Investigadores de diversas instituciones, agrupados en la organización ProCienciaMX, denunciaron ante el Senado de la República que después de la desaparición “desaseada” de los fideicomisos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se desconoce el destino de 42 mil millones de pesos que había en ellos.
- A través de una carta, los científicos denunciaron también que existe un “sobregiro” de mil 500 millones de pesos que corresponden al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y un “preocupante subejercicio” de dos mil millones de pesos asignados al programa de becas.
Ante una serie de denuncias públicas en contra de la funcionaria de la Cuatroté, los legisladores acordaron su comparecencia para el día de hoy. En este contexto, los investigadores enumeraron una serie de preocupaciones en torno a la administración de la ciencia y la tecnología en el país, los procesos de evaluación de los proyectos científicos, así como la incertidumbre en la formación de doctores. Todo ello, advirtieron, podría generar “una ola masiva de fuga de cerebros”.
En 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto por el cual se cancelaron los fideicomisos y el 6 de noviembre de ese año, con un segundo decreto de extinción emitido por el Congreso de la Unión, se concretó la eliminación de 109 fideicomisos, mandatos e instrumentos jurídicos en materia de ciencia, tecnología e innovación en diversos ámbitos como la investigación, la educación, el cine y los energéticos, entre otros, cuyos fondos debían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
- Los informes que se entregaron a la Cámara de Diputados en diferentes momentos señalaron que 11 fideicomisos se cancelaron en el transcurso del ejercicio fiscal 2020, mientras que otros 28 se eliminaron de enero a junio de 2021. En ese momento otros 69 estaban en proceso de extinción.
- El decreto presidencial no estableció ningún fin concreto para dichos recursos y sólo hizo referencia a la política de austeridad.
- Mientras que el decreto legislativo indicó que entre los fines prioritarios para destinar el dinero estarían el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la pandemia, incluyendo la obtención de vacunas.
La carta de los científicos, elaborada el pasado 15 de mayo y entregada en el Senado previo a la presentación de la directora del Conacyt, indica que “hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación ha hecho una serie de observaciones relativas al actual uso irregular por parte del Consejo de los recursos de al menos uno de estos fideicomisos”.
- El documento que se entregó la semana pasada, dado que en principio la comparecencia iba a ser el 18 de mayo, explica que en materia de ciencia la cancelación de los fideicomisos y la creación de los Programas Nacionales Estratégicos dio origen también a “un sobregiro de 700 millones de pesos”.
- Y observa con “preocupación” que una parte significativa de los recursos de ese programa “han sido asignados directamente mediante la modalidad de Proyectos por encargo de Estado, lo que genera fuertes inequidades entre disciplinas, instituciones y entidades federativas”.
Los investigadores también denunciaron las irregularidades en la autorización de evaluaciones que retrasan las investigaciones hasta por seis meses. Esto hace que se pierda la continuidad en los proyectos, se genere incertidumbre entre quienes están en proceso de formación en los doctorados y “aumenta el riesgo de una ola masiva de fuga de cerebros”.
PIDEN CORREGIR ERRORES EN LEY DE CIENCIA
Por otro lado, los firmantes denunciaron el “preocupante retraso de 15 meses en la entrega al Congreso, por parte de Conacyt, de un proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”, dado que el único que se anticipó como proyecto “tiene numerosas deficiencias”. Es por ello que enviaron a los congresistas un anexo de ocho observaciones a la iniciativa.
Entre otros, cuestionaron que hay una “falta de respeto a la autonomía” de las instituciones y organizaciones al imposibilitarlas de participar en el diseño de políticas científicas.
“Es necesario asegurar el financiamiento estable, suficiente y progresivo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación que incluya un porcentaje del PIB y la asignación multianual del financiamiento”, añadieron.
- Los catedráticos consideraron que si el Gobierno federal no asume un compromiso presupuestal o si no hay una ley específica para el sector científico y tecnológico, se “ponen en riesgo los fondos para financiar la ciencia, las becas de posgrado, las estancias posdoctorales, las cátedras de los jóvenes investigadores, entre otros”.
También defendieron la incursión creciente de instituciones y universidades privadas en materia de investigación científica. En su misiva al Senado llamaron a “eliminar cualquier discriminación a investigadores, estudiantes y proyectos de centros de investigación particulares”.
Descartaron también que Conacyt sea el titular de los derechos de propiedad intelectual del conocimiento generado con recursos públicos sin estipular una cotitularidad.
CONACYT NIEGA BECAS A ESTUDIANTES
Después de la convocatoria para buscar una beca de licenciatura en Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el organismo advirtió que no dará la oportunidad de concursar a aquellos estudiantes que tengan “conflictos planteados en contra de este ante instancias administrativas o judiciales”.
- Se trata de la convocatoria 2022 dirigida a los estudiantes de nacionalidad mexicana o extranjera admitidos o inscritos en programas de licenciatura en centros Conacyt y que recibirán un apoyo económico mensual de 3 mil pesos, más un pago anual de 2 mil pesos para gastos de material escolar.
En el apartado “consideraciones para la entrega de la documentación”, el Conacyt advierte que “no recibirá la solicitud de beca” en dos casos. El primero, “que los documentos sean entregados de manera extemporánea”.
El segundo supuesto no tiene que ver con cuestiones académicas, pues señala que no serán admitidos para concursar aquellos aspirantes que “tengan adeudos con el Conacyt, o conflictos planteados en contra de este, ante instancias administrativas o judiciales, derivados de proyectos apoyados en cualquier programa del propio Consejo”.
Y esta no es la única condicionante que los aspirantes deben enfrentar. Juan, estudiante del CIDE —quien pidió no publicar su nombre completo ni el programa en el que estudia—, ha intentado enviar su solicitud de esta beca desde el jueves 12 de mayo, cuando llegó la convocatoria a su correo.
Primero, en la coordinación de becas del CIDE, le dijeron que no podría participar porque él ya es beneficiario de la beca de manutención que otorga el centro de investigación, es decir, las autoridades le argumentan que ya recibe un apoyo similar o equivalente.
- Juan explicó que las características de la beca para la que buscó participar son distintas porque el apoyo comprende servicio médico del ISSSTE, dinero para gastos de material escolar y apoyo económico mensual. En ningún lado de la convocatoria —argumentó— dice “manutención”; a pesar de que pudieran ser parecidos los apoyos, no tienen el mismo fin ni cubren lo mismo.
- Dada la respuesta recibida, él y otros compañeros que están en la misma situación decidieron ingresar directamente sus solicitudes pues argumentan que la única autoridad que puede negarles la beca es el propio Conacyt y no el CIDE, pero para ello requieren de constancias firmadas por la dirección escolar.
Se trata de oficios que, aunque pidieron en calidad de urgente para no quedarse sin la posibilidad de participar en la convocatoria, nunca fueron expedidos, o al menos no hasta este jueves a las 21:00 horas, confirmaron los estudiantes.
“El CIDE, desde (el área de) becas y dirección con (el director José Antonio) Romero se niegan a hacernos el trámite argumentando que no pueden porque hay un oficio que nos tiene que dar el director diciendo que no tenemos beca, lo cual en ningún lado dice que el oficio debe decir eso (…) Entonces, dirección se rehúsa a emitir el oficio individualmente para que nosotros podamos tramitar la beca”, dijo el estudiante.
“Todo esto, a pesar de que públicamente (la directora del Conacyt, María Elena) Álvarez-Buylla dijo que nos iba a dar beca a todos los estudiantes de licenciatura de los centros públicos del Conacyt, pero no, ahora desde el CIDE dicen que Conacyt no les dio esas instrucciones”.
- Pero eso no ha sido todo. En teoría, el trámite lo podrían hacer los estudiantes directamente en la plataforma del Conacyt, pero desde la semana pasada han tenido problemas pues el trámite que les desplegaba era para aspirantes de doctorado, no de licenciatura.
- A pesar de entablar contacto vía electrónica con el área de sistemas del Conacyt, que aceptó las deficiencias de la plataforma y aparentemente las resolvió, los alumnos de licenciatura siguieron sin poder enviar sus solicitudes.
- En un segundo contacto en el que pedían ayuda, la respuesta que recibieron fue que lo revisaran directamente con su centro público, en este caso el CIDE, para que desde ahí se tramite la postulación a las becas.
“El Conacyt no nos permite hacer la solicitud en la plataforma como viene establecido en la convocatoria y el CIDE, Romero, nos está impidiendo el trámite a través del CIDE”, reprochó Juan.
La recepción de solicitudes de esta beca para el primer periodo inició el pasado 16 de mayo y los resultados deberán ser publicados el próximo 17 de junio. Mientras tanto, para el segundo periodo el proceso iniciará el 8 de agosto bajo las mismas bases que esta convocatoria, y la encargada de la evaluación es la Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores (CABI) del Conacyt.
- Esta no es la primera vez que el Conacyt quiere condicionar el comportamiento de su comunidad. En octubre pasado, Animal Político publicó sobre la modificación al Código de Ética del Consejo en el que pedía a los empleados, prestadores de servicio y hasta a solicitantes de apoyo que se abstuvieran de “emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”.
En caso de incumplir, podrían ser denunciados ante el Órgano Interno de Control, el área que vigila la actuación de los servidores públicos e impone sanciones administrativas.
Esto ocurre en un contexto en el que la comunidad científica y estudiantil de instituciones del Conacyt ha expresado su desacuerdo en distintas decisiones de su directora, María Elena Álvarez-Buylla.
- Uno de los conflictos ocurre en el CIDE, donde estudiantes y maestros han defendido a la institución de la decisión de Álvarez-Buylla de nombrar al director, José Antonio Romero Tellaeche, sin que hasta el momento se tenga certeza del proceso de designación, pues el acta hasta ahora no ha sido mostrada.
- Tras una huelga estudiantil, las remociones de personal sin explicación alguna dentro del CIDE han continuado, lo que sigue provocando inconformidad entre la comunidad.
- También están abiertos los procesos de demanda de los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (SIIINCATEDRAS), que demandan mejores condiciones de trabajo y la concreción del Contrato Colectivo de Trabajo que Álvarez-Buylla se ha negado a firmar.
Además, otros 437 científicos de 12 universidades privadas han interpuesto amparos en contra del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) publicado en abril de 2021, mediante el cual el Conacyt los sacó del sistema de reconocimiento y estímulos más importante del país en materia científica./Agencias-PUNTOporPUNTO
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