El 31 de agosto de 2019, apenas nueves meses después de haber asumido la Presidencia de la República, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que la corrupción había sido desterrada del Gobierno.
«Ya puedo decirles aquí con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción arriba, puedo sacar hasta mi pañuelito blanco para decir ya no hay corrupción arriba», sostuvo en un mitin en el patio central del Hospital Rural del IMSS de San Salvador El Seco, Puebla.
- Desde entonces, el recurso del pañuelo blanco lo ha repetido en al menos otras seis ocasiones, cuando ha enfrentado cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción de integrantes de su familia o de aliados políticos que ahora forman parte de su gabinete como es el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
- Sin embargo, lejos de terminarse, la corrupción ha persistido en la actual administración, se ha hecho un uso político de su combate y ha habido un deterioro de las instituciones encargadas de su prevención y persecución que ha abonado a la impunidad.
El reporte más reciente sobre el tema, dado a conocer el pasado 16 de marzo, titulado Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020-2021, elaborado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, establece que en el País existe una justicia selectiva en la que se persigue a los adversarios y se exonera a los aliados.
«La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo.
«Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente», indica el informe.
Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center y editor del trabajo, dice que pese a las declaraciones de López Obrador de que la corrupción se ha extinguido la evidencia, en contrario, lo ha desmentido cada vez que surge un nuevo escándalo que involucra a colaboradores o familiares.
«Queda claro que no es el caso que ya no exista porque no puede no haber corrupción si no hay autoridades independientes y no hay capacidad de estas autoridades para atacar la corrupción.
«Uno de los temas que salió en el reporte, fue ver con preocupación este discurso, porque por un lado se dice que se acabó la corrupción y se están persiguiendo casos de corrupción de administraciones pasadas, pero al mismo tiempo surgen casos de corrupción relacionados con la familia del Presidente o de servidores públicos de esta administración y no hay voluntad para castigarlos», indica.
- Jorge Alberto Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que no hay país que no enfrente problemas de corrupción en mayor o menor escala.
«No existe Gobierno en el mundo sin corrupción, no existe. Los países escandinavos tienen niveles bajos de corrupción, pero tienen corrupción y la corrupción es como una enfermedad crónica, que a pesar de que es incurable se le puede ganar terreno para bajarla a niveles perceptibles, pero se requiere atención, cuidado y vigilancia todos los días», señala.
En la actual Admiración, dos de los hermanos del Presidente, Pío y Martín López Obrador, han sido exhibidos en video recibiendo fajos de billetes en efectivo, presuntamente para financiar de manera ilegal la campaña electoral de Morena en 2015, mientras que al hijo mayor del Mandatario, José Ramón López Beltrán, se le acusó de vivir en una casa de un contratista de Pemex y de trabajar con los hijos de un asesor honorario del tabasqueño.
- Un ejemplo claro de las irregularidades que persisten quedó de manifiesto en la última entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades por 5 mil 640.6 millones de pesos, que representa el 92.4 por ciento del universo auditado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
- Las anomalías fueron descubiertas al revisar la gestión financiera de la agencia en la que se encontraron inconsistencias en los pagos reportados para la adquisición de bienes y servicios, así como de las garantías otorgadas a pequeños productores agrícolas y ganaderos.
Algo similar ocurrió con Liconsa que no pudo acreditar mil 583.9 millones de pesos supuestamente ejercidos en la adquisición de distintos bienes y servicios relacionados con leche fresca, productos lácteos y transporte, así como anticipos pagados a proveedores y la obtención de rendimientos financieros.
El pasado 24 de enero, Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, en el cual México no tuvo avance respecto de la evaluación de 2020 al obtener una calificación de 31 puntos de 100 posibles y ubicarse en la posición 124 de 180 países evaluados.
Entre las razones por las cuales el País se estancó en la lucha anticorrupción, indica Transparencia Mexicana, es que los casos emblemáticos de corrupción heredados del sexenio anterior, como la Estafa Maestra, Odebrecht y la planta chatarra de Agronitrogenados no han sido sancionados en materia penal.
«Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.
«(Además) hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las Fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al Gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga», indica.
- Datos reportados por el Inegi muestran que la corrupción, lejos de desaparecer como lo declaró el Presidente, siguen siendo un flagelo que enfrentan en su día a día los ciudadanos, el 15.7 por ciento de los mexicanos mayores de edad reportaron en 2020 haber sido víctimas directas de un acto de corrupción, mientras que las empresas lo fueron en un 5.1 por ciento.
De 2013 a 2020, indica el Inegi, se registró un aumento sostenido en el porcentaje de personas víctimas de la corrupción, al pasar de 12.1 por ciento a 15.7 por ciento.
«En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 mil 769.7 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3 mil 822 pesos en promedio (1,372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017)», señala el Instituto.
- La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2021) señala que en 2020 el 35 por ciento de las empresas o comercios informaron que tuvieron al menos una experiencia de corrupción al tener contacto con autoridades de seguridad pública, mientras que en 2016 esa proporción fue de 27.5 por ciento.
Otras experiencias en las que estuvieron presentes actos de corrupción en 2020 fueron en la agencia del Ministerio Público, al realizar la apertura de un negocio, durante el desarrollo de juicios labores o mercantiles, así como en la gestión de trámites continuos de operación.
El recuento
La Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha publicado su anuario de la corrupción 2021.
Mencionan que el 2021 marca la mitad del camino en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Por lo que es posible identificar las tendencias del actual gobierno y prever los resultados para el tiempo faltante.
- Apuntan que una de las más claras y preocupantes es la falta de políticas públicas y acciones claras para combatir la corrupción, a pesar de haber sido una de las principales banderas de campaña del presidente. Los resultados a medio camino en esta materia han sido mucho más discursivos que efectivos.
- AMLO ha mostrado un triunfalismo que se repite en casi todas sus intervenciones públicas: la corrupción ha quedado erradicada de la vida pública, ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los “conservas”, ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos.
Agregan que lo cierto es que según prácticamente todas las encuestas especializadas —de percepción ciudadana o de medición de actos de corrupción— señalan que México o bien ha retrocedido o bien se ha estancado en materia de corrupción e impunidad.
Más aún: la política anticorrupción fue reprobada en abril de 2021 (El Financiero) por la mayoría de los ciudadanos (59 %) y las expectativas de que siga igual o empeore alcanza el 51 % (Reforma).
Más recientemente, Consulta Mitofsky (enero 2022) publicó que 79 % de la población piensa que hay mucha o regular corrupción y sólo 17 % poco o nada. Los casos de corrupción del 2021 hablan por sí mismos y se conocen gracias a la labor de los académicos, la sociedad civil y el periodismo de investigación.
Funcionarios de la 4T firmaron contratos con Odebrecht en 2006
En febrero de 2021, MCCI difundió documentos enviados por el Ministerio de Justicia de Andorra a México sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán durante 2006.
Uno de los funcionarios que firmaron los contratos con la empresa brasileña fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien, en febrero de 2021, se desempeñaba como titular del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República.
- El presidente López Obrador dijo que se iniciaría una investigación al respecto y ese mismo mes fue anunciada la baja de Mendoza. Sin embargo, en septiembre fue recontratado como director de área en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El primer año de AMLO y la ASF: 100 000 millones de pesos de irregularidades
La revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del primer año de gobierno de López Obrador identificó 100 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos.
- Hasta febrero de 2021 —cuando se publicó esta noticia—, 98.1 % de estos recursos continuaban sin ser justificados o regresados a la Tesorería, según una investigación de MCCI.
Esto rebasa al que era el punto más alto: 84.2 % (2018). La mayor cantidad, 55 000 millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales.
- Destaca que las siete entidades donde gobernaban Morena y sus aliados en ese momento sumaban 43 % de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que gobernaban doce entidades, tenían 17 %.
Caso Agronitrogenados
Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), fue extraditado desde España a México el 3 de febrero de 2021 e ingresó al Reclusorio Norte. Ancira fue acusado de vender con un sobrecosto de 200 millones de dólares la planta Agronitrogenados a Pemex y el pago de un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; sin embargo, el 19 de abril, Ancira fue puesto en libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio con Pemex en el que pagaría más de 216 millones de dólares para desechar las acusaciones en su contra.
- En agosto, Petróleos Mexicanos dio a conocer que Ancira no había realizado los pagos acordados. Durante los primeros días de septiembre, el presidente López Obrador informó que el propietario de AHMSA había prestado su avión y lo había cargado como viáticos al exgobernador de Coahuila y actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.
En diciembre, un juez dio por cumplido el primero de tres pagos por 50 millones de dólares que forma parte del resarcimiento de daños por parte de Altos Hornos de México.
Subsecretaría pedía aportaciones en efectivo a sus subordinados en el DIF
- La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación por denuncias recibidas en contra de la entonces directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez —nombrada en enero de 2022 subsecretaria del Bienestar— y dos de sus colaboradoras. García Pérez fue acusada de obligar, al menos desde 2019, a funcionarios del DIF a entregar entre 2 y 4 % de su salario como condición para mantener su empleo.
Un cálculo elaborado por Animal Político consideró que las entregas ascenderían a más de 650 000 pesos mensuales en total. García Pérez decía que el dinero entregado en efectivo era para el “Programa Ahijado” del que no hay registro oficial en el DIF. Los trabajadores de la institución recibieron de la directora un documento con las tarifas que debían aportar dependiendo de su plaza. Éstas iban desde 3000 pesos para una dirección general hasta 500 pesos para soportes administrativos.
Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca
La Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la FGR. El Congreso local de Tamaulipas determinó que no procedía la declaración de procedencia. Derivado de este procedimiento surgió una controversia entre la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo del estado: de acuerdo con la Cámara de Diputados, el gobernador ya no contaba con fuero y podía ser detenido; mientras que el Congreso local consideró que el fuero del gobernador se mantenía.
- El Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional ante la SCJN para determinar si el gobernador tiene fuero o no. La Suprema Corte admitió la controversia en julio y hasta el cierre de 2021 seguía pendiente su resolución. Por su parte, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del mandatario.
- Cabeza de Vaca interpuso un amparo y, a finales de dicho mes, un juez federal concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva para que no surtiera efectos la orden de aprehensión hasta en tanto se aclarara la cuestión competencial respecto al procedimiento de desafuero.
El diputado Saúl Huerta es acusado por abuso sexual
Saúl Huerta, diputado federal por Morena, fue detenido en un hotel de Ciudad de México después de que un menor de edad que trabajaba para él lo denunciara por abuso sexual. Huerta fue puesto en libertad luego de que sus abogados acreditaron su cargo como diputado federal.
El 11 de agosto la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero a Huerta y ocho días después fue detenido. Luego de su detención recibió otra denuncia de un joven de 18 años por causas similares a la registrada en abril. Sin embargo, este segundo proceso fue suspendido en enero de 2022, en tanto se resuelven los amparos presentados por el exdiputado y la presunta víctima. Huerta está en el Reclusorio Oriente en prisión preventiva.
Desplome de la Línea 12 del Metro
Un vagón de la Línea 12 del metro de Ciudad de México se desplomó después de que colapsara un tramo del paso elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Veintiséis personas perdieron la vida y al menos ochenta fueron hospitalizadas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prometió una investigación independiente a cargo de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) para conocer las causas del incidente.
- La Línea 12 fue inaugurada en 2012 —por Marcelo Ebrard aún como jefe de Gobierno de Ciudad de México y con Jorge Arganis Díaz Leal, entonces secretario de Obras Públicas y Servicios y actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes— con obras inconclusas, con un 70 % de sobrecosto y en medio de una gran desorganización en la gestión del proyecto.
José Luis Vargas: el magistrado acusado y removido
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas y algunos de sus familiares por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.
El 15 de julio la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) decidió no ejercer acción penal contra el magistrado y concluyó que no había elementos de delito. El magistrado expuso que algunos de los bienes que habían sido denunciados como suyos en realidad eran de su esposa, Mónica Bauer Mengelberg.
- La UIF presentó una nueva querella contra el magistrado y su esposa por transferencias irregulares al extranjero. El 30 de julio, un juez federal ordenó a la FGR reabrir la investigación y revocó la decisión de no ejercitar acción penal. El 9 de agosto Vargas renunció como presidente del TEPJF después de ser revocado del cargo por cinco de sus pares magistrados.
Secretaria de Educación retenía salarios en Texcoco
El 3 de septiembre, el INE sancionó con 4.5 millones de pesos a Morena por retener el 10 % del salario a 550 empleados del ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal durante la administración de Delfina Gómez (2013-2015), actual secretaria de Educación Pública. Los descuentos duraron hasta julio de 2015 y suman más de 12.8 millones de pesos.
Animal Político igual documentó que 4.2 millones de pesos de estos recursos fueron destinados a proveedores de las campañas de Delfina Gómez. El INE sólo pudo comprobar que 2.1 millones de pesos de esos recursos se pagaron a proveedores de Morena sin haberlos reportado a la autoridad electoral.
Pandora Papers
Quinto Elemento Lab y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicaron una investigación basada en la filtración de 11.9 millones de documentos que revelan que más de tres mil mexicanos trasladaron fortunas personales a paraísos fiscales. Esta filtración involucra a diez veces más mexicanos que los dados a conocer en los Panama Papers de 2016.
Entre ellos destaca Armando Guadiana Tijerina (senador por Morena), quien creó un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, con acciones por más de 28 millones de dólares, que no fue reportado en su declaración patrimonial. El senador señaló que no fue registrado por un error de sus contadores. También figura Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett), dueña de diez mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficina.
El proceso penal contra Emilio Lozoya
MCCI dio a conocer nuevos sobornos entregados por Odebrecht a Lozoya por 9.2 millones de dólares. También reveló la participación del exfuncionario en proyectos mineros internacionales y transacciones sospechosas desde Suiza a una fábrica de mezcal de su hermano. Por otra parte, Lozoya fue retratado cenando en un lujoso restaurante de una zona exclusiva de la Ciudad de México. Estas imágenes provocaron varias críticas en contra de la actuación de la Fiscalía General de la República.
Irregularidades en los contratos del AIFA
LatinUs revisó 966 contratos relacionados con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía; 70 % de esos contratos fueron asignados mediante adjudicación directa. La revisión encontró empresas fantasma, direcciones falsas y compañías dedicadas a otros rubros diferentes a la construcción. En total, empresas con irregularidades tuvieron asignados contratos por 78 millones de pesos.
Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero son acusados de enriquecimiento inexplicable
Reforma dio a conocer una denuncia presentada ante la FGR en contra de Santiago Nieto por presunto enriquecimiento ilícito. Entre 2019 y 2020, Nieto adquirió una casa de 24 millones de pesos al sur de Ciudad de México, otra en la ciudad de Querétaro, un departamento en Santa Fe de más de 8 millones de pesos y un auto de lujo por medio millón de pesos.
El propio Santiago Nieto reconoció que la vivienda al sur de Ciudad de México fue adquirida mediante un crédito hipotecario conjunto con su esposa Carla Humphrey. De acuerdo con estimaciones hechas por el periódico, los pagos mensuales por hipoteca superarían tres veces el salario que percibía Nieto como titular de la UIF.
Durante 2021, la respuesta de quienes están al frente del gobierno ante las evidencias por actos de corrupción no fue distinta a la de 2019 o 2020. Si de los allegados al gobierno se trata, los usos y costumbres dictan una de las siguientes respuestas
- Descalificación de los denunciantes
- Abstención de investigación por parte de las autoridades
- Ausencia de denuncias de presuntos delitos (aún los que se debieran perseguir de oficio)
- Falta de resultados en los pocos delitos denunciados
- Exoneración pública a través de la palabra presidencial en las mañaneras.
Manuel Bartlett
Uno de los casos fue el del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de quien en 2019 se dio a conocer que ocultó 23 residencias y 13 empresas con valor de más de 42 millones de pesos; es decir, nunca las dio a conocer en su declaración patrimonial.
Tras ello, la entonces titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, investigó el caso, pero declaró que Bartlett no era culpable ni de conflicto de interés ni enriquecimiento ilícito ni tráfico de influencias.
Irma Eréndira y John Ackerman
La titular de la SFP, la “zarina anticorrupción” del gobierno, también estuvo relacionada a un caso parecido al de Bartlett. Medios de comunicación documentaron que la política y su pareja, John Ackerman, poseen seis propiedades.
Estas propiedades fueron adquiridas a lo largo de nueve años, cuando ambos se desempeñaban como académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fueron pagadas de contado; además, el costo total asciende hasta 60 millones de pesos, cinco veces más de lo que aparecía en la declaración patrimonial de Sandoval.
Zoé Robledo
Otro escándalo fue de Zoé Robledo, quien según medios de comunicación otorgó contratos desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a empresas de su hermano. Sin embargo, el funcionario respondió que era falso y que nunca le había adjudicado contratos a sus familiares.
Ana Gabriela Guevara
También la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha dado de qué hablar y es investigada por la SFP, pues funcionarios de este organismo han sido señalados de enriquecimiento ilícito, entrega indebida de apoyos económicos a deportistas y entrenadores, asignación de recursos sin comprobantes y, además, hay en proceso auditorías de contratos a prestadores de servicios porque hay dudas sobre ellos.
- En agosto de este año, una encuesta de El Financiero reveló que el 55% de los ciudadanos considera que la exvelocista Ana Gabriela Guevara debe renunciar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
- Desde 2019, un año antes de que se suspendieran las Olimpiadas en Tokio por la pandemia, se comenzaron a ver los primeros indicios del problema al interior de la Conade: desde los recortes de becas, hasta la fuga de recursos y de talento, que a final se vieron reflejados en los resultados que la delegación mexicana obtuvo en los Juegos Olímpicos.
Ana Gabriela Guevara heredó una Conade con irregularidades, pero ahora las acusaciones por mal manejo empiezan a recaer sobre ella, pues las auditorías realizadas por SFP revelan irregularidades por hasta 57 millones de pesos.
Pío y Martín Jesús López Obrador
Pío y Martín López Obrador son llamados los «hermanos incómodos» del presidente. Ambos fueron exhibidos en videos recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, exfuncionario del gobierno de Chiapas y excooordinador nacional de Protección Civil.
- Primero, en agosto de 2020, el medio Latinus difundió videos en los que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, hechos que se remontan a 2015, el primer año electoral de Morena. Al ser cuestionado, el mandatario federal declaró que se trataba de «aportaciones para fortalecer al movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba».
El asunto —que sigue bajo investigación de las autoridades electorales y por el cual Pío López presentó una denuncia contra el periodista Carlos Loret de Mola, fundador de Latinus— fue comparado con el de los sobornos que presuntamente recibió el PRI por parte de Odebrecht para financiar sus campañas de 2012 y 2016.
Casi un año después, en julio de 2021, Latinus difundió otro video de «aportaciones». Ahora, aparecía Martín López Obrador junto a David León, también en 2015. En la conversación se escucha que ambos pactan la entrega de 150,000 pesos en efectivo. Sobre este asunto, el presidente López Obrador dijo que esos recursos fueron entregados a su hermano menor como parte de un «asunto personal».
Otros familiares «incómodos» del mandatario federal son:
- Felipa Obrador, prima del presidente: su empresa Litoral Laboratorios Industriales obtuvo contratos con Pemex por 365 millones de pesos en la pasada y actual administración, reportó Latinus; al final, se le retiraron los convenios.
- Ramiro López Obrador, otro de los hermanos del presidente, quien se benefició de la banca de Desarrollo Rural con un crédito por 1 millón 771,000 pesos, de acuerdo con Latinus.
- José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos mayores del presidente, así como un empresario cercano a ellos (Hugo Chávez Ayala), supuestamente se beneficiaron mediante el programa Sembrando Vida, según una investigación de Connectas.
David León Romero
La filtración del primer «videoescándalo» con Pío López Obrador coincidió con el futuro encargo que asumiría David León Romero: director de Bimex, la empresa distribuidora de medicamentos del Estado mexicano.
- León Romero dejó la Coordinación Nacional de Protección Civil para encargarse de Birmex en cuanto se creara. Pero con la difusión de los videos, dijo que no lo haría para que las investigaciones por la entrega del dinero siguieran su curso.
Con el segundo escándalo, protagonizado junto a Martín López Obrador, el exfuncionario federal y del gobierno de Chiapas dijeron que los recursos fueron entregados a título personal. «A claro que los recursos ahí mencionados fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo», escribió en un tuit.
Alejandro Esquer
A inicios de diciembre de este año, el secretario particular de presidente, Alejandro Esquer, fue señalado en una investigación periodística de Latinus y MCCI por su participación en una supuesta operación de financiamiento ilícito a Morena.
- Según la investigación, se trató de depósitos «hormiga» para evitar la rendición de cuentas, pues supuestamente se hicieron transacciones millonarias a una cuenta que sería utilizaría para apoyar a los damnificados del sismo de 2017.
- Los videos publicados por los medios muestran a seis funcionarios, entre ellos Alejandro Esquer —quien en ese momento era secretario de Finanzas de Morena— en una sucursal del Banco Afirme. Todos se formaron varias veces, con solo minutos de diferencia, para realizar depósitos de 50,000 pesos hasta sumar 1.4 millones de pesos.
La cantidad debió ser reportada a Hacienda, como ordena la Ley Antilavado, pero los funcionarios eludieron la rendición de cuentas a través de los depósitos «hormiga». Al respecto, el presidente López Obrador dijo que ese es un asunto que ya investigaron las autoridades electorales y –dijo– determinaron que no hubo delito.
José Ramon López Beltrán y Carolyn Adams
La organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó este jueves que el primogénito de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene una vida de lujos en Houston, Estados Unidos, donde incluso vivió en la casa de un ejecutivo de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).
- En una investigación periodística , MCCI documentó que López Beltrán y Carolyn Adams, su esposa, habitaron en 2019 y 2020, una mansión en una zona privada del fraccionamiento Jacobs Reserve en Texas, a las afueras de Houston, con un valor superior a 1 millón de dólares.
Las características de la propiedad son 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres estacionamientos, sala de doble altura, cocina, bar, salón de juegos, una sala de cine y una alberca con 23 metros de largo.
- Lo llamativo de esta propiedad es que, de acuerdo con documentos y registros consultados por MCCI, pertenecía en ese entonces a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo y la cual tiene contratos con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.
- Según registros de la propiedad, la residencia que habitaron José Ramón López Obrador y Carolyn estuvo hasta 2020 a nombre de Schilling.
Después de su estancia en Jacobs Reserve, la pareja se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de Carolyn Adams. En esta propiedad viven desde 2021.
La valuación catastral de la propiedad, para efectos del cobro de impuestos, es de 371,000 dólares, de acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, es decir, 7.6 millones de pesos. El inmueble es de dos pisos y cuenta con cinco recámaras y cinco baños completos sobre un terreno de casi 1,100 metros cuadrados.
Además de las propiedades, el hijo mayor del presidente López Obrador se mueve en Estados Unidos con una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida por su esposa en una agencia de vehículos de lujo en Conroe. Su precio es de 68,675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.
El nombre clave en la investigación es precisamente el de Carolyn Adams, pues en los registros consultados por MCCI es quien aparece como propietaria de la residencia en Harris y de la camioneta, así como la responsable durante su estancia en la mansión de Jacobs Reserve./Agencias-PUNTOporPUNTO
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