Pese a que la virtual presidenta electa y las autoridades hacendarias han establecido que no es necesario generar modificaciones al sistema fiscal mexicano para poder impulsar la lucha en contra de la pobreza y las diversas desigualdades que aquejan a la población, especialistas en el tema y organismos internacionales han destacado la urgencia de generar reformas tributarias que permitan dotar de más recursos al Estado para cumplir, de forma exitosa y sostenible, con dichos pendientes.
Mantener vigentes los programas sociales que actualmente operan, además de impulsar su profundización, incentivar la implementación de obras de infraestructura, incluidas diversas rutas de vías férreas, y hasta la construcción de medio millón de viviendas para 2030, son solo algunas de las propuestas que destacan en “Los 100 pasos para la transformación”, el discurso con el que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, dio a conocer la serie de acciones que implementaría en caso de llegar al poder.
- Hoy, que su llegada al cargo político más importante del país es inminente, uno de los cuestionamientos más recurrentes entre analistas financieros, agencias calificadoras y hasta organismos internacionales radica en entender cómo se podrán financiar todos esos planes y proyectos, ya que tan solo en el último año, por concepto de desarrollo social.
- La administración saliente propuso gastar cuatro billones 384 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un monto que se mira lejano a disminuir si se suman los planes que la exdirigente de la capital plantea desarrollar.
Aunado a lo anterior, el hecho de que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que es la medida más amplia sobre diferencia entre los ingresos y los gastos que realiza, alcancen en este año una proporción récord de 5.9 puntos porcentuales del PIB, plantea la necesidad urgente de generar mecanismos que permitan al Estado mexicano contar con mayores recursos económicos; lo que podría lograrse a partir de una modificación al interior del sistema fiscal a partir de los criterios de equidad, justicia y eficiencia, expuso a Reporte Índigo Carlos Brown, director de conocimiento y justicia fiscal en Oxfam México.
“Es necesario impulsar esa transformación porque el México que va a tocar gobernar en las próximas décadas es un país muy distinto al que les ha tocado conocer a las últimas generaciones; es una nación que está envejeciendo y que se está enfermando por diversas razones, destacando las enfermedades crónico degenerativas, está enfrentando la crisis climática que se expresa en toda su crueldad, además de que se encuentra en medio del proceso de transición energética con una gran empresa petrolera a la que su modelo de negocios ya no le da; sin dejar pasar de que se trata de una deuda histórica, ya que en sí somos un país que recauda poco y no a quien se le debería de cobrar, y eso se necesita para financiar las necesidades de la población”, destacó el analista.
La postura oficial
Pese a que los indicadores propios de las finanzas públicas del país han expresado la necesidad urgente de una reestructuración en cuanto al gasto público y la recaudación que actualmente se realiza, las declaraciones tanto de la virtual próxima presidenta, como de las autoridades hacendarias han sido lapidarias, ya que el común denominador en sus respuestas ha sido que se cuenta con la estrategia adecuada.
- Por ejemplo, a pregunta explícita sobre el hecho de que se requiera una reforma fiscal en el país, Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, subrayó que hasta el momento no se ha contemplado una modificación de ese tipo, ya que el ámbito fiscal del país se ha mantenido sólido y con un nivel sostenible respecto a la deuda pública; dato que se espera cierre el año en un monto similar a 49.7 puntos porcentuales del PIB, según las estimaciones de Hacienda.
Incluso la exdirigente de la capital del país ha señalado que, por lo menos al inicio de su gobierno, no tiene contemplado implementar una modificación profunda al sistema fiscal mexicano; incluso, se ha comprometido a disminuir el déficit del sector público a 3.5 por ciento en el primer año de su administración a partir de la disciplina fiscal, la austeridad republicana y el combate a la elusión y evasión fiscal; estrategia que en la revisión a grandes contribuyentes, durante los cinco primeros meses del año, permitió recaudar 359 mil 25 millones de pesos, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Algo debe cambiar
- Aunque los datos del SAT y lo expuesto por los directivos de la SHCP reflejan la forma en que ha operado el sector público para hacerse de recursos económicos, vía tributación, y administrarlos, no significa que dichas acciones reflejen una estrategia eficiente para las arcas de la nación, explicó a este medio Alejandra Macias, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Una reforma fiscal es necesaria y urgente porque desde el análisis de la sociedad civil ha quedado muy claro, hay una debilidad en los ingresos, la renta petrolera está cayendo precipitadamente, tenemos un déficit muy grande y los gastos cada vez aumentan más”, consideró la especialista.
- El país ha figurado como una de las naciones que menor cantidad de ingresos tributarios recauda de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el pago de pensiones, el gasto federalizado y el costo de la deuda comprometieron gran parte del gasto neto total, y las renuncias recaudatorias representaron un monto similar a 4.18 por ciento del PIB, según el análisis del CIEP.
De lo anterior que aunque parezca inminente que algo dentro del sistema fiscal del país vaya a modificarse, el debate, de acuerdo con los analistas consultados, sea sobre cómo, cuándo y sobre qué actores deben de realizarse dichas modificaciones, antes de que sea demasiado tarde.
El equipo que busca impulsar la reforma fiscal progresiva
- Ante la necesidad de una transformación de gran calado dentro del sistema tributario mexicano, especialistas en cuestiones fiscales, análisis de la pobreza y la desigualdad, sugieren una puntural evaluación de los Programas Sociales vigentes, así como promover una Reforma Fiscal Progresiva.
Los datos son contundentes al exponer que en México debe de discutirse la necesidad de impulsar una reforma fiscal; sobre todo cuando el 80 por ciento del gasto neto total que se propuso para este año ya se encuentra comprometido para cubrir compromisos económicos impostergables, al mismo tiempo que más de nueve millones de personas dentro del país aún viven la expresión más álgida de la pobreza a pesar de contar con la mayor cantidad de gasto en desarrollo social implementado por parte del sector público del que se tenga registro.
- Por lo anterior, Gerardo Esquivel Hernández, Nora Lustig, Jorge Chávez Presa, Carlos Hurtado López, John Scott Andretta, Alejandra Macías Sánchez y Héctor Villareal Páez conformaron la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (CIJUF).
- “El gobierno entrante tiene la oportunidad de promover cambios al sistema fiscal que resulten en el aumento de la recaudación y la progresividad de los impuestos; así como promover prioridades de gasto para erradicar la pobreza extrema”, destacaron en su presentación.
“Hay muchas necesidades insatisfechas en la población y una fuerte presión en el gasto público hacia adelante; por ello es necesario discutir una reforma al sistema hacendario mexicano, que son los ingresos, los gastos, el federalismo, las pensiones, todo eso en una visión de conjunto”, puntualizó Gerardo Esquivel a Reporte Índigo sobre la necesidad crear la comisión y dar difusión al tema.
Impulsar reformas al sistema tributario para mejorar su progresividad y eficiencia; promover prioridades de gasto para la erradicación de la pobreza extrema, acceso a la protección social y la provisión de servicios públicos de calidad; mejorar el diseño institucional de la hacienda pública para asegurar la solidez y sostenibilidad de las finanzas públicas; fortalecer el federalismo fiscal para impulsar los ingresos públicos subnacionales y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones son algunas de sus recomendaciones.
“Actualmente el país cuenta con recursos públicos muy limitados; México tiene una recaudación baja en comparación al promedio de América Latina, se registra un déficit fiscal que compromete a las arcas de la nación y hay ambiciones importantes en gastar, justamente, en favor de los grupos más vulnerables; para lograr eso y hacerlo de una forma donde no penalice a los que menos tienen con impuestos indirectos, se requiere una reforma fiscal progresiva que se traduzca en un beneficio para los más pobres”, explicó a este medio, John Scott Andretta, investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la ventaja que podría tener la próxima administración si implementara una estrategia como la que él y el equipo de expertos está impulsando
Otro aspecto de la propuesta: ¡Que paguen los más ricos!
Dentro de los principios que engloban a una transformación tributaria justa se expone que, quienes han obtenido una mayor riqueza, retribuyan de forma equivalente a la sociedad, desde el aspecto tributario y sin mecanismos que les ayuden a evadir su responsabilidad económica y cívica.
- En un mundo tan desigual, donde dentro de una década tan convulsa y trágica como es la que actualmente transcurre, el sistema económico global se encuentra más cercano a producir su primer billonario que lograr erradicar la pobreza extrema en cada rincón del planeta, de acuerdo a las investigaciones de Oxfam; una situación que puede revertirse si las personas con mayor riqueza redistribuyen un porcentaje de ese recurso para poder atacar las grandes brechas y desigualdades que millones de personas padecen.
- En ese sentido, Gabriel Zucman, economista francés y especialista en temas de desigualdad y redistribución, elaboró un informe para el grupo del G20 con una propuesta de cooperación fiscal que pudiera apoyar en el combate de las grandes desigualdades que afectan incluso a las economías más avanzadas, y lograr generar una mayor cantidad de recursos para conseguir dicho objetivo; donde el resultado fue lapidario: los que más tienen deben de aportar parte de su riqueza.
“Este informe presenta una propuesta para una norma coordinada internacionalmente que garantice una tributación efectiva de las personas con un patrimonio neto ultra alto; en la propuesta de base, las personas con más de mil millones de dólares en riqueza tendrían que pagar una cantidad mínima de impuestos anualmente, equivalente al dos por ciento de su riqueza, esta norma podría ser implementada de manera flexible por países participantes a través de una variedad de instrumentos internos, incluido un acuerdo presuntivo sobre un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la renta sobre una noción amplia de renta, o un impuesto sobre el patrimonio”, se lee en el informe elaborado por el Zucman al G20.
- Con la aportación de tres mil ultra ricos y contribuyentes, que podrían llegar a generar un monto cercano a 25 mil millones de dólares al año, y que resultaría ajeno a las políticas y estructuras fiscales vigentes en cada país, se podría impulsar una economía más sostenible y justa, lo que paradójicamente, beneficiaria a mediano y largo plazo a quienes aporten ese recurso, concluyó en la propuesta.
- Aunque la idea podría generar incomodidad dentro del grupo de ultra ricos, el economista francés destacó en la presentación de su informe para México que ha encontrado un apoyo de hasta el 80 por ciento sobre la consideración de implementar un sistema tributario más progresivo, como el que ofrece en el documento elaborado para las 20 economías más avanzadas del mundo.
- Incluso dentro del país la propuesta de Zucman podría generar un efecto positivo y profundo, ya que las fortunas de los hombres más ricos de la nación podrían aportar un recurso suficiente para que los más de nueve millones de personas que se encuentran actualmente en condición de pobreza extrema, pudieran mejorar sus condiciones de vida, reflexionó al respecto Carlos Brown, director de conocimiento y justicia fiscal en Oxfam México.
Gasto público tuvo un incremento real anual de 17.3%
- En los primeros cinco meses del año –período en el que se registraron las precampañas y campañas electorales–, el gasto público tuvo un incremento real anual de 17.3 por ciento, reportó la Secretaría de Hacienda.
- El monto, que sumó tres billones 780 mil millones de pesos, es superior a lo previsto en el Presupuesto para ese lapso, pues se tenían contemplados tres billones 759 mil millones, según el Informe de Finanzas Públicas correspondiente a mayo.
Al interior del gasto destaca el aumento anual del destinado a ramos administrativos, es decir, los recursos gastados por las Secretarías federales.
En términos relativos, el mayor incremento lo tuvo la Secretaría de Energía, cuyo desembolso fue 462 por ciento mayor que el año pasado, al sumar 152 mil millones.
- Le siguió Turismo, con un gasto de 87 mil millones de pesos, un incremento de 205 por ciento. Ambas dependencias tienen a su cargo dos de las obras insignia del actual Gobierno: la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, y el Tren Maya.
Detrás de estas dependencias estuvo la Secretaría del Trabajo, con un incremento de 88 por ciento; Defensa Nacional, con 71 por ciento, y Seguridad con 42 por ciento.
- Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó que el gasto se aceleró por las erogaciones para tratar de concluir las obras insignia del gobierno, aunque tal vez no se logren terminar antes de que acabe el sexenio.
- Asimismo, se adelantó la entrega de los programas sociales para generar una mayor satisfacción entre la población, pero también por la restricción de repartir dinero previo a la elección. “El contexto electoral provocó, por sí sólo, un aumento de 51.1 por ciento en subsidios y transferencias”, destacó México Evalúa.
Ingresos, con menor avance
- Por otra parte, los ingresos tributarios del sector público en los primeros cuatro meses del año sumaron 1 billón 768 mil 312 millones de pesos, y crecieron 5.6 por ciento real, respecto de igual periodo de 2023, detalló Hacienda.
Destacó la baja del ISR en 1.5 por ciento, mientras que en el IVA se reportó un crecimiento de 4.8 por ciento. Los ingresos petroleros crecieron 3.8 por ciento en el mismo periodo. Así, mientras el gasto creció a un mayor ritmo, los ingresos en Tesorería fueron más lentos, por un menor ritmo de avance en la recaudación y recursos petroleros.
- Janneth Quiroz, directora de análisis de Monex, expresó que el incremento del gasto público ya era esperado desde la aprobación del Paquete Económico de 2024, lo que dio como resultado erogaciones que no se veían en varios años.
“A la par, se registraron menores ingresos ante esta desaceleración económica que vimos a principio del año. Lo que no estaba tan descontado es que tuviéramos este nivel de ingresos, considerando que las apuestas apuntaban a que en el primer semestre del año tendríamos un crecimiento más robusto”, abundó.
“El que al final vayamos a tener un mayor déficit es algo que ya se tenía esperado”, recalcó.
- Por su parte, Sergio Luna, economista en jefe y desarrollo de nuevos negocios de Grupo Financiero Mifel, coincidió al señalar que los números del reporte de Hacienda no sorprenden porque es algo que ya se había anunciado.
Repunte general
- Al cuarto mes del año, la inversión física ascendió a 337.8 mil millones de pesos, lo que implicó un aumento de 27.7 por ciento frente al mismo periodo de 2023. El gasto de ramos administrativos creció 67 por ciento y de energía 253 por ciento.
- Los rubros con mayores aumentos en las erogaciones de enero a abril de este año fueron del gasto programable con un alza de 24.2 por ciento real, a 2 billones 166 mil 795 millones de pesos.
- Dentro de los gastos de operación del gobierno, las compras de materiales y suministros se elevaron 94.4 por ciento; las erogaciones en inversión física directa subieron 82.8 y la inversión financiera directa se elevó 169.3 por ciento.
Miguel González recalcó que en el segundo semestre será mucho menor el gasto y la actividad económica por el fin del sexenio, es como cuando las empresas cierran los libros para hacer un balance por el fin del año.
Mayor déficit
González indicó que el déficit fiscal en todo el año será mayor al 5.9 por ciento del PIB previsto por Hacienda, y algunos analistas consideran que podría llegar a 6.2 por ciento del PIB.
- Para el 2025 se prevé una consolidación fiscal, para bajar el déficit a 2.5 por ciento, pero sería un ajuste muy fuerte y difícil de lograr, por los compromisos que existen de los subsidios para que opere el Tren Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas.
“Lo que pasa es que los proyectos de tal envergadura pueden demorar entre 5 y 10 años en lograr su punto de equilibrio. No se está considerando que se les deberá estar dando subsidios para el gasto de operación y mientras más trabaje el Tren Maya requerirá de mayor combustible y de más personal. Esto seguirá impactando el déficit; no lo han hecho público, lo saben, pero no conviene difundirlo”, añadió el académico de la UNAM.
México requiere 9 bdp para garantizar pensiones
- Mientras que la Secretaría de Hacienda afirma que el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene una “solvencia asegurada” para los próximo 20 años, expertos consultados afirman que los recursos solo alcanzarán para 10 o máximo 15 años.
- El Fondo empezó a operar con más de 44 mil millones de pesos, pero las fuentes que lo solventan según las reglas se irán agotando, aseguró Pablo Pérez Akaki, líder en región Ciudad de México del FAIR Center de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey.
”Las fuentes que mencionan las reglas del Fondo se irán agotando y alcanzarán para los próximos 10 o 15 años. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ya no tendrá recursos y el Tren Maya, Mexicana, aeropuertos y otras empresas estatales no generarán suficientes utilidades para solventar su operación y transferir recursos al Fondo”, dijo en entrevista para el diario Reforma.
- Se dice que se venderán activos del ISSSTE y parte de esos recursos financiarán el Fondo, lo que es preocupante porque es un intercambio de prestaciones: pensiones por servicios de salud, sostuvo. Para los próximos 50 años, México requerirá alrededor de 9 billones de pesos para garantizar pensiones justas a los trabajadores.
- Esta cifra equivale a casi 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que los recursos del Fondo deberían crecer mucho más que la economía, añadió.Claudia Castro Hernández, directora en Retiro de la correduría Willis Towers Watson (WTW), coincidió en entrevista por separado que los recursos durarán 15 años.
Ambos especialistas aseguraron que el reto es que tenga otras fuentes de fondeo.
”Las reglas establecen que el Fondo invertirá en instrumentos gubernamentales, pero en el entorno actual esta estrategia es insuficiente y se deben evaluar otras estrategias de financiamiento”, aseguró.
- En el marco de la Feria de las Afores 2024, Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, aseguró que el Fondo tiene una “solvencia asegurada” para los próximos 20 años.
- Afirmó que se está alimentando de diversas fuentes de financiamiento y que están llegando recursos del Infonavit, Fovissste, adeudos de gobiernos estatales, de las cuentas asignadas e inactivas, entre otras.
- Añadió que está en curso un trámite administrativo con el que se tiene previsto que esta semana lleguen 12 mil millones de pesos provenientes de la liquidación de la extinta Financiera Rural.
El Fondo garantiza un pago equivalente al último salario del trabajador, pero con pensiones topadas en alrededor de 16 mil pesos al mes.
Hasta ahora ya se han pagado 274 complementos de pensión y se espera pagar 30 mil complementos en 20 años.
Gasto en pensiones se elevó 6.7% en 2024
Los compromisos pensionarios del gobierno federal continúan con un crecimiento ininterrumpido. Datos oficiales revelan que en los primeros cinco meses de 2024 el gasto en pensiones del gobierno registró un incremento real de 6.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, por lo que apuntan a cerrar 2024 en un nivel sin precedente.
- Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que entre enero y mayo pasados el monto del presupuesto destinado al pago de pensiones del sector público ascendió a 573 mil 702 millones de pesos, mientras en el mismo lapso de 2023 la cantidad erogada fue de 514 mil 22 millones de pesos.
- Este gasto no hará más que continuar aumentando y, de acuerdo con especialistas, reformas como la aprobada recientemente para establecer un beneficio complementario para que el monto de la pensión contributiva sea equivalente a 100 por ciento del último salario, harán que el gasto del gobierno sea aún mayor.
El dinero en pensiones que el gobierno ha destinado en los primeros cinco meses de 2024 es para pagar a los jubilados del gobierno federal que se desempeñaron en empresas estatales como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, así como a los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el régimen de la Ley 73, el cual cambió en 1997 para dar paso a las administradoras de fondos para el retiro (Afore).
- Con la creación de las Afore se inició un régimen pensionario en el cual cotizan más de 70 millones de personas. Consiste en una jubilación basada en el ahorro de los trabajadores a lo largo de su vida laboral y ya no financiada por el Estado, como ocurrió hasta 1997. Desde entonces, las obligaciones pensionarias que se generan ya no corren a cuenta del sector público.
- El peso de las pensiones es tan alto que, de acuerdo con datos de la SHCP, los más de 573 mil 700 millones de pesos registrados entre enero y mayo de este año superan en 21 por ciento los 472 mil 262 millones de pesos que el gobierno federal destinó a la inversión física, un rubro que sólo en el último año creció 33 por ciento.
- Estimaciones de Hacienda señalan que el gasto en pensiones cerrará 2024 en alrededor de un billón 500 mil millones de pesos; sin embargo, si se añaden la pensión de adultos mayores, el monto se eleva a un billón 990 mil millones de pesos, lo que representará 5.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
De continuar la inercia de crecimiento, calcula el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), hacia 2030 el gasto pensionario del gobierno federal representará 7.1 por ciento del PIB; sin embargo, al sumar el complemento para que el monto de la pensión contributiva sea equivalente a 100 por ciento del último salario y el aumento de 15 por ciento anual en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el gasto sería de 7.8 por ciento del PIB.
Es importante destacar que, hasta el momento, tanto en las iniciativas presentadas como en las propuestas destinadas a la próxima administración, no se ha detallado el impacto presupuestario ni se ha identificado la fuente de financiamiento correspondiente, señala el CIEP. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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