La aprobación e implementación de reformas constitucionales como la judicial y otro paquete que se perfila avalar en las próximas semanas como la desaparición de órganos autónomos no solo o afectan la competitividad y la institucionalidad del país, sino que generan incertidumbre, puede derivar en un ambiente volátil que comprometa la confianza que los socios comerciales de México tienen en el país, sobre todo en el marco del T-MEC como Estados Unidos y Canadá.
Así lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quien alerta que la pérdida de confianza institucional y certeza jurídica podría desestabilizar la inversión extranjera y el comercio exterior, con lo que se incrementarían los riesgos para la economía mexicana.
- En un análisis denominado” México y América del Norte, los riesgos de las reformas constitucionales del 2024”, se advierte que la propuesta de extinción de siete organismos autónomos podría entrar en conflicto con varios capítulos del T-MEC en materia de Telecomunicaciones, Políticas de Competencia y Empresas Propiedad del Estado.
Paralelo a ello, –agregó—reformar la constitución en materia de energía, agua y biotecnología agrícola tiene implicaciones para la relación de México con sus socios de América del Norte.
- El gobierno de Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos y el impacto de esta reforma en la relación comercial que mantiene con México, pero el gobierno de nuestro país ha desestimado esta situación.
- En la actualidad, 83% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos y 3% a Canadá, mientras que 44% del total de la IED recibida por México en el primer semestre de 2024 provino de Estados Unidos y 8% de Canadá, detalla el IMCO.
- El IMCO establece que las reformas que ya se aprobaron como la judicial y las que están por avalarse en las próximas semanas tendrán un impacto en la relación con Estados Unidos y Canadá.
- En ese sentido, consideró que cualquier reforma constitucional debe tomar en cuenta las consideraciones en materia de contrapesos al poder, transparencia, rendición de cuentas y competitividad, así como el potencial impacto sobre la relación con EU y Canadá.
- La principal preocupación ahora es la reforma constitucional al Poder Judicial pues tiene implicaciones para la profesionalización de sus miembros, la institucionalidad del país y la separación de poderes.
“Su aprobación ha generado preocupación de los socios norteamericanos de México en cuanto a la certeza jurídica y el estado de derecho”, acusa.
- El IMCO advierte que los cambios derivados de la nueva reforma ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, ya que la elección popular de los cargos implica la partidización de procesos previamente regidos por criterios técnicos y objetivos.
- La posible intervención de partidos políticos y otros grupos de interés en los perfiles de las personas encargadas de la impartición de justicia –agrega–tiene graves consecuencias para el nivel de impunidad en México.
“Además, los cambios en los requisitos exigidos para ser juez, ministro o magistrado generan un retroceso en la profesionalización del Poder Judicial”, establece
Conflicto con T-MEC
Se alerta que la nueva estructura del Poder Judicial podría entrar en conflicto con la esencia del T-MEC, que, aunque no incluye reglas específicas acerca de la estructura del sistema judicial, sí exige que sea imparcial e independiente.
- Destaca que la extinción de siete organismos autónomos, que incluyen al INAI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) genera desequilibrios al incrementar la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo.
Además, la eliminación del IFT, la Cofece y la CRE -y su integración a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Energy (SENER), respectivamente- tiene potenciales conflictos directos con ciertas disposiciones del T-MEC en las que los miembros están obligados a asegurar la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente, imparcial y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones.
- Asimismo a garantizar que los órganos administrativos que regulan a Empresas del Estado (incluyendo aquellas que operan en el sector energético) ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial (capítulo 22: Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados).
Independientemente de los conflictos con el T-MEC, la eliminación de organismos autónomos con responsabilidades regulatorias y de evaluación tendría implicaciones negativas para la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos a los poderes públicos en México, elementos cruciales para la competitividad y la certeza jurídica del país.
Riesgos adicionales
Otras propuestas que serán presentadas ante la nueva legislatura que entró en funciones en septiembre de este año podrían entrar en conflicto con las disposiciones del T-MEC.
Por una parte, la propuesta de reforma en materia de industrias estratégicas del Estado -que plantea limitar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para celebrar contratos con empresas privadas en transmisión y distribución eléctrica y establecer la precedencia de la CFE (una empresa propiedad del Estado) sobre empresas privadas- genera conflictos con disposiciones del T-MEC que prohíben el trato preferencial al requerir que se dé un trato no menos favorable a las inversiones de los países de este acuerdo respecto a las nacionales.
- Las iniciativas que buscan reformar la constitución en materia de disponibilidad de agua y de concesiones para actividades de minería también discrepan con disposiciones del capítulo 14 del T-MEC en cuanto al trato preferencial para empresas públicas y la apertura de sectores económicos.
- La primera busca frenar las concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua y solo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y doméstico; la segunda prohibiría el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de minerales en la minería a cielo abierto, efectivamente bloqueando la participación en el sector.
Por último, la propuesta encaminada a prohibir el uso del maíz genéticamente modificado, incluido el transgénico, para siembra y consumo humano impone restricciones al comercio sin presentar evidencia científica que sustente la medida. México ya se encuentra en un proceso de solución de controversias sobre el tema bajo las reglas del T-MEC, ya que entra en conflicto con disposiciones que establecen que no se pueden implementar restricciones arbitrarias al comercio de un bien.
Reformas podrían generar nulo crecimiento en el 2025
Las reformas constitucionales que se buscan aprobar, como la de desaparecer algunos ramos autónomos, en conjunto con la recién aprobada reforma judicial y la amenaza de que México deje de pertenecer al T-MEC, podrían generar un crecimiento nulo en el 2025, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
- En conferencia de prensa, José Domingo Figueroa Palacios, presidente del IMEF, indicó que para este año la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 1.7 a 1.5%, mientras que para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, pasó de 1.5 a 1.3 por ciento.
- “De continuar con las reformas constitucionales, particularmente de la desaparición de los organismos autónomos y la amenaza a la permanencia de México en el T-MEC, podrían seguir desacelerando el crecimiento económico de forma importante en los siguientes meses, al punto de tener crecimiento nulo o inclusive negativo en el 2025”.
Respecto a la reforma al poder Judicial, que fue aprobada en días pasados el presidente del IMEF coincidió en que ésta disminuirá la confianza en las instituciones, así como la seguridad jurídica de los inversionistas.
“También se estará perdiendo la seguridad para los inversionistas de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole”, alertó.
- En este sentido, señaló que de materializarse los miedos de que México pierda su grado de inversión de las agencias calificadoras por estas decisiones políticas no sólo afectaría el crecimiento económico, sino que también podría generar una salida importante de capitales.
- Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, recordó que recuperar el grado de inversión luego de perderlo no es fácil, y ejemplificó con Brasil, un país que hace una década lo perdió y continúa sin obtenerlo y todo indica que aún le llevará tiempo conseguirlo.
Nearshoring podría verse afectado
En el caso de la eliminación de ramos autónomos, como el INAI, IFT, la Cofece, entre otros, el IMEF advirtió que esto no sólo tendría su impacto negativo en el crecimiento económico de México, sino también en el nearshoring, es decir, la relocalización de empresas.
- Figueroa Palacios explicó que de eliminarse estos ramos autónomos se dejaría de contar con organismos técnicos especializados, que son necesarios para evitar la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones técnicas de libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano, entre otras situaciones.
“Lo anterior reduciría o eliminaría la oportunidad que representa la relocalización de las empresas, al frenar o retrasar las inversiones que México necesita para crecer por encima de 2% del PIB, que ha sido el promedio de crecimiento en el presente siglo. Este crecimiento y una mejor distribución de la riqueza es crucial para disminuir la pobreza y la desigualdad en nuestro país”, dijo.
Prenden focos amarillos por reforma energética
La Reforma Energética que fue aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado, significará un “autogol” para México en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) planeada para 2026, ya que podría incurrir en prácticas monopólicas que afecten las inversiones privadas, lo que abriría la puerta a posibles paneles contra el país.
- Ramsés Pech, experto de la Consultora Caraiva y Asociados, sostuvo que en el caso específico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ésta tiene control sobre más del 75 por ciento de la electricidad generada, por lo que no se debe confundir con el 54 por ciento planteado en el Artículo 25 de dicha reforma (54% Pemex y 46% privados), ya que ese porcentaje señalado por la autoridad hace referencia a la capacidad instalada.
“El mercado de generación de electricidad no se centra en cuántas plantas instaladas, sino en cuánto produce, y en cuanto a tu eficiencia operativa para despachar en el mercado”, sostuvo.
Actualmente, el único participante que puede vender la electricidad a usuarios domésticos es la CFE, mientras que en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) carece de competencia en la extracción y producción de crudo o gas natural. “Este mercado no es dónde los privados compiten, sino más bien en la venta o distribución de combustibles, donde más del 75 por ciento de los ingresos de la empresa estatal se deriva de esta actividad”, sostuvo el experto.
- Por su parte, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, empresa consultora del sector energético, señaló a La Razón, que la modificación que plantea que las empresas productivas del Estado vuelvan a ser empresas públicas se definirá, probablemente, en una reforma secundaria, pero al realizar estas modificaciones, se permitiría que ambas empresas, realicen proyectos que no cuenten con criterios de rentabilidad afectando así a las finanzas públicas.
“En otras palabras pueden aprobar proyectos que aun a sabiendas de que van a perder dinero, los pueden realizar y con esta excepción le pueden dar la vuelta al Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, en la que se basa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para crear el presupuesto y después mandarlo a la Cámara de Diputados, le van a meter gol al Congreso mexicano y por ende a las finanzas públicas y a la ciudadanía, al proponer y aprobar proyectos que no son rentables”, aseguró.
- Monroy explicó que otro de esos proyectos no rentables es la extracción de litio, pues a pesar de que el Gobierno federal pretende no otorgar concesiones a la Iniciativa Privada (IP), si se quiere iniciar la exploración de las reservas en arcillas, será necesario utilizar tecnologías muy específicas que sólo empresas de la IP poseen, entonces se tendría que recurrir a las asociaciones público-privadas.
- Añadió que en Chile hay un proyecto similar, pero si el metal se quiere usar como insumo en los semiconductores o baterías, se debe tener un grado de pureza que sólo puede llevarse a cabo con procesos y tecnologías específicas que sólo algunas empresas poseen.
- Entonces, de no recurrir a las asociaciones con la IP, actualmente no hay forma de saber cuánto “petróleo blanco” se puede obtener por tonelada, “nadie lo sabe, porque como esa tecnología no se ha desarrollado, México tendrá que ser pionero en desarrollarlo” y el costo será alto, en el caso chileno, un solo proyecto puede llegar a costar alrededor de 10 mil millones de dólares, aseguró Monroy.
Además, sostuvo que en materia eléctrica se ha colocado el término de prevalencia de lo público sobre lo privado, pero en lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no hay nada claro, y estimó que ha sido un término que fue utilizado para que en la reforma secundaria que se hará en la ley de la industria eléctrica pase. “Lo que la Corte había dicho que era inconstitucional ahora lo van a volver constitucional, le están dando ese paraguas”.
Explicó que las únicas dos ganadoras con esta reforma son Pemex y CFE; porque el erario, consumidores, inversionistas y el T-MEC, “todos los demás pierden”.
Respecto a “la integración vertical de las empresas públicas del Estado para operar y administrar de manera más eficiente los recursos públicos”, Monroy, dijo que esta “integración” podría venir en la Ley de la Industria Eléctrica, y significaría que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dejará de ser independiente, pues se integraría a la CFE. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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