En la conmemoración del 55 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, el Comité 68 exigió “justicia”, y “no la justicia transicional como instrumento político” que el gobierno ejerce a través de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
- En un pronunciamiento, el Comité 68 señaló que el proceso que desarrolla esa Comisión para el Acceso a la Verdad “en realidad es un proceso lleno de irregularidades, simulaciones y mentiras que oculta la verdadera intención del gobierno: proteger al poder militar, lavarles las manos y mantenerlos en total impunidad.
- “La Comisión para el Acceso a la Verdad garantiza la impunidad al priorizar procesos de memoria institucional por encima de los procesos judiciales. Promueve, además, la ‘democratización de las víctimas’ a través de imponer la teoría de los dos demonios y la obediencia debida, ambas experiencias garantizan la protección a las Fuerzas Armadas”.
- En ese contexto, el Comité 68 exigió un proceso real de justicia, un proceso que logre condenar a los responsables, incluidos militares y civiles. En paralelo a lo ocurrido hace 55 años en Tlatelolco, el Comité 68 se refiere a lo sucedido hace nueve años en Iguala, Guerrero, con la desaparición de los 43 normalistas.
“Lo mismo sucede con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que exigen se entreguen los archivos del Ejército y el actual gobierno ha decidido respaldarlo en su negativa a hacerlo, tal como lo denuncian los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El genocidio del 2 de octubre de 1968 continúa en total impunidad. La Fiscalía General de la República no cumple con su función constitucional de investigación y persecución de los perpetradores y desde 2007 no ha ejercitado acción penal contra los autores materiales que aún viven. Su estrategia de impunidad ha sido dejar que pase el tiempo para que los perpetradores mueran en la impunidad, tal como sucedió con el expresidente Luis Echeverría, quien murió en calidad de imputado en la averiguación previa SIEDF/262/07, que es la que se encuentra vigente y que sigue sin que el Ministerio Público federal, titular de la mesa V de la Coordinación de Investigación de las Subprocuraduría Especializada e Investigación de Delitos Federales de la FGR, realice las actuaciones de investigación y persecución de los responsables del genocidio”.
- El Comité 68 exigió que la FGR siga solapando y siendo cómplice de los genocidas y actúe conforme a sus atribuciones constitucionales.
Actualmente, nuestro país vive una crisis humanitaria, que es resultado de la impunidad sostenida por décadas, el pueblo de México y sus jóvenes en particular enfrentan no sólo la represión, sino, además, hoy estamos sufriendo el flagelo de la inseguridad, los cientos de miles de víctimas mortales, desaparecidas, torturadas, desplazadas.
- Los proyectos de vida alterados o destrozados son la expresión más objetiva de los costos sociales. De forma cotidiana y abrumadora ocurren feminicidios, homicidios en contra de defensores ambientales y del territorio, así como de periodistas.
- El gobierno sigue protegiendo al Ejército cuando se trata de investigar los crímenes de Estado en que ha participado y lo respalda en su negativa a entregar toda la información que tiene en su poder.
- Eso ha sucedido con los archivos del 2 de octubre de 1968, así como los del 26 de septiembre de 2014 de los normalistas de Ayotzinapa, por lo que el gobierno se vuelve cómplice del Estado de impunidad en que se encuentran estos casos.
“A 55 años de aquel valeroso movimiento estudiantil que fue un parteaguas en la sociedad mexicana, reivindicamos la lucha por las libertades democráticas, la justicia y la memoria
popular”.
El Comité 68 convocó a una marcha hoy, 2 de octubre a partir de las cuatro de la tarde, desde la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, para realizar un mitin político.
A 55 años del 2 de octubre la FGR «no ha hecho nada»
A 55 años de ocurrida la matanza del 2 de octubre de 1968, las autoridades federales -y en particular la Fiscalía General de la República-«no han hecho nada» para esclarecer este y otros delitos cometidos contra movimientos sociales en décadas pasadas, señaló el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
- Tras subrayar que «el genocidio del 2 de octubre de 1968 continúa en total impunidad», la organización destacó qué la FGR «no cumple con su función constitucional de investigación y persecución de los perpetradores y desde 2007 no ha ejercitado acción contra los autores materiales que aún viven», pues » su estrategia de impunidad ha sido dejar que pase el tiempo para que los perpetradores mueran» sin ser castigados.
Víctor Guerra, integrante del Comité 68, recalcó que existe un clima de «impunidad total», pues la FGR «no hace nada, deja que todos los casos que tienen que ver con la justicia social no se lleven a cabo.
- Hay una total inacción, por lo cual nosoteos creemos que es momento de que se remueva a Gertz Manero como titular de esa dependencia, porque ha demostrado en los 4 años que lleva que no ha hecho nada para poder llevar a cabo estos procesos de justicia que son necesarios en nuestro país».
El abogado señaló qué, además de lo anterior, la Fiscalía «también ha sido artífice de la libertad de muchos delincuentes del crimen organizado, porque no ha hecho su trabajo como es debido».
Militarización de la seguridad pública podría extenderse a 2028
- El actual gobierno no ha dado pasos claros hacia la formación de cuerpos policiacos profesionales que permitan el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, por lo que la militarización de la seguridad pública podría extenderse más allá de 2028 y poner en un “riesgo grave” a la población.
Así lo afirmó el Comité 68 ProLibertades Democráticas, el cual lamentó que la negativa del Ejército y la Marina para entregar información ha sido el principal obstáculo para las indagatorias del caso Ayotzinapa.
La organización emitió un comunicado en el cual subrayó que ve “con gran preocupación la actual crisis de personas desaparecidas”, cuyas víctimas serían más de 110 mil, de acuerdo con registros oficiales.
- Tras lamentar que “el Estado ha abandonado” e incluso criminalizado a las familias de los ausentes, el Comité 68 destacó que, a casi 9 años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, “la negativa de la Sedena y la Semar para entregar información ha sido la principal razón para que las investigaciones no avancen”.
En el mismo tono, subrayó que “la cerrazón de las dependencias castrenses para entregar la información que se les demanda no es nueva: están repitiendo el esquema que han aplicado por décadas” en relación con la masacre de Tlatelolco.
- Félix Hernández Gamundi, dirigente del Comité 68, manifestó su escepticismo sobre la efectividad del Ejército para darle seguridad a la población, pues las Fuerzas Armadas no están preparadas para lidiar con civiles.
- “Necesitamos una policía profesional para poder desarrollar actividades de inteligencia y hoy no veo que ese proceso esté en marcha, porque la Guardia Nacional está formada por militares y eso nos pone en un grave riesgo”, puntualizó.
Asimismo, rechazó la idea de la “justicia transicional”, pues a su juicio implica aceptar que tanto las Fuerzas Armadas como los grupos a los que ellas agredieron deben acercarse y “perdonarse”. Para Hernández Gamundi, esta es “una línea demagógica en la cual se insiste desde este gobierno, que hoy tiene una gran deuda con la justicia y la generación del 68”.
Por su parte, Víctor Guerra, coincidió en resaltar los riesgos de militarizar la seguridad pública y alertó que si sigue sin haber indicios de un proceso de formación de policías profesionales, “lo más seguro es que los militares sigan en estas tareas más allá de 2028”, contrario a lo que votó el Congreso el año pasado./Agencias-PUNTOporPUNTO
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