La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró este martes que las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la prensa abonan a un “clima de descomposición” y violencia en un país que suma ocho periodistas asesinados en lo que va de año.
“En tres años, Artículo 19 ha contabilizado mil 945 ataques a la prensa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como 30 asesinatos a periodistas y dos desapariciones. Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85 por ciento”, inicia el informe sobre México, que está todavía pendiente de ser aprobado en la reunión de medio año del organismo, que inicia este martes.
- La organización recordó que las principales asociaciones no gubernamentales del mundo coinciden en el grado de peligrosidad que existe en México para ejercer la profesión.
- Además, precisó que todos los periodistas asesinados en 2022 fueron en “zonas de la provincia mexicana” y la mayoría contaban con antecedentes de amenazas y solicitudes de protección.
Según datos recabados por la ONG Artículo 19 y que cita el informe, López Obrador ha emitido 1.945 ataques a la prensa desde que inició su legislatura en diciembre de 2018, periodo en el que al menos 30 periodistas fueron asesinados y dos están desaparecidos.
“Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85 por ciento”, detalla el informe.
- Debido a los ataques a la prensa y los profesionales asesinados, comunicadores de todo le país realizaron en los últimos meses protestas de diversa índole para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero también el cese de las “expresiones de estigmatización” proferidas por la Presidencia.
- Sin embargo, el mandatario, según la SIP, “ha minimizado esas exigencias”, insiste en que las cifras de la violencia en México han disminuido y asegura que los medios tratan de perjudicar su imagen con sus críticas.
- Además, López Obrador ha acusado en varias ocasiones a los comunicadores de ser parte de una “conspiración empresarial para afectar a su Gobierno”.
Muestra de lo anterior es el espacio en su conferencia de prensa diaria “¿Quién es quién en las mentiras”, donde critica a medios no afines y asegura que los medios lo atacan “con falsedades”.
La SIP relata que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al presidente que suprimiese dicha sección pero no lo ha hecho.
“En este entorno de descomposición es que se han registrado cientos de agresiones de delincuentes y miembros del crimen organizado, en busca de inhibir la labor informativa”, enlaza el informe.
- El 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que “el Congreso deberá corregir las omisiones detectadas en la Ley General de Comunicación Social, que permiten el gasto discrecional de la publicidad gubernamental, para establecer criterios transparentes y claros sobre su otorgamiento”.
La Cámara de Diputados, controlada por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “ha ignorado el tema y solo ha dicho que tiene una prórroga judicial para corregir la ley hasta el próximo 30 de abril.
El 45% de los agresores de periodistas son autoridades municipales
Aunque la mayoría de las agresiones a periodistas se atribuyen a la delincuencia, el 61.3% de los que han solicitado y conseguido resguardo oficial para conservar su vida y la de sus familias se dedica a la cobertura de información política y no a la nota roja.
- Además, entre el 40 y 45% de los agresores de comunicadores son autoridades municipales, reveló Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
- Sin embargo, el funcionario desestimó que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas tengan alguna incidencia en la situación de vulnerabilidad con las que trabaja ese gremio en todo el país.
Ante diputados, con los que se reunió el 7 de marzo pasado, Irazoque, pidió “no politizar” el tema, delineó el plan del gobierno federal para atajar la violencia que viven periodistas y defensores de derechos humanos y, sobre todo, alertó que sin recursos aportados por las entidades y los municipios el mecanismo con un modelo federal y no nacional, es insostenible.
Las alertas
Durante la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el 8 de marzo, y en el Parlamento Europeo dos días después, México fue señalado como un país con niveles alarmantes de violencia contra periodistas y de vivir un clima en el que se denigra su trabajo.
A pesar de estos señalamientos, para la Secretaría de Gobernación los niveles de agresión a periodistas son menores que en otros sexenios. Durante todo el de Felipe Calderón de 2006 a 2012 fueron 101 los periodistas ultimados y durante el de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, ascendieron a 96.
- Las cifras oficiales desde 2018 a enero de 2022 sumaban 55 –hoy alcanzan los 57- comunicadores asesinados, según datos del Mecanismo que, a juzgar por la tendencia, indican que en 2024 al concluir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la cifra de víctimas podría ser igual, o superior a la mayor registrada en un sexenio.
- Por eso, a través de la Secretaría Gobernación, a cuyo cargo está el Mecanismo, Irazoque anunció que el gobierno federal alista una iniciativa de reforma constitucional para incluir que en materia de protección de defensores y periodistas el Congreso deberá emitir una Ley General de protección, y no una Federal.
El objetivo es que haya corresponsabilidad de estados y municipios en las políticas de protección a ambos sectores.
Sin recursos
Aunque el Mecanismo trabaja con normalidad, desde 2020 existe no sólo el decreto emitido por el presidente López Obrador sino las reformas legales aprobadas por el Congreso, para la extinción de 109 Fideicomisos, entre ellos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
- Bajo esta situación, en el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se constata que no se ha realizado ninguna acción tendiente a desaparecerlo.
- Aun así, se reveló que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos está amenazado no sólo por el decreto del Poder Legislativo que ordenó su desaparición, por razones de austeridad, sino también por las deficiencias que enfrenta.
- La auditoría aplicada dejó en evidencia deficiencias en la operación de la empresa contratada para brindar seguridad, cobros de más y ausencia de supervisión y de pruebas que acrediten la protección contratada.
Incluso hasta el Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cobró por servicios no comprobados./Agencias-PUNTOporPUNTO
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