea con lo que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones que han evidenciado actos de corrupción” en su Gobierno.

¿La UIF sí investiga a Carlos Loret de Mola?

“La política de este Gobierno desde un principio fue la de respeto al artículo 7 de la Constitución, a la inviolabilidad de difundir opinión de ideas de cualquier tipo en cualquier medio”, dijo Pablo Gómez al subrayar que la investigación de la UIF a Latinus no afecta a Loret de Mola.

  • El funcionario destacó que Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, dueño, ejecutivo o gerente del consorcio ni aparece en las actividades administrativas analizadas por Inteligencia Financiera.
  • El rumor de que el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició con la publicación de Peniley Ramírez, quien aseguró tener documentos que probaban que la UIF pidió información a casas de bolsa, de cambio, bancos y sociedades financieras sobre Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber y el periodista Víctor Trujillo.

La periodista explicó en su columna en Reforma que a partir de esta orden, los bancos debían responder a la UIF si tenían cuentas bancarias y los saldos en ellas, además de entregar copias de cualquier contrato de crédito o préstamo así como transferencias internacionales, en caso de que se hayan realizado.

UIF confirma persecución

En un comunicado, el medio digital acusó al funcionario de incurrir en «un claro abuso de poder» y de emitir calumnias y difamaciones, en la misma línea discursiva empleada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para descalificar las publicaciones que vinculan a integrantes de su familia con supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias.

  • Tras acusar al Mandatario de intentar «desaparecer a Latinus», criticó que Gómez justifique la investigación en el hecho de que la empresa está registrada en Estados Unidos, pasando por alto que «tiene un carácter binacional».

Además, invitó al Gobierno federal a solicitar a las autoridades norteamericanas la información financiera que requiera.

«No tenemos nada que esconder. Latinus conoce perfectamente bien sus obligaciones y derechos, y tenemos todo en regla. Rechazamos tajantemente que desde el medio se haya cometido algún acto ilegal como los que señala», agregó.

«Desde el nacimiento de Latinus, hemos enfrentado la embestida gubernamental. Han sido años de investigaciones y persecución, y lo que han descubierto es que todos los ingresos del medio son legales».

  • Este miércoles, durante la mañanera, Gómez informó que se investiga al consorcio empresarial Latinus desde mayo del 2021 por el tipo de operaciones financieras que registra.
  • El funcionario detalló que la indagatoria es por delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según Gómez, la indagatoria implica cantidades millonarias de recursos públicos debido a que el consorcio recibió dinero de los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Edomex, Michoacán e Hidalgo, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El flujo llegó a Latinus a través de las empresas BCG Limited Consulting, Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic, que cobraron por la venta de medicamentos y servicios de salud.

Investigación a Latinus no es política: Sheinbaum

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consideró que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Latinus no es un «asunto político».

  • En conferencia, la morenista sostuvo que, según expuso la UIF, hay «manejos ilegales» e «irregularidades» en el financiamiento del medio.
  • Lo que se tiene que aclarar en este caso, dijo Sheinbaum, es si Latinus ha incurrido en lavado de dinero o no.

«Pues es la investigación que ha hecho la UIF, no es un asunto político, es un asunto pues sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF, de recursos de una empresa, o de varias empresas, no sólo de una, de varias empresas», señaló.

«No tiene nada que ver con un asunto político, si no hubiera estos malos manejos, pues no habría nada de problema.

«Lo que encuentra la UIF, por lo que explica Pablo Gómez, es que en el primer caso se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos, o de servicios relacionados con la salud, para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento».

-¿No se violó el secreto bancario al dar a conocer las cuentas y los ingresos?, se le preguntó a Sheinbaum en a casa de transición.

«No considero que hayan violado ningún secreto (bancario), hay información que se ha difundido en las mañaneras del Presidente y es la información que ellos han usado en sus cuentas», respondió.

«El asunto de fondo es: ¿hay lavado de dinero o no, en Latinus? Y lo que encuentra la UIF es que sí hay irregularidades en el manejo de las cuentas de Latinus. El asunto que se tiene que responder es… esas cuentas. Hay que explicar, si no hay nada que tenga problema, pues Latinus tiene la obligación de explicarlo».

  • Sheinbaum subrayó que, si bien la UIF encontró «irregularidades» en las cuentas de Latinus, será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si existe un posible delito.

«Encuentra irregularidades en el transcurso de las cuentas, entonces es lo que encontró la UIF y ya la Fiscalía tendrá que determinar si hay un delito, y si lo encuentra, presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia», abundó.

«Entiendo que (la investigación) es a Latinus, más que al periodista Loret de Mola ¿no? La UIF tiene una función, que es en este y otros casos donde encuentre irregularidades, hacer la investigación y presentarlo a la Fiscalía General de la República. Quien tiene que evaluar si constituye un delito de algún tipo, pues es la propia Fiscalía, no es la UIF».

Difunden datos de Latinus

Abogados consultados por el medio Reforma, consideraron que la difusión de datos privados de una empresa asentada en Delaware, como Latinus, podría ser materia de litigio en EU, y viola leyes de cooperación internacional, pues son protegidas por su Gobierno.

«Estoy analizando con mis abogados cuáles son los delitos que se cometieron, y presentar recursos jurídicos», dijo ayer Lorenzo Córdova, aludido por la UIF.

  • Denise Dresser consideró que la nueva exhibición de datos personales evidencia un «imperativo de venganza» de AMLO.
  • Pablo Gómez, difundió operaciones privadas entre el conglomerado de compañías que conforman Latinus, y exhibió pagos realizados a sus colaboradores.

Dijo que no se persigue a Loret o a periodistas, sino a las empresas de Latinus denunciadas en mayo de 2021 ante la FGR por corrupción y lavado de dinero.

Se investiga, detalló, la actividad de cinco empresas que configuran Latinus cuyo dueño es Cristian González Guadarrama.

Acusó que reciben dinero de entidades públicas como Gobiernos estatales y facturan productos farmacéuticos y servicios de salud.

Entre 2019 y 2024 recibieron dos mil 437 millones de pesos.

  • Gómez indicó que la UIF ha confirmado transferencias «inusuales» certificadas con bancos mexicanos entre empresas de Latinus en EU.

La UIF exhibió documentos de ingresos y egresos de Latinus y sus pagos a colaboradores que, dijo, era dinero triangulado por las empresas del mismo dueño.

Datos exhibidos

En el Salón Tesorería se exhibió una tabla con los supuestos pagos que recibieron de 2020 a 2024 periodistas y colaboradores.

Se indica que Carlos Loret de Mola ha recibido un pago total de 11 millones 927 mil 036 pesos; Víctor Trujillo «Brozo» ha recibido 9 millones 522 mil pesos; y Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, recibió en el último año, 952 mil 522 pesos.

  • El periodista Fernando del Collado Cuevas ha recibido, según esta tabla, un millón 169 mil 428 pesos; el politólogo Jesús Silva Herzog, 859 mil 066 pesos; la politóloga Denise Dresser ha recibido 624 mil 904 pesos; María Scherer Ibarra obtuvo un pago de 534 mil 700 pesos; y el escritor Guillermo Sheridan 89 mil 950 pesos.

Mientras que la actriz Bárbara de Regil recibió 313 mil 271 pesos.

Denise Dresser: Se vulneró mi seguridad, mi libertad y mi integridad física

Después de que en su conferencia mañanera de este 3 de julio el presidente López Obrador expuso los supuestos sueldos de algunos colaboradores de Latinus, entre los que figura Denise Dresser, la politóloga señaló que el titular del Ejecutivo la mencionara por ocasión número 127 en la conferencia matutina.

  • A través de su cuenta de X, Dresser Guerra informó que ayer ganó un juicio ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Oficina de la Presidencia de la República por la divulgación ilegal de sus datos personales.

“Seguramente la Consejera Jurídica o Jesús Ramírez Cuevas le alertarán sobre las leyes que están violando. No vaya a resultar que AMLO sea totalmente incongruente con la reforma judicial que impulsa contra los jueces que violan la ley y actúan de forma arbitraria/corrupta/privilegiada”, escribió.

  • Precisó que la Oficina de la Presidencia de la República violó los principios de proporcionalidad, de responsabilidad, de lealtad y de licitud de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y denunció que con ello se vulneró su seguridad, su libertad y su integridad física.

Además, advirtió a los implicados “que tienen 30 días para fincar responsabilidades administrativas y hoy empieza la cuenta regresiva”.

Loret de Mola respalda a Latinus ante señalamientos de la UIF

Tras los señalamientos de Pablo Gómez, titular de la UIF, el periodista Carlos Loret de Mola respaldó a la empresa y reiteró que el gobierno quiere desaparecer al medio.

A través de sus redes sociales, Loret de Mola secundó a Latinus: «Aquí no hay sobres amarillos, ni mucho menos recursos de procedencia ilícita”.

“El gobierno hoy confesó la investigación de la UIF y confesó sus motivaciones: quiere desaparecer Latinus en venganza por haber revelado la corrupción y el tráfico de influencias de sus hijos”, escribió.

AMLO sigue fomentando la divulgación de datos personales

En abril de 2022, López Obrador volvió a hacerlo y aseguró que Loret de Mola tenía un departamento en Miami, Florida, así como 13 propiedades. Incluso, el mandatario informó la presunta ubicación de estas y las calles o localidades en las que se encuentran.

  • Dos años después, en febrero de 2024, López Obrador divulgó en su conferencia el número celular de una reportera del diario The New York Times, quien publicó un reportaje sobre la supuesta financiación del narcotráfico en su campaña electoral de 2018.
  • En mayo pasado, la administración de López Obrador volvió a revelar datos y documentos personales, ahora de la analista María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a quien Pemex acusó de corrupción por presuntas irregularidades en el cobro de la pensión de su esposo.

En este caso, a través de las redes sociales y de la página oficial del gobierno federal se divulgaron más de 300 documentos de Casar y de su familia, entre ellos recibos de pago, títulos universitarios, historiales académicos, documentación bancaria, y actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción.

Hay uso político de la UIF

Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE, aseguró que por enésima ocasión se cometió un ejercicio autoritario e ilegal desde el poder que buscar amedrentar el ejercicio de la prensa libre por medio de todos los aparatos del Estado en contra de un medio y en contra de quienes “colaboramos en él”.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la “mañanera” supuestos ingresos de Latinus y de algunos colaboradores, entre ellos Lorenzo Córdova, como parte de la investigación que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Pablo Gómez.

En entrevista telefónica, el también académico de la UNAM criticó que Pablo Gómez que se ha convertido en un “patético comisario político” del gobierno federal.

“El señor Gómez decía que no se investiga a Carlos Loret, sino al consorcio de empresas que forman Latinus, por la recepción de presuntos recursos públicos ilegales y actos de corrupción, la pregunta es ¿si se investiga a Latinus porque se hacen públicas las transferencias que por concepto de pagos se hacen a sus colaboradores?, ¿si no somos objeto de una investigación porque se hacen públicos datos que son personales, los honorarios y contraprestaciones que hacemos a ese medio?”

Córdova consideró que, si hay una investigación de la UIF, esta se ha corrompido, al revelarse los datos de la indagatoria sin sentencia definitiva y una orden de un juez.

“Esto evidencia el uso político que el señor Gómez y el gobierno federal están haciendo de la UIF. Lo que hizo Pablo Gómez fue echar a perder todo proceso jurídico para perseguir algún ilícito, si existiera, porque hizo público esos datos, como diría el señor Arturo Zaldívar, afín al régimen: tuvo un efecto corruptor”.

El exconsejero electoral dijo que recurrirá al Inai o cualquier otra instancia legal porque al autoritarismo se le combate con la ley en la mano.

“Si este gobierno se ha caracterizado por el menos precio de la ley, lo que tenemos los ciudadanos para defenderos son los mecanismos de la ley ante el uso indebidamente datos personales, por lo que habrá que recurrir al Inai y analizar si se ha cometido algún delito, ir a otras instancias, para defenderse ante los abusos del poder», aseguró Lorenzo Córdova.

4T violó la constitución: Oposición

Legisladores de la oposición señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y varios de sus colaboradores violaron la Constitución por haber expuesto públicamente a colaboradores de Latinus en su conferencia matutina.

  • El diputado federal Héctor Saúl Téllez resaltó que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un “linchamiento público sin sustento” al presentar supuestos datos personales como parte de una investigación contra Latinus.
  • “El titular de la UIF cae en probables responsabilidades administrativas e incluso penales por las declaraciones del día de hoy y la ventilación de datos personales sensibles”, explicó.

El legislador del blanquiazul recordó que ”el artículo 12 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que los funcionarios deben abstenerse de dar datos relacionados con una investigación”.

“Si hay alguna investigación de carácter penal que se haya solicitado ante la fiscalía, pues se debe respetar lo mandatado por la ley”, indicó.

El diputado Téllez comentó también que la protección de datos personales es un derecho humano reconocido en el artículo 16 de la Constitución.

“Esto lo violentó Pablo Gómez, así como el vocero Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al replicar en redes sociales dicha información”.

  • Emilio Álvarez Icaza, senador del PRD, afirmó que “al hacer uso de datos personales, es una confesión de un delito, lo que es increíble es que presenten esa información”.

Enfatizó que “con independencia de que fuera una investigación, por supuesto que están obligados a la secrecía de la misma, pero lo único que estamos viendo es un aparato político de persecución a los periodistas por su trabajo, por más que digan que no se persiguen”.

  • Álvarez Icaza subrayó que al presentar “datos personales de los periodistas, claro que es un mecanismo de inhibición y represión”.

Agregó que “lo que es increíble es que en lugar de estar investigando a la delincuencia organizada, se dedican a investigar y perseguir a periodistas y a la oposición”.

El senador del Grupo Plural insistió en que la UIF debe dedicarse “a investigar los dineros del narcotráfico, las extorsiones de los migrantes que además dan número y cuenta, o el pago de derecho de piso de parte del crimen organizado, pero se dedican a perseguir periodistas”.

Carlos Loret de Mola, el periodista que puso en jaque a la familia de AMLO

La empresa “Servicios Integrales de Teapa”, propiedad de Osterlen Salazar Beltrán, consiguió contratos lucrativos con el gobierno federal desde el inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola.

La firma, que previamente no tenía antecedentes de colaboraciones gubernamentales, experimentó un notable incremento en sus negocios bajo la actual administración de la 4T.

Este dato podría no ser muy relevante, de no ser por la relación de Salazar Beltrán con el presidente, pues se trata de su sobrino.

La afinidad de “Servicios Integrales de Teapa” por obtener contratos gubernamentales coincide con el ascenso al poder de López Obrador, según el periodista de Latinus.

  • Carlos Loret de Mola reveló en su columna “El primo de Andy: ‘Hasta de lado nos vamos con el billetal que va a entrar’” que la empresa había comenzado a recibir una considerable suma de contratos en plena administración obradorista.
  • De acuerdo con Loret, esto se debe a los vínculos familiares de Osterlen con Andy y Bobby López Beltrán, hijos del presidente, quienes han sido señalados por presuntamente dirigir “El Clan”, una red de tráfico de influencias para beneficiar a empresas de amigos cercanos y parientes con contratos del gobierno.

Según lo expuesto por Loret, “Servicios Integrales de Teapa” ha sido beneficiada con dos contratos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), acumulando ganancias por un total de 190 millones de pesos.

Esta no sería la primera ocasión en que familiares del presidente obtienen contratos gubernamentales, recordando el caso de Felipa Obrador Olán, otra prima de López Obrador, quien en diciembre de 2020 recibió contratos por casi 400 millones de pesos de la misma empresa estatal.

  • La presunta implicación de Salazar Beltrán en una supuesta red de tráfico de influencias apunta hacia una colaboración con su hermano Pedro Salazar Beltrán y Jorge Almícar Olán, empresario y amigo cercano de los hijos del mandatario, para adquirir negocios gubernamentales, revela Loret.
  • Una grabación citada por el periodista reflejaría la conversación entre Osterlen y Pedro, donde se mencionan los beneficios económicos que esperan obtener, evidenciando las supuestas prácticas que rodearían a la familia presidencial.

En uno de los capítulos de “El Clan”, como el periodista tituló su serie de investigaciones en Latinus, Loret aseguró que Gonzalo Bobby López Beltrán estuvo involucrado en algunos contratos para el material empleado en la construcción del Tren Maya, dejando como proveedor a uno de sus amigos, el empresario mexicano Jorge Amílcar Olán Aparicio.

  • De acuerdo con audios presuntamente filtrados por el empresario, éste le habría vendido balasto -la piedra triturada que se coloca bajo las vías- a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 55 y 70 por ciento más caro de lo que la dependencia pagó a otros proveedores, como los cubanos, por ejemplo.
  • De la venta de 5 millones de metros cúbicos del balasto, el contratista tabasqueño habría obtenido ingresos por 193 millones de pesos, la mayoría proveniente del fleteo del material más que por la producción de la misma.

Carlos Loret de Mola, férreo crítico del gobierno de AMLO, es uno de los periodistas más polémicos del país, por lo que cuenta con adeptos y también miles de detractores, e incluso ha sido apodado largamente como “Lord Montajes”, por las inconsistencias en algunos casos que ha presentado.

Aunque desarrolló gran parte de su carrera en la empresa Televisa, hoy colabora junto a personajes como Víctor Trujillo Brozo en el portal Latinus./Agencias-PUNTOporPUNTO

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