La posibilidad de que órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean ‘absorbidos’ por las secretarías de Estado, representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control, coincidieron diversos expertos.
El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará esa iniciativa de reforma al Congreso.
Al respecto, Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC), señaló que llevar a los órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado significaría convertirlos en unos órganos políticos, por lo que perderían la razón de ser por la que fueron creados que es “tomar decisiones técnicas”.
- Destacó dos casos de éxito: la Cofece, que ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos, y ha logrado beneficios por aplicación de la ley que ascienden a los 20.5 millones de pesos. Además, ha impuesto multas superiores a los 6 mil millones de pesos; y el IFT, que desde su creación, ha logrado reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos en beneficio de los consumidores.
Expertos critican iniciativa
Carlos Mena, especialista en competencia económica, indicó que tanto la Cofece como el IFT han demostrado una enorme aportación a la economía y al bolsillo de los consumidores, debido a su fortaleza institucional.
Agregó que las agencias reguladoras independientes aseguran que los compromisos de estabilidad regulatoria para la inversión sean creíbles, y que de esta forma, los empresarios puedan tener reglas claras para poder invertir.
“México se ha comprometido a nivel internacional, a través de tratados y otros instrumentos, a tener reguladores independientes de competencia, telecomunicaciones, energía”, señaló.
- En tanto, Eduardo Pérez Motta, socio de la firma SAI Derecho & Economía, resaltó la importancia de la autonomía.
- “Los órganos reguladores deben de ser de carácter técnico, la única lealtad que deben tener los comisionados y miembros de autoridades es al mandato de la ley porque así es como generan confianza que requieren los mercados para poder operar eficientemente. Su único trabajo es hacer cumplir la ley, no hacer política”, aseveró.
Detalló que si el Presidente quiere hacer modificaciones en este tema, no bastará con una ley administrativa, sino que tendrá que reformar la constitución.
Al respecto, la iniciativa privada manifestó que la idea del Gobierno por debilitar o eliminar a organismos autónomos genera incertidumbre para invertir.
“La concentración del poder, la eliminación de controles y del conocimiento técnico especializado no contribuirán nunca a alcanzar resultados positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.
- Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, comentó que regresar al órgano regulador a la SCT implicaría un retroceso de 25 años.
- “El diseño regulatorio de hoy es resultado de décadas de evolución, regresar estas funciones a una secretaría de Estado implica un retroceso de 25 años al menos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.
- Recordó que parte del trabajo del IFT ha sido desaparecer el roaming, realizar licitaciones de radio y televisión, y actualmente los programas de Aprende en Casa.
Por su parte, Irene Levy, especialista del sector, advirtió que la propuesta del gobierno federal implicará una reforma constitucional y sería violatoria del T-MEC, en momentos en que, además, ya se desapareció una subsecretaría.
“López Obrador está arremetiendo contra el IFT, dice que la SCT absorberá sus atribuciones (…) Acaba de acusar a los comisionados del @IFT_MX de corruptos diciendo que están vinculados con los preponderantes y las empresas extranjeras. ¿Qué dirán los comisionados?”, comentó en su cuenta de Twitter.
- Adolfo Cuevas, comisionado presidente interino del IFT, explicó que el planteamiento de cambiar el funcionamiento del instituto implicaría una reforma constitucional, además de que la existencia de un regulador independiente fue pactada por el gobierno de México en el T-MEC.
Destacó que desde la creación del IFT a la fecha ha aumentado la penetración de servicios y disminución en los precios.
Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, dijo que la propuesta en lugar de ahorrar dinero, se traduciría en caídas en inversión y pondría un precio al derecho constitucional de los usuarios como el acceso al internet.
“Estaríamos ante la tontería más grande de detener las inversiones por la incertidumbre que va a generar la nueva ley”, comentó.
Arturo Robles, comisionado del IFT, dijo que como funcionario del organismo está abierto al diálogo con el gobierno y a seguir con el plan de austeridad, pues el presupuesto del instituto ha tenido una tendencia a la baja de 38 por ciento.
Agregó que este tipo de anuncios genera incertidumbre para las inversiones y más en un contexto en donde se necesitan para hacer frente a la crisis sanitaria.
Control de los órganos sería convertirlos en órganos políticos
Llevar a los hoy órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado eliminaría el sentido técnico de las decisiones para convertirlas en disposiciones políticas, tornándose en un gran retroceso para el posicionamiento del país en materia de regulación, evaluación y control en temas muy relevantes como telecomunicaciones y radiodifusión, la competencia económica y la transparencia, con respecto a las tendencias democráticas en el concierto mundial.
Quienes integramos la Comisión de Competencia Económica en la International Chamber of Commerce México (ICC México), consideramos que el Ejecutivo Federal tiene maneras de influir políticamente y buscar el impulso de sus políticas públicas con los nombramientos como los que actualmente están en proceso, pero, insistimos, es prudente hacerlo dentro del orden constitucional y a partir de fundamentos técnicos.
- En ICC México creemos que llevar los OCA’s (órganos constitucionales autónomos) al seno de las secretarías de Estado es tanto como convertirlos en órganos políticos y perdería su razón de ser que es tomar decisiones técnicas.
- Esas decisiones técnicas son las que se han impulsado en el país y que solo pueden ser tomadas por los miembros de estos órganos con plena autonomía, a partir de la mejor medida para el bienestar del ciudadano común y no de grupos de interés o políticas públicas de corto plazo.
Algunos de esos beneficios propiciados por la existencia de los OCA’s se encumbran, tan solo en el caso de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En el caso de la primera, la Cofece, ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos; ha logrado beneficios por aplicación de la ley por 20.5 millones de pesos y ha impuesto multas por 6 mil millones.
Y en el caso del IFT ha reducido los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos para los consumidores. Se triplicaron los accesos de internet móvil y los accesos de internet fijo aumentaron 45%, las conexiones de fibra óptica aumentaron en 600% mientras que los accesos a TV de paga incrementaron de 43 a 58 por cada 100 hogares. Con la multiprogramación 30 millones de niños han podido ir a la escuela durante la crisis de COVID-19.
Y en el caso de la red compartida ha supervisado el despliegue de la red compartida y se ha disminuido la participación en el mercado de internet de los actores dominantes, 23 por ciento en Internet fija y 11 por ciento en móvil, además de 6 por ciento en telefonía móvil.
- Los integrantes de los órganos constitucionales autónomos son personas con alto perfil de conocimientos y experiencia, quienes fueron aprobados por los órganos legislativos de la Nación y toman decisiones colegiadas, precisamente para evitar que puedan ser influenciados y cooptados. Quitar autonomía a estos órganos y llevarlos al seno de las secretarías de Estado provocaría que se perdieran todas estas apreciaciones que les han dado alta reputación.
Por la complejidad de sus funciones, los OCA’s requieren recursos humanos especializados, su nómina salarial no es gasto corriente, es inversión en capital humano-necesaria para el país.
De hecho, la existencia de los órganos autónomos ha venido a impulsar en México la división de poderes, el equilibrio y apego al orden constitucional y el conocimiento en la toma de decisiones. Y su riqueza está en que, a pesar de formar parte del Estado, son un contrapeso para evitar la toma de decisiones interesadas que perjudiquen a la mayoría de los ciudadanos.
Los consumidores ganamos con reguladores técnicos y efectivos y blindados de influencias políticas de corto plazo. No nos equivoquemos, regresar a un modelo ya superado no tendrá ahorros presupuestales, ni va a mejorar los servicios a los ciudadanos, solo concentrará más el poder político.
Transparencia permiten recuperar la confianza en las autoridades
La política de mejora regulatoria es fundamental para construir las bases en un Estado que, además de preocuparse por el bienestar de las personas, potencie los beneficios que generan las empresas, a través de reglas claras y eficientes que optimicen el funcionamiento de las actividades económicas, productivas y comerciales, por el aumento a la competitividad y la confianza, aseguró la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
- “El INAI ha impulsado labores que se desarrollan en este Consejo Nacional -de Mejora Regulatoria- y que revisten gran importancia. La transparencia y el acceso a la información permiten que la ciudadanía no solamente recupere la confianza en las autoridades, sino conocer la forma en que se concretan en la realidad cotidiana los diversos trámites que se requiere agotar para cumplir con los mínimos exigidos por el Estado mexicano para temas tan cotidianos como la obtención de permisos, de licencias, de autorizaciones, necesarias para el funcionamiento de las empresas”, subrayó.
“Estamos convencidos que el derecho a saber puede convertirse en una herramienta estratégica para que se realicen ejercicios ciudadanos de evaluación de la consolidación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; y también vamos a impulsar aquellos mecanismos para el avance de la cultura de la transparencia”, enfatizó.
Ibarra Cadena reiteró el compromiso del INAI de mantener una colaboración constructiva que, sin demérito de la garantía de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, permita el avance de importantes proyectos del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria en el país; asimismo, informó que la Comisionada Josefina Román Vergara continuará teniendo la coordinación y estrecho diálogo con este equipo de trabajo.
Es para ahorrar y ser eficientes: AMLO
El nuevo paquete de iniciativas de reforma a la Constitución para la modificación de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados sería enviado al Congreso de la Unión de cara al nuevo periodo legislativo previsto para el 15 de enero, anunció el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- Entre el paquete de iniciativas para “ajustar el marco legal a la nueva realidad” estaría la revisión del marco legal para modificar además de Cofece y el IFT, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); órganos desconcentrados como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), o descentralizados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o el Centro Nacional de Control de Energía.
Para ello, convocó para el lunes próximo una reunión de gabinete para revisar el funcionamiento de los entes.
El jueves, el titular del Ejecutivo ubicó bajo la misma lógica a una serie de organismos, que, aunque cuentan con aspectos técnicos diferentes, representarían espacios de decisión y que –a su decir– representan gasto de recursos públicos.
“Tenemos que revisar estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman de presupuesto”, anunció.
- En principio, el Presidente mencionó que se revisarán los convenios con las empresas de energías limpias, “para el marco legal”.
- Se refirió al Sipinna, que depende de Gobernación, y que podría ser parte del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF).
- También mencionó al IFT, cuyos comisionados, dijo, “si me los encuentro en Palacio no los identifico”.
“De cuando se creó a la fecha ¿ha hecho una muy buena labor?, o sea, ¿qué?, ¿ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones? (…) tienen más injerencia los actores preponderantes que el Presidente”, enfatizó.
Explicó que este organismo tiene un presupuesto de mil 500 millones de pesos anuales, mientras que con la desaparición órganos como el INAI, Cofece, el IMPI y Sipinna, el ahorro sería de hasta 20 mil millones de pesos.
Sobre el INAI insistió: “¿no puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?”.
Finalmente, planteó que nadie ganará más que el Presidente: “vamos a enviar una iniciativa para que se convierta en decisión de Estado, y que los legisladores vean si van a seguir permitiendo estas cosas”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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