La Procuraduría General de la República (PGR) deberá investigar el presunto desvío de 36 mil millones de pesos, que estaban destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cometido por funcionarios y ex funcionarios de 11 estados del país.
- Integrantes de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, entre ellos Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Manuel Pérez de Acha, presentaron 22 denuncias penales ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR.
- Los hechos denunciados están basados en los hallazgos reportados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas de 2012 a 2016. «Los delitos por los que se presentaron las acusaciones son peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades», señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
- «La PGR tendrá que realizar las investigaciones pertinentes a partir de los datos de prueba contenidos en los informes anuales de la ASF, entre los cuales destacan: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud».
Las denuncias son contra funcionarios o ex funcionarios de los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la administración de los recursos.
- «En un análisis de los informes de la ASF, integrantes de las asociaciones que presentaron las denuncias observaron que los recursos que debieron trasladarse de la Federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni tampoco al FASSA, cuyo objetivo es prestar y garantizar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social», indicaron.
Estas denuncias se suman a las que fueron presentadas el pasado 16 de octubre, también ante la PGR, en contra de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, por un presunto desvío de 50 mil millones de pesos que habrían sido sustraídos de los mismos fondos presupuestales.
«En 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional. Por cada afiliado, el Gobierno federal aportó 2 mil 603 pesos. Estos recursos son transferidos a cada uno de los estados, quienes son los responsables de brindar la atención médica», contextualizaron.
Recriminan senadores a Robles
- La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, fue recriminada ahora en el Senado por los señalamientos de corrupción y malversación de fondos.
«Un ejemplo del método Robles, o el modus operandi Robles que tan perfeccionado se tiene es que de acuerdo al periódico REFORMA, en este sexenio la Sedatu y la Sedesol transfirieron mil 131 millones de pesos a Monex y CIbanco, donde se dispensaron a cuentas domiciliada en distintos países», señaló Verónica Delgadillo, de MC. Lilly Téllez, de Morena, le pidió a la funcionaria que no huya del país. En tanto, la panista Xóchitl Gálvez le reclamó por malversar recursos dirigidos a los pobres./REFORMA- PUNTOporPUNTO
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