A pequeña escala, con contratos que pasan inadvertidos por sus montos, pero en suma muestran el saqueo sistemático al erario, de dependencias federales se han extraído recursos mediante empresas factureras, a través de servicios simulados, ya que no cuentan con personal, infraestructura, maquinaria ni forma de realizar los trabajos por las que las contratan.
- En una revisión a 73 firmas con presuntas operaciones simuladas que el Servicio de Administración Tributaria boletinó este 2020, La Silla Rota detectó que seis facturaron a dependencias federales 32.8 millones de pesos entre 2015 y 2018, la última operación en noviembre, a un mes del cambio de gobierno. Al no tener cómo cumplir con las obras, al ser empresas que, de acuerdo con las investigaciones que les han realizado, sólo existen en el papel, el SAT presume que fueron utilizadas para el desvío de dinero.
Una de estas factureras es Grupo Constructor Raiza SA de CV, a quien la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesa) asignó un contrato por 21 millones 321 mil 912 pesos para el desazolve de dársenas y canales de navegación en el campo pesquero San Dionisio del Mar, Laguna Superior, en Oaxaca.
- Este contribuyente fue incluido en julio de este año por el SAT en el listado global definitivo por simular operaciones comerciales y, a cambio, dar comprobantes fiscales. Aunque este 2020 el Servicio de Administración Tributaria acreditó que no contaba con activos, capacidad material, instalaciones ni posibilidad de prestar servicios, del 23 de abril al 30 de noviembre de 2018 fue utilizada para validar la erogación de 21 millones por parte de la Conapesa, cuyo titular era Mario Aguilar Sánchez.
- No fue al único organismo federal al que le facturó: a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un comprobante por 4 millones 189 mil 270 pesos que derivó de la adjudicación 1988732, por la reconstrucción de los caminos Santa Rosa de Lima-El Lagartero, del km 0+000 al km 7+000, y El Mamey – San Vicente Tututepec, del km 5+300 al km 7+700, también en el estado de Oaxaca.
El mismo modus operandi –dar a dependencias y organismos comprobantes para justificar salida de recurso sin, según el SAT, tener capacidad para prestar un servicio– ocurrió en el Instituto Nacional de Migración (INM) en 2015, pero con la firma Mell Comercializadora SA de CV. Con un monto conjunto de dos millones 316 mil 600 pesos, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) –como todos los contratos obtenidos de Compranet–, Mell le dio dos facturas, una por supuestos kits de enseres básicos para aseo personal con valor de un millón 244 mil 100 pesos, y otro por kits para repatriados valuados en un millón 72 mil 500 pesos.
- La misma acción se replicó en cinco ocasiones, con el mismo número de contratos entre 2016 y 2017 con Operadora Peninsular Ferreyro SA de CV. La suma de los comprobantes fiscales asciende a tres millones 670 mil 97 pesos e incluye conceptos como “rehabilitación de dispositivos de seguridad de vialidades, por dos millones 482 mil 194 pesos que facturó a la Administración Portuaria Integral de Progreso. Otros 586 mil 135 pesos aparecen bajo el concepto de “servicio de diseño e impresión de lonas, invitaciones y carteles”, a nombre del Colegio de Postgraduados, y 409 mil 183 pesos que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) erogó por un supuesto “traslado de muebles”.
Ambas empresas aparecen en el oficio 500-05-2020-3239, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que el SAT incluyó a “contribuyentes” con presuntas operaciones simuladas, supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
- En ese listado también está Constayma SA de CV, que en 2016 le emitió una factura por 294 mil 988 pesos por “suministro para la rehabilitación” del piso 11 de Cuauhtémoc para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y en 2018 elaboró otra por 896 mil 553 pesos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para “elaboración de escenografía y utilería”.
- Las factureras evaden los controles internos por montos bajos, como el caso de Comercialización y Logística Eficaz Ramper, que en 2016 emitió un comprobante fiscal para la gerencia estatal de Liconsa en Jalisco, por 28 mil pesos, debido a un supuesto servicio de “programación control pasteurizador”; no obstante, Administración Tributaria asegura que no tiene activos ni capacidad para actuar.
Lo mismo ocurrió con una factura por 103 mil 257 pesos sin IVA que hizo Alta Gerencia Empresarial GAOS para la Secretaría de Contraloría por “equipos especializados”.
Todos los procedimientos derivan de adjudicaciones directas, la forma en la que las empresas evaden competencia y reciben la asignación a criterio de las dependencias y organismos del gobierno, sin regulación.
Señalan incremento en adjudicaciones directas
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), a través del Centro de Investigación en Política Pública, realizó un análisis a las compras efectuadas por la administración federal en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto y del primer año de Andrés Manuel López Obrador, en donde destacó diferencias sustanciales.
- De acuerdo con el reporte del instituto, “las compras públicas de un gobierno deben garantizar bienes y servicios de la máxima calidad al menor precio posible. Por ello, deben ser planeadas y ejecutadas priorizando el beneficio de la población y no de intereses privados”.
Asimismo rescatan lo declarado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sostiene que para evitar actos de corrupción durante los procesos y eficientar las adquisiciones se deben de tomar en cuenta tres elementos: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
- En cuanto a lo investigado por el Imco a través de 353,889 procesos de compra publica verificables en el servidor de Compranet entre el 2018 y el 2019 se erogaron 687,378,032,049 pesos del erario federal, de los cuales 364,037,219,485 pertenecen al último año de EPN y 323,340,812,564 al primer año de AMLO. Con un número de adquisiciones de 169,187 y 184,702, respectivamente.
Esto quiere decir que la compra promedio de Peña Nieto en ese periodo fue de 2,151,685.53 pesos, mientras que de López Obrador fue de 1,750,608.07. Lo cual refiere que en el primer año de la administración de la 4T se gastaron 40,696,406,921 pesos menos que con EPN y se realizaron 15,515 compras más.
Sin embargo, el Imco no abordó el tema del ahorro en el erario nacional, sino el método por el cual se consiguió este mayor rendimiento de las finanzas nacionales, pues señaló que aunque se consiguieron importantes ahorros, la competencia brilló por su ausencia. Así que numeraron distintos puntos en donde puede mejorar la administración actual.
- Tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80 por ciento.
- El porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019, primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018, pasó del 35 al 39 por ciento.
- Los procesos de excepción se mantienen como la regla de contratación del Gobierno federal. En 2019, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
- Las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019 acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior este porcentaje no rebasaba el 22 por ciento.
- 66 de las 100 empresas que más recursos concentraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dejaron de ganar contratos con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Estas concentraron el 24% de los recursos en 2018, mientras que en el 2019 ese porcentaje bajó a tan solo 2 por ciento.
Estos señalamientos pueden propiciar actos de corrupción durante las compras públicas, por lo cual, el Imco sugirió que se establezcan mecanismos homologados y transparentes que favorezcan la participación de más proveedores de productos y/o servicios. También dijo que serviría la eliminación de competencia por errores de presentación y criterios administrativos, fallas no relacionadas con la calidad del bien o servicio. Así como evitar las adjudicaciones directas y la ambigüedad que las incentiva.
“Es fundamental fomentar la libre competencia en las compras públicas. Cualquier acción que limite la participación de empresas en alguna compra representa un riesgo de corrupción. México debe contar con un sistema que favorezca la competencia, la eficiencia y la transparencia”, postuló en su comunicado./Agencias-PUNTOporPUNTO
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