Para cumplir el reto de la gratuidad en los servicios de salud se destinarán este año poco más de 112 mil millones de pesos, “y serán suficientes si se evita la corrupción en sus distintas formas”, aseguró a Crónica Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y quien, a partir de ahora y hasta el 1 de diciembre —día marcado para lograr el objetivo— será el encargado de dar seguimiento al tema.
Cada semana, los martes, presentará en Palacio Nacional un informe de avances y denuncias…
- El dinero, explicó, proviene del Ramo 12, asignado en los últimos años al llamado Seguro Popular, el cual se conforma de 72 mil millones de pesos, usados antes para la operación del sistema a nivel estatal: atención médica, mantenimiento a infraestructura, contratación de personal y acciones preventivas.
- Y 40 mil millones extra, tomados de los 60 mil millones dispuestos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual era empleado para otorgar servicios médicos de alta especialidad a beneficiarios del Seguro Popular con enfermedades de alto costo.
“El dinero que hay es al menos el mismo, incrementado por el factor de la inflación, y le adicionamos 40 mil millones de pesos del Fondo, que ahí está, no lo hemos desperdigado”, detalló López-Gatell.
En estos 112 mil millones de pesos no se incluyen los 90 mil millones de pesos anuales disponibles para la compra de medicamentos y materiales de curación.
—¿Alcanzará este presupuesto para la gratuidad? —le cuestionó este reportero.
—La sociedad, estimulada por algunos opinadores, dice que este gobierno no sabe lo que hace, que no puede ser posible que quitando la corrupción se solucione todo, pero en este primer año de gobierno hemos corroborado, tan sólo en la compra consolidada de medicamentos, que la corrupción en sus distintas formas: robo, privilegios, clientelismo, llevaba a aumentos de precios.
—¿Qué ejemplos?
—La vacuna contra la rabia, que la seguimos aplicando como medida preventiva aunque el país ya fue certificado como libre de transmisión, en un estado puede costar 6 pesos y en otro 50; los insecticidas para el control del dengue: en uno entidad 10 pesos y en otra 150 pesos, son diferencias abismales… La hemodiálisis: en un lugar se contrata a 250 pesos la sesión y en otro hasta 8 mil pesos. La razón es que ha habido un desorden y distintas expresiones de corrupción. Lo que hemos encontramos es que los ahorros son inmensos, se duplican, triplican o cuadriplican las partidas presupuestales.
—¿Entonces bastará ese presupuesto?
—Estamos convencidos de que sí, mientras el dinero se use bien y de manera transparente.
Según López-Gatell, el Seguro Popular fracasó de origen:
“El esquema separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo que originalmente planteó el doctor Frenk (quien lo implementó durante el sexenio de Vicente Fox) es que iban a surgir proveedores de todo tipo, y una de sus aspiraciones es que habría competencia, pero sólo se estimuló la concentración del mercado: monopolios y oligopolios y, en presencia de corrupción, el modelo estuvo perturbado desde el inicio. Se acabó teniendo uno o dos proveedores”.
—¿Qué pasó con el sector privado?
—Se suponía que entraría a invertir para dar cobertura en donde no la había, pero a ese sector le interesaba la rentabilidad económica, no el beneficio social, ¿por qué habríamos de esperar que construyera un hospital en la sierra norte de Puebla? No le interesa, no hicieron inversión en infraestructura y provisión de servicios.
FASA, INTACTO
Los estados recibían y siguen recibiendo, describió, una aportación conjunta de más de 110 mil millones de pesos establecida por el Congreso, vía otro Fondo, el de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASA, del Ramo 33, regido por la Ley de Coordinación Fiscal). Ha sido complementaria a lo recibido como parte del Seguro Popular.
—¿Los estados que se adhieran al Insabi tendrán que regresar el dinero de ese Fondo? —se le preguntó.
—No, el FASA está establecido por ley, seguirá en el presupuesto y se les queda en cualquiera de los casos.
—¿Qué pasa con los Institutos de especialidades?
—No quedarán desfinanciados. Son organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y hay que apoyarlos. Han tenido tres fuentes de financiamiento: asignación directa del presupuesto para nómina y gasto corriente; cuotas de recuperación, que varían mucho de uno a otro, y también varía la transparencia: tenemos hospitales donde hay total certidumbre de que el dinero se usa bien y eficientemente y hay otros que se deben revisar. Y la tercera: servicios financiados por el Seguro Popular, particularmente 66 intervenciones catastróficas o enfermedades caras: cánceres, leucemias infantiles, cirugías complejas; podían decir: por cada caso de cáncer de mama que traté, me das tal cantidad, o leucemia infantil, infarto en mayores de 65 años, porque el Seguro no pagaba a más jóvenes, era parte de sus limitaciones.
—¿Y ahora?
—Ya no tendrían que pagar cuotas, porque la cantidad que recuperaban por ese rubro: 4 mil millones en conjunto, se les repartirá, por eso hemos hablado de un proceso cuyo límite es el 1 de diciembre, hay que alinear reglamentos y leyes, incluida la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
—Y con respecto a las 66 enfermedades caras, ¿el Insabi también las pagará?
—Sí, y a lo largo de 2020 se comenzará a ampliar el catálogo, de manera inicial 30 más que estamos por definir.
- La diferencia sustancial entre uno y otro sistema, dijo, “es que el Seguro Popular pensaba en una persona a la vez, y para nosotros los 130 millones de habitantes en el país, más los que estén en tránsito, tienen derecho a la salud, todos en territorio nacional, es mandato constitucional y derecho humano”…
- El Seguro Popular estuvo viciado desde un principio; estimuló monopolios
De dónde sale el dinero
Ramo 12 (antes destinado al Seguro Popular): 72 mil mdp
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos: 40 mil mdp-LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO
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