La Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Inegi reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% entre 2017 y 2019. Este indicador señaló que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019.
- El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento.
Estas cifras expresan tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas
- El costo total en 2019 a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con la autoridad fue de $12,770 millones, equivalente a $3,822 por persona afectada; el mayor costo provino de trámites educativos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que los actos de corrupción todavía se dan “abajo”.
“Hay algo también de eso, que vamos de arriba para abajo, como se barre las escaleras y abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que todavía siguen sin entender que esto ya cambió, por más que les mandó telegramas avisándoles: situación cambió, cero corrupción, cero impunidad, ten cuidado no vayas a terminar en el bote. Les mando los telegramas, pero a veces me escuchan, lo más importante es evitar la corrupción”, expresó.
Los escándalos de corrupción en la 4T
Hay pocas promesas más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador que terminar con la corrupción. Sin embargo, algunas de las dependencias y funcionarios de su administración han estado salpicados de acusaciones por irregularidades en los últimos días.
- En primer lugar, está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a cargo de Víctor Villalobos, la cual está siendo investigada por la Secretaría Función Pública (SFP) por comprar a sobreprecio costales de semilla de maíz a la empresa Semilleros Mexicanos Unidos (Semuac) para el Programa Nacional de Fertilizantes. Esto, debido a que los adquirió a mil 250 pesos cada uno, cuando cuestan 500 pesos en las tiendas comerciales, como reveló un reportaje de Noticieros Televisa.
- No sólo eso: la Sader en Guerrero almacenó durante tres meses 932 toneladas de maíz en bodegas del gobierno federal con condiciones inadecuadas, lo que ocasionó que los costales tuvieran plagas de gorgojos y afectará la cosecha en Guerrero a finales del año pasado, lo que generó una pérdida de hasta 60 millones de pesos.
Además que los costales no contaban con certificaciones para avalar su calidad, según un reporte que elaboró la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la cual concentra a Diconsa y Liconsa y apoya a los productores agrícolas.
El Programa Nacional de Fertilizantes inició a partir de la llegada del gobierno de López Obrador. Uno de los encargados de vigilar ese y otros programas sociales es el súperdelegado Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por estos actos, la SFP ya investiga a 12 funcionarios de la Sader, incluido al extitular del Programa Nacional de Fertilizantes, Jorge Gaje, según dijo Eréndira Sandoval.
Conade en la mira
Otra de las investigaciones en puerta es la de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la cual dirige la exatleta Ana Gabriela Guevara, pues la SFP detectó en 2019 irregularidades por más de 50 millones de pesos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
- Entre ellas, están casos de entrenadores deportivos que no cumplían con el perfil, entrega de facturas falsas, contratación de viajes de deportistas que inclusive triplicaron los costos y uso debido de instalaciones, según dijo Irma Eréndira Sandoval.
- Como respuesta, Guevara ha dicho que no puede dar una respuesta ante “el mitote” que se creó con la información de la SFP.
«Nuestro compromiso desde el día uno, llegó junto con este esquema de trabajo promovido por el presidente de no corrupción, y si hay alguien que se equivocó, si fuese el caso, que se proceda», dijo la exatleta.
Por su parte, López Obrador, dijo que “la única cosa que puedo decir es que nosotros no solapamos la corrupción de nadie. Si se encuentran elementos suficientes se va a proceder”.
El Bartlettgate
En mayo pasado, la senadora Xóchitl Gálvez presentó una denuncia en contra de la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez que vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ventiladores para tratar a enfermos de coronavirus.
- La senadora entregó la queja ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) pidiendo que se revise la adjudicación directa y la dirección de la empresa, que pertenece a una de las propiedades del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, su padre.
- La compra de 20 ventiladores por 31 millones de pesos por parte de la delegación del IMSS en Hidalgo a Cyber Robotics Solutions, empresa del hijo del funcionario, fue dada a conocer por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Los aparatos, señala la investigación periodística, son los más caros que han comprado dependencias federales.
FGR «investiga contratos» del gobierno con hijo de Bartlett
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionados con al menos 18 contratos concedidos por cinco dependencias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Orador a una empresa propiedad del hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
Esto ante la posibilidad de que varios de esos contratos, de los cuales 11 fueron concedidos por la vía de la adjudicación directa, se hayan otorgado de manera irregular por parte de los servidores públicos responsables. El monto total de los contratos supera los 268 millones de pesos.
- Autoridades federales informaron que se indaga la posible comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades contemplado en el artículo 217 del Código Penal Federal, en las modalidades de conceder ilícitamente adjudicaciones y contratos. Es un delito que alcanza hasta los 12 años de cárcel.
Lo anterior además de otros delitos de corrupción que pudieran resultar en el transcurso de la indagatoria.
- La FGR además tiene una carpeta de investigación en curso relacionada con posibles hechos de corrupción de Manuel Bartlett, luego de que el año pasado se dieran a conocer propiedades no reportadas relacionadas con el titular de la CFE. Hasta ahora no se conoce el grado de avance de dicha investigación que está a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Persiste impunidad
A partir de diversas revelaciones periodísticas la SFP y la FGR han iniciado investigaciones formales por posibles irregularidades relacionadas con Manuel Bartlett y su entorno, pero hasta ahora ninguna de dichas indagatorias ha derivado en algún tipo de sanción.
En agosto del año pasado se dio a conocer en el periódico El Universal que Bartlett y su círculo familiar mas cercano eran propietarios de al menos 23 distintas propiedades que no fueron declaradas por el titular de la CFE. Tras dicha publicación se iniciaron indagatorias y se presentaron diversas denuncias.
- Las SFP inició una investigación que concluyó cuatro meses después con el anuncio de que no procedía sanción alguna en contra del titular de CFE con diversos argumentos, entre ellos que las propiedades estaban a nombre de una mujer que no era esposa ni concubina sino solo amiga del funcionario, y que la dependencia carecía de facultades para indagar lo hecho por Bartlett antes de que asumiera el cargo.
- Quien sí mantiene una investigación abierta por este mismo hecho es la FGR. Se trata de una indagatoria que primero se inició en la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción y que luego fue remitida a la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales. Hasta ahora no se conoce el grado de avance de este caso.
Las millonarias propiedades de la Familia Sandoval-Ackerman
De acuerdo con un reportaje realizado por el equipo de Carlos Loret de Mola, la funcionaria ha ocultado el valor de sus propiedades y ha sido opaca en su declaración patrimonial —al reportar nueve millones 255 mil pesos cuando el valor de los inmuebles es de hasta 60 millones de pesos.
- El reportero Mario Gutiérrez Vega se dedicó a buscar en el historial de adquisiciones de Irma Eréndira Sandoval —y su pareja el académico John Ackerman. Según la investigación, además de ser opaca en su declaración patrimonial, la pareja recibió un regalazo del gobierno del Distrito Federal, durante la gestión de Ebrard.
- Se trata de seis propiedades que, de acuerdo con tabuladores inmobiliarios, tienen un valor de casi 60 millones de pesos. Es decir, cinco veces mayor a la cantidad que Irma Eréndira Sandoval declaró.
De las seis casas, cinco las compraron en sólo nueve años —a contado— mientras se desempeñaban como académicos de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Una más fue un “regalazo” del gobierno del entonces Distrito Federal, según el equipo de Carlos Loret de Mola.
Con “ayuda” de la Dirección General de Regularización Territorial —en aquel entonces a cargo de Alfredo Hernández, hoy funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum—, Irma Eréndira Sandoval recibió un predio en 2007, sin la necesidad de pagar por la sesión o los derechos por la inscripción.
Uno de los problemas que la investigación topó es que Irma Eréndira Sandoval no ha actualizado el valor de sus propiedades —ubicadas en zonas de lata plusvalía en CDMX y Morelos.
La secretaria de la Función Pública aún sigue declarando sus propiedades con el valor original. O sea, el costo del protocolo de las escrituras pero NO su valor actual.
Piden auditar a Irma Eréndira por corrupción
La dirigencia colegiada del Partido de la Revolución Democrática ( PRD ) propuso que la Cámara de Diputados audite, mediante una Comisión de Investigación , el origen de seis propiedades de la actual secretaría de la Función Pública , Irma Eréndira Sandoval , pues aseguraron que el gobierno de la llamada 4T está solapando actos de corrupción al interior de su administración.
Los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria exigieron ser transparentes el origen de esa fortuna y revisar su declaración patrimonial , ya que no coinciden con lo que realmente posee la función, en el que se incluye avalúos reales de sus propiedades.
4T espaldarazo a Irma Sandoval
Secretarios de Estado, funcionarios y legisladores de Morena cerraron filas en torno a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a su esposo, John Ackerman, luego de que el periodista Carlos Loret de Mola revelara que la pareja acumuló seis propiedades en el transcurso de nueve años mientras fungían como académicos de la UNAM.
- Los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Energía, Rocío Nahle; de Turismo, Miguel Torruco, así como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, se sumaron al apoyo.
- También el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
- Todos hablaron de campañas de desinformación contra la funcionaria y de que éstas tienen su origen en el combate a la corrupción que la titular de la SFP encabeza en el gobierno federal.
Sandoval Ballesteros, por su parte, dijo que no permitirá que «sicarios mediáticos» manchen su nombre ni el de su familia.
En el primer año de Sheinbaum aumentó corrupción
Según datos de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción aumentó en la Ciudad de México durante el primero año de gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque la percepción del fenómeno disminuyó.
Respecto a la tasa de incidencia (trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó un acto de corrupción), la ENCIG establece que en 2019 fue de 47 mil 834 por cada 100 mil habitantes (la nacional fue de 30 mil 456), mientras que en 2017 fue de 34 mil 111.
- Asimismo, la tasa de prevalencia de la corrupción (personas que experimentaron un acto de este tipo) fue de 20 mil 690 por cada 100 mil habitantes, arriba de la tasa nacional (15 mil 732) y levemente superior a lo registrado en la encuesta de 2017 (20 mil 93).
- Sin embargo, y como ocurre a nivel nacional, la percepción de la corrupción frecuente o muy frecuente disminuyó, ya que de 96.3 por ciento en 2017, pasó a 90 en 2019.
- En la ENCIG, la corrupción es el segundo problema más importante de la capital según 51.3 por ciento de la población (a nivel nacional es 52.8), detrás de la inseguridad y la delincuencia (80.6).
Otro dato que aporta una idea de la gravedad del problema es que 90 por ciento de la población mayor de edad considera que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes (a nivel nacional es de 87).
Los trámites que presentaron mayor prevalencia de corrupción en la Ciudad de México fueron el contacto con las autoridades de seguridad pública, trámites en alcaldías y los permisos relacionados con la propiedad.
- Sobre cuáles son los sectores que la población identifica como los más afectados por la corrupción, los primeros son las policías (89.3 por ciento), los partidos políticos (88.9), el Ministerio Público (86.6), las cámaras de Senadores y Diputados (83.1) y jueces y magistrados (79.3). Les siguen las alcaldías con 73.1.
Los sectores menos afectados por la corrupción son las familias (16.2 por ciento), vecinos (23.4) y compañeros de trabajo (23.5). Las instituciones con mayor confianza son la familia (85.9 por ciento), las universidades públicas (75.1) y las escuelas públicas de nivel básico y medio superior.
Acusan de coacción al secretario particular de Sheinbaum
Por presuntos actos de anticipación de campaña, uso de programas sociales y coacción del voto, el PRD capitalino denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario particular de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Luego de la difusión de videos, donde se observa a este funcionario en la entrega de despensas, acompañado de las diputadas locales de Morena: Gabriela Osorio y Guadalupe Chávez, el día 8 del presente mes, el mismo instituto político presentó una queja ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina.
- En la denuncia, los perredistas exigen al IECM le imponga una multa de 430 mil pesos, correspondientes a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), contra el funcionario.
- Además, deberá abstenerse de realizar y participar en actividades propagandísticas en su beneficio, a través de recursos públicos, sea de manera personal, vía electrónica o digital y por otro medio, mientras la autoridad electoral investiga los hechos.
Acompañados por el representante del PRD capitalino ante el IECM, Roberto López Suárez, los dirigentes del sol azteca calicaron como “insulto para la ciudadanía” este tipo actos por parte de funcionarios de Sheinbaum Pardo.
“Es una vergüenza, como pretenden disfrazar de acciones sociales un tema eminentemente electoral y de promoción personal de imagen, aprovechándose de la necesidad que padece la población en este momento de crisis”, acusaron los perredistas.
- Añadieron que el comportamiento de Ulloa Pérez y las diputadas locales que lo acompañaban, “muestran la desesperación de Morena porque saben que van en picada. Qué casualidad que haya sido el secretario de Sheinbaum, quien encabezó la entrega de despensas a los habitantes de Tlalpan, donde justamente gobernó su patrona”.
- En su escrito de demanda, los perredistas asentaron que “esta acción, evidencia que ya comenzó la campaña de Morena, con el visto bueno de su jefa. Ya sabemos quién será el candidato de su alcaldía, pero con el uso de recursos públicos, lo que además de ser un delito ocasiona una contienda inequitativa”, dijeron.
De igual forma, lamentaron que a pesar de que la jefa de Gobierno, “se llena la boca al decir que combate la corrupción, y que no utilizará el cargo para beneficio electoral, la realidad es que en los hechos demuestran otra cosa”, denunciaron.
Advirtieron que si no es sancionada la conducta del funcionario, “prevalecerá la impunidad como sinónimo de corrupción. Aunque la realidad es que no es el primer funcionario que realiza esa conducta, sino también diputados como fue el caso de quienes lo acompañaban”, destacaron los perredistas sin establecer por qué no las incluyeron en la demanda.
Esta demanda se suma a otra que la semana pasada presentó la dirigente perredista ante la Secretaría de la Contraloría por desvío de recursos públicos, abuso de funciones y peculado, luego de que el pasado uno de junio, el funcionario difundió por las redes sociales la entrega de despensas en el pueblo de San Miguel Ajusco en la alcaldía Tlalpan.
Sheinbaum, negocios y red de corrupción
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Sheinbaum se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente. Ella fue la encargada de regular la construcción del Segundo Piso del Periférico, por medio del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), dinero cuya información fue resguardada durante 12 años y no se ha abierto.
- El boom inmobiliario que se destapó a raíz de los daños que ocasionó el terremoto se remonta al año 2000. En aquel entonces, López Obrador creó diversos “bandos” (como el bando 2, emitido a pocos días de asumir) que fomentarían la construcción de viviendas en delegaciones céntricas como Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, estas últimas de las más afectadas por el terremoto.
- Este boom continuó con las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, en las cuales se fomentó la construcción de inmuebles en colonias “estrella” como Mixcoac, Del Valle, Nápoles, Narvarte e incluso en Tlalpan, donde ella se desempeñó en la administración pasada como Jefa Delegacional.
- Diversos medios dieron cuenta en su momento de esta situación y de como al amparo del accionar de estos gobiernos, las empresas constructoras edificaron utilizando productos de baja calidad, mientras vendían a altos precios lo que era presentado en la legislación como «vivienda social».
- El resultado fue evidente en el pasado terremoto de 2017 cuando se pudo observar decenas de edificios dañados, muchos construidos precariamente —como lo es el caso del Residencial San José ubicado en la colonia Portales que tenía lozas hechas de unicel—, lo cual le costó la vida a una cantidad aún indeterminada de personas.
Es claro que siguen siendo los políticos de ayer y hoy, ya sea dentro de las filas del PRI, PAN y el PRD, muchos de los cuales ahoran se visten de MORENOS la vide de los ciudadanos no es esencial, sólo en época electoral, menos les importan los sectores populares, pues la gran mayorúa ya forma parte de los nuevo ricos del gobierno.
- En el proyecto político de López Obrador figuran diversos personajes con perfiles turbios —expriístas, expanistas y sobre todo experredistas— asociaciones con empresarios, los mismos que se benefician de las concesiones que les otorga la autoridad.
Pero la cosa no para ahí, también alcanza a tantos sectores haya en la administración pública federal y sobre todo la capitalina, ya bien sea en sectores como Educación, Salud, Seguridad, y ni que decir de sus áreas de Comunicación Social, donde cada uno se lleva su tajada, dándose el lujo de vacacionar en playas del extranjero, cuando hace tiempo no tenian ni para ir a algún balneario cercano a la CDMX. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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