El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, informó que en el primer año de Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares existe un presunto daño patrimonial por más de 338 millones de pesos.
- En el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el Orfis indica que en las Secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, así como en 11 organismos públicos descentralizados y dos fideicomisos se detectaron anomalías.
- También señala un presunto daño patrimonial por más de mil 22 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y dos organismos paramunicipales, entre ellas la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada.
- Según el informe que fue entregado ayer al Congreso de Veracruz, entre los municipios en los que se detectaron inconsistencias se encuentran Coatzacoalcos (142.2 millones de pesos), San Andrés Tuxtla (56 millones), Emiliano Zapata (50 millones), Ixhuatlán (34.5 millones), Álamo (27.9 millones), Las Choapas (26.3 millones), Pueblo Viejo (25 millones), Lerdo de Tejada (24 millones) y Naolinco (22 millones).
Se presume que el daño patrimonial en Xalapa asciende a 7 millones.
En general, el Orfis detectó inconsistencias como anticipos de salarios, contratos de obra pública no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental.
En las auditorías técnicas a la obra pública fueron hallados sobrecostos en obra pública, falta de expedientes técnicos, obras sin terminar o fallidas, obras no ejecutadas, obras pagadas sin ejecutar o sin validación de la autoridad.
Al entregar el informe sobre los resultados de la auditoría practicada a los tres poderes locales, a 115 dependencias, 212 municipios y 15 entidades paramunicipales, Portilla señaló que una vez que la Comisión de Vigilancia emita el dictamen y sea aprobado por el pleno se iniciará la etapa de investigación sobre las observaciones en las que se determinó un presunto daño patrimonial o falta administrativa grave.
«(Esto) incluirá el substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y promover las acciones ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la imposición de las sanciones a que haya lugar; así como la formulación de las denuncias penales que se desprendan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por aquellos hechos presuntamente constitutivos de un delito», indicó el auditor./REFORMA- DIARIO DE XALAPA- PUNTOporPUNTO
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