Antes de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la autodesignada «cuarta transformación» está arreciendo sus ataques contra los órganos autónomos. De las palabras pasaron a los hechos y mediante iniciativas de reforma el propio presidente y legisladores de Morena han buscado modificar o eliminar organismos poco cómodos y muy criticados por el presidente de la República.
- Desde el Senado de la República surgió la última propuesta contra un órgano autónomo. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, presentó una iniciativa de reforma legal para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (INAI), para transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.
Si bien es una propuesta del legislador de Morena, ese fue un planteamiento del propio presidente de la República.
- “Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción. Porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión”, dijo el pasado 18 de abril en su conferencia matutina.
Para Fernando Nieto, profesor de administración pública de El Colegio de México, el Inai genera resistencia en el gobierno de López Obrador por su función de garantizar transparencia.
- “Al presidente no le gusta que existan este tipo de contrapesos técnicos. Él tiene ciertas resistencias en particular con el de transparencia y del INAI… si vemos los indicadores de, por ejemplo, recursos o de solicitudes han aumentado, lo cual indica que muy probablemente está siendo más difícil acceder información o que la información que se está dando no necesariamente es de la calidad que se esperaría”, explica.
La iniciativa del presidente del Senado argumenta que el INAI y la ASF comparten funciones.
- “Comparten objetivos y actividades y que, al tener puntos en común, se hace notar la posibilidad de que el Inai sea absorbido por la SFP, con el fin de tener un solo ente responsable de la transparencia de la información pública, así como la protección de datos de las personas”, dice el proyecto.
- “Son funciones distintas. El INAI se genera a partir de las necesidades del ejercicio de la libertad de expresión la cual incluye tres libertades: la libertad de acceso a la información, la libertad de procesarla y la libertad de difundirla. Entonces uno no se podía hacer de información si no tendría la primer libertad que es la del acceso a la información que es la que el Inai garantiza”, explica Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.
¿Contra qué otros autónomos se ha lanzado la 4T?
El presidente López Obrador rechaza a los órganos autónomos; sostiene que duplican funciones de la administración pública y son costosos; “no sirven para nada”, ha acusado que defienden intereses de grupos y hasta de robar.
- En sus 52 meses de gobierno él ha criticado al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (INAI), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros.
- En su conferencia matutina, incluso exhibió el sueldo que perciben quienes laboran en esos órganos. El 25 de julio de 2022, el presidente pidió al procurador del consumidor Ricardo Sheffield mostrar sueldos de algunos funcionarios que ganan más que él, varios de ellos de órganos autónomos como el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, con un salario de 286,500 pesos, el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, con 240,500 pesos.
Las críticas hacia los autónomos no ha sido exclusiva del presidente. Esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández también se lanzó contra ellos, en particular contra el INAI.
- “Yo sostengo que el INAI es un instituto inoperante, y basta con revisar la currícula de los comisionados, porque ha servido como botín político, se han dedicado ahí, como en otros institutos, a repartirse por cuotas los partidos políticos, los nombramientos de los órganos aparentemente autónomos y que eso no ayuda ni a la transparencia ni a la consolidación de un régimen democrático en el país”, dijo el pasado martes.
En sus redes sociales, el secretario también calificó como «un lastre burocrático al Inai».
Golpes traducidos en modificaciones y desapariciones
Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han quedado solo en palabras. En su gobierno ya han desaparecido algunas instituciones, a otras más se les ha intentado modificar.
- Entre las instituciones que desaparecieron en este gobierno están el Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Consejo de Promoción Turística de México, Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
A través del llamado «Plan B» electoral, el gobierno buscó modificar al INE, instituto en el que el presidente de la República ha revelado que no confía. En algún momento incluso propuso su desaparición y que sus funciones las absorbiera el Poder Judicial.
A otras se les busca absorber o eliminar. Hace unos días, el presidente López Obrador envió una iniciativa relacionada con 18 instancias.
- “Se propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado”, dice la propuesta.
- Algunos de los organismos que serían absorbidos son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Mientras que se propone la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
AMLO ‘da línea’ a senadores para desaparecer el INAI
El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este viernes luego de su contagio de Covid y pidió a los senadores no titubear y desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- El presidente insistió en que el INAI debe desaparecer y que sus funciones deberían ser asumidas por la Auditoría Superior de la Federación y así ahorrarle al erario alrededor de 1,000 millones de pesos anuales.
“Yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no se titubeé cuando se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen esa institución, mejor dicho que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren 1,000 millones de pesos”, pidió el presidente.
- Desde su conferencia sugirió a los senadores de Morena parar el «reloj legislativo» para que los políticos de oposición que tienen tomada la tribuna del Senado, se queden ahí hasta dos meses.
«Técnicamente se llama detener el reloj, que es el reloj legislativo, hasta que haya condiciones, también lo pueden hacer legalmente pero yo no recomendaría eso. Yo les diría que esperaran, que estén ahí más tiempo, a ver si van a poder, si todos son fifí no están acostumbrados a dormir en el suelo, pues claro que no se van a quedar muchos, sería bueno un mes o dos», recomendó.
- La tarde de este jueves, el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, propuso una iniciativa para desaparecer al Inai para transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.
El presidente cuestionó los beneficios que ha dado el Inai a México, pues en su opinión fue creada para simular que se combatía la corrupción.
Corte ha frenado violaciones al proceso legislativo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental ha sido violado por el Congreso de la Unión o los congresos locales, por lo que se han frenado reformas y cambios contrarios a la Constitución Política.
- La SCJN asegura que los procesos legislativos son “la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa”.
Las últimas dos ocasiones en que la Corte ha invalidado las decisiones tomadas en el Congreso son las dos partes del plan “B” de la reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este último acabado de sepultar el pasado 22 de junio.
- Contexto: En abril de 2022, conviene recordar, el presidente López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral con el objetivo de transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, reducir el número de consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y eliminar a los legisladores plurinominales.
Un argumento de la reforma era reducir los costos de la democracia y se esperaba ahorrar más de 20,000 millones de pesos; sin embargo, esta propuesta de reforma no logró avanzar en el Congreso de la Unión.
- Ante la controversia generada y la falta de mayoría legislativa para su aprobación, en noviembre de 2022, López Obrador anunció la presentación de un «Plan B» ante la Cámara de Diputados; y el 6 de diciembre de ese año, el pleno de la Cámara Baja rechazó la primera reforma electoral.
- El «Plan B» buscaba modificar seis leyes secundarias en lugar de cambiar la Constitución para implementar las reformas electorales. El objetivo de los cambios propuestos, de nuevo era lograr ahorros en el presupuesto del INE mediante la reducción de gastos operativos, como la disminución del personal administrativo, la reducción de oficinas distritales y la salida de empleados del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
- Este plan sí fue aprobado por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2022, pero con modificaciones. Sin embargo, el presidente López Obrador anunció que se realizarían correcciones que no coincidían con las propuestas originales. Finalmente, el Senado aprobó el «Plan B» el 22 de febrero de 2023.
Sin embargo, la primera parte del «Plan B» fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de mayo de 2023 debido a irregularidades en el proceso legislativo que fueron denunciadas a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas ante la SCJN.
La Corte determinó que el Congreso de la Unión transgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución, relacionados con el principio de deliberación democrática a causa de:
- Someter a votación dos dispensas del trámite legislativo ordinario por urgencia, sin motivarlas.
- No haber publicado con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión.
- La extensión de la iniciativa constituyó un factor que en sí mismo imposibilitó que los legisladores la conocieran para encontrarse en aptitud de participar en un debate propio de un órgano deliberativo.
- Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras.
- Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron indebidamente aprobar su dictamen de manera conjunta
Los otros 30 reveses de la Suprema Corte al Congreso
Durante el sexenio de Vicente Fox:
- El 13 de junio de 2005 se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes promovidas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante el sexenio de Felipe Calderón:
- El 4 de enero de 2007 se invalidaron cambios a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y al Código Penal estatal ya que fue dispensada a trámite sin que urgencia fuera justificada.
- En noviembre de 2008 se suspendieron cambios al Código Electoral, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal, todos del Estado de Colima.
- En julio de 2009, por Diversas violaciones al proceso legislativo se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla promovidas por el Partido Acción Nacional (PAN).
- El 28 de septiembre de 2009 se suspendieron reformas propuestas por el PAN a la Constitución Política del Estado de Durango, por diversas violaciones al proceso legislativo.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto:
- En septiembre de 2015 se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California, así como de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos Políticos, propuesta en conjunto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza y Morena, debido a que no se otorgó participación al Municipio.
- El 29 de septiembre de 2015 se suspendieron cambios a la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, ya que la elaboración del dictamen estuvo fuera de los plazos y no se dio a conocer con la anticipación debida.
- En noviembre de 2017 se suspendieron reformas a la Constitución Política y la Ley Electoral del estado de Chihuahua debido a diversas violaciones al proceso legislativo.
- En septiembre de 2018 se suspendieron cambios a la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco, debido a que la dispensa no fue motivada e incidió negativamente en los principios democráticos.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador:
- En enero del 2020 se suspendieron cambios a la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas de la Ciudad de México.
- En mayo del 2020, por dispensa del dictamen, se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California.
- En julio del 2020 se frenaron reformas a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el estado de Chihuahua.
- En septiembre del 2020 se suspendieron cambios a las leyes Electoral y de Medios de Impugnación Electorales del estado de Tamaulipas
- El 28 de septiembre del 2020 se suspendieron reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos de Tabasco, debido a que el dictamen no se repartió con la anticipación debida.
- En octubre del 2020 se invalidaron cambios a la Constitución Política de Baja California.
- En noviembre de 2020 se suspendieron reformas a la Constitución de Baja California y Ley Electoral estatal debido a diversas violaciones al procedimiento legislativo.
- El 23 de noviembre se suspendieron cambios a la Constitución Política de Veracruz, debido a la falta de consulta de la comunidad indígena.
- El 30 de noviembre del 2020 se invalidaron reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, en consecuencia de la indebida instalación de la Mesa Directiva y diversas violaciones al proceso legislativo.
- En diciembre del 2020 se suspendieron cambios al Código Electoral para el Estado de Veracruz y a la Ley Orgánica del Municipio Libre, por omitir consultar previamente a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.
- En febrero de 2021 se echaron para atrás cambios a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México, por incumplimiento de las reglas del debate parlamentario y falta de quórum.
- El 23 de febrero de 2021 se invalidaron reformas a la Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, ahora Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas, por falta de consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.
- En abril del 2021, se suspendieron cambios al Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, ya que la Corte consideró sin justificación la aprobación del dictamen como un asunto de urgente y obvia resolución.
- En mayo de 2021, se invalidaron cambios a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas por falta de consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas.
- El 24 de mayo de 2021 se suspendieron reformas a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, por falta de consulta previa de los pueblos indígenas y personas con discapacidad.
- El 24 de mayo de 2021 se invalidaron cambios a la Ley de Educación del Estado de Sonora, por falta de consulta previa de los pueblos indígenas y personas con discapacidad.
- El 25 de mayo del 2021 se invalidaron cambios a la Ley de Educación del Estado de Puebla, por falta de consulta previa de los pueblos indígenas y personas con discapacidad.
- En julio del 2021 se echaron para atrás reformas a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- En diciembre del 2021, se eliminó el artículo transitorio Décimo Tercero de la reforma a la Ley del Poder Judicial de la Federación, que establecía la extensión del mandato del Ministro presidente SCJN. La Corte determinó que este apartado violaba los principios básicos de deliberación democrática.
- En agosto de 2022, se invalidaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debido a que el dictamen no se había dado a conocer con la anticipación que marcaba la ley.
El futuro del INAI queda en manos de la voluntad del nuevo presidente
Bloqueado desde hace más de tres meses, los comisionados del Instituto de Transparencia esperan una resolución de la Corte para continuar sus funciones plenarias, pero el destino final dependerá del resultado de las urnas en 2024
- Un organismo autónomo que arroje transparencia sobre la vida pública es posiblemente una de las señales más claras de modernidad y democracia para un país, un factor que le sitúa a uno inmediatamente en el primer mundo si es que estaba en el segundo.
¿En qué mundo está México? En el caso de su Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales (INAI) desde luego en el primero, por no hablar de que está adherido al convenio 108 de la Unión Europea, que le permite intercambiar datos y fortalecer relaciones comerciales transfronterizas de forma segura y homologada.
- México, además, preside hoy algunas de las organizaciones internacionales más potentes en esta materia, como son la Conferencia Internacional de Comisionados de la Información y la Asamblea Global de Privacidad, algo que no ocurrió antes. En el ámbito regional también preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información y la Red iberoamericana de Protección de Datos Personales.
- Este sexenio, sin embargo, el INAI, cuya autonomía está regulada en la Constitución, ha sufrido duros embates por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha colocado en una situación comatosa. Tres de sus siete comisionados, cuyo mandato concluyó, no han sido sustituidos, algo que le compete al Senado.
- El presidente ha hecho uso de sus facultades para vetar esos nuevos nombramientos en dos ocasiones, y el asunto ha llegado a la Suprema Corte, de quien se espera que resuelva lo que se ha atascado en el lado de la política.
La mayoría oficialista ha desoído en dos ocasiones los mandatos de jueces federales para que el organismo pueda convocar plenos con solo cuatro miembros, de forma que sus funciones más importantes no queden paralizadas, y para que se nombre a los que faltan. Para alivio de los comisionados, el jueves pasado, la Corte calificó de “omiso” al Senado por no avanzar en ese mandato y se espera que se pronuncie de nuevo cuando un ponente redacte otro proyecto al respecto.
“En agosto, lo que esperamos es que la Corte resuelva que podamos sesionar con solo cuatro miembros, porque no creemos que el Senado vaya ya a nombrar, en el tiempo que queda, a los tres que faltan”, dice a este periódico Julieta del Río Venegas, una de las comisionadas.
Los comisionados tienen los dedos cruzados. Aunque siguen trabajando como si no pasara nada, para no quedar sepultados bajo el alud de peticiones ciudadanas y de instituciones, el hecho de que no puedan reunirse en pleno les impide resolver casos que llegan de instancias inferiores, como las que tramitan los institutos de transparencia de los Estados de la República; no pueden atraer asuntos locales que requieran un pronunciamiento superior.
Están impedidos para resolver denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia; y, más grave aún, no pueden acudir al alto tribunal para presentar causas de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que es la forma que tienen en el INAI para resolver asuntos en los que el Gobierno se ampara en la seguridad nacional para no dar los datos requeridos, algo que ocurrió con el trazado del tren Maya, por ejemplo. Y que ganó el INAI.
- Las consecuencias internacionales tampoco son mancas. El Instituto es certificador para las reglas de privacidad transfronterizas que afectan al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y poco puede hacer al respecto; sobre el convenio 108 que se mencionaba arriba, también están atados de pies y manos para garantizar algunos requisitos vinculados con ese acuerdo.
- Las organizaciones internacionales han enviado al Senado su adhesión al INAI y avisado de estas consecuencias, pero nada de ello parece convencer a un presidente ya convencido de que el instituto de transparencia es inservible y prescindible. No han sido pocos los ataques.
- Al INAI se le ha situado del lado de los neoliberales para denostarlo como falto de transparencia e incapaz de acabar con la corrupción, algo que no le compete, dicho sea de paso. Creado en la Administración de Vicente Fox, en 2003, ahora se le califica de “gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación”, en recientes palabras del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y hoy aspirante a sustituir al presidente en 2024.
- Esta declaración puede entenderse como parte de su programa electoral, llegado el caso. Otra de las aspirantes a mantener y avanzar en el legado de López Obrador es Claudia Sheinbaum. Si llegara a la presidencia, la exjefa de Gobierno de la ciudad tiene, sin embargo, su propia herencia.
- El instituto de transparencia capitalino no ha sufrido los recortes que han ido estrangulando al nacional, cuyo presupuesto ha caído un 22% del 2018 al 2023, en términos reales, según datos del Instituto, que cifra en 7,9 pesos lo que cuesta el organismo a cada mexicano por año.
También afirman los comisionados, que en otras entidades se esfuerzan por que sus institutos de transparencia sigan en plenas facultades. El futuro del INAI dependerá de hasta dónde decidan los morenistas mantener imperturbable el legado de López Obrador y sus sugerencias políticas. No hay gobierno que no esté reñido con la transparencia, pero no todos toman las mismas decisiones.
La parálisis sobrevenida desde la Cámara alta ha desincentivado el interés del ciudadano por conocer lo que le corresponde por derecho, según dicen los comisionados. La población consulta sobre el sistema de salud o el educativo, pero también de asuntos contractuales y decenas más. El INAI también ha resuelto casos que tienen que ver con el Tren Maya o con la corrupción en Segalmex, el organismo que garantiza alimentos baratos a la población pobre./PUNTOporPUNTO
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