De acuerdo con El Universal, quien entrevisto a analistas, dijeron que ante la turbulencia financiera que llegó después de las elecciones, los inversionistas piden al gobierno federal mayores intereses para prestarle dinero.
- La Secretaría de Hacienda tuvo que comprometerse el martes a pagar una tasa anual de 10.83% para colocar 14 mil 500 millones de pesos en bonos que deberá liquidar en tres años. Se trata del segundo mayor rendimiento en casi 22 años.
- Esta operación forma parte de las subastas primarias que la Federación realiza cada martes, a través del Banco de México (Banxico), para ofrecer instrumentos de deuda y financiar el déficit fiscal.
En el mercado secundario, donde se revenden estos instrumentos entre inversionistas, el mismo bono a tres años llegó esta semana a más de 11%, según Investing.
- El vicepresidente y director de Inversiones en Franklin Templeton México, Luis Gonzali, comparó el episodio de volatilidad poselectoral al que se observó en octubre de 2018, cuando se canceló el proyecto en Texcoco.
“Frente a este ambiente se les tiene que dar un mayor premio a los inversionistas. Vimos subidas de tasas sobre todo en los bonos de largo plazo; por ejemplo, el de tres años y los Udibonos, con lo cual le está saliendo más caro al gobierno la incertidumbre prevaleciente”, indicó a este diario.
- El bono a 10 años, el mejor referente de los inversionistas, alcanzó esta semana una tasa de 10.82% y se trata del mayor interés en 19 años, desde abril de 2005, mientras que el instrumento a 30 años impuso un récord de 10.92%.
- Al final del día, subrayó Gonzali, los prestamistas piden más rendimiento por el riesgo que perciben, lo que hace que el gobierno termine pagando mayores tasas y eso genera presión sobre las finanzas públicas para cubrir este premio.
La situación indica la impresión de los participantes del mercado sobre el riesgo que corren sus capitales, por lo que se cubren con una mayor tasa, añadió.
- Luis Gonzali mencionó que a los mercados no les gusta la incertidumbre o desconocer las reglas del juego. No obstante, descartó una salida de capitales abrupta derivado del ruido político. “Estamos bastante lejos de ese escenario”.
- Para analistas de CitiBanamex, los mercados han sido contundentes al reaccionar a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la eventual aprobación de la reforma judicial.
“Si el Presidente insiste en forzar una apresurada autorización legislativa de reformas en septiembre próximo, debilitaría estructuralmente las condiciones de arranque para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y también las perspectivas para materializar la oportunidad histórica que plantea el nearshoring”, advirtieron en el banco.
- El analista de MetAnálisis, Gerardo Copca, dijo que las mayores tasas no sólo significan que el gobierno debe pagar más intereses por emitir deuda, sino también las empresas y las personas físicas que tengan créditos con tasa variable.
- La subdirectora de Mercados de Deuda de Valmex, Yazmín Matus, refirió que el martes el gobierno subastará bonos a 30 años, por lo que seguramente los inversionistas solicitarán tasas más altas.
“Los premios que se pidan van a estar alineados a las cotizaciones en que se encuentren las tasas el día de la subasta, que es el próximo martes”, señaló en entrevista.
Para determinar el rendimiento que recibirán los inversionistas que adquieran estos papeles, Matus recordó que se consideran diversas variables como las tasas similares en Estados Unidos y otros países. En su opinión, las tasas de los bonos se moverán en función de datos duros en el ámbito nacional e internacional.
- Con el objetivo de cubrir los intereses de la deuda, el gobierno propone destinar este año 1.26 billones de pesos. Sin embargo, por cada 100 puntos base adicionales en las tasas previstas, los pagos y costos de refinanciamiento de las obligaciones que están por vencer se incrementan en 30 mil 500 millones de pesos, señalan los Criterios Generales de Política Económica 2024 que la Secretaría de Hacienda presentó en septiembre pasado.
En CitiBanamex estiman que la depreciación del peso frente al dólar aumentará la deuda pública, de 50.5% a 51.2% del PIB en 2024 y de 52.5% a 53.2% en 2025.
Deuda financiada con valores tiene su mayor alza
La deuda pública interna financiada con emisiones de valores gubernamentales creció a 11 billones 721 mil millones de pesos al cierre de abril del presente año, lo que implicó un aumento de 868 mil 197 millones respecto de su cierre al 31 de diciembre de 2023, establecen indicadores de Hacienda.
- El crecimiento de los primeros cuatro meses del presente año fue de 6.4 por ciento en términos reales, el mayor aumento para un periodo similar desde el 2012. En términos monetarios, fue la mayor cifra desde que hay registros disponibles, según informes de la Secretaría de Hacienda.
- Durante los primeros cuatro meses de 2024 el costo financiero total de la deuda pública aumentó 0.8 por ciento real respecto de igual periodo de 2023, al sumar 344 mil 194.6 millones de pesos.
- “El costo financiero no subió tanto porque se vio beneficiado por la apreciación del tipo de cambio”, afirmó Carlos López Jones, especialista en deuda. “Al tener un peso fuerte se abarata el pago de intereses de la deuda documentada en dólares, la cual equivale a un tercio de la deuda total del país”, estimó.
“El costo financiero va en línea con el aumento del endeudamiento interno neto del Gobierno aprobado para el presente año por el Congreso de un billón 990 mil millones de pesos”, añadió.
- La SHCP precisó que de enero a abril la deuda interna neta total del sector público creció en 481 mil 20.9 millones de pesos y se ubicó en 11 billones 740 mil millones al cierre del cuarto mes.
- Dicho endeudamiento llevará el déficit fiscal a 4.9 por ciento del PIB, estimado por Hacienda el mayor en 36 años. Incluso Citibanamex prevé que el déficit llegará al 5.2 por ciento.
López Jones expuso que las colocaciones para elevar la deuda en el monto autorizado por el Congreso este año de 1 billón 990 mil millones serán una cifra histórica. “El plan se está cumpliendo para llegar a esta cantidad y estamos regresando a los tiempos de López Portillo cuando también se colocaban pasivos equivalentes al cinco o seis por ciento de PIB en un año”, recalcó.
Reto del próximo gobierno
Economistas indicaron que “el reto más importante para la próxima administración es el tema de finanzas públicas, debido a que el tema fiscal sí tuvo un deterioro durante esta administración”.
Precisaron que las decisiones para la colocación de deuda sobre todo en la parte externa, responden mucho a las condiciones de mercado.
“La Secretaría de Hacienda tiene sus techos de endeudamiento tanto internos como externos, para todo el año y en realidad el momento en el que lleva a cabo la colocación es muy a discreción de la dependencia”, añadieron. Se coloca la deuda muy acorde a las condiciones de mercado y la perspectiva de tasas de interés.
- Hacienda tiene un techo de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año por lo que puede superar dicho límite máximo en algunos lapsos del año, pero no hay problema siempre y cuando lo baje al cierre de diciembre para cumplir con la Ley.
- El saldo de la deuda externa neta del sector público creció en los primeros cuatro meses del año en cuatro mil 947.3 millones de dólares, al avanzar a 218 mil 23.8 millones de dólares al cierre de abril.
- El costo de la deuda externa del sector público sumó cinco mil 764.5 millones de dólares, de los cuales cinco mil 404 millones correspondieron al pago de intereses y el resto a comisiones y otros gastos.
- Las tasas de interés que paga el gobierno por la deuda interna permanecen elevadas, en 11.04 por ciento la de Cetes a 28 días, en 11.20 por ciento a tres meses, en 11.25 a seis meses y en 11.43 a dos años.
- Sobre las tasas, López Jones dijo que si bien son altas, ya bajaron unos 25 puntos base. Apuntó que la gradual baja de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México le ayudaría al gobierno a lograr importantes ahorros en el costo financiero.
Si la tasa bajara 100 puntos base el gobierno podría ahorrarse un estimado 100 mil millones de pesos y si bajará en 200 puntos base, el ahorro sería de unos 200 mil millones de pesos.
Déficits y más deuda pública, un riesgo crediticio
El próximo gobierno de México, enfrenta tres riesgos principales para la calificación crediticia soberana, incluida la posibilidad de que mayores déficits fiscales conduzcan a una mayor deuda pública, dijo Fitch Ratings en una entrevista con Reuters.
- El presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo en gran medida las finanzas públicas de México en orden durante sus primeros cinco años en el cargo mientras aplicaba amplias políticas de austeridad presupuestaria, incluso durante los picos de la pandemia.
- Pero en 2024, su último año al frente de la segunda economía más grande de América Latina, estima que el déficit fiscal aumentará a un 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB), medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público, mientras busca concluir importantes proyectos de infraestructura.
“Si los déficits fiscales se mantienen consistentes con un aumento acelerado de la deuda pública, eso pudiera afectar la calificación soberana de México”, dijo Carlos Morales, director de deuda soberana de Fitch Ratings.
Esto supone un aumento respecto de los déficits del 4.3% del PIB en 2023 y 2022. “Es un paso en la dirección equivocada, es un déficit bastante alto que pudiera conllevar riesgos de largo plazo (…) En dado caso que esto continúe en los próximos años, durante la próxima administración, eso definitivamente sería un crédito negativo”, afirmó.
- Sin embargo, Morales subrayó que a medida que la construcción y el gasto en los emblemáticos proyectos de infraestructura de López Obrador lleguen a su fin, espera que los mayores déficits fiscales sean transitorios.
- Morales dijo que los otros dos riesgos principales que podrían tener implicaciones negativas para la calificación crediticia serían políticas que perjudiquen el crecimiento económico de México o la posibilidad de un deterioro de la gobernabilidad y el Estado de derecho.
- Por otro lado, si el crecimiento económico resulta más sólido, los déficits fiscales más pequeños conducen a una reducción de la deuda pública o hay una mejora de la gobernanza y el Estado de derecho, eso sería positivo para la calificación crediticia.
El futuro presidente de México también tendrá que lidiar con Petróleos Mexicanos (Pemex) , que durante años ha sido una preocupación para las finanzas públicas por ser la compañía energética con mayor carga financiera del mundo.
- “Lo que ha sucedido es que la deuda de Pemex se ha estabilizado, pero en deterioro o en detrimento de las cuentas fiscales del gobierno federal (…) nuestra expectativa es que el apoyo del gobierno seguirá en la próxima administración independiente de quién gane las elecciones”, dijo.
En diciembre, Fitch afirmó la calificación soberana de México en “BBB-“, con un panorama “estable”.
López Obrador heredará una menor maniobra en dos fondos
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredará una menor maniobra en dos fondos, que recibió al llegar en 2018, a la próxima presidenta de México, a partir del 1 de octubre de este año.
Cifras de Hacienda detallan que los fondos para enfrentar emergencias financieras del gobierno federal y de los estados tienen la quinta y sexta parte, respectivamente, de lo que tenían en 2018, último año de la anterior administración a cargo de Enrique Peña Nieto.
- Al cierre del primer trimestre de 2024, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) reportó un saldo de 47,820 millones de pesos, la quinta parte de los fondos al cierre de 2018; 246,690 millones.
- En tanto, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) reportó, al cierre de marzo, un saldo de 12,175 millones, la sexta parte de los 76,348 millones registrados al cierre del último año de la anterior administración.
Esto pone al nuevo gobierno, gane quien gane, en una “posición vulnerable, porque ante cualquier contingencia, si no hay un guardadito, un ahorro, es una situación de vulnerabilidad. Es como una persona que no tiene ahorros, y ante cualquier choque, pues va a tener que pedir prestado”, comentó Iván Franco, fundador y director de la consultora Triplethree International.
Estos fondos se alimentan cuando llega más dinero público que el esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por recaudación de impuestos y venta de petróleo mexicano. Cuando estos ingresos son menores a lo esperado, los fondos se activan.
En 2019, el primer año del actual gobierno federal, se registró una caída de la economía, y con ello una falta de ingresos por impuestos que llevaron a utilizar los recursos de los fondos; lo mismo sucedió en 2020. En 2021 llegaron a niveles mínimos. Desde 2022 han comenzado a recuperarse, pero no en magnitud previa a la caída del PIB, en 2019, y el covid-19, en 2020.
- En marzo pasado el Congreso aprobó nuevas fuentes de ingresos para el FEIP, que son los ahorros del costo financiero de la deuda pública del país y aportaciones del gobierno federal, además de aportaciones adicionales consistentes en activos financieros.
- Del cierre de 2023 y hasta marzo de este año, los recursos del FEIP crecieron 7,297 mdp, y los del FEIEF solo 347 millones de pesos.
- La falta de recursos en los fondos de emergencia se da en un contexto de menores ingresos por renta petrolera y gastos obligatorios que presionan año con año el presupuesto público.
“El gasto público en México no es adaptable. Lo ideal sería que fuera dinámico, que en épocas de expansión creciera y en épocas de contracción se contrajera, pero aquí es un gasto comprometido, no hay un balanceador. Entonces, ante una desaceleración de los ingresos públicos, ya sea por recaudación o por la propia actividad económica, pues no tiene los fondos; entonces tienes que recurrir a endeudamiento. Finalmente, eso es un factor de riesgo; no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Así es como va creciendo la deuda como porcentaje del PIB”, culminó Franco.
Pago de intereses de la deuda pública aumentará de 2018 a 2024: CIEP
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ejercer una austeridad republicana y una pobreza franciscana en la Administración Pública Federal; sin embargo, la realidad es otra. Una prueba es el aumento en el pago de intereses de deuda pública.
- El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) informó que el costo financiero de la deuda, es decir, el pago de intereses que realiza el gobierno federal, aumentará de 615,040.6 millones de pesos en el 2018 a 1.26 billones de pesos en el 2024, un crecimiento de 53.3% real.
- “Cabe señalar que no sólo el gasto programable aumentó, también lo hizo el gasto no programable el cual se elevó 29.2% en términos reales en el periodo de análisis. Dentro de éste, el costo financiero de la deuda tuvo un aumento de 53.3% en términos reales”, se lee en el documento “Austeridad, debilidad institucional y presupuesto”.
Si bien el gobierno federal ha contratado cada año más deuda interna, el incremento en el pago de intereses también es consecuencia de las elevadas tasas de interés.
- La tasa de referencia del Banco de México pasó de 4 a 11.25%, en un lapso de casi dos años, se prevé que empiece a descender en el primer trimestre del 2024.
De acuerdo con el CIEP, la austeridad fiscal se refiere a una política que pretende reducir el déficit y la deuda pública mediante recortes en el gasto, aumento en los impuestos o ambos.
Contratación de deuda pública
La deuda pública habrá aumentado 5.2 puntos porcentuales como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) ya que pasará de 43.6% en el 2018 a 48.8% del PIB en el 2024, de acuerdo con información de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).
- Así, los ingresos derivados del financiamiento, es decir, contratación de deuda, incrementarán de 501,375.5 millones de pesos en el 2018 a 1.73 billones de pesos en el 2024 un aumento de 158.5% real, según el CIEP.
- Para el 2024 el Congreso de la Unión aprobó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representen 5.4% del PIB.
- Este desbalance en el presupuesto, así como el crecimiento del gasto público a lo largo de la presente administración ponen en duda el discurso de austeridad que se planteó a inicios de sexenio”, refirió el CIEP.
Gastó creció 20.5%
El informe del CIEP señaló que el gasto total aumentará de 5.61 billones de pesos en el 2018 a 9.06 billones en el 2024, esto es un crecimiento de 20.5% en términos reales.
En contraste, los ingresos presupuestarios pasarán de 5.27 billones de pesos a 9.06 billones de pesos en el 2024, esto representó un crecimiento de 14.4% en el mismo periodo.
Órganos autónomos
- En lo que se refiere a los Órganos Autónomos, el análisis del CIEP precisa que el gasto pasará de 121,739.6 millones de pesos en el 2018 a 169,925.5 millones de pesos en el 2024, un crecimiento de 4.1% en términos reales.
- Sin embargo, advirtió el CIEP, sólo el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaron incrementos presupuestales, de 1.9 y 35.3% del 2018 al 2024, respectivamente.
El resto de los órganos autónomos observaron recortes, destacando el de 42.1% al Instituto Federal de Telecomunicaciones; de 33.8% a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de 21.4% al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Ramos administrativos
El CIEP detalló que el gasto en los ramos administrativos incrementará en 38.4% del 2018 al 2024, este aumento se concentró en ocho dependencias.
- Destaca el aumento de 2,097.2% para la Secretaría de Energía; 370.6% para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 302.9% para la Secretaría del Bienestar y 139.1% para Defensa (aunque gran parte del aumento corresponde al presupuesto del Tren Maya).
Para la Secretaría de Marina el alza será de 50.7%, para la Secretaría del Medio Ambiente de 20.2% y para las Entidades no sectorizadas de 1,119.4 por ciento. Los ramos que observarán mayores recortes en el sexenio, en términos relativos, se encuentran:
- Gobernación, con 90.5%; Turismo con 84.9%, Presidencia con 81.3% y Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos con 81.4 y 80.9%, respectivamente./Agencias-PUNTOporPUNTO
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