La reforma laboral promulgada el primero de mayo de 2019, dejó fuera a la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) para encabezar la negociación salarial y contractual de los burócratas, pues la legislación, que aplica para el Apartado B, establece que cuando haya más de un sindicato o federación, el patrón sólo negociará con con quien tenga la mayoría de la representación de los trabajadores.
- En el gobierno federal hay dos centrales sindicales, una de ellas la FSTSE que encabeza, desde hace dos décadas, Joel Ayala Almeida; y la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), creada en el 2003 por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien tiene la mayoría de trabajadores.
El pasado viernes 14 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el incremento salarial que otorgará a los trabajadores del Estado el cual va de 1 al 3%, dependiendo del nivel salarial, además del 3.35% de la inflación anual; decisión que rechazó el líder de la FSTSE porque no fueron consultados, y declaró que es “no aceptarse y queda sin efecto”.
- Consultado al respecto, el especialista laboral, Alfonso Bouzas, detalló no existe fundamento legal para que la FSTSE exija negociar el incremento salarial, “ya que desde la reforma a la Ley burocrática dejó de ser la única reconocida por el Estado, ya antes incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había resuelto declarar inconstitucional la exclusividad que pretendía la FSTSE con las mismas amenazas de hoy”.
- Añadió que “se trata de un resabio corporativo en el que la FSTSE hacía una faramalla de negociación con el Gobierno para obtener subsidios que trasladaba al PRI. Lo que no entiende Ayala es que las cosas cambiaron y que ahora no sólo cambió la Ley y el régimen político, sino que existe otra Federación aún más grande que la FSTSE”.
- Cabe señalar que la FEDESSP agrupa a dos tercios de la burocracia y que nació aún con la oposición de la FSTSE con una decisión de la SCJN.
Se prevé que la FSTSE realice una nueva Asamblea Extraordinaria, a fin de analizar el anuncio hecho por el gobierno federal y definir una postura./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO