Instaurar un sistema de salud universal, sin condicionamiento por la situación laboral ni por la capacidad de pago, es un tema que está sobre la mesa desde el inicio del actual gobierno mexicano, sin embargo, a mitad del sexenio parece una meta difícil de alcanzar.
- Tan solo en 2020, el primer año de la pandemia en México, el 28% de la población carecía de servicios públicos de salud, es decir, 35.7 millones de personas, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Apenas hace dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a inicios de su gobierno prometió que el sistema de salud mexicano sería como el de Canadá o Dinamarca, presentó el proyecto «Transformación del sistema de salud para población sin seguridad social».
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) considera que para avanzar hacia una auténtica cobertura universal que garantice el ejercicio efectivo del derecho a la salud, se requiere trazar una ruta que supere la distinción entre «población con y sin seguridad social», pues en materia de salud todas las personas deben ser consideradas derechohabientes.
- En este sentido, es claro que México está lejos de lograr un sistema de salud universal. «Venimos de un deterioro grande en los servicios de salud. La clave aquí es superar el trato diferenciado, la separación, la distinción, la segmentación en el otorgamiento del servicio, porque es contrario al derecho humano», dice en entrevista Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de ACFP.
En el Día Mundial de la Salud revisamos cuáles son las condiciones del sistema mexicano, por qué es urgente una reforma en la materia y cómo impacta la falta de cobertura de seguridad social.
La exclusión de servicios de salud
Hasta 2018, poco más de 15 millones de personas en México estaban excluidas de los servicios de salud pública, lo que representaba el 16% de la población, por eso se considera un aumento significativo en 2020.
A esto se suma que, aun cuando la seguridad social se acota a la situación laboral de las personas, el 61% de la población ocupada carece de afiliación (34.5 millones de personas). Una parte sustancial es quienes trabajan en la informalidad, pero alrededor de 15 millones de personas asalariadas no tienen afiliación a la seguridad social por parte de sus empleadores.
- La situación es más grave si se toma en cuenta que la carencia de acceso a servicios de salud está relacionada directamente con las condiciones de pobreza y las zonas de mayor rezago.
- De acuerdo con el informe de ACFP, el 98% de las personas en pobreza extrema carece de acceso a la seguridad social, y el 57% no tiene servicios de salud.
- Pero la norma legal vigente presupone que los servicios de salud se pueden distinguir entre dos conjuntos de población: quienes tienen seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, etcétera) y quienes no tienen, conocidos como «población abierta».
«Los conjuntos de población ‘con’ y ‘sin’ seguridad social no están separados y no son separables territorial o socialmente, la distinción es administrativa y normativa. Se tiene que romper con la distinción entre quienes tienen seguro social y quienes no», dice Gómez Hermosillo.
¿Por qué importa la cobertura universal?
Una persona que accede a un servicio de salud privado paga el doble de lo que supondría la seguridad social, por lo que este gasto representa una carga importante en los hogares más desfavorecidos.
Además, el gasto por servicios de salud privados también aumentó durante la pandemia, al pasar de 980 pesos en 2018 a 1,266 pesos en 2020. Y alrededor de 45.2 millones de hogares mexicanos hicieron este gasto en 2020, frente a 18.5 millones en los dos años previos, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
«La carencia de servicios de salud pública afecta la economía y la salud de las personas y de la comunidad porque no hay atención ni infraestructura, entonces si no tiene seguro social tienes que ver cómo lo pagas y a dónde te trasladas para acceder al servicio», resalta Rogelio Gómez.
- El especialista agrega que esta situación da pie a los abusos de los servicios privados que, de hecho, aumentaron en 2020 sus costos por la demanda y por la insatisfacción de personas con afiliación a servicios públicos de salud.
- Entre el 1 de enero de 2019 y el 25 de septiembre de 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atendió 418 denuncias en contra de hospitales y clínicas privadas. Además, en el mismo periodo detectó un aumento de entre el 15% y 20% en los costos de servicios.
«Y aún así llama la atención que cueste más atenderse en los hospitales de nivel medio que los de nivel alto, como el Ángeles o el Médica Sur, e incluso para una persona sin seguridad social los costos se equipararon en las instituciones públicas, pero esto es solo la punta del iceberg de los abusos que puede haber en los cobros», expone Gómez Hermosillo.
¿Qué se necesita para lograr un sistema de salud universal?
El nuevo plan del gobierno federal, anunciado el pasado15 de marzo, propone la recentralización de la prestación de servicios de salud mediante convenios con el IMSS Bienestar. Con esto se eliminan las facultades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a operar en 2020 con el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a las personas sin seguridad social.
- Rogelio Gómez Hermosillo considera que esto puede ser positivo, pues el sistema de salud público en México está fracturado en diversas instituciones y esto impide el acceso a los servicios de salud y atención continua. Por ejemplo, si un trabajador afiliado al ISSSTE cambia o se queda sin empleo, pierde en automático este derecho, sin importar si tiene un padecimiento crónico que requiere tratamiento.
- Con este plan, agrega, se concentrarían los esfuerzos en una sola institución, que sería el IMSS Bienestar. Sin embargo, y aunque el discurso del presidente sobre lo gratuito es «atractivo», el proyecto parece no considerar el presupuesto adicional requerido para garantizar la salud universal.
«Hay un presupuesto aprobado para Salud, pero claramente no alcanza o es muy poco para cubrir a toda la población solo si se quiere equilibrar entre quienes tienen seguridad y los que no. Tampoco se está contemplando que se requiere más personal de salud, medicamentos e infraestructura, gastos que podrían ascender a más de 200,000 millones de pesos adicionales a lo programado. La pregunta es ¿de dónde va a salir ese dinero?», indica.
24.3 millones de hogares en México tienen que poner de su bolsillo para atender su salud
En México, por falta de acceso a servicios de salud o por la deficiencia y lentitud de estos, 24.3 millones de familias pagan de su bolsillo cuando necesitan atención médica y medicamentos. Los más afectados son los hogares de ingresos más bajos. Pero, además, toda esta población queda expuesta a abusos en los servicios privados, de acuerdo con un estudio de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, presentado este martes.
- El acceso a la salud condicionado al trabajo no está funcionando y resulta excluyente para la mayoría. El 61% de la población ocupada carece de afiliación a la seguridad social, son 34.5 millones de personas, la mitad forman parte de la informalidad laboral, pero la otra mitad sí tiene empleos y sus patrones no los afiliaron, señaló durante la presentación del estudio Norma Lorena Loaeza, especialista en salud de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
La situación de las mujeres es más grave: 16 millones están excluidas del sistema de salud. La otra gran exclusión es la de las personas en pobreza extrema, 10.8 millones de ellas, de acuerdo con el Coneval, carecen de acceso a la seguridad social y 57% carece de acceso a servicios de salud.
Aunque tener seguridad social no quiere decir en México tener acceso efectivo y eficiente a la salud. El incremento del gasto de bolsillo para atención médica no solo corresponde a la necesidad insatisfecha del acceso al sistema público, 57% de las personas afiliadas al ISSSTE fueron a consulta privada en 2020, lo mismo que 45% de los del IMSS y 29% de los que están afiliados a otros servicios, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2020).
- Esto es grave porque teniendo seguridad social las carencias del sistema hace que la gente deba buscar atención privada y a vece se enfrentan a servicios particulares también deficientes y con altos costos, recalcó Loaeza.
De acuerdo con la plataforma Data México de la Secretaría de Economía, en un hospital de rango medio el costo por atención hospitalaria a un paciente de COVID-19 es de 603 mil pesos, mientras que en uno de rango alto este costo es de 522 mil pesos. Lo que quiere decir que los hospitales de menor rango cobraron más.
En cuanto a medicamentos, Loaeza señaló que Rendesivir, por ejemplo, costaba 27 mil pesos en promedio y seis meses después su costo era de 107 mil pesos, casi el cuádruple.
Entre el 1 de enero de 2019 y el 25 de septiembre de 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor atendió 418 denuncias en contra de hospitales y clínicas. También se reportó un aumento de entre el 15 y 20% en los costos de servicios en hospitales privados.
- Arantxa Colchero, investigadora de la dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Evaluación de Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), específico durante la presentación de este análisis, que del total de la población, con derechohabiencia y sin esta 57% se atendió en un lugar privado y solo 43% en un público. De los que acudieron a servicios particulares, 18% lo hizo a un consultorio adyacente a farmacia.
- Entre 2018 y 2020, de acuerdo al análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hubo un aumento en el gasto de bolsillo en salud de 44% en el conjunto de la población. Los hogares pasaron de gastar 902 pesos en 2018 en promedio trimestral en salud, a mil 267 pesos en 2020.
Todo esto se debe a un sistema de salud fragmentado, desigual y que depende de la condición laboral, subrayó Colchero, además es un sistema que no tiene recursos suficientes para garantizar cobertura efectiva particularmente a la población más pobre, por eso el crecimiento de los consultorios adyacentes a farmacia, que no están regulados, el gasto de bolsillo es más alto por todos los medicamentos que recetan y los médicos están menos calificados que los del sistema público.
Colchero recalcó que es muy importante la regulación de antibióticos en los CAF, donde hay un incentivo para prescribirlos y vender, “además abusan de que la gente cree que si no le dan antibióticos no se van a curar y los virus, por ejemplo en el caso de COVID, no se curan con antibióticos”.
- Como parte del análisis hecho por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la organización plantea que para garantizar el derecho a la salud se requiere un sistema con cobertura universal, centrado en las personas, reducir el gasto de bolsillo, desvincular el acceso a la salud de las prestaciones laborales y priorizar un modelo de atención primaria que prevenga las enfermedades y su complicación.
- Para transitar progresivamente hacia un sistema de salud, sin condicionamiento por la situación laboral ni basado en la capacidad de pago, es preciso eliminar las principales barreras de acceso, especialmente para quienes viven en condición de pobreza y en zonas de mayor rezago social.
Una visión integrada del sistema de salud, dice el análisis, incluye al sector privado y la responsabilidad de las autoridades de supervisar que se cumpla la reglamentación, para evitar abusos, como el cobro excesivo o el sobreprecio en medicamentos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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