La mala distribucipon y privatización de los servicios de agua, drenaje y saneamiento en Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco, entre otras entidades, se ha traducido en aumento de tarifas, escasez del líquido y malestar social.
En las primeras dos entidades, las empresas que administran el recurso, Aguakán y Concesiones Integrales, respectivamente, son objeto de reclamos de diversos sectores por abusos y mal servicio.
- La mercantilización del agua, con la promesa de hacer más eficiente y sostenible su uso y manejo, no ha cumplido con esos propósitos. A menudo, los usuarios terminan pagando por pipas, además de las tarifas por el servicio.
- La carencia del líquido que padecen millones de mexicanos, principalmente de escasos recursos, contrasta con las innumerables concesiones otorgadas a particulares, empresas inmobiliarias, mineras y grandes productores que acaparan el agua.
Defensores del medio ambiente argumentan que el propósito de los grandes consumidores es sacar adelante sus proyectos, aun a costa del carácter de bien común de este recurso natural.
- Lagos, lagunas, ríos y acuíferos se encuentran hoy en niveles mínimos históricos y lo peor está por venir, pues para este año se espera una de las sequías más intensas de los últimos tiempos, según expertos.
Desde 2013 sigue pendiente en el Congreso de la Unión la aprobación de la Ley General de Aguas, cuya finalidad es garantizar el derecho humano al líquido, estipulado en el artículo 4 de la Constitución.
Concesión de Aguakan en QRoo llevará tiempo y podría llegar a SCJN
El diputado Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia, estimó que, luego de que el Congreso de Quintana Roo abrogara la concesión de Aguakan podría alargarse en los tribunales incluso hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Además, informó sobre la necesidad de que los municipios tomen acciones administrativas una vez resuelto el amparo en revisión.
“No tenemos muchas acciones para movernos, porque los contratos son municipales. En ese caso estaríamos violentando la independencia de los ayuntamientos. Lo que tenemos que hacer es irnos al Decreto, es una acción legislativa que podemos realizar, y estaríamos dando cumplimiento a lo que se nos exige por parte del Tribunal Electoral”.
Alday descartó que el tema del agua se detenga durante el proceso electoral del 2024, aunque reconoció la posibilidad de restricciones en la discusión pública por motivos electorales.
«Porque puede, en algún momento, alguno de los partidos o de los opositores manifestar que se está utilizando el tema de Aguakan para fines electorales», afirmó en una breve entrevista.
Cabe mencionar que actualmente Aguakan logró la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo y con esta medida cautelar dictada por el Juzgado Octavo de Distrito, la concesionaria podrá seguir prestando sus servicios en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, hasta que el juicio se resuelva de fondo.
- Por otro lado, el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) indicó que retomarán las actividades de la Comisión Transitoria Especial para el caso Aguakan antes de que inicie el periodo ordinario.
- Para revisar la respuesta de los municipios sobre el servicio de la concesionaria y el informe pendiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Expresó que, por el momento, se encuentran concentrados en defender la revocación de la concesión en los tribunales, toda vez que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado tiene la capacidad para brindar el servicio en los municipios donde dejaría de operar Aguakan.
“Se tiene la capacidad, nada más hay que hacer todo un trabajo técnico para tomar el control de la concesión, estamos demostrándolo con documentos. Si nos da la razón el Poder Judicial en su sentencia, CAPA tiene que estar preparado”, indicó.
En Oaxaca la escasez se agudiza
En tiempos de escases de agua, la privatización de los servicios de agua, drenaje y saneamiento se han traducido en un aumento considerable de tarifas, escasez del líquido y malestar social en diversas entidades del país, incluyendo a Oaxaca, donde las autoridades reorganizan el tandeo del agua cada 45 días.
- El pasado 12 de enero el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa) anunció la limpieza de 15 pozos profundos, la rehabilitación de nueve más y la reposición de otros tres, así como la búsqueda de nuevas fuentes. Pero mientras eso sucede, el agotamiento de los mantos acuíferos de los valles centrales, el tandeo y racionamiento del agua se van agravando.
En distintas denuncias ciudadanas se ha señalado que la repartición de agua a pasado de 25 a 45 días, esto ha provocado que las personas recurran a comprar pipas de agua que llegan a costar entre 700 y mil 300 pesos, dependiendo si es una cisterna de 5 mil o 10 mil litros. La demanda aumenta y por tanto los precios también al no haber agua ni pipas disponibles que la abastezcan, incluso hay familias que han recurrido a la compra de garrafones para bañarse, lavar y cocinar.
- La carencia del líquido que se padece en Oaxaca y en muchos estados del País, contrasta con las innumerables concesiones otorgadas a particulares, empresas inmobiliarias, mineras y grandes productores que a decir de las propias autoridades acaparan el agua, sobre todo en los estados donde la gentrificación y la proliferación de proyectos extractivos son evidentes.
- En Oaxaca, las redes sociales del SOAPA están abarrotadas de comentarios hechos por ciudadanos que exigen agua en sus colonias o municipios, el funcionario encargado de dicha institución ha admitido que no hay solución a corto plazo pues actualmente el organismo operador cuenta con un aforo de 240 litros por segundo en comparación con los mil 100 litros por segundo que se necesitan por lo menos una vez a la semana.
Lagos, lagunas, ríos y acuíferos se encuentran hoy en niveles mínimos históricos y lo peor está por venir, pues para este año se espera una de las sequías más intensas de los últimos tiempos, según expertos. Desde 2013 sigue pendiente en el Congreso de la Unión la aprobación de la Ley General de Aguas, cuya finalidad es garantizar el derecho humano al líquido, estipulado en el artículo 4 de la Constitución.
Supervisión de concesiones de agua se desplomó
La falta de una ley general de aguas, un deficiente monitoreo de las concesiones pero sobre todo el desplome en la vigilancia del uso del agua en este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado un uso desmedido y el surgimiento desmedido de tomas clandestinas de agua en el país mientras las sequía se agudiza en todo el territorio nacional.
El número de sequías se ha duplicado a nivel nacional en la última década. Este fenómeno se agrava por el aumento de la temperatura en México debido al cambio climático. De continuar las tendencias actuales, esta situación se agravará en los próximos años. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la escasez de agua para la población urbana mundial se duplicará en 2050 debido a las sequías.
De acuerdo a un reporte del IMCO entre 2019 y 2022, las inspecciones para supervisar las concesiones de agua se redujeron en 70% comparado con el periodo 2011-2018.
- Entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8,129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2,334, lo que implica que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua. Esto se debe a una combinación de factores que incluyen recursos financieros y humanos insuficientes. La falta de vigilancia incentiva malas prácticas como la sobreexplotación y la contaminación.
- Además el 97% de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93% no han sido verificados. Esto promueve el uso desmedido y ha provocado que las tomas clandestinas se hayan vuelto cada vez más comunes.
Por si fuera poco, el presupuesto para la Conagua se redujo un 50% entre 2014 y 2022. Es decir, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones, lo que afecta principalmente el área de vigilancia y monitoreo. A pesar de que en 2023 se incrementó a 68 mil 450 millones, sigue siendo insuficiente.
En un análisis, el IMCO advierte sobre los escenarios reales de la escasez de agua para los próximos años en México, lo que podría desatar una crisis sin precedentes en varios sectores sobre todo el agrícola y el abastecimiento público que son los más vulnerables.
Alerta que hay una ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones lo que se traduce en que la demanda de agua no está basada en la oferta real.
Dicha demanda puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones.
- Agrega que en la actualidad la autorización del uso del agua -otorgado a través de una concesión- no está basada en la capacidad máxima de renovación del agua de los acuíferos o de las aguas superficiales.
- Esta capacidad máxima -también llamada disponibilidad- puede variar a través de los años debido al cambio climático. Sin embargo, esta variación no se refleja en la asignación de concesiones, de tal forma que existe el riesgo de sobreexplotación.
El IMCO advierte sobre una falta de coordinación entre los tres niveles de gobiernos para regular el uso del agua, lo que facilita la evasión en el cumplimiento de las reglas.
- “En México, la gestión de los recursos hídricos se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca. Al compartir responsabilidades entre múltiples actores, es más fácil evadir el cumplimiento de las reglas”, explica
- La Falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible.
Esta es una de las principales razones que explican el pobre desempeño y mala gestión de las políticas públicas del agua en México, agrega.
“La coordinación es difícil de lograr debido a que cada estado opera de manera independiente, en particular en los ordenamientos del suelo. Legalmente, un estado puede cambiar su uso de suelo y afectar el régimen hídrico de toda la cuenca sin que otras entidades -potencialmente afectadas- puedan hacer algo al respecto”, indica
Alerta la ONU sobre riesgos de privatizar el agua en México
La privatización del agua es una perversión absoluta en nombre de la eficiencia. ¡Mentira! Es en nombre del negocio, sentenció Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
En marzo de 2023, advirtió sobre los riesgos de la mercantilización y la financiarización del agua en México y señaló que hay dos grandes desafíos para tener acceso a él: la recuperación de la ingeniería natural y una gobernanza democrática del líquido.
- Arrojo Agudo participó en el foro Los retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala, convocado por la organización civil Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, al que acudieron representantes de comunidades.
- El diplomático expuso que cerca de 2 mil millones de personas terriblemente empobrecidas, que viven junto a un río o un acuífero contaminado, frecuentemente por tóxicos, no tienen acceso garantizado al líquido potable, y 4 mil millones no lo tienen al saneamiento básico. Qué vergüenza.
Resaltó que hay dos grandes desafíos: El primero, hacer las paces con nuestros ríos, con la naturaleza que nos rodea, aprender el mensaje de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas. De lo contrario, alertó, será imposible avanzar como humanidad. Es necesario recuperar la ingeniería natural que funciona bien con energía solar.
Subrayó que tener un río saludable a la puerta de casa no puede ser un lujo de ricos, es una necesidad vital de la gente más empobrecida en situación de mayor vulnerabilidad; es un derecho democrático y humano.
- Indicó que el segundo reto es promover una gobernanza democrática del recurso, entendida como un bien común accesible para todos, pero no apropiable por nadie ni como mercancía privatizable.
- Pedro Arrojo remarcó que el agua debe ser administrada con responsabilidad y esfuerzo, pero no a través de una lógica de mercado, sino desde la colectiva y del sentido comunitario, no dejando a nadie atrás.
Expuso que el servicio de agua potable no se puede cortar, por lo que planteó crear medidas legales adecuadas para prohibir esta acción contra una familia en situación de pobreza o vulnerabilidad, porque ello atenta contra los derechos humanos.
Manifestó que el suministro es una obligación que todos los Estados han firmado; no es una opción generosa de políticos o de autoridades, y es derecho de la población exigirla. El agua, destacó, es una necesidad para una vida digna, no un lujo ni capricho y debe ser cuidada entre todos.
Planteó que la mercantilización y financiarización del agua, que es un bien público, todavía no es tanto un problema aquí (en México), pero llegará a serlo.
- Citó que en algunos países de Europa la acaban teniendo sólo quienes pueden pagar más, lo cual es injusto rompe derechos humanos.
- Alertó que la financiarización es la mayor de las locuras, porque es especular con la vida de las personas en los mercados financieros.
- En el foro, especialistas y comunidades tlaxcaltecas expusieron el grave problema de contaminación de la cuenca del Alto Atoyac y sus efectos en la salud humana.
Además, se analizó la iniciativa que se presentó en el Congreso local sobre la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala, la cual tiende a la privatización, a la criminalización y a no garantizar el derecho humano al líquido vital, entre otros aspectos. El próximo miércoles se conmemorará el Día Mundial del Agua./Agencias-PUNTOporPUNTO
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