En México, el alza en los precios de los alimentos no es sólo un indicador económico; es el reflejo de un fenómeno más profundo en el que se entrecruzan la seguridad, la economía y el bienestar social. En este momento, detrás de este incremento se esconde una red compleja de factores, y uno de los que destaca es el crimen organizado.
De los diversos ramales de la delincuencia organizada que operan en nuestro país, hay un delito en particular cuyo impacto se proyecta a una tercera parte de la inflación en los alimentos, lo que representa una cantidad considerable de dinero para los hogares.
- Se trata de la extorsión, una táctica insidiosa empleada por grupos criminales a gran escala, así como por células delictivas que, en nombre de reconocidos cárteles, logran someter y extorsionar a productores, distribuidores y comerciantes a lo largo de toda la cadena de suministro.
- El panorama que reflejan las cifras es preocupante. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión ocupa el primer lugar entre los principales problemas de los sectores comerciales, industriales y de servicios, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, seguido del robo o asalto de mercancías, dinero e insumos.
El costo económico de esta inseguridad es de grandes dimensiones. En 2021, las empresas mexicanas desembolsaron alrededor de 120 mil millones de pesos en medidas de seguridad y como resultado de las pérdidas sufridas debido al crimen organizado.
En ese momento, el gobierno no había reconocido, como lo ha hecho ahora, que la extorsión constituye una emergencia que debe ser atendida. Según la exposición de motivos de la iniciativa recién enviada por el Ejecutivo al Congreso para impedir que los extorsionadores sean liberados durante su proceso penal, este delito “ha tenido un fuerte impacto en el tejido social” y existe “un alto grado de impunidad en su comisión”.
Las consecuencias se sienten directamente en los bolsillos de las familias mexicanas. Según expertos en economía, aproximadamente 3% de la inflación en alimentos, frutas y verduras podría estar atribuido a la extorsión y el robo.
- De acuerdo con un análisis realizado por ejecentral indica que este efecto inflacionario puede traducirse en un deterioro de más de 100 mil millones de pesos en los ingresos familiares, debido a los crecientes costos para producir, transportar y comercializar esos productos básicos.
- Considerando que las familias mexicanas destinan cerca del 37.7% de sus ingresos a la compra de alimentos, los efectos son palpables. En 2023, una inflación del 7.28% en este rubro significó un efecto devastador de 253.6 mil millones de pesos en el gasto en alimentos.
De esta cantidad, aproximadamente 104.5 mil millones de pesos pueden atribuirse directamente a los costos delictivos que las empresas deben trasladar al consumidor final.
Este escenario tiene un impacto en la economía nacional. Según los datos proporcionados, el costo asociado al crimen representa aproximadamente el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un tributo oculto que las empresas y las familias mexicanas pagan como consecuencia de la inseguridad.
Es decir, los actos criminales ya están deteriorando, día a día, en la economía de poblaciones, ciudades y regiones, y los especialistas advierten que pueden frenar su desarrollo.
Un delito desencadenante
Imagínese esto: un agricultor que lucha por sacar adelante su cosecha se enfrenta no sólo a desafíos naturales como la sequía, sino también a la sombra amenazante de los grupos criminales que exigen su “cuota” por permitirle trabajar la tierra en paz.
- Esta “protección” no viene gratis; es un impuesto ilegal que se traslada al precio de los productos agrícolas. El problema no termina ahí. Una vez que los productos salen del campo, se enfrentan a otro obstáculo en su traslado. Los transportistas que llevan estos alimentos son blanco fácil para la extorsión, y no sólo por parte de los criminales, sino también de las propias autoridades.
Empresarios de diversos sectores productivos consultados por este semanario confirmaron estos pagos en efectivo y sin facturar. Así, los conductores deben pagar un “derecho de paso” para transitar por ciertas vías y evitar ser víctimas de otros delitos que ponen en riesgo sus vidas y la mercancía que transportan, como los robos con violencia. Incluso, cuando no pagan, corren el riesgo de que les incendien sus camiones. Todo este costo adicional se suma también al precio final que el consumidor paga en el supermercado.
Pero la influencia de los criminales dedicados a la extorsión va más allá del campo y las carreteras. Se infiltra en los mercados locales, donde los pequeños comerciantes luchan por mantenerse a flote. Lo mismo sucede con los establecimientos comerciales de todo tipo, incluyendo tiendas departamentales.
Las tiendas de barrio y los mercados de conveniencia se ven obligados a pagar también una “cuota” para operar sin enfrentar represalias, o les hacen creer la idea de que les venden seguridad a ellos y a sus negocios. Esto los obliga a elevar los precios de los productos básicos que ofrecen.
Los números oficiales son contundentes y muestran cómo las extorsiones en México están desbordadas.
- En lo que va de la actual administración, el número de víctimas reportadas por las fiscalías del país ha ido en escalada. De 2019 a 2023, se acumularon al menos 48 mil 804 personas extorsionadas en todo el país, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- La tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil personas se ubicó en 8.48 en 2022, con 11 mil 39 víctimas, la más alta desde 2015. Hasta el año pasado, el estado de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Morelos, Hidalgo y Veracruz encabezaron las tasas más altas de víctimas de ese delito.
La realidad es que ese aumento apenas representa una fracción mínima de la verdadera incidencia, ya que la cifra negra, es decir, las extorsiones que no se denuncian, es prácticamente del 100 por ciento.
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), la cifra negra en las extorsiones aumentó ligeramente, pasando del 98.7% en 2019 al 98.9% al cierre de 2021.
En ese mismo año, las extorsiones representaron la mayor incidencia de los delitos contra las unidades económicas del país.
De dos millones 868.5 mil delitos cometidos contra las empresas en México en 2021, según la última ENVE, 28.9% de esa incidencia corresponde a extorsión, lo que la convierte en el
principal crimen contra las organizaciones legales establecidas en el país.
- El incremento de 13% en la incidencia de extorsiones reportado por los organismos del transporte de carga federal en el último año es un fenómeno que, según Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), “se incorpora de manera directa a la cadena de valor de los distintos suministros”. Esto representa apenas el primer nivel en la cadena de este ilícito.
- El empresario explica que después sigue el “cobro de piso” por el derecho a vender, lo cual implica un costo adicional; además, en diversas regiones del país, los criminales llegan al extremo de apoderarse de las mercancías para dictar los precios finales al consumidor, lo que constituye “un tercer nivel de castigo”.
Cuauhtémoc Rivera explica que los extorsionadores no sólo se limitan al llamado “cobro por derecho de piso”, sino que también controlan la distribución y fijan el precio final de los bienes y servicios. Esto se ha documentado en entidades como Guerrero, Michoacán y estado de México.
Según Rivera Rodríguez, la suma de estos tres “pisos de castigo” puede impactar hasta en 20% el valor final del producto en algunas regiones, principalmente en zonas del Bajío, que incluyen Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y estado de México. Sin embargo, también se observa en áreas como Guerrero, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Colima y Morelos.
Bajo la premisa de que “la delincuencia no deja títere con cabeza”, el empresario sostiene que ningún tipo de negocio escapa a las extorsiones, desde tortillerías y pollerías hasta cremerías. Incluso, en el estado de México, las “croqueterías” (locales de comida para mascotas) también son blanco de estas prácticas.
Para Cuauhtémoc Rivera, el enfrentamiento que ocurrió a finales del año pasado y dejó un saldo de 14 muertos, donde pobladores de Texcaltitlán se defendieron de las extorsiones de integrantes de la Familia Michoacana, resulta muy ilustrativo de la realidad en la que están inmersos numerosos municipios y localidades en buena parte del territorio.
El crimen organizado pone precio a la agricultura mexicana
El 8 de diciembre de 2023, la enésima matanza en tierras mexicanas dejó 14 cadáveres en el pueblo de Texcaltitlán, a 125 kilómetros de la capital, en un enfrentamiento entre agricultores y sicarios.
- El oscuro problema que atraviesa la actividad agropecuaria en toda su cadena de producción debido a las extorsiones de los carteles. Ya no es solo la sangre de amapola la que riega los campos de cultivo.
- El maíz y el coco, el sorgo, los aguacates, el limón, el mango y la flor de Jamaica, el mundo rural entero sucumbe ante los cobros mafiosos por el uso del suelo, la producción, las cosechas y las ventas. El crimen organizado ha puesto precio a la tierra y al cielo, el hábitat inclemente en el que se desenvuelven los campesinos.
A las consecuencias insoslayables del cambio climático, la falta de ayudas gubernamentales y el envejecimiento de la población labriega se suma en México esta violenta circunstancia que ha dejado en el abandono en los últimos tres años cuatro millones de hectáreas de sembrado, según los datos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA. Los jóvenes migran. Con el lenguaje poético propio de quienes se crían en la naturaleza, lo expresa mejor la ejidataria Zenaida Correa Juárez. “Ya la gente no crece en el sueño guajiro”.
- La superficie rural de México cuenta 191,7 millones de hectáreas, de las cuales están sembradas 21,6 millones. Algo más de una cuarta parte es de riego y el resto de temporal, es decir, a merced de la meteorología, que este año no ha sido generosa en agua.
- Ese mensaje era el que llevaban los agricultores de Texcaltitlán a los miembros de la Familia Michoacana, el cartel criminal que el 8 de diciembre llegaba a pedirles el cobro del piso (extorsión) a razón de un peso por metro cuadrado: que no podían hacer frente a esos pagos que les esquilman las ganancias.
Además del ruego portaban machetes, armas y palos y se desencadenó la balacera. Esta vez el narco puso la mayoría de las víctimas, hartos los agricultores de las extorsiones seculares que les sumen en la pobreza. Si un tiempo lejano fueron los caciques colonialistas, ahora es el crimen organizado quien se quiere quedar con el fruto de la tierra sin haberla trabajado.
La culpa es resbaladiza en México. “Los criminales no vienen de fuera, nacen aquí, son también hijos de la falta de oportunidades, la pobreza, el hambre y la ignorancia”, dice Marco Antonio Reyes, dirigente estatal de la UNTA en Guerrero, uno de los Estados más fértiles y violentos del país.
Ocho regiones de biodiversidad distinta le conceden el primer puesto en producción de mango, coco y flor de Jamaica, y el segundo en mamey. Pero la actividad agrícola no deja buenos resultados en un lugar “con 60 años de atraso en los modos de producción”, donde todavía se usan bestias para arar la tierra en buena parte de los rumbos y donde hay tractores es a costa del esfuerzo económico de los labradores. Los muchachos ya no se conforman con la esclavitud del campo que se hereda por generaciones.
“He visto en un solo pueblo salir 10 autobuses con jóvenes a la migración”, cuenta Reyes. “Cuando llega la pizca [cosecha] del maíz no hay mano de obra”, lamenta. En Guerrero la ecuación es manifiesta: pobreza y violencia están abandonando las fincas. El 70% de la población del campo es aquí mayor de 50 años, y en otros sitios aún más, según la UNTA.
Hace más de 40 años que Álvaro López fundó la organización agraria UNTA, de la que es su dirigente nacional. En ese tiempo, especialmente las dos décadas primeras, perdieron la vida 1.362 compañeros activistas del campo, dice. El propio López cuida muy bien sus desplazamientos en coche, no quiere emboscadas criminales y estas lo mismo llegan del crimen que de los caciques agrarios, coludidos tantas veces unos y otros con la política local.
Maizales sin recolectar flanquean la carretera de camino a Chapa de Mota, en el Estado de México. “La cosecha está perdida”, señala el presidente de la UNTA, Álvaro López.
Desciende del coche y brinca la cuneta, deshoja una mazorca arruinada donde se aprecia el destrozo de las últimas lluvias en los granos. El agua llegó a destiempo y no hay forma de recolectar nada por ahora, a ver si el tiempo seca. El sol ha querido este miércoles dar la bienvenida a uno de los precandidatos de Morena para el municipio.
Debajo de un enlonado precario, cubierto el suelo también de lonas para tapar el barro, una treintena de ejidatarios lo recibe con carnitas y ponche caliente. Van tomando la palabra: que arregle el camino, que traiga la luz y el servicio de agua, que cuando llegue al asiento presidencial no los desconozca. Así le dicen. Y luego comen los tacos, el arroz y el mole verde. Las gallinas picotean afuera.
El profe, como llaman a López, presidente agrarista, también ha sido invitado al convivio político.
La UNTA ha dado su apoyo a la candidata presidencial morenista para las elecciones de junio, pero no ahorran críticas.
“Todos los países subsidian su agricultura, pero este gobierno, en aras de combatir la corrupción, ha tomado medidas drásticas y se han eliminado los programas de apoyo al campo conseguidos hace tiempo. La ausencia de políticas de fomento es la principal causa del abandono de las tierras. Y sí, había corrupción y malos manejos de los recursos, que a veces llegaban incompletos o no llegaban, al amparo de políticas propias de los regímenes pasados. Organizaciones agrarias y funcionarios cómplices hacían unos negocios y otros la vista gorda, pero se necesitan esos programas”, dice López.
“En este sexenio se ha matado al niño con todo y la bañera”, ejemplifica.
- El 70% de los fertilizantes venían de Ucrania y Rusia de modo que todo se ha encarecido ahora fuertemente por la guerra. Con datos propios recogidos por la organización en 30 Estados en los que tiene presencia, López asegura que no hay más de 14 millones de hectáreas cultivadas y sostiene que al menos el 30% de la superficie mexicana de temporal ha quedado ociosa.
- En 1993 la cosecha marcó un récord porque se fijaron precios y la gente se esmeró con ese aliciente, dice el agrarista, antes diputado por el antiguo PRD. Después de esa fecha, todo ha ido a peor, lamenta.
Hace ya un lustro que los capos mafiosos empezaron a imponer sus cuotas a los agricultores en algunos Estados, primero en función de la cosecha, ahora por metro cuadrado. Lo sufren en Guerrero, en Sinaloa, en Durango y en Guanajuato, por todas partes.
“En los invernaderos [los criminales] cobran un peso por metro cuadrado al mes, y si se trata de maíz, lo tienen que vender a los acopiadores, también del crimen, que te lo pagan como quieren. Todo: el frijol, las frutas, todo pasa por sus manos. También compran el ganado de cría a los productores y los carniceros, después, están obligados a comprárselos a ellos. Se han apropiado de todos los eslabones de la cadena”, explica por teléfono Marco Antonio Reyes, desde Guerrero. Recuerda que hace unos tres meses quemaron el mercado central de Acapulco. Y hace algunos más mataron a varios polleros en el de Chilpancingo, la capital del Estado.
Critican “el asistencialismo” puesto en marcha por este Gobierno, que ayuda contra las dificultades que adelgazan al mundo rural, pero no incentiva la producción, dicen.
“Hay que invertir en producción e innovación y crear un sistema de financiamiento sólido que inyecte recursos, no solo para los campesinos que cultivan una hectárea de autoconsumo”, solicita Reyes.
“Los créditos los están dando los coyotes y a muy alto interés. Es lo mismo que pasaba en la época de la colonia, los caciques prestaban para sembrar y luego exigían parte de la cosecha”. “Necesitamos”, completa Reyes, “una infraestructura agrícola productiva, es decir, almacenes, silos, maquinaria para procesar el mango, el coco, pero con una visión de alto impacto, no solo localista”.
Extorsión, se visibiliza cada vez más en la CDMX
El delito de extorsión en la Ciudad de México cada vez está más visibilizado. Agresiones, grescas, balaceras han sacado a la luz un problema que afecta a comerciantes y dueños de negocios en algunas zonas de la capital del país.
Entre las principales víctimas de las bandas dedicadas a la extorsión son micro y pequeños empresarios, así como pequeños comercios como tortillerías, carnicerías, mercados y restaurantes.
- Miguel abandonó su taller de maquila de ropa deportiva que tenía en el barrio de Tepito en el delegación Cuahtémoc a principios de 2022. La decisión la tomó después de que le comenzaron a llegar amenazas con llamadas a su taller para exigir un pago fuerte más cuotas semanales, a cambio de “protección” para él y su familia.
“Era pagarles y trabajar para seguirles pagando o dar por perdido mi taller. No denuncié, ¿para qué? Mejor me fui”, cuenta Miguel. El excomerciante, cuyo nombre fue cambiado por su seguridad, optó por mudarse con su familia fuera de la Ciudad de México.
Apenas el 2 de enero se registró una balacera entre policías y hombres armados, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) investigaban la operación de un grupo dedicado a la extorsión a través del cobro de piso en la Avenida Rojo Gómez, de la colonia Agrícola Oriental, en alcaldía Iztacalco.
- El enfrentamiento dejó dos personas muertas y siete heridas, entre estas últimas una niña de un año y cuatro meses. Del lado de los presuntos extorsionadores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) indicó se encontraban dos policías: uno de Tránsito de la SSC y otro de la propia Fiscalía, de la Policía de Investigación (PDI).
En otro hecho, a través de redes sociales se difundió en octubre de 2023 un video en el que se ve a dos sujetos con cascos de motocicleta entrar a una tienda de abarrotes en Iztapalapa para extorsionar y en otra estampa más, en febrero del 2023, un grupo de comerciantes ambulantes del Centro Histórico protestó frente a la Fiscalía capitalina por el cobro de piso al que están sometidos.
En el último año, la extorsión se incrementó un 38.9% con respecto al año anterior. En 2022 se abrieron 357 carpetas de investigación por este delito, mientras para 2023 subió a 496, es decir, 139 casos más que el año anterior, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- Tres alcaldías de la Ciudad de México concentran el 48.8%, es decir, casi la mitad de las denuncias por extorsión registradas en 2023 donde Iztapalapa se encuentra en primer lugar con 96, seguida de Cuauhtémoc con 80 y Gustavo A. Madero con 66 carpetas de investigación.
“Son lugares donde por las características demográficas y territoriales es muy posible llevar a cabo este tipo de acciones tanto por personas como por grupos más organizados”, considera Armando Rodríguez Luna, experto en inteligencia y seguridad.
- Para Rodríguez, el repunte en la extorsión se debe a que es una actividad que deja dividendos muy inmediatos, por medio de imponer miedo sobre las personas; y esto, se suma a una falta de capacidad institucional de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la investigación y persecución de este delito.
- Además, indica el experto, se añade a que individuos o bandas pequeñas pueden presentarse como integrantes de organizaciones criminales grandes como la Familia Michoacana o del Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que esto necesariamente sea cierto.
Pese al incremento en 2023 de la extorsión en la ciudad, Rodríguez advierte que el problema puede ser mucho mayor, debido a que se tiene una alta cifra negra en este delito.
- Para David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, el Gobierno de la ciudad y la Fiscalía capitalina concentraron la estrategia de seguridad en atender puntos como el homicidio doloso, robo a transeúnte y delitos de ‘cuello blanco’, pero ello significó una política de “brazos caídos” hacia bandas dedicadas a otro tipo de delitos, entre ellos la extorsión.
“Se dejó crecer y seguir avanzando a aquellas mafias que no eran tan violentas y no incrementaban la incidencia de homicidios pero sí se dedicaban a otras actividades delictivas como la extorsión», señala en entrevista.
Ante ello, considera Saucedo, pequeños grupos criminales locales, fuera del radar de las autoridades, optaron por la extorsión debido a la rentabilidad de este delito y a la facilidad de adoptar el nombre de organizaciones más grandes para intimidar a las víctimas.
Después de la balacera en Rojo Gómez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, dijo que se recibieron 10 denuncias por extorsión en la romería de juguetes que estuvo instalada en dicha avenida de la colonia Agrícola Orienta
“Nosotros recibimos diversas denuncias ciudadanas, después del evento se han seguido recibiendo denuncias a través de distintos canales. Se les dará seguimiento y se investigará cada una”, dijo el 4 de enero.
- Meses atrás, en octubre de 2023, el jefe de la Policía capitalina llamó a comerciantes a denunciar cuando sean víctimas de extorsión, luego de que circularan videos de presuntos extorsionadores operando en negocios de la Ciudad de México.
“Qué denuncien, la Secretaría trabaja de forma intensa, la denuncia y la información de la gente nos ayuda mucho, nosotros también hacemos muestra parte y vamos a seguir deteniendo objetivos», dijo entonces ante medios de comunicación.
La cifra negra
Denunciar no es fácil. Esto se debe en parte a la colusión de ciertos elementos dentro de las instituciones de justicia con grupos criminales, pues genera en las víctimas miedo a denunciar ante la posibilidad de represalias, anota Armando Rodríguez Luna, experto en inteligencia y seguridad.
- A nivel nacional, la cifra negra en el caso de la extorsión es del 97.4%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, del INEGI.
“La cifra negra puede ser cercana al 99%, se denuncia un microuniverso de delitos en relación con lo que realmente existe. La gente por una parte no denuncia porque sabe que no hay capacidad de investigación y el miedo los inhibe de denunciar; a la vez que cada vez más personas se dedican a esto porque el riesgo es muy bajo”, explica Saucedo.
Se agrega a que en el delito de extorsión hay un 99.8% de impunidad, de acuerdo con el estudio ‘Hallazgos 2022: Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México’ de la organización México Evalúa./Agencias-PUNTOporPUNTO
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