A pesar de la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con la corrupción, cinco años después de iniciado su sexenio el País ha retrocedido en los indicadores internacionales y se ubica entre las naciones peor evaluadas en la materia.
- El estancamiento en unos indicadores y el retroceso en otros, de acuerdo con los propios reportes, se debe, principalmente, a la impunidad prevaleciente, tanto para casos de corrupción cometidos en otras sexenios como los registrados en los últimos cuatro años.
«La promesa política de erradicar la corrupción no se ha cumplido», advirtió en entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
«Los grandes casos de corrupción siguen sin recibir sentencia», señaló, «y el dinero desviado por las tramas de corrupción tampoco está de vuelta en las arcas de la Nación».
- En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México se ha estancado y se ubica al lado de países como Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.
- En el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project ha retrocedido durante cuatro años consecutivos.
También se ha reducido su calificación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, que evalúa la eficacia de los países latinoamericanos para evitar la corrupción.
- En tanto, en el índice de riesgo de corrupción de negocios TRACE Matrix, que hace la asociación empresarial internacional TRACE y que mide la probabilidad de recibir demandas de soborno al hacer negocios, México también ha tenido retrocesos.
- El País, además, salió mal parado en la Evaluación Anticorrupción de América Latina (EAL) 2021-2022, del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, la cual advirtió de la existencia de un sesgo político en la lucha contra la corrupción.
- El estancamiento en unos indicadores y el retroceso en otros, de acuerdo con los propios reportes, se debe a la impunidad prevaleciente, tanto para casos de corrupción cometidos en otras administraciones como los registrados en los últimos cuatro años.
Señalan casos de corrupción emblemáticos Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, ex-Presidentes, entre otros, que no han sido aún sancionados en materia penal, y, entre los recientes, el desvío de 9 mil 500 millones de pesos de Segalmex y el del director de la CFE, Manuel Bartlett, acusado de haber ocultado la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que estaban a nombre de su pareja sentimental e hijos y que fue absuelto por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- En otra investigación, esa secretaría, que depende del titular del Poder Ejecutivo, determinó que el Presidente López Obrador no incurrió en conflicto de intereses al nombrar como asesor honorario del Tren Maya al dueño de Vidanta, Daniel Chávez, cuyos hijos dieron empleo en Estados Unidos a un hijo del Mandatario.
- A la falta de eficacia en la persecución, se suma la vulnerabilidad en la prevención, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer en junio pasado que en 2021 el Gobierno federal adjudicó 9 mil 761.8 millones de pesos a empresas de nueva creación, es decir, que no tenían experiencia en la prestación de bienes y servicios para los cuales fueron contratados.
- Además, reportó, el 41 por ciento del monto gastado en compras públicas se hizo a través de adjudicaciones directas y no de licitaciones públicas, proceso que limita la competencia y no da certeza de que las adquisiciones se hicieron en las mejores condiciones para el Estado.
Bajos puntajes. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, Transparencia Internacional otorgó a México una calificación de 31 puntos sobre 100 y lo ubicó en el lugar 124 de 180 países.
- Ese puntaje fue el mismo que el registrado en 2020 (31), el cual se ubicó por encima de 2019, que tuvo 29 y 2018, con 28, pero está aún por debajo de los 35 puntos obtenidos en 2014, el cual ha sido el mejor obtenido por el País.
- El IPC registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las naciones evaluadas.
«México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque, sino por País», indicó Transparencia Mexicana al dar a conocer el ranking.
- El retroceso del País también ha quedado registrado en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, que mide el respeto a la ley, y en el cual México ha retrocedido por cuatro años consecutivos.
- En 2019 obtuvo una calificación de 0.45, en 2020 sumó 0.44, en 2021 0.43 y este año 0.42. El índice otorga una calificación que va de 0 a 1, en donde 0 significa ausencia total de Estado de Derecho y 1 máxima adhesión al ordenamiento institucional.
- La evaluación toma en cuenta ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Cada uno de ellos es calificado de manera individual. En el que el País obtiene los peores puntajes es en ausencia de corrupción, en el cual ha venido cayendo en los últimos años: en 2017-2018 obtuvo 0.31; en 2019, bajó a 0.29; en 2020, retrocedió a 0.27; en 2021 bajó a 0.26 y este año se estancó en esa misma calificación (0.26).
Esto colocó al País en 2022 el fondo del ranking, al lado de Bolivia (0.25), Haití (0.25), Gabón (0.24), Camerún (0.24), Camboya, (0.23) y Congo (0.16), que es el último de la tabla.
- De acuerdo con el reporte, octubre de 2022, el Índice establece que la mayor percepción de corrupción está en el Poder Legislativo, ya que se considera que sus integrantes usan los cargos para obtener beneficios privados. Esta opinión se extiende a oficiales de policía y militares, así como integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo.
- En el caso del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, en la edición 2022 México obtuvo una calificación de 4.05 y se ubicó en el lugar 12 entre 15 países latinoamericanos, sólo por encima de Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63), y lejos de los punteros Uruguay (7.42), Costa Rica (7.11) y Chile 6.88.
«México se encuentra por debajo de la media regional en la variable que evalúa la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, los cuales, según algunos observadores, han sido utilizados para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos.
«El número de contratos estatales adjudicados directamente va en aumento, y las fuerzas armadas que no están sujetas al mismo escrutinio y normas de transparencia que los organismos civiles participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura», advirtió el reporte, dado a conocer en junio pasado.
- En el Índice de Riesgo de Corrupción de Negocios TRACE Matrix, cuya última edición fue publicada el mes pasado, México obtuvo un puntaje de 58 y se colocó en el lugar 116 entre 194 países evaluados.
- Este indicador establece una puntuación de cero a 100 y en él una menor puntuación significa menor riesgo de recibir solicitudes de soborno al hacer negocios.
- En la Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022, enfocada a diagnosticar los instrumentos de combate a la corrupción, México obtuvo una calificación de 5.64 sobre 10 posibles y se ubicó a la mitad de la tabla entre 17 países de la región.
El País destacó en el marco normativo, sin embargo, en implementación de las leyes y eficacia de las autoridades se redujo su puntaje. «A pesar de la fortaleza del marco jurídico, destaca en la información provista por la comunidad jurídica consultada que los principales desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico incluyen insuficiente voluntad política para su ejecución (a pesar de ser una de las banderas del Presidente actual).
Recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción, insuficiente independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia y capacitación inadecuada de los funcionarios y funcionarias públicas. Las consecuencias de algunos de estos desafíos son que la comunidad jurídica consultada detecta una justicia selectiva e impunidad», señaló.
Las veces que AMLO dijo que acabaría con la corrupción
Durante su campaña e incluso todavía el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia afirmó que en su administración «No habría amiguismo, nepotismo e influyentismo», pero hay más de un caso que se relaciona con la injerencia de sus relaciones personales en la asignación de cargos públicos y encomendación de proyectos.
Además de una docena de amigos, los hijos del presidente López Obrador tienen en la nómina federal a cuatro primos. Rodrigo Beltrán Campero Calderón fue nombrado este año coordinador administrativo en la SEP, responsable de la preparación de licitaciones y Martha Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente, se ha desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la dirección general de la CFE bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett.
- Pío López Obrador y el delito electoral. En agosto de 2020, el portal de noticias Latinus sacó a la luz un video grabado en 2015 que mostraba a Pío López Obrador, hermano del presidente, mientras recibía dinero en efectivo por parte de David León, quien en ese entonces se desempeñaba como consultor del gobernador de Chiapas en ese año, Manuel Velasco.
Esto constituye un delito electoral pues los recursos entregados como «aportaciones» a Morena no fueron transparentados y como te contamos aquí, cada peso que entra a una campaña o a un partido político y no se reporta a la autoridad electoral es dinero ilegal.
El pasado mes de octubre las autoridades decidieron cerrar la investigación por presuntos delitos electorales por «carecer de pruebas suficientes».
- Ignacio Ovalle, el intocable. El claro ejemplo de que la corrupción existe es el caso Segalmex, en el que se desviaron recursos por aproximadamente 12 mil millones de pesos, hasta ahora no hay un solo detenido.
La Fiscalía General de la República vinculó a proceso por segunda a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pesar de que existen pruebas de que el exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle, autorizó la compra de certificados bursátiles con recursos de la dependencia, la FGR no ha presentado ninguna acusación en su contra.
- Los fantasmas de Segalmex. Durante el sexenio de López Obrador se han registrado varios escándalos ligados a corrupción en los que utiliza empresas fachada para disfrazar el desvío de recursos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó en torno al caso Segalmex que la identidad de una ama de casa fue utilizada para crear una empresa «fantasma» que firmó un convenio por 465 millones de pesos para la venta de toneladas de azúcar. Hasta ahora quedan por recuperarse 80 millones de pesos por 4 mil 700 toneladas que nunca se entregaron.
- La opacidad de los Bartlett. Cuando asumió la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador nombró como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Manuel Bartlett, un año después agradeció públicamente por limpiar la corrupción la CFE, sin embargo, este político ha estado involucrado en casos de corrupción más de una vez.
No tan solo omitió su relación con 12 empresas en su declaración ante la Secretaría de Función Pública, también durante la caída de CompraNet, la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de su hijo León Manuel Bartlett recibió contratos millonarios.
Peros sus dichos contrastan con la realidad y nos permiten tener un panorama más amplio sobre cómo está actuando realmente el gobierno para frenar la corrupción y la impunidad.
El combate contra la corrupción
Cuando AMLO inició su gobierno, la confianza por parte de los ciudadanos a su proyecto de nación era mucho mayor que ahora, las cifras de la Encuesta MCCI 2022- Reforma indican que irá en descenso en los próximos años.
- En 2019, 72% de las personas consideraban que la estrategia contra la corrupción del presidente López Obrador estaba teniendo buenos resultados, pero con el pasar de los años eso ha cambiado, en 2022 solo el 44% de las y los mexicanos aprueban el combate a la corrupción del gobierno actual.
Sin consecuencias para los corruptos
Aunque López Obrador insiste en que su administración se distingue por una tolerancia cero a la corrupción, sus acciones dicen lo contrario, pues políticos que forman parte de su círculo no han tenido consecuencias pese a haber participado en prácticas ilícitas.
- Delfina Gómez, siendo presidenta municipal de Texcoco, retuvo, de febrero de 2013 a julio de 2015, el 10% del salario de cientos de trabajadores públicos para financiar ilegalmente a Morena.
- Pese a ello, este año se destapó como candidata a la gubernatura del Estado de México. La reacción de las autoridades ante un delito o un acto de corrupción es invitar a denunciar, pero en México las denuncias no garantizan el acceso a justicia.
- Idealmente las denuncias deberían iniciar un proceso de investigación para confirmar el acto de corrupción, dar con los responsables y tomar medidas, sin embargo, a veces la denuncia solo se traduce en enfrentarse a la indiferencia por parte de las autoridades.
El 65% de los mexicanos cree que denunciar es un acto inútil ya que no les garantiza el inicio de un proceso de investigación ni la ausencia de represalias. Es así como la falta de confianza en las autoridades genera impunidad.
Funcionarios que persiguen a sus propios enemigos
De cada 500 denuncias por delitos de corrupción solo una termina en sentencia, sin embargo, en este gobierno, personas que ocupan altos cargos políticos han utilizado su posición de poder para resolver asuntos personales.
- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero usó su cargo para ejercer acción penal contra Laura Morán y Alejandra Cuevas, que fueron acusadas del delito de homicidio por omisión en contra de Federico Gertz Manero, su hermano.
Sí hay corrupción pero, ¿ya no es lo mismo?
Aunque el 66% de las y los mexicanos considera al presidente honesto, las expectativas de que disminuyera la corrupción en este sexenio han caído gradualmente. Actualmente solo tres de cada diez personas consideran que la corrupción disminuirá en los próximos meses.
En México la percepción de la corrupción está normalizada porque los ciudadanos no ven un cambio aparente. La impunidad es percibida como la causa principal de corrupción en el país. La pobreza y la desigualdad también son vistas como causas importantes./PUNTOporPUNTO
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