DENUNCIAS contra CORRUPCIÓN en ESTADOS y MUNICIPIOS NO AVANZÓ con la llegada de AMLO al GOBIERNO

La corrupción es vista por la ciudadanía como una de las grandes problemáticas a vencer, a la par de temas como la inseguridad y la desigualdad. Si bien ha ocupado un papel predominante en la agenda nacional desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, la realidad a nivel local, el que afecta directamente a las personas, dista de mucho de los discursos emitidos desde las plataformas federales.

Académicos descartan avance en estrategias contra los actos corruptos en estados y municipios

• El Colegio de México presentó un análisis y control de la corrupción a nivel subnacional donde se expone que más del 26 por ciento de los mexicanos considera a la corrupción un problema preocupante para el país, y en 2019 actos de esta índole acumularon un costo superior a los 12 mil 770 millones de pesos para la población, promediando casi cuatro mil pesos en “mordidas” por persona.
• El doctor Fernando Nieto Morales, profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, recalcó que el combate a la corrupción en México se encuentra “empantanado” y, mientras el tema se mantiene en el discurso diario del Gobierno federal, no se ha avanzado en la implementación de estrategias contra los actos cotidianos localizados en los ámbitos estatal y municipal.

“No estamos solucionando el problema de la percepción, lo que se refiere a experiencia como tal de corrupción, el que tanto la gente reporta en encuentros con agentes del Estado −policías, burócratas, etc.−. No hemos logrado frenar la prevalencia de actos de corrupción. No hay, necesariamente, esos resultados que se habían anunciado y, por el otro lado, me temo que estamos ante una ausencia de políticas en muchos casos”, afirmó.

• En 2019 la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes fue de 30 mil 456, de acuerdo con las encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI.
• El doctor Nieto apuntó que no se ha solucionado la experiencia como tal de actos de corrupción, en referencia al contacto cotidiano con figuras como policías o burócratas, entre otros funcionarios públicos.

“Lo que llamamos ‘corrupción’ es un concepto sombrilla que incluye muy distintos tipos de comportamientos que no necesariamente se pueden entender de la misma manera, sus causas no son las mismas y, por lo tanto, no se pueden combatir de la misma forma. No es lo mismo sobornos en servicios públicos que nepotismo en contratación de funcionarios del Estado, que la colusión en licitaciones públicas, que la creación de redes de empresas fantasma”.- Fernando Nieto Morales, Profesor-investigador del Colegio de México

Sin voluntad política contra la corrupción

• Por su parte la doctora Annel Vázquez, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, identificó a la corrupción como uno de los pocos problemas de trascendencia nacional que tiene un origen federalista. Señaló la falta de voluntad política por parte de autoridades estatales y municipales, pese a que el tema es una constante.

“Aun suponiendo que esté en la agenda, no hay voluntad en estados y municipios para combatir la corrupción. Para eso se requiere, si no hay voluntad, presión social. Si la corrupción, como lo decía Gabriel Zaid, viene del sistema, no podría venir la solución del sistema mismo. Por eso la importancia de la participación ciudadana. Suponiendo que exista la voluntad política de los actores clave en estados y municipios para combatir la corrupción, con eso no basta.”

• Como ejemplo de esta falta de voluntad política, la también académica de la Universidad de Guadalajara puso como ejemplo el pasado proceso electoral, en el que se renovaron el Congreso de Jalisco y los 125 ayuntamientos. Pese a que fue una de las contiendas más cerradas en comparación con otras entidades, el combate a la corrupción no se posicionó en las agendas de los 13 partidos políticos.

“Si no hay una participación ciudadana fuerte en el combate a la corrupción, me parece que ningún esfuerzo va a tener absolutamente ningún resultado”, afirma la doctora Annel Vázquez.

Señaló la urgencia de mejorar infraestructuras locales, particularmente en el ámbito tecnológico, que puedan servir en el combate a la corrupción, también propone capacitar a la población, comenzando por los integrantes de los Comités de Participación Social de los sistemas estatales anticorrupción, así como a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación.

• Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien comenta que el foco que la administración de López Obrador en el combate a la corrupción, lejos de hacer que esta bandera sea retomada a niveles locales, se ha politizado y convertido en una especie de escudo con el que autoridades estatales y locales buscan protegerse de las federales.

“Los gobiernos estatales tienen las herramientas y hasta los recursos, pero los cálculos político-electorales todavía pesan más que la exigencia social de dar resultados en esta materia. Muchos de ellos quieren evitar el radar anticorrupción del Gobierno Federal y justifican políticamente su decisión de no actuar. ‘No vaya a ser que los temas lleguen a oídos del Presidente y los atraigan’, argumentan muchos funcionarios anticorrupción en privado”.- Eduardo Bohórquez, Director ejecutivo de Transparencia Mexicana

• México obtuvo 31 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2020. Aunque por segundo año consecutivo se logró subir en la medición, se sigue estando muy por debajo de la media de 43 puntos con relación a los otros 19 países de América Latina.

“Hasta el momento, lamentablemente, todavía no hay redes de corrupción desmanteladas, ni activos recuperados en las arcas de la nación. Y aunque hay un número importante de personas detenidas, éstas siguen bajo proceso, pero no han sido sentenciadas por un juez. Así que estamos lejos aún de hablar de control efectivo de la corrupción en México”, señaló Bohórquez.

AMLO se para en un solo pie para afirmar que corrupción es el mayor problema

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió pararse en un solo pie para denunciar que uno de los principales problemas de México es la corrupción.

• López Obrador ha asegurado que se debe erradicar la corrupción en el país, pues también ha insistido que es el primero, segundo y hasta tercer problema que enfrenta México.
• «¿Se acuerdan lo que siempre he dicho?  Y ahora voy a repetirlo, si me preguntan ¿Cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, qué es lo que tenemos que desterrar de México?, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie.
• «La corrupción, ¿Cuál es el primer problema de México?, la corrupción; ¿el segundo problema de México?, la corrupción, ¿el tercero?, la corrupción. Ya vieron que estoy chocheando, pero todavía».

El Presidente destacó que su gobierno «no está en contra de los empresarios», pero sí en la «riqueza mal habida» y de la corrupción «porque es lo que más ha dañado a México».

Estos son los 10 estados con más corrupción en México

En materia de lucha contra la corrupción y respeto a los derechos humanos, México se ha quedado atrás respecto a varios países alrededor del mundo en los últimos años. Tan solo de 2016 a 2022, el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP) registró un decremento en la ausencia de funcionarios que evitaran la corrupción por beneficio propio.

A nivel nacional se registró una disminución de 0.32 a 0.26 en el factor de ausencia de corrupción, el cuál se mide tomando en cuenta la presencia o carencia de sobornos, ejecución de regulaciones, malversación de fondos, entre otros actos en el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

• Sin embargo, entre las 32 entidades federativas, apenas una se acercó a la media en la escala de 0 a 1 que se estableció para el índice, mientras una decena de ellas quedaron por debajo del 0.34 de puntaje.

En el desglose de WJP, Querétaro alcanzó el puntaje máximo de 0.49 en estados con mayor ausencia de corrupción, seguido de Guanajuato con 0.46, Nuevo León y Zacatecas con 0.42.

Sin embargo, del otros lado del espectro hay 10 estados con más corrupción en 2022, según el estudio son:

1. Ciudad de México
2. Quintana Roo
3. Chiapas
4. Estado de México
5. Jalisco
6. Durango
7. Morelos
8. Guerrero
9. Michoacán
10. San Luis Potosí

• La capital del país, no sólo resultó ser la que presentó mayor corrupción, también resultó ser la más baja en límites al poder gubernamental y la penúltima más baja en apego al Estado de Derecho en el país y en los últimos lugares de orden y seguridad.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió desde su campaña presidencial que disminuiría la corrupción. Sin embargo, los datos del estudio de WJP no apuntan a que esos resultados se hayan obtenidos a un año del término del sexenio.

Funcionarios impide un efectivo combate a la corrupción

La falta de profesionalización de la carrera civil de los funcionarios impide un efectivo combate a la corrupción en México. A nivel estatal y municipal, el país carece de regulaciones del servicio civil de carrera, afirma un reporte del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República.

• De acuerdo con la publicación Causas y efectos de la corrupción burocrática, los delitos de corrupción más frecuentes, como el soborno, el cohecho y el desvío de recursos, están asociados de forma directa con el desempeño de los servidores públicos. Por esta razón, la profesionalización del servicio público resulta fundamental para mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
• A nivel federal, México cuenta desde 2003 con un Servicio Profesional de Carrera. Sin embargo, a nivel estatal, únicamente siete entidades poseen ordenamientos que regulan el servicio civil de carrera en el poder ejecutivo (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas) y sólo tres para el poder legislativo (Campeche, Querétaro, Veracruz).

A nivel municipal, el combate a la corrupción no se ha convertido en un problema público apremiante en el diseño de políticas públicas locales: sólo 139 de los 2 mil 463 municipios y demarcaciones cuentan con un plan o programa anticorrupción, y 373 están en proceso.

• El informe del IBD, publicado en mayo de 2021, observó que si bien dentro de los planes estatales de desarrollo se contempla la profesionalización de los servidores públicos como un factor importante, ello no se traduce en la creación de leyes que creen y regulen servicios civiles de carrera en la administración pública central y otras dependencias públicas locales.
• “La seguridad pública y el acceso a la justicia se encuentran entre los bienes y servicios públicos con mayor grado de corrupción a nivel estatal”, afirma el reporte número 89 de temas estratégicos del Senado.
• Policías, senadores, diputados locales y federales son los funcionarios públicos que menor confianza inspiran en los mexicanos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
• Asimismo, Durango, Guerrero, Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo son las cinco entidades federativas con las mayores tasas de actos de corrupción reportados, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi.

Los trámites son mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2019 fueron el contacto con autoridades de seguridad pública, los permisos relacionados con la propiedad, los trámites ante el Ministerio público y los trámites municipales.

• El reporte, elaborado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, resalta la importancia de contar con mecanismos eficientes de reclutamiento, gestión, capacitación, evaluación y sanción de funcionaros públicos, para evitar efectos de la corrupción como las afectaciones a la recaudación fiscal, a la ejecución del presupuesto y a la calidad de los servicios e infraestructura pública.

Rezagado, lucha contra la corrupción en los estados

La lucha contra la corrupción en los estados ha detonado muchas denuncias, pero pocas judicializaciones y contadas sentencias.

• Una investigación de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas señala que las demandas en la materia entran en una zona de opacidad ubicada entre las fiscalías anticorrupción (Poder Ejecutivo), las auditorías fiscalizadoras (Poder Legislativo) y los jueces que dictaminan los casos (Poder Judicial), para luego recorrer los laberintos burocráticos del sistema hasta atorarse en los escritorios de funcionarios sin pericia.
• El reporte, basado en entrevistas con integrantes de Sistemas Estatales Anticorrupción en Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua, revela que los estados no logran procesar judicialmente a gobernadores u otros altos funcionarios involucrados en casos de abuso de poder, pero sí castigan, en cambio, a funcionarios públicos de poca monta, como policías o adversarios políticos.

Entre las principales deficiencias están la fragilidad de los mecanismos para proteger a los denunciantes, la falta de personal capacitado para procesar los expedientes y la escasez de sentencias.

• Javier Garza, Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, señaló que uno de los grandes lastres es la lentitud en la integración de las carpetas de investigación y en el ofrecimiento de pruebas durante las audiencias.
• El titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre, reconoció que muchos de los expedientes a resolver tienen muy mala fundamentación, lo que hace que pierdan alrededor del 95 por ciento de los casos.

Prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente

El Inegi expuso que en el país se observa que la implementación de los mecanismos institucionales para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción, así como la existencia de planes y programas a nivel estatal para combatirlo, aún no tienen un efecto en la vida cotidiana de la población.

Al retomar estadísticas sobre la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente del 2013 al 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes.

• Mientras que del 2017 al 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; es decir, el gasto promedio por persona afectada pasó de 2,273 pesos en 2017 a 3,822 en 2019.
• La población, refirió el Inegi, enfrenta niveles de corrupción crecientes, sobre todo en los trámites del ámbito estatal, por lo que es posible afirmar que la estrategia de combate a la corrupción debe centrarse en lo local.
• El órgano autónomo precisó que a nivel nacional las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción en 2019 fueron Durango, CDMX y el Edomex.

Por otro parte, el Inegi indicó que de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades que actualmente cuentan con una política estatal anticorrupción son: Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.

Mientras que a nivel municipal los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales ya que en 2010 casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, para 2018 un 20% reportó contar con un plan o estar en proceso de elaborar uno.

Estos fueron los municipios más opacos en materia presupuestal en 2020

Las alcaldías y municipios de la Ciudad de México, Chiapas y Morelos, son las más opacas en deuda pública y criterios hacendarios, develó el Barómetro de Información Presupuestal Municipal 2020 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

• Los municipios ejercen 497 mil 112 millones de pesos al año y, los que ejercen el mayor gasto local a nivel nacional, son los del Estado de México (70 mil 354 mdp) y, las alcaldías de la capital del país (42mil 23 mdp).
• El estudio del Imco analiza los gastos de 287 municipios y alcaldías de las 32 entidades federativas del país.
• Dentro del Barómetro se estableció una escala de calificación de 0 a 100, donde 0 implica nula transparencia y 100 significa que el ayuntamiento es altamente transparente en materia de información presupuestal.

Conforme al análisis, los municipios con el 100% de cumplimiento en el Barómetro de Información Presupuestal Municipal son: Zapopan en Jalisco, Zinacantepec en el Estado de México y los 38 municipios del estado de Coahuila.

Por estado, además de Coahuila, las entidades cuyos municipios reportan mayor transparencia presupuestal son: Campeche: 88% y Aguascalientes: 69%

Los municipios de Aguascalientes, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Colima, Querétaro y Yucatán tienen una calificación de entre 60% y 70%; los ayuntamientos del resto de las entidades presentaron un puntaje inferior a 60%, que es reprobatorio.

Mientras, las entidades federativas cuyos municipios o alcaldías reportan menor transparencia presupuestal son: Morelos: 16%, Chiapas: 12% y Ciudad de México: 6%.

• En el informe, el Imco dio a conocer que si bien en una década los diferentes ayuntamientos del país han presentado mayor transparencia en la información financiera, también se han agrandado las brechas entre ellos.

Para este año el promedio de cumplimiento en el Barómetro de Información Presupuestal Municipal fue de 51%, 9 puntos porcentuales más que en la edición anterior, la del 2017; la calificación de este 2020 también significó la más alta desde que se creó el índice, en el 2009.

Sin embargo, reitera que detrás de esta mejoría hay grandes brechas entre los municipios, ya que sólo hay una entidad cuyos ayuntamientos reportan total transparencia presupuestal, “lo cual es preocupante”.

• Que se midió y para qué: Se mide la calidad de la información presupuestal a nivel municipal y verifica el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y su transparencia.

Tiene como fin identificar condiciones de opacidad para impulsar su eliminación y fomentar buenas prácticas contables entre los municipios.

• El estudio se realiza con base en 287 ayuntamientos. Para seleccionarlos se toma en cuenta que son los que presentaron mayor gasto promedio del 2015 al 2017 de cada estado, y también deben ser los más poblados de cada una de las zonas metropolitanas.

Sobre los criterios, cada municipio es evaluado por medio de nueve secciones: criterios hacendarios, gastos específicos, recursos federales, deuda pública, acceso público, leyes de ingresos, clasificaciones contables, dependencias y organismos, así como tabuladores de plazas.

“Los presupuestos definen las prioridades políticas. A través de ellos, los ciudadanos pueden conocer las prioridades de gasto de los gobiernos. Es importante garantizar que los recursos se destinen a resolver las principales necesidades y servicios públicos a cargo de los municipios”, reiteró.

• De acuerdo con el Imco, las 16 alcaldías de la Ciudad de México fueron las que presentaron la mayor opacidad a nivel nacional. Presentaron la peor calificación, menor a 10 por ciento.

Lo que más ocultan los municipios

Sobre los rubros evaluados que presentan la mayor opacidad destaca el de gastos específicos, ya que no se presenta información presupuestal de los fideicomisos ni de los programas municipales, así como el gasto para grupos vulnerables.

• También, en el rubro de deuda pública la mayoría de los municipios, a excepción de Coahuila, no informan sobre las tasas de contratación, las garantías o fuentes de pago, ni el destino de la deuda pública municipal.

Mientras que en criterios hacendarios no se reportan los procesos para aprobar subsidios o incrementos salariales, ni para constituir fideicomisos.

• Otro de los rubros menos cumplidos es el presupuesto ciudadano, documento que los municipios están obligados a publicar para difundir el Presupuesto de Egresos en un formato y lenguaje simple para rendirle cuentas a los ciudadanos. Únicamente el 48% de los municipios evaluados cuentan con este instrumento.

Por otro lado, los tabuladores de salarios deben publicarse en los presupuestos municipales por mandato constitucional y solo el 61% de los municipios evaluados cumplen con esta obligación.; lo mismo para tabuladores de salarios./Agencias-PUNTOporPUNTO