Madres buscadoras aseguraron que a partir del 2018 creció la incorporación de mujeres a los colectivos que se encargan de la búsqueda de personas, y afirmaron que este fenómeno coincide con el escalamiento en las desapariciones y con la violencia y presencia de grupos del crimen organizado.
- Tras el tortuoso peregrinar de las madres en las agencias del Ministerio Público y las fiscalías, se dieron cuenta de que no eran escuchadas de manera individual, por lo que, para ellas, ingresar a los colectivos de búsqueda es la mejor forma de presionar para obtener respuestas y ayuda de las autoridades.
El colectivo 10 de Marzo de Tamaulipas, que encabeza Delia Quiroa, contaba con 150 personas, pero en el 2018 aumentó a 300 y en los años subsecuentes han ido ingresando más madres a buscar a sus familiares.
“Este 2024 se han integrado tres; en 2023 fueron como 20 y en 2022 otros 20; son madres de Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Coahuila. Fue desde 2018 cuando empieza un boom de mujeres que ingresan a los colectivos, debido a que aumentan las personas desaparecidas y hay más violencia”, explicó la activista a La Razón.
- Coincidió en que cada madre buscadora, por sí sola, no tiene la misma visibilidad que en grupo y por ello deciden sumarse, para hacer presión y buscar más ayuda y respuestas; además, comentó que en la actual administración las abandonaron, no hubo avances y se generó un desmantelamiento de las instituciones, por lo que resumió la gestión federal como “deficiente”.
- Fabiola Campos, vocera del colectivo Ágape en Nayarit, explicó que en el 2021 tenía sólo pocas personas en búsqueda, pero en el 2022 ingresaron 20 mujeres para ayudar en las labores y visibilizar cada uno de sus casos.
“Ha habido un ingreso mayor de madres buscadoras, porque en grupo no ponen tantos peros cuando vamos a denunciar una desaparición; digamos que presionamos a las autoridades. En conjunto es más fácil hacer trámites legales y dar a conocer todos los casos”, apuntó.
Desde su punto de vista, la violencia se encontraba en “graves niveles” en años anteriores; sin embargo, a partir del 2018 se vio un aumento en la violencia y desapariciones, dijo, y por ello deciden comenzar a alzar la voz, para salir a terrenos, montes, montañas y predios.
“A mí se me desapareció mi hija y es un dolor muy fuerte; por ello, en 2022 llegan más mujeres a buscar la oportunidad de ingresar; ahora somos 40 madres buscadores que diariamente salimos a búsquedas”, explicó.
- De acuerdo con el registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 2018 había, en el censo histórico (a partir de 1952), 53 mil 787 personas con el estatus de desaparecidas, mientras que para el 4 de mayo del 2024 suman 104 mil 136 personas no localizadas, una diferencia en seis años de 50 mil 349, casi la mitad del histórico.
- Por ello, este 10 de mayo tienen contempladas marchas, megaconcentraciones y protestas, así como seguir exigiendo justicia a las autoridades federales. Jaqueline Palmeros, vocera del colectivo Una Luz en el Camino, en la Ciudad de México, afirmó que los colectivos son fundamentales para avanzar en los procesos, debido a que, para las autoridades, las personas desaparecidas sólo son carpetas de investigación olvidadas.
“Lo que hemos visto es que juntas nos tienen más miedo, sobre todo cuando nos paramos en las fiscalías; por ello, en la ciudad es donde más mujeres madres hay, porque también es de las entidades donde más desaparece la gente”, a decir de la buscadora.
- Sostuvo que la pandemia fue un “punto de inflexión” para que las madres comenzaran a salir a buscar más apoyo, debido a que en esa época se “paró todo” y las personas se desesperaron por la nula respuesta de las autoridades.
- La vocera mencionó que “coincide el aumento de mujeres” con el incremento de la violencia, debido a que el crimen organizado comenzó a tener más presencia y, por ende, van al alza las desapariciones.
Manifestó que el 10 de mayo no es un día para festejar para las madres buscadoras, pues aprovechan ese día para alzar la voz y exigir justicia.
“Representamos a 42 familias, pero en 2020 es cuando ingresan más madres; por ello, cada 10 de mayo hacemos alguna marcha; sin embargo, este año nos vamos a reunir nueve mil madres en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, para hacer movilizaciones”, agregó.
A pesar de que hay una cifra negra y no un conteo real de madres buscadoras, porque cada año se crean más colectivos, las buscadoras señalan que, a medida que pasan los meses, muchas mujeres van ingresando para salir del anonimato y buscar a sus hijos o familiares.
Amanda Álvarez Antúnez, del colectivo Ehécatl en Nayarit y la Ciudad de México, dijo que “cada año hay más madres en los colectivos, no hay una cifra exacta porque se van creando más colectivos, pero lo cierto es que empezamos en el colectivo dos personas y ya somos en Nayarit 50 y en la capital 100 más”.
Cada vez somos más madres buscadoras
María Guadalupe Aguilar lleva 13 años tratando de localizar a su hijo José Luis,desaparecido el 17 de enero de 2011 en Tonalá, Jalisco. Su calvario arrancó cuando no había Fiscalía ni Comisión ni registro ni nada.
- Lupita, como le llaman sus compañeras, reconoció que desde entonces, muchas cosas han cambiado, pero la constante es la comisión de ese delito, porque los desaparecidos van en aumento en todo el país y cada vez hay más madres buscadoras. Este 10 de mayo, su mejor regalo sería hallar a su hijo.
- La coordinadora y fundadora del Colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej) recordó que formó el grupo, porque se dio cuenta, y eso le asustó, que no era la única madre que buscaba a su hijo, que eran más, en otros estados, y que las autoridades no hacían nada para dar con su paradero.
“Soy enfermera de profesión, gracias a Dios que yo ya estaba jubilada y entonces empiezo a dedicar mi vida a esto, a buscar a mi hijo y a estudiar, porque estoy convencida de que tenemos que conocer de leyes, genética, ciencia forense, derechos humanos y otras disciplinas más para seguir con nuestra labor”, explicó.
Con el paso de los años, afirmó, se creó la Ley General de Víctimas, la Comisión de Búsqueda y las fiscalías especializadas, que son de gran ayuda, pero que no se dan abasto.
“Por lo mismo, porque hay miles y miles de cuerpos, de cadáveres en los Servicios Médicos Forenses, pero no hay el suficiente personal para identificar a tantos y tantos restos humanos”, lamentó.
- Desde 2020, con la pandemia, nuestras oficinas están frente al Semefo, porque es ahí donde, tristemente, hemos encontrado a la mayoría y también porque nos hemos dado cuenta que la delincuencia se los lleva y los mata.
“Tristemente es un porcentaje muy bajo de los que encontramos con vida, por eso hay que exigir que la búsqueda sea inmediata, porque entre más pronto los busquen, más posibilidades hay de encontrarlos vivos. Desgraciadamente es un delito que va que va al alza”, añadió.
Madres Buscadoras exigen un alto a las desapariciones en México
En el marco del Día de las Madres, múltiples grupos de Madres Buscadoras realizaron una velada en el Monumento a la Madre, en Ciudad de México, para exigir justicia y honrar la memoria de sus familiares desaparecidos. Del mismo modo, demandaron un alto a las desapariciones forzadas en el país.
- No queremos más desaparecidos, más niños sin su padre o su madre. Me da risa que digan que en México hay democracia, ni en pañales, es una vergüenza esta situación”, afirmó una de las madres buscadoras durante la manifestación.
- Las madres de las víctimas se manifestaron con fichas de desaparición y veladoras para dar visibilidad a los casos; asímismo, compartieron sus testimonios, encendieron velas y escribieron en un papel los nombres de cientos de mujeres desaparecidas.
- Por medio de un sondeo realizado por El Universal, la mayoría de estos casos no han sido resueltos por el gobierno e incluso ignorados por las autoridades por considerarlos “antiguos”, lo que motiva la búsqueda de justicia por parte de sus familiares.
Colectivos de otros estados como Chihuahua y el Estado de México también se unieron para hacerse escuchar y destacar estas problemáticas en el marco del Día de las Madres.
Esta “acción por la memoria” fue organizada por colectivos como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Gobierno federal: sin cifras de huérfanos del feminicidio
La violencia feminicida en México deja cada año unos 800 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad, según estimaciones que ha hecho en esta materia el Gobierno federal, pero que reconoce limitadas.
No obstante, el país carece de una política pública nacional que tenga por objetivo garantizarles a los menores sus derechos elementales, una vez que pierden a la madre por una agresión machista.
- Durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha elaborado en dos ocasiones registros sobre las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio (NNAOF), con información de las autoridades estatales.
En el primer reporte con datos del 2019 titulado “Informe de Registro de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio u homicidio doloso de sus madres“, se indica:
- “Como resultado de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas desarrolladas en las entidades federativas y la Ciudad de México a partir de julio del 2019, se detectó la ausencia de registros de NNAOF”.
Por ello, se expone en el documento: “Con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de un registro de NNAOF, el Inmujeres solicitó a las entidades federativas información sobre lo datos de niñas, niños y adolescentes en el periodo que comprende de enero a diciembre de 2019, como resultado de ello al día de hoy contamos con la referencia de 796 de NNAOF que están identificados por las autoridades”.
En el 2022 el Instituto volvió a realizar este ejercicio sobre lo acontecido en 2021. El reporte se tituló “Identificación de niñas niños y adolescentes en orfandad por feminicidio de su madre“. En este nuevo documento quedó asentado que “las fiscalías reportaron en el periodo de enero a diciembre del 2021, un total de 859 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad, 397 niñas, adolescentes, 418 niños y adolescentes, y 44 infantes y adolescentes sin identificar su sexo”.
La misma autoridad advierte que esos datos son apenas una aproximación al problema. El Inmujeres en la respuesta por transparencia donde brindó estos reportes (folio 330019923000396) expuso:
- “La información recabada en estos sondeos no contiene todos los datos que requiere ni es precisa o estadísticamente representativa, ya que no todas las fiscalías reportaron información; aunado a que, se identificó que no todas las fiscalías cuentan con un mecanismo de registro de esta población, por lo tanto, es posible que en diversos casos de feminicidio no se haya identificado a hijas e hijos de las víctimas”.
Candelaria Ochoa Ávalos, especialista en temas de género, y además extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres advierte en entrevista que el país requiere diseñar y poner en marcha una política pública nacional que atienda a las infancias que quedan en orfandad por la violencia feminicida.
Esa política pública debería tener –según lo expresó– dos ejes que ella promovió durante su gestión en ese organismo: primero, confeccionar un esquema con el Poder Judicial “para ver la posibilidad de que las abuelas y abuelos maternos tuvieran la patria potestad de los infantes, (…) porque siempre el feminicida es la pareja de la mujer”.
- Advirtió: “Me tocó hablar con el presidente del Poder Judicial aquí (Jalisco) porque estaban dejando libre a un feminicida y además le estaban dando la patria potestad de sus hijos, (…) eso es algo que tenemos que prevenir muchísimo”.
- Las abuelas y abuelos se vuelven fundamentales para el cuidado de estos menores, expuso, pues mientras su madre ha fallecido, su padre –en caso de ser el feminicida- suele escapar o termina encarcelado.
El segundo eje implica “darles una seguridad social: que el Estado (mexicano) (…) procurara el bienestar del menor con alguna beca para mantener su estudio o sus servicios de salud. Es muy importante que las y los infantes tengan esa protección, porque todos lo sabemos: por este sistema machista y patriarcal son las mujeres las que se encargan de eso y, cuando su madre no está, las niñas y los niños no tienen esa protección”.
Concluyó: “Hoy, cuando las mujeres desafortunadamente fallecen porque son asesinadas por sus parejas, no tenemos ninguna seguridad para sus hijos y sus hijas. (…) Sí creo que tiene que existir, no solo un registro (…), sino una política generalizada, porque en algunos estados hay políticas como de buena voluntad, y en lo que tenemos que convertirlas es en una política legal, legítima, estable, que permanezca”.
Huérfanos por feminicidio olvidados por el gobierno
Atestiguar el feminicidio de sus madres a golpes o incineradas fue insuficiente para que los gobiernos mexicanos atendieran a estos niños. Apenas tres de cada 10 infantes huérfanos por feminicidio en el país recibieron acompañamiento parcial del Estado, por falta de coordinación institucional y cumplimiento de la ley.
El feminicidio se tipificó como delito en México en 2012 y al Gobierno Federal le tomó otra década reconocer la necesidad de atender a las hijas e hijos de las víctimas que quedaban desprotegidos. El 4 de agosto del 2021 se creó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio.
- Las metas del mecanismo eran crear un padrón de huérfanos por feminicidio y “garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social”, como lo presumió la entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, Olga Sánchez Cordero.
- A casi tres años del anuncio, la administración de Andrés Manuel López Obrador sigue sin publicar el padrón que prometió ni los resultados del mecanismo. Por ello, e-consulta y CONNECTAS, presentaron 967 solicitudes de acceso a la información pública y consultaron a expertos en derechos de la infancia.
Esta investigación revela que, desde la creación del protocolo hasta octubre de 2023, las fiscalías de 23 entidades del país identificaron a poco más de mil hijos e hijas de víctimas de feminicidios, pero las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes, autoridades obligadas a aplicar el protocolo, atendieron a sólo 318 infantes, en 50 por ciento de los estados.
Aunque la foto del alcance de esta política está incompleta, porque nueve fiscalías y tres Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), ente rector de las procuradurías de protección, no contestaron a las solicitudes de información.
Los expertos consultados coinciden en que los lineamientos del protocolo diseñados por el gobierno no son claros y esto no permite su correcta implementación, ni que se salvaguarden los derechos de este grupo de niños.
Estas fallas del mecanismo afectaron las vidas de cientos de familias, como las de Karen, Guadalupe o Nidia, víctimas de feminicidio. Los gobiernos de sus estados privaron a sus hijos e hijas de acompañamiento inmediato como lo establece el protocolo, pese a que varios de estos niños presenciaron los asesinatos de sus madres o recibieron amenazas en sus hogares, según testimonios recopilados.
Sin obligación no hay atención
El protocolo debe iniciar cuando las autoridades de seguridad pública identifican a menores de edad en casos de feminicidio. En ese momento, las autoridades de Policía o Fiscalía deberían informar a las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes para que los hijos de las víctimas sean evaluados por especialistas médicos, psicológicos y jurídicos, y que se diseñe un plan para la restitución de sus derechos.
- Los expertos coinciden en que el mayor problema del protocolo es su falta de obligatoriedad para las autoridades de seguridad pública del país, quienes suelen ser los primeros respondientes en los casos de violencia. Los únicos forzados a usarlo son las procuradurías de protección. Pero estas, en la mayoría de los casos, no reciben un llamado de las autoridades de seguridad, por lo que desconocen que deben intervenir.
- Por la falta de obligatoriedad o por no incluir al protocolo en sus estrategias internas de atención, 14 de las 32 fiscalías estatales del país no activaron nunca el protocolo. Mientras que las procuradurías de protección como la de Aguascalientes, Quintana Roo y San Luis Potosí negaron que el mecanismo sea parte de sus planes de atención por feminicidio.
Las estadísticas oficiales evidencian contradicciones sobre los resultados del protocolo. Las procuradurías de protección reconocen que atendieron a 318 hijos de víctimas por feminicidio. Mientras, las fiscalías estatales afirman haber activado el protocolo para 556 huérfanos por feminicidio.
A nivel nacional destacan las discordancias reportadas por las fiscalías del Estado de México y Coahuila que, en conjunto, activaron el protocolo para 222 huérfanos por feminicidio , pero la procuraduría de protección coahuilense contestó que “en este organismo no se han presentado dichos casos” , mientras la mexiquense contestó vía transparencia que “al no tener conocimiento de la activación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, esta Procuraduría de Protección no cuenta con información en los términos requeridos.”
- Aunque enseguida aclaró: “No obstante a lo anterior, esta Procuraduría de protección ha brindado la atención a una niña, cuatro niños y dos adolescentes mujeres por hechos derivados de un feminicidio con acciones propias de acuerdo a las funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en el Manual General de Organización hasta la emisión de su plan de restitución de derechos”.
- Al igual que el Estado de México, Nuevo León, Durango y Michoacán afirmaron haber atendido a algunos huérfanos por feminicidio, pero no en el marco de este protocolo.
- “El protocolo es un documento bastante escueto, desde el momento en que no determina responsabilidades de cada autoridad”, opinó la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido, al considerar que por la falta de precisiones sobre la responsabilidad de cada dependencia queda a voluntad de cada funcionario activar el protocolo.
La falta de claridad del protocolo afectó la vida de los cuatro hijos de Nidia en Aguascalientes, al no proporcionarles atención inmediata. El 6 de noviembre de 2023 su pareja, Luis N., ingresó por la noche a su domicilio, discutieron, la roció con gasolina y la quemó viva frente a tres de sus niños. El agresor intentó huir, pero no pudo por las quemaduras que también sufrió.
- Tras el ataque, tres de los hijos de Nidia salieron a pedir ayuda, para ir a Urgencias, en donde un hombre los trasladó al hospital y de acuerdo con la representante legal de la familia, Marisa Rugarcía Gonzaléz, no hay evidencia en carpeta de investigación de que al hospital acudiera alguna autoridad para atender la situación.
- La abogada recordó que un mes después del feminicidio, en medio de presiones de la prensa, el Gobierno de Aguascalientes sólo les ofreció a una terapeuta por un mes, porque la profesional dejaría su cargo. La abogada de la familia consideró que esta situación terminaría “revictimizando a los menores, poniéndoles una nueva psicóloga”.
Por la falta de cobertura gubernamental, la abogada de la familia comentó que consiguieron donativos para contratar a especialistas privados para los hijos de Nidia. El diagnóstico psicológico arrojó que enfrentan altos niveles de estrés y depresión, aunado a que aún se encuentran en estado de shock por lo sucedido y las niñas manifestaron pensamientos suicidas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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