Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su sexenio en diciembre de 2018, entre sus planes para frenar los actos de corrupción en obras de infraestructura pública siempre estuvo incluir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como un nuevo actor en el sector de la construcción a gran escala.
- El proyecto de edificación de un complejo urbano en Santa Fe, su participación en las obras del Tren Maya, la responsabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, e incluso un acuerdo de Colaboración para la Construcción de Infraestructura entre la Sedena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2019) para desarrollar carreteras, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, sistemas satelitales, entre otros, dan cuenta del peso que tiene y que tendrá la Sedena como constructora durante éste sexenio.
Sin embargo, la Sedena y sus dependencias no están exentas de incurrir en irregularidades que pueden o no estar ligadas a actos de corrupción, pero que en definitiva suponen fallas administrativas de diversa índole.
- En la última entrega de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró 12 millones 438 mil 20 pesos en posibles daños a la Hacienda Pública Federal por parte del sector de la Defensa Nacional, que están relacionados con obras de infraestructura pública militar.
Entre las irregularidades ligadas a la Secretaría del General Luis Cresencio Sandoval González están las obras para edificar el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, que tiene la misión de capacitar a personal civil y militar para especializarlos en tácticas y operaciones de mantenimiento de la paz, en concordancia con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas.
- La construcción del Centro inaugurado en enero de 2019 por el Presidente AMLO implicó probables daños por 9 millones 791 mil 557 pesos ligados a pagos realizados fuera de norma, así como a pagos en demasía debido a que los volúmenes de obra pagados fueron –en algunos casos– mayores a los ejecutados, o debido a que hubo diferencias entre los salarios pagados y acordados, duplicidad de conceptos pagados y pagos no acreditados, de acuerdo con la auditoría número 2019-0-07100-22-0065-202065-GB.
- En 2019, la ASF también encontró probables daños al erario público por 826 mil 404 pesos relacionados con obras de demolición del proyecto de construcción de una unidad habitacional naval en Veracruz por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam). De acuerdo con la auditoría número 2019-1-07HXA-22-0072-202072-GB, las autoridades responsables de las obras no registraron el volumen de las estructuras a demoler, lo que influye en el costo de la obra.
Aunque el Issfam cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, la Auditoría determinó que la institución tuvo problemas contables y procesales, además de que incurrió en incumplimientos administrativos, normativos y contractuales, entre ellos los vinculados con funciones de verificación, amortización de anticipos e incrementos injustificados de plazos por contrato.
Asimismo, la ASF señaló que hubo una “deficiente planeación de obra, toda vez que el proyecto de la unidad habitacional naval no fue coincidente con los conceptos de trabajo del presupuesto de la Sedena”.
- El año pasado, Issfam también causó probables daños económicos por 1 millón 820 mil 60 pesos relacionados con la construcción de una unidad habitacional militar en Chiapas. La auditoría número 2019-1-07HXA-22-0071-202071-GB indica que el perjuicio se debió a “pagos efectuados sin el soporte que permita comprobar que fueron devengados, toda vez que las estimaciones carecen de los números generadores, fotos, notas de bitácora y croquis de localización que acrediten los volúmenes de obra ejecutados”.
El Ejército desvió 156 mdd a empresas fantasma entre 2013 y 2019
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas “factureras”, las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal en México.
- Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma. A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo con la información proporcionada por la Sedena para esta investigación.
Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales, según la información contenida en una base de datos proporcionada a EL PAÍS por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información.
Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.
La Sedena también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares.
- Los recursos desviados en estos centros médicos como el Hospital Militar de Zona en Ixtepec (Oaxaca), el Militar Regional de Puebla (Puebla), el Hospital de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan (Estado de México), el Regional de Especialidades en Mérida (Yucatán) y la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar ascienden a 115 millones de pesos (unos siete millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Los pagos fueron por diversos insumos y servicios clínicos que supuestamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018.
En otras facturas hubo pagos por 50 millones de pesos para supuestos servicios de obra civil, instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en los viveros forestales de Perote (Veracruz), Ameca (Jalisco), Pueblo Viejo (Veracruz), El Sauz (Sinaloa), Sarabia (Guanajuato) y Zimapán (Hidalgo). Una de las áreas de la Sedena que también destinó 51,5 millones de pesos a empresas de papel fue la Dirección General de Comunicación Social.
- En 2014 y 2015 contrató a las compañías Advertising and Digital Effects y Producciones Siehj para que le brindaran servicios de masaje e hidratación, suministraran playeras y medallas y organizaran eventos deportivos. En el registro de gastos hay cuatro facturas emitidas para contratar los servicios de producción de una carrera de la Fuerza Aérea Mexicana como parte de una campaña conmemorativa. También hay otros dos comprobantes para la producción de otra carrera titulada “La gran fuerza de México”. Para este reportaje se buscó a la Sedena a fin de saber si se han iniciado investigaciones por el uso de empresas fantasma, pero no hubo respuesta.
Los conceptos descritos en las miles de facturas van desde la adquisición de materiales de construcción como grava, arena y concreto hasta artículos de papelería y limpieza. También aparecen en los comprobantes las supuestas compras de uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias y losetas.
Entre los servicios asignados está la supuesta renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas y servicios de lavandería, así como mantenimiento a plantas eléctricas y de aguas residuales. El año en que la dependencia registró la mayor cantidad de recursos desviados a compañías fantasma fue 2013 con 619,4 millones de pesos (unos 48,5 millones de dólares al promedio de tipo de cambio de ese año)./Agencias-PUNTOporPUNTO
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