Pagos duplicados, o en exceso, por obras que están facturadas, pero no existen, así como rendimientos financieros no reportados a la Tesorería de la Federación, que se generaron mientras el dinero estaba en cuentas institucionales, sin ser aplicado en los trabajos para los que fueron destinados, son irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la construcción y equipamiento de seis hospitales en cinco estados del país, responsabilidad de dos gobiernos estatales, el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Marina.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron responsables de construir la Clínica Hospital de 30 Camas en Ciudad Delicias, Chihuahua, y el Hospital General de Zona de 144 Camas en Pachuca, Hidalgo, respectivamente.
En la primera obra, con base en el dictamen de la auditoría 218-DS –parte del tercer informe de la cuenta pública 2019 de la ASF– no se comprobó el destino de 72 millones 178 mil 600 pesos; además, cinco millones 374 mil 100 pesos más corresponden a trabajos cargados al erario que no fueron ejecutados.
- En noviembre de 2019, la clínica no estaba concluida –aunque debía– y la ASF señala que «se desconoce el estado de la construcción en ese momento, toda vez que la bitácora de obra no presentó reportes de avance físico y financiero periódicamente»; adicionalmente, el ISSSTE no presentó evidencia de haber verificado la debida terminación de los trabajos, de haber formalizado la recepción física, de realizar el finiquito, así como del acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato.
El ente inspector refiere que al convertirse en Hospital COVID, la nueva clínica en Delicias dejó sin atención la población objetivo. Además, evidenció otras anomalías, como que al inicio de los trabajos no se contó con el proyecto ejecutivo completo, lo que ocasionó ampliación al plazo e incremento al monto contratado, por 51 millones 488 mil 400 pesos.
- En el hospital de Pachuca, el IMSS tuvo una diferencia de 713 mil 700 pesos entre los montos reportados como inversión modificada y la inversión pagada, sin la evidencia de las adecuaciones presupuestarias correspondientes; asimismo, la auditoría de cumplimiento de inversiones físicas 230-DS da cuenta de una diferencia de 469 mil 800 pesos entre el monto reportado como pagado y el monto acreditado como ejercido en la documentación comprobatoria.
- En la sustitución de los Hospitales General Dr. Miguel Silva e Infantil Eva Sámano de López Mateos, a cargo del gobierno del Estado de Michoacán, la ASF reclama la comprobación de un millón 227 mil 686 pesos.
Corresponde a dos pliegos de observaciones en los que presume un daño a la hacienda pública federal. El primero, por un millón 40 mil 388 pesos, que está relacionado con los rendimientos financieros generados en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración y de los Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, que no fueron transferidos al entonces Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, y debían ser aplicados al Hospital General Dr. Miguel Silva.
- De la misma forma, 187 mil 297 pesos más de rendimientos financieros corresponden a la obra en el nosocomio infantil, porque el gobierno mantuvo los recursos que recibió de Banobras sin ejercerlos, mientras obtenía beneficios para sus cuentas.
- Al inspeccionar la sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el Estado de San Luis Potosí, a cargo del gobierno de esa entidad, el órgano federal encontró un monto pendiente por aclarar de 26 millones 138 mil 103 pesos, por inconsistencias en la obra.
La ASF afirma que el Ejecutivo estatal pagó fuera de norma 20 millones 848 mil 900 pesos, debido a que no verificó que, en el análisis de financiamiento, se consideraron montos mensuales diferentes a los indicados en el programa de ejecución y un anticipo menor al otorgado.
Cinco millones 96 mil 100 pesos fueron cargados al erario por el concepto «suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales…. mediante procesos biológicos con uso de tecnología biotorres aerobias o biorreactores de lecho móvil MBBR…», que incluía el catálogo original; no obstante, el gobierno no demostró documentalmente su ejecución.
Según el resolutivo de la auditoría 1131-DS-GF, otro pago fuera de norma, por 193 mil 100 pesos, corresponde a dos conceptos de concreto estructural, debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo.
- En la auditoría 73-GB a la Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la Secretaría de Marina, el órgano fiscalizador detectó irregularidades por las que presume un daño a la hacienda pública por siete millones 787 mil 620 pesos, entre ellas un pago en exceso por un millón 799 mil pesos por duplicidad de rubros en los precios unitarios y los básicos de materiales y mano de obra utilizados, bajo el concepto de cimbra de madera.
- También detectó pagos en exceso por 417 mil 800 pesos en un «muro de block de concreto intermedio de 15 x 20 x 40 cm en 15 cm de espesor «, en el cual, en la revisión del precio unitario, la ASF identificó que fueron considerados refuerzos horizontales de escalerilla a cada tres hiladas que no fueron colocados y que dentro de los básicos del precio se consideró alambrón que no fue utilizado.
Tres observaciones más están relacionadas con el mismo esquema de posible uso indebido de recursos mediante cargos excesivos: 420 mil 700 pesos en «concreto en cimentación», con doble sobreprecio; 142 mil 500 pesos en «suministro habilitado y colocación de malla de acero electrosoldada», y 204 mil 500 pesos en «construcción de piso de concreto «, debido a que el concreto fue vaciado de manera directa del camión revolvedor sin utilizar la bomba que supuestamente se contrató.
El Ejército cobra 25,367 mdp por obras de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo ciclo de protagonismo del Ejército en la construcción de las obras que impulsan la economía, cuidan la salud de los mexicanos y la seguridad nacional de México.
En dos años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suscribió contratos por 25,367 millones de pesos (mdp) para que construya hospitales, bancos, jardines de niños, escuelas, canales de riego, el aeropuerto de Santa Lucía, así como para que compre y distribuya los medicamentos usados por los hospitales durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, para que vigile los ductos y entregue combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex), revelan convenios.
Otras tareas encomendadas por el presidente a las Fuerzas Armadas es la vigilancia e inspección de las aduanas y puertos marítimos; además, está en el tintero construir un tramo del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum.
A todo esto, se le agrega el patrullaje de las ciudades y los pueblos de México con labores de seguridad pública.
“El Ejército fue constructor de México en los años 20 y 30, por lo que (lo que vemos hoy) es un ciclo de militarización de los tantos que habido en la economía, en la política y este es uno nomás”, analiza Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Durante el periodo de estabilidad política y económica de México posterior a la Revolución se crearon instituciones civiles para encargarse de las tareas que hicieron en un principio los militares, dice el profesor del posgrado en Estudios en Relaciones Internacionales de la UNAM.
- “Hubo un ciclo muy grande de la desmilitarización de México que comenzó en el año de 1940 y llegó hasta el 2000, donde se fueron transfiriendo todas las misiones militares a ámbitos civiles”, comenta Benítez Manaut.
Cuando el Estado muestra necesidades que no pueden cubrir las secretarías de Seguridad Pública, la policía, así como la vigilancia de los puertos y aduanas, entran las Fuerzas Armadas al rescate, agrega.
“Teóricamente no es bueno que el Ejército esté realizando obras, porque se responsabiliza de la defensa nacional; entonces, está invadiendo las funciones que deberían hacer otras secretarías de Estado”, expresa.
El argumento dado para que el Ejército realice las obras es por los bajos costos que ofrece, así como para evitar casos de corrupción e ineficiencias en el ámbito civil y tiempos de construcción.
“El Ejército tiene fuerza laboral disciplinada”, apunta el investigador de la UNAM.
- Al cierre de febrero de 2020, el personal activo militar del Ejército y la Fuerza Aérea ascendía a 212,021, de los cuales 86.8% (183,936) son hombres y 13.2% (28,085), mujeres, según el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Las obras
En 2019, el Ejército recibió 885 mdp para la materialización de los Estudios de preinversión necesarios para la construcción del aeropuerto mixto civil-militar de capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, y su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Al primer semestre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le autorizó 13,469 mdp para la construcción de las primeras obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nombre que llevará Santa Lucía, para este año.
“No solamente se avanza conforme al programa, sino más adelante ya ustedes pueden ver la pista central casi prácticamente terminada en concreto”, presumió Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros en la Base Aérea de Santa Lucía, quien participó en una conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para mostrarle los avances de la terminal aérea.
- La Secretaría del Bienestar le pagó 1,156 mdp a las Fuerzas Armadas para la producción de plantas maderables y frutales, construcción y equipamiento de viveros forestales militares en 2019.
- El gobierno de la Ciudad de México le dio 600 millones al Ejército para que construyeran y equiparan el Hospital General de Topilejo; además, los gobiernos de Sinaloa y Querétaro le compraron árboles frutales y maderables de los viveros miliatares.
La Comisión Nacional Forestal (Conafor), a su vez, pagó 25 mdp a la Sedena por el programa de reforestación y el seguimiento a la producción del ciclo 2018-2019.
- El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) suscribió una serie de contratos por 475 millones con los ingenieros militares para que construyeran las Unidades Habitacionales Militares de Temamatla III y Tecamachalco Industria Militar, Estado de México; San José Chiapa, Puebla; Veracruz II, Veracruz; Ensenada IV, Baja California; Cuernavaca IV, Morelos, y Hermosillo III, Sonora.
En 2020, la Comisión Nacional del Agua pagó 578 mdp a la Sedena para la modernización del Canal Centenario, considerado como la gran obra del siglo en materia de infraestructura en Nayarit durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El Banco del Bienestar desembolsó 3,437 mdp por la construcción y equipamiento de 1,751 sucursales bancarias, en las cuales se pagarán los ayudas sociales y las becas de los Jóvenes Construyendo el Futuro, personas discapacitadas, así como a los adultos mayores y otros programas a cargo de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Por otro lado, el Instituto de Salud para el Bienestar pagó 4,272 millones de pesos a la Sedena por la realización de acciones orientadas a completar las capacidades del Sistema Nacional de Salud para la atención de la emergencia de salud pública originada por la epidemia de Covid-19.
- El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) pagó 38 mdp por la ejecución y supervisión de la obra pública de un par de sucursales bancarias en la República Mexicana.
- El gobierno de Puebla pagó 210 millones de pesos por la construcción de un CENDI, Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en el Predio de La Célula en el Oriental Puebla.
- El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas pagó 215 mdp al Ejército por la construcción de las Unidades Habitacionales Militares de Ciudad Constitución Fraccionamiento “A” y La Paz en Baja California, Lázaro Cárdenas II, en Michoacán, así como Torreón IV en Coahuila y Tepetlapa y Cuemanco V en Ciudad de México.
La subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos tiene convenio con la Sedena y la Secretaría de Marina para la vigilancia de ductos, así como de sus altos mandos.
El presidente López Obrador presumió que las obras bajo el mando de las Fuerzas Armadas generarán 320 mil fuentes de empleo a lo largo de 2020.
La constructora militar
El 16 de julio de 2019, Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), convirtió a las Fuerzas Armadas en el brazo constructor del gobierno de Andrés Manuel López, ya que le encargó construir carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, así como la infraestructura en redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales.
- “La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Dirección de Ingenieros, será la única responsable de la ejecución de las obras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le encomiende”, revelan las bases de colaboración para la construcción de infraestructura suscritas por Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, y Luis Crescencio Sandoval González, encargado de la Sedena.
La Dirección General de Ingenieros cuenta con la capacidad y los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la materialización de las obras solicitadas por la oficina de Javier Jiménez Espriú, dice el acuerdo.
Las obras que serán encargadas durante toda la administración de Andrés Manuel López Obrador a las militares son la edificación de carreteras federales, de puertos, de aeropuertos, de ferrocarriles, así como de las redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y otras obras de ingeniería, detalla el documento.
“El presente instrumento (firmado por la SCT y Sedena) tendrá una vigencia contada a partir del 16 de julio de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2024”, señala el acuerdo.
- En el sexenio de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas construyeron obra pública al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT); además, levantaron la barda perimetral del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
- El Ejército también fue contratado en el sexenio de Peña Nieto por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
- Los militares construyeron 426 obras para albergar y atender a la tropa de la Sedena y uno de esos es el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones Mantenimiento de Paz México (CECOPAM), instalaciones donde se prepara a los soldados conocidos como los cascos azules para apoyar a las acciones militares de pacificación en países donde hay guerra.
- Se encargaron también de la edificación del Centro Militar de Ciencias de la Salud, de la construcción de hospitales militares y de unidades médicas en Ciudad de México, Chiapas, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Puebla, Yucatán, Oaxaca y otras entidades del país.
Modernizaron las instalaciones de la Base Aérea de Santa Lucía, renivelaron de la Calle de Rodaje Bravo y dieron mantenimiento mayor a las puertas de los hangares de la Base Aérea de Santa Gertrudis, Chihuahua, y construyeron los hangares para helicópteros Black Hawk en las bases militares de Culiacán y Monterrey.
Otras de las tareas de los efectivos de la Sedena fue desmantelar una veintena de gasolineras instaladas en varios regimientos militares de la República Mexicana, así como depósitos de los servicios periciales./Agencias-PUNTOporPUNTO
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