La incidencia por esos cuatro delitos creció 38% durante los últimos cuatro años en un conjunto de 12 municipios ubicados en la llamada ruta del huachicol. Un conteo realizado, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mostró que mientras en 2015 se iniciaron cinco mil 93 carpetas de investigación por lesiones dolosas con otro elemento, robo a casa habitación sin violencia, robo de coche de cuatro ruedas sin violencia, y violencia familiar, al cierre del año pasado la cifra aumentó a siete mil 94 indagatorias.
- Los datos corresponden a los 12 municipios de Hidalgo sobre los que corre el poliducto que va del puerto veracruzano a la refinería que Pemex tiene en la ciudad de Tula.
- Los municipios incluidos en el conteo son Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Ajacuba, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Atitalaquia y Tula de Allende.
- De acuerdo con el gobierno federal, ese tramo del ducto es de los que más tomas clandestinas de combustible registra, lo que provocó que en 2018 Hidalgo haya encabezado los estados con más ordeña, con dos mil 121 puntos de extracción ilegal, incluso por encima de Puebla y Guanajuato.
- En lo que va de este año, Hidalgo también lidera la ordeña, pues al corte del 20 de enero registra 164 tomas clandestinas, por arriba de Veracruz, Estado de México y Tamaulipas.
La incidencia de los cuatro delitos señalados, si bien son de bajo impacto, muestra una tendencia al alza, al menos desde 2015, ya que los datos para 2016 fueron cinco mil 711 carpetas iniciadas, dato que subió a seis mil 798 para el año siguiente.
- El desglose por municipios también perfila un aumento en la criminalidad, pues Cuautepec, considerado uno de los principales municipios huachicoleros a escala nacional, concentró 60 indagatorias en 2015; 83 en 2016, 145 en 2017 y 229 el año pasado. Tlaxcoapan registró 105 en 2015, 123 en 2016, 182 en 2017 y 130 en 2018.
- En tanto, Tlahuelilpan, donde hace unos días explotó un ducto que era rapiñado, la tendencia bajó y luego tuvo un repunte, pues las investigaciones iniciadas fueron 90, 66, 56 y 70, respectivamente, para cada uno de los últimos cuatro años.
- Otro conteo aplicado a los mismos 12 municipios, pero sobre delitos de alto impacto, arrojó que la incidencia se disparó 154% durante el periodo 2015-2018.
- De acuerdo con las estadísticas del SESNSP, en 2015 se contabilizaron, en conjunto para esas localidades, 78 carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso por arma de fuego, secuestro, extorsión y narcomenudeo. Para 2018, la cifra subió a 198 indagatorias.
En este caso, los municipios rurales como Cuautepec, Ajacuba, Tlahuelilpan o Tlaxcoapan reportan poca incidencia en estos delitos, por lo que el alza se concentra en zonas urbanas como Tula, Pachuca y Mineral de la Reforma, municipio aledaño a la capital estatal.
Todos saben quiénes son huachicoleros
En Acambay el sabotaje del ducto Tula-Toluca, que viene de Hidalgo y llega a la terminal de abastecimiento en la capital mexiquense, es un secreto a voces del que sus habitantes buscan deslindarse y al que muchos le tienen miedo. La ubicación de tomas ilegales se conocen desde el policía municipal hasta el campesino y los regidores; no hay nada clandestino, excepto el rostro de los responsables de este delito.
- No es una actividad reciente, las autoridades municipales coinciden que es una práctica por lo menos de hace tres años, que en el último mes “ya de plano es a plena luz del día”, dijo el regidor morenista Francisco Ángeles.
- Esta demarcación tomó relevancia hace un par de semanas, cuando un video en redes sociales mostró cómo llegaron cientos de personas a extraer hidrocarburo de una toma clandestina al pie de la carretera con botes y bidones, en la comunidad de Detiña, a unos metros del Arco Norte.
- La mayoría de los habitantes son de ascendencia otomí, es un municipio considerado como el segundo bastión priísta de la entidad, el primero es su vecino Atlacomulco, y es la primera vez que lo gobierna un partido diferente al PRI, en enero inició la administración de la maestra morenista Esperanza González.
La gente en este municipio asegura que el robo de gasolina pone en peligro a sus familias y su patrimonio, pero casi nadie denuncia el ilícito ante la autoridad y lo que saben sobre los puntos de huachicoleo, dicen, por miedo a represalias.
Los habitantes niegan ser vendedores o compradores del combustible, se dicen simples “víctimas” de este delito; aseguran que es cometido por bandas de otros estados que se llevan el carburante a Hidalgo o a Toluca, quienes no los han amenazado, pero les temen por igual.
Sin embargo, las autoridades locales difieren, mientras el regidor morenista Francisco Ángeles González apoyó a la población en su dicho y los exime de responsabilidad en el sabotaje del ducto e incluso acusó que este delito derivó en el desplazamiento de los habitantes de comunidades como El Ermitaño, Detiña, Pueblo Nuevo, La Soledad y la franja hasta La Laguna, el regidor del PRI, Miguel Ángel Navarrete González, atribuyó a por lo menos cuatro comunidades el almacenamiento y venta del combustible robado.
“La Teresa, Conejeras, Puentecillas, son tres de las cuatro [comunidades] donde hay mucha gente que se dedica a eso [sabotaje de ductos]; son de aquí mismo, habrá uno o dos que vienen de otro lado. La del libramiento es la más común. Ahí dejan parado el automóvil al pie de la carretera y se llevan la gasolina a esas comunidades, donde está la venta”, afirmó./EL UNIVERSAL- EXCÉLSIOR- PUNTOporPUNTO
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