Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en obras de infraestructura pública en el país, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), José Abugaber, señaló que es “un gran daño” al sector de la construcción.
Así lo afirmó durante la inauguración del Encuentro de Industriales 2023, llevado a cabo este miércoles en el estado de Nayarit, tras señalar que es necesario apostar por la infraestructura en esta región, así como en todo el país.
“Estamos preocupados porque a nivel nacional, el sector construcción trabaja al 50% de su capacidad instalada, debido a que todo tipo de obras están siendo realizadas por las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, señaló la inquietud de los industriales en cuanto a la inseguridad en las carreteras nacionales, la cual ya fue externada a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que sea resuelta.
“Se deben redoblar los esfuerzos para que las áreas de seguridad garanticen la integridad del transporte, de las mercancías y, sobre todo, de los usuarios”, puntualizó el presidente de la Confederación.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó sus principales obras de infraestructura, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, apuntó la necesidad de que se elimine el contrabando en las aduanas, pues afectan a diversas industrias ligeras, como la textil, la de vestido y la de calzado, por lo que instó a las autoridades a procurar instrumentos legales.
“En ese sentido, hemos solicitado acelerar el paso para resolver ese problema de prácticas ilegales y desleales que afectan a esta industria”, añadió Abugaber.
En esta misma línea, el titular de la Concamin también externó las preocupaciones del sector empresarial en cuanto a la iniciativa de ley para la reducción de jornada laboral, por lo que buscará generar diálogos con los legisladores federales para exponer sus puntos.
Esto, debido a que prevé consecuencias en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país, pues, señaló, son medidas que incrementan el costo país en un contexto internacional de competencia extrema.
“Hoy la competencia es brutal en todo el mundo, ya no hay fronteras, no podemos poner ese tipo de acciones que nos afecta como país”, aseveró.
En contraste, urgió la aprobación de la nueva Ley General de Economía Circular, “con el fin de contar con instrumentos que optimicen el manejo de recursos no renovables, es urgente”.
¿Qué tareas están a cargo del Ejército mexicano?
El 13 de abril del año pasado, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para la conformación de la empresa estatal Olmeca-Maya-Mexica, coordinada por la Sedena.
- De acuerdo con el documento, esta empresa está a cargo de la administración, operación, explotación y construcción del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
Asimismo, este fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene la autorización para que una paraestatal pueda administrar aeropuertos y aerolíneas a la vez. Esto después de que en octubre del 2022, López Obrador anunciara el lanzamiento de línea aérea que recuperará el nombre de Mexicana de Aviación y que estará bajo el mando de Olmeca-Maya-Mexica.
- Los diputados también aprobaron cambios a diversas leyes que permiten que el jefe del Ejecutivo otorgue asignaciones a empresas del Estado para operar ferrocarriles y otros que contemplan nuevas facultades de la Sedena en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano.
- Además, personal del Ejército y Marina administra la totalidad de aduanas del país. De acuerdo con información recuperada por Animal Político, en los primeros seis meses del 2021, fueron movilizados mil 130 efectivos de Sedena para asumir el control de las 20 aduanas fronterizas. Un año antes, elementos de la Marina-Armada comenzaron sus labores de administración y supervisión de los puertos mercantes.
Por si esto no bastara, en noviembre de 2022, se declaró la constitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional para ampliar legalmente hasta el 2028, el apoyo del Ejército en las tareas de seguridad pública en el país.
La reforma consistió en un cambio al artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, aprobada desde marzo del 2019, en materia de la Guardia Nacional, que establecía que el Ejército prestaría sus servicios de apoyo sólo hasta el 2024, pero la temporalidad se modificó de cinco a nueve años y se amplió hasta el 2028.
Fuerzas Armadas tendrán voz y voto en ciencia y tecnología
Las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tendrán voz y voto en la política de ciencia y tecnología en nuestro país. Ayer en la mañana, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados aprobaron en fast track la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual se otorga un lugar a ambas dependencias en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo Nacional que estará a cargo de este sector.
En cambio, a investigadores, académicos, científicos y otros servidores públicos sólo se les dará un lugar por invitación a la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto.
- De acuerdo con la nueva Ley, la Junta de Gobierno estará conformada por representantes de las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Hacienda, Medio Ambiente, Salud y Cancillería, además de la Sedena y Semar. En la actual ley, no se consideraba a las Fuerzas Armadas.
- Entre sus facultades está aprobar la propuesta para el titular de la Dirección General del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la distribución del presupuesto, el programa de inversiones, decidir el destino de los excedentes y aprobar las inversiones.
- La Junta de Gobierno también tendrá la facultad de reconocer a los Centros Públicos de Investigación, y de evaluar las políticas en la materia. La nueva ley también quitó el presupuesto mínimo de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología. Ahora, los recursos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria.
El quitar el piso mínimo para ciencia y tecnología fue un punto criticado por legisladores de oposición durante la discusión. Sin embargo, pese a que desde septiembre de 2004 la Ley de Ciencia pone como mínimo uno por ciento del PIB, el monto nunca se alcanzó.
En 2022, el gasto orientado a ciencia fue de 55 mil 945 millones de pesos, lo que representó apenas 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el Análisis Público Federal para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por la Cámara de Diputados.
En 2021, el presupuesto para este rubro fue de 51 mil 349 millones, cifra equivalente a 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el mismo estudio; el promedio para los años 2003 y 2012 se estima en alrededor de 0.41 por ciento del PIB, de acuerdo con el informe Análisis comparado del gasto público en ciencia y tecnología: Lecciones para México, elaborado también en San Lázaro.
- El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, advirtió que el proceso carente de diálogo con la comunidad científica va a traer problemas de legalidad y una serie de litigios. “(Tenemos) un gobierno que le teme a la inteligencia, es un gobierno enfermo”.
- Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) Cinvestav, dijo en una entrevista que es un retroceso, eliminar la obligatoriedad del uno por ciento del PIB.
“En este dictamen que se aprueba, si se elimina parte del uno por ciento, es grave, es un retroceso que no tengamos un marco mínimo hacia donde aspirar como país para invertir en ese sector. Es desesperanzador un poco porque en lugar de estar poniendo metas mucho más ambiciosas, lo que hacemos es eliminar un porcentaje bajo el argumento de que no se cumple”, aseveró.
Otro punto de esta Ley es la creación de una Agenda Nacional de Investigación enfocada en “atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana”,algo que para Maldonado pone en riesgo el desarrollo de la ciencia al ceñir la investigación a una agenda centralizada.
- Con la reforma se transforma al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, el cual se encargará de articular la política pública en la materia; y se establece que el acceso universal a las becas —uno de los puntos más importantes de la reforma— estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
- Maldonado calificó de desafortunado el proceso fast track para aprobar la Ley, pues pone en evidencia que la Cámara de Diputados no entendió “la importancia de hacer un buen trabajo legislativo, pulcro y considerando las opiniones, propuestas e iniciativa para lograr una Ley de consenso y que genere una buena opinión con la comunidad”.
Las academias de Ingeniería de México, Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina de México reclamaron la aprobación de la ley sin que concluyeran los foros de Parlamento Abierto.
A través de un comunicado, estas asociaciones instaron al Senado de la República a escuchar los argumentos sustantivos del sector académico sobre las consecuencias negativas de la ley y rechazar lo que aprobaron los diputados./Agencias-PUNTOporPUNTO
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