CUATROTÉ vuelve a “la VERDAD HISTÓRICA”, oculta información de #Normalistas #Desaparecidos

Ángela Buitrago, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo que no hay una sentencia condenatoria por los desaparecidos y desde ese punto de vista, la investigación debe realizarse de manera oficiosa, además hay un plazo razonable que también ya se extiende en el tiempo.

El pasado lunes 25 de septiembre, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa salieron molestos y decepcionados de Palacio Nacional, luego de más de dos horas de reunión con autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las que no se dio respuesta a sus demandas sobre la entrega de información faltante que estaría en manos del Ejército y se les presentó una narrativa que se asemeja a la “verdad histórica”.

  • “Ni el secretario de la Defensa (Crescencio Sandoval), ni el presidente, dieron respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual”, subrayó con tono de molestia Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43.

En la reunión del miércoles pasado, los familiares de los normalistas le entregaron a López Obrador un documento firmado por todos, basado en las exigencias que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso por años, y que entre otros puntos señaló que el Ejército mexicano espiaba las comunicaciones del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Guerreros Unidos, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

  • En esos intercambios de comunicaciones, que quedaron registrados en documentos en poder de la milicia, habría información clave sobre qué sucedió con los 43 normalistas y cuál fue el grado de participación de militares en el caso.
  • En el oficio que le fue entregado al presidente la semana pasada, los familiares exigen que se les entreguen decenas de documentos elaborados por el Ejército, que quedaron registrados, según las investigaciones del GIEI, como ‘CRFI’, en referencia al ‘Centro Regional de Fusión de Inteligencia’ que operaba en esa época en Iguala, Guerrero.
  • Los documentos de inteligencia militar probarían que la Sedena tenía conocimiento del grupo criminal que atacó a los estudiantes, y contendrían información sobre cuál fue el destino de los jóvenes desaparecidos.

Sin embargo, el equipo del GIEI en México denunció el pasado 26 de julio que la Secretaría de la Defensa Nacional ha ocultado reiteradamente esa documentación e incluso ha negado su existencia, a pesar del mandato presidencial de que se abriera toda la información a los padres. Tras la denuncia sobre la opacidad del Ejército, el GIEI anunció su retirada del país.

López Obrador defiende a la Sedena

El presidente López Obrador ha defendido en múltiples ocasiones a la Sedena. Lo hizo públicamente tras el anuncio de la salida del GIEI del país, y lo hizo la semana pasada en privado ante los propios padres, causando el enojo y la frustración de estos.

  • Aun así, el mandatario se comprometió a que el Ejército daría una respuesta al oficio que dejaron los padres en la reunión de la semana pasada. Pero en el encuentro de ayer, en el que no estuvo el Presidente.
  • Tampoco asistió el secretario de la Defensa -que envió un escrito por medio de la titular de Seguridad Pública, lo cual fue tomado como “un insulto” por los padres-, no aparecieron ninguno de los documentos del Ejército exigidos por los familiares de los 43.
  • El abogado Vidulfo Rosales expuso que también se le solicitó al Ejército información concreta sobre una conversación telefónica que fue encontrada en una foja de los archivos militares, y que contendría información valiosa del paradero de 17 estudiantes.

“Pero sobre esto, el titular de la Sedena lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gildardo López Astudillo (Alias ‘El Gil’, uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos acusado por la desaparición de los 43), y le pide al Gobierno que busque la información de esa persona, sin dar una respuesta concreta a lo que se le está solicitando”, agregó el abogado.

  • De acuerdo con el medio Animal Político, quienes entrevistaron a las personas que estuvieron presentes en la reunión, aseguraron que fue uno de los momentos más tensos del encuentro.
  • “En algo que no fue nada respetuoso, el oficio (de la Sedena) cerró diciendo algo así como que ‘no tenemos más información, y si quieren saber más del paradero (de los jóvenes) vayan y pregunten a Gildardo López Astudillo, que es testigo protegido”.

Los familiares, por su parte, respondieron diciendo que, “al ponerse el Gobierno de AMLO del lado de las mentiras del Ejército, los están orillando a levantarse de la mesa de diálogo”.

  • Por otra parte, los padres de los 43 también se mostraron decepcionados con el papel del subsecretario Alejandro Encinas, que presentó un nuevo informe con avances del caso que, en palabras del abogado Rosales, “criminaliza a los estudiantes de la Normal” y que se asemeja mucho a la versión de los hechos presentada por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, hoy en prisión preventiva, conocida como la “verdad histórica”.

“Nos presentó una narrativa que se acerca más a la ‘verdad histórica’ que a los nuevos hechos. Hizo una narrativa en la que refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre integrantes del crimen organizado, reduciendo la responsabilidad del caso al crimen organizado y a un asunto meramente local, dejando por fuera al Ejército. Al único militar que le fincan responsabilidades es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad. Y no se dice nada, por ejemplo, de quienes construyeron la verdad histórica”, planteó.

  • Ante el enojo de los padres, estos se negaron a recibir ningún informe ni documentos. “Dijeron que si el titular de la Sedena (el general Crescencio Sandoval) quería echarles un cuento, que al menos les diera la cara”, apuntó una fuente que estuvo presente en la reunión.
  • Los padres señalaron que ahora analizarán si continúan o no con el diálogo con el gobierno de López Obrador. Los familiares regresaron al plantón que tienen instalado frente al Campo Militar número 1, en los límites entre Naucalpan, Estado de México, y la capital.

Ahí, en una de las entradas al recinto militar, los familiares colocaron mantas con los rostros de quienes denuncian serían los “perpetradores” de la desaparición de los estudiantes, entre los que se encuentran Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que está prófugo de la justicia por el caso Ayotzinapa, y Omar García Harfuch, quien recientemente se destapó como aspirante al gobierno capitalino, y a quien documentos de la Sedena sitúan en Iguala en dos reuniones de autoridades sobre el caso Ayotzinapa, aunque él ha negado cualquier participación en la construcción de la “verdad histórica”.

  • “Lo único que queremos y lo único que exigimos al presidente López Obrador es saber ya la verdad, porque ya se van a cumplir 9 años y él se comprometió a dar con el paradero de nuestros hijos. Sin embargo, ya tiene 5 años en el Gobierno y no ha cumplido”, dijo a Animal Político, la señora Nicanora García, madre del normalista desaparecido Saúl Bruno García.

Una Fiscalía no puede estar al vaivén de las órdenes del Presidente: GIEI

Ángela Buitrago, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo que no hay una sentencia condenatoria por los desaparecidos y desde ese punto de vista, la investigación debe realizarse de manera oficiosa, además hay un plazo razonable que también ya se extiende en el tiempo.

  • “Son nueve años, el 26 de septiembre se cumplen nueve años en que los padres ni la sociedad saben qué ha pasado con la participación, realización, procedimiento que se levantó en torno a esta desaparición forzada.
  • Desde ese punto de vista diríamos que en el tema particular del Caso Ayotzinapa, en esos tres niveles, para poder avanzar, tendríamos que trabajar en la necesidad de conseguir una Fiscalía que realmente sea independiente y autónoma.

“Una Fiscalía no puede estar al vaivén de las órdenes del presidente de la República solamente, ni del fiscal general cuando quiera o no quiera investigar el fiscal. La Fiscalía tiene que tener una característica de independencia y autonomía donde le permitan llegar hasta los niveles que muestren la investigación para juzgar y sancionar”, aseveró Buitrago en videoconferencia durante un foro convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

  • Advirtió que mientras no haya “independencia real” y “autonomía real” no se tendrá la posibilidad de avanzar en el término de acceso a la justicia, derecho a saber, derecho a la verdad, pero mucho menos al derecho de la posibilidad a la reparación del daño frente a los elementos que toda la jurisprudencia y doctrina ha establecido.
  • Durante el foro “A nueve años del caso Ayotzinapa ¿Qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación”.
  • La experta investigadora remarcó que no se ha rehabilitado a los padres ni familiares, además que no se han tomado las medidas necesarias para generar una posible reparación en términos integrales; tampoco se ha podido establecer cuál es el nivel real de acompañamiento.

“Quiero ser clara, que si bien es cierto se han dado medidas aleatorias en términos de salud en algunos problemas físicos o psicológicos, pero no ha habido tampoco una política clara o contundente (…) El tema más grave es que cuando llegamos a un elemento de clarificación que se posee por las Instituciones del Estado como es Sedena, Marina, ahí hay inmediatamente un pare absoluto.

“Si bien es cierto y también hay que decirlo, que en el tema se permitió ir recorriendo caminos para abrir archivos militares, en el momento en el que se encuentra la información que se reflejan en los informes 3, 4, 5 y 6 del GIEI, también se llegó a socializar de manera intencional el hecho de que no hay más documentación, creemos que la documentación por si sola explica esos informes, pero además reporta que hay más información que debe salir a la luz”, resaltó.

La experta manifestó que para avanzar, hay que generar esta revisión y exigibilidad: “No es una benevolencia, es una obligación de que todos estos documentos producidos por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, producidos por Sedena en un seguimiento permanente tengan que ser conocidos por la sociedad mexicana”.

Indicó que en cuanto se omita saber qué ocurrió con los estudiantes, no habrá verdad que valga, sino se llega a establecer ese paso y ese tiempo.

  • “Para poder seguir avanzando tiene que haber una decisión real y no solamente una decisión política, una decisión de justicia en los entes de justicia de la Fiscalía y los jueces, que tienen que tener claridad sobre toda la necesidad de la prueba.
  • “Pero que, sin lugar a dudas la repercusión que también tiene el negar estos elementos probatorios para de una u otro forma evitar que se sepa el nivel de actuación, el nivel de deshumanización que se tuvo el día 26 y 27 de septiembre”, consideró Buitrago.

Comentó que mientras la sociedad genere una permanente petición de que se esclarezcan los hechos, habrá justiciar justicia.

  • “Mientras tanto creemos que hay instituciones que necesitan un poco de ayuda en esta independencia de autonomía y necesitan seguir generando personas que con toda la independencia e imparcialidad puedan investigar estos casos”, puntualizó.

Padres demandan frente al extinto Cisen entrega de información

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, realizaron una protesta frente a la entrada principal del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en demanda de que entregue toda la información que tiene en su poder, y que es “crucial” para dar con el paradero de los estudiantes.

  • A diferencia de las manifestaciones realizadas en días anteriores, en esta ocasión un grupo de normalistas encapuchados realizó pintas sobre la fachada color gris del inmueble, en las que se leía “9 años de injusticia” y “Perpetradores”.

Además, en el portón principal principal del CNI, con pintura roja en aerosol escribieron “AYOTZI 43”.

  • El momento más tenso ocurrió enseguida cuando lanzaron decenas de petardos al interior de las instalaciones del CNI, cuyo estruendo resonaba a las afueras sobre la estrecha avenida Real de Contreras.

También lograron perforar un cristal blindado de la caseta de vigilancia, rompieron cámaras de seguridad, espejos y lámparas que estaban instaladas en la parte superior de los muros de alrededor de 5 metros de altura.

  • Previamente, durante el mitin, Melitón Ortega, vocero de las familias, señaló que este órgano de inteligencia “también estuvo monitoreando todas y cada una de las actividades de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa” durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
  • En entrevista, puntualizó que esta información, además de los expedientes que tiene el ejército, también fue solicitada al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión que sostuvieron la semana pasada en Palacio Nacional.
  • “Tenemos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dan cuenta de ello. Se tienen identificadas dos personas que dieron seguimiento a los estudiantes en la ciudad de Iguala. Se tienen datos concretos, nombres y apellidos del personal del Cisen”, destacó Isidoro Vicario, abogado de las familias.

Acompañados de estudiantes de distintas escuelas normales, que en esta ocasión fue más numeroso, entre ellas Teteles, Panotla y Ayotzinapa, las familiares de los estudiantes reclamaron que al igual que el Ejército, el Cisen “también se está negando en proporcionar la información”.

  • Los padres y madres de los 43 normalistas, y los estudiantes, se trasladaron en unos 30 autobuses desde el plantón que instalaron el jueves pasado frente a la puerta 1 del Campo Militar 1-A, en avenida del Conscripto, a las instalaciones del CNI, ubicadas en la alcaldía Magdalena Contreras, adonde arribaron alrededor del mediodía.

Poco después de las 13:30 horas, los familiares y los estudiantes se retiraron para alistarse para la reunión programada a las 5 de la tarde en Palacio Nacional.

Padres señalan a Omar García Harfuch y más

Al arribar a la plancha del Zócalo de la CDMX, los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, reclamaron al presidente AMLO por el nuevo informe en torno al caso.

Como parte del cierre de la marcha Ayotzinapa 2023, los padres que encabezaron la movilización ofrecieron un mensaje en las inmediaciones del Palacio Nacional.

En el pronunciamiento, recriminaron el nuevo informe que se les entregó el día de ayer lunes 25 de septiembre, al acusar que se busca una narrativa que criminaliza a los jóvenes.

Aunado a lo anterior, los padres afirmaron que con lo que ha ocurrido durante este sexenio, se ha puesto de manifiesto que el presidente AMLO está protegiendo al Ejército.

Por otro lado, lanzaron críticas en contra del aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Omar García Harfuch, a quien insistieron en señalar como implicado en el caso.

Al respecto, los padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas reiteraron su acusación en torno a que el ex funcionario capitalino, recibía dinero por parte de Guerreros Unidos.

Ante ello, cuestionaron que el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, vaya a participar en la encuesta de Morena para la selección de candidato en la capital.

Qué dijo García Harfuch sobre las acusaciones de su presunta relación en el caso Ayotzinapa

Al ex secretario todavía le persiguen muchas dudas sobre su papel en el caso de Ayotzinapa y su cercanía con Genaro García Luna.

“Como lo he expresado siempre, ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas, por esta razón me separo del cargo de secretario de Seguridad para colaborar con la Dra. Claudia Sheinbaum, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, escribió Harfuch en su cuenta X, antes conocida como Twitter.

Pese a que en muchas ocasiones Omar García Harfuch dijo que no podía buscar un cargo público, como la jefatura de Gobierno, debido a que se encontraba como jefe de la Policía, el lunes 4 de septiembre adelantó en una entrevista con el periódico La Jornada que estaba “preparado para cumplir con cualquier tarea que tengamos que hacer en la ciudad”.

  • De acuerdo con una investigación realizada por la periodista Anabel Hernández, Omar García Harfuch ingresó a la Policía Federal (PF) el 1 de septiembre del 2008 sin ningún tipo de experiencia.
  • Cinco años después, en 2013, el hijo de la actriz María Sorté fue nombrado titular de la Coordinadora Estatal de la PF en el estado de Guerrero, entidad donde fueron atacados y desaparecidos los 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre del 2014.

El ex funcionario capitalino estuvo presente en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, sexenios marcados principalmente por “la guerra contra el narco” y la desaparición forzada de los estudiantes de Iguala.

  • A Harfuch se le ha vinculado por pertenecer al “círculo cercano” de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, y quien fue encontrado culpable por una corte en EEUU de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa para el tráfico de droga.

“Yo vi a Genaro García Luna tres veces en persona en mi vida. Una fue en un simulacro de condecoración, la segunda fue en una condecoración y la tercera, fue cuando yo ya estaba en la agencia de investigación criminal en un evento civil que nos encontramos fuera y por supuesto nos saludamos”, aseguró Harfuch en entrevista en el programa de Los Periodistas de Sin Embargo en el 2022.

En el caso de los normalistas desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, mencionó que él no estaba en Guerrero debido a que realizaba diferentes actividades en Michoacán.

“Yo estaba en Michoacán y no estaba reunido con dos personas que podrían cubrirme mientras me hallaban en otro sitio, pero no, se trataba de un despliegue en Nueva Italia, Michoacán, y no en Guerrero. Eran despliegues enormes, más de 300 personas cuidando la zona. Ahí estaba Hipólito Mora, que acaba de perder la vida, y su grupo de autodefensas. Ese día estuvimos juntos, todos me vieron”, aseguró al diario La Jornada.

Agregó que “debe haber registro en el hotel de Buenavista Tomatlán, donde nos hospedamos; entonces, pues sí, ha sido muy incómodo, muy incómodo que te quieran relacionar con un hecho tan trágico y lamentable como ese. Nunca participé en Ayotzinapa, nunca estuve, no participé en las investigaciones, ni siquiera en el caso de manera activa”.

Harfuch: Sí estuve en Iguala, pero no intervine en reuniones del caso Ayotzinapa

El diario El País México publicó que documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sitúan a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno de Claudia Sheinbaum, como asistente a reuniones para tratar el caso Ayotzinapa los días 7 y 8 de octubre de 2014 junto con otras autoridades locales y federales, en Iguala, Guerrero.

  • En los oficios publicados el pasado 5 de septiembre de 2022, el funcionario aparece como “Comisario de la Gendarmería”, cargo diferente al de “Comisionado de la Policía Federal en Guerrero”, que tenía el 26 y 27 de septiembre de aquel año, cuando los jóvenes normalistas fueron desaparecidos; aunque según ha dicho él en múltiples entrevistas, en esa fecha estaba comisionado en Michoacán.

Tras la publicación del diario español, García Harfuch usó por segunda vez su cuenta de Twitter para hablar sobre el tema:

“La documentación publicada por @elpaismexico corrobora lo que desde un inicio he manifestado. El 06 de septiembre de 2014, recibí instrucciones de trasladarme a Michoacán para apoyar a la recién creada División de Gendarmería”.

  • En un segundo mensaje, agregó que “A partir del 08 de septiembre estuve comisionado en Michoacán, y fue hasta inicios del mes de octubre de 2014, cuando me instruyeron trasladarme a Iguala, junto con personal de la División de Gendarmería”.
  • En un tercero y último, dijo: “La minuta confirma que yo iba por parte de Gendarmería y no como Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero. Como el mismo documento señala, no tuve intervención alguna durante las reuniones”.

El pasado 22 de agosto de 2022, dos días después de que surgió su nombre en la lista de presuntos exfuncionarios que habrían participado en la supuesta reunión convocada el 7 de octubre de aquel año por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, para presuntamente construir la “verdad histórica” sobre el caso, García Harfuch escribió en su cuenta de Twitter:

“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”.

La “junta de autoridades”

Los documentos publicados por El País México, fechados el 7 y 8 de octubre del 2014 reportan una “junta de autoridades” en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de la Sedena a las 10 horas.

  • La lista de asistentes de la junta del 7 de octubre tiene 18 nombres, encabezados por Tomás Zerón de Lucio, jefe de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Actualmente, es prófugo de la justicia, acusado de los delitos de tortura y desaparición forzada, entre otros.
  • Además de éste y de García Harfuch, acudieron el general de Brigada y comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, el jefe de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, Gualberto Ramírez; el jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR, Carlos Gómez Arrieta.

También estuvo Bernardo Muñoz Cano, asistente de Zerón, y quien recientemente es testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa; entre otros.

De acuerdo con la publicación de El País México, “la presencia de García Harfuch en Guerrero antes, durante o después del ataque, el nivel de conocimiento que tuvo de lo ocurrido y su relación con la actuación de los que eran o habían sido sus subordinados en Iguala son cuestiones todavía por aclarar”.

Sigue: “Otra cuestión sin aclarar es la posible participación de García Harfuch en más reuniones en Iguala, antes o después de las del 7 y el 8 de octubre de 2014. En la reunión del día 8, por ejemplo, Zerón cita a los participantes a una nueva junta dos días más tarde, a la que, dice, acudirá también el procurador general entonces, Jesús Murillo Karam”./Agencias-PUNTOporPUNTO

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