La “renteada” es la forma a la que ahora llaman diferentes dueños de locales y negocios al cobro de piso. Un modus operandi que se ha afianzado en varios estados del país, a pesar de los llamados urgentes para frenar este delito.
- Son miles de personas que tienen que aceptar esta modalidad de pago que les imponen diversos grupos delictivos para seguir con sus centros de trabajo. Las cuotas a cubrir van desde los tres mil hasta los diez mil pesos semanales, según el giro de cada negocio.
- En caso de que algún comerciante o dueño de un local se niegue a acatar esta forma de pago las consecuencias son severas: los dueños de estos lugares son amenazados, asaltados o incluso llegan a perder sus negocios, pues estos son incendiados o vandalizados.
La estadística oficial confirma que la extorsión o mejor conocida como “cobro de piso” se ha disparado en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas de la iniciativa privada que exige que se atienda este problema de fondo.
- De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), en 2018 se registraron seis mil 721 delitos de extorsión, mientras que para 2023 esta cifra aumentó al alcanzar los 10 mil 336 casos.
- La tendencia de esta modalidad se ha ido acelerando en los últimos años. En 2019, se reportaron ocho mil 734 casos; en 2020 tuvo un ligero descenso con siete mil 960, aunque en 2021, tuvo un repunte con ocho mil 828 delitos de este tipo y en 2022 tocó su punto más alto en lo que va de este sexenio con 10 mil 343 reportes.
- Es así que cientos de propietarios de establecimientos comerciales han tenido que llegar a un “acuerdo” para poder laborar, pues quienes se niegan son amedrentados, agredidos o forzados a cerrar sus centros de trabajo de manera indefinida.
En entrevista por separado, dueños de distintos comercios ubicados en la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco, revelaron que detrás de las extorsiones y “cobro de piso” se encuentran varios grupos criminales que operan en completa impunidad.
- “Nos vemos forzados a pagar para que tengamos seguridad en nuestros negocios y éstos no sufran algún percance, estamos entre la espada y la pared, pues se nos obliga a cooperar con estas bandas criminales”, externaron a Reporte Índigo comerciantes de la capital mexicana.
- En caso de que algún comerciante o propietario de algún establecimiento se rehúse a pagar este “impuesto” adicional, sufre actos de intimidación y amenazas que escalan hasta la violencia física o la destrucción del negocio mismo, explicaron los locatarios, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias.
La entidad mexiquense tampoco se salva de este problema. Josué Vázquez, a quien cambiamos su nombre por cuestiones de seguridad, fue víctima de la “renteada” de su negocio, el cual se vio forzado a cerrar de manera definitiva por el pago que le exigían.
- Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, dijo que los montos que se imponen a los establecimientos depende del giro y que es un problema que se ha ido extendiendo en fechas recientes, incluso en regiones donde antes no existía este problema.
“Cualquier tipo de negocio que sea visible puede estar en la mira del crimen organizado o desorganizado, es decir, muchos dicen venir de un cártel de la droga cuando esto no es cierto”, precisó el directivo.
Mercados tampoco se salvan
La problemática del ‘cobro de piso‘ también alcanzó a los mercados públicos del país. Estas prácticas ilícitas, se han convertido en una situación generalizada que afecta a centros de abasto popular.
- En entrevistas realizadas, diversos comerciantes afirmaron que en las últimas semanas se han presentado personas que exigen el pago de una cuota mensual de hasta cinco mil pesos, bajo amenazas de daños a sus locales en caso de negarse.
“En varias ocasiones hemos denunciado este tipo de extorsiones y nunca nos hacen caso. Lo grave es que hemos visto como varios locales se incendian bajo situaciones misteriosas“, afirmó Mari Carmen, locataria de uno de los mercados en Benito Juárez.
‘Impuesto criminal’ quiebra a negocios
La “renteada” no solo la padecen comerciantes y propietarios de negocios individuales, sino también empresarios y dueños de comercios de mayor escala en varias regiones del territorio nacional.
- De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) este modus operandi ha alcanzado a todas las unidades económicas que operan en México, a las cuales les imponen cobros de hasta 50 mil pesos mensuales.
Para dimensionar el tamaño de este problema, las extorsiones de este tipo representan hasta el 20 por ciento de las ganancias de los comercios y negocios del país.
La ANPEC confirmó que el cobro al derecho de piso afecta a más de dos tercios del territorio nacional, lo que lleva a muchos pequeños comerciantes a cerrar sus negocios.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC aseguró a Reporte Índigo que este problema ha ido en ascenso en los últimos años y aún cuando se ha denunciado esta práctica ilegal, los grupos criminales siguen apropiándose de las cadenas de producción de varios sectores del país.
“La extorsión se le veía como un daño colateral y se ha ido normalizando cultural y socialmente. Cada vez es más común que las cosas ocurran de esta manera, es decir, cuando alguien abre un negocio sabe que debe pagar a estos delincuentes”, sostuvo.
- El presidente de la ANPEC afirmó que ante la imposibilidad de continuar con estos pagos que se prolongan por varios meses o incluso años, varios negocios quiebran o desaparecen de forma definitiva.
“La extorsión tiene varias aristas, pues los comerciantes pagan para que no los molesten; para tener horarios más extendidos; para que no le hagan nada a su clientela, entre otras cosas que pierden. La extorsión sigue operando con más fuerza”, precisó.
- Y sentenció que el tema del “cobro de piso” se da prácticamente en toda la República Mexicana, pues a pesar de que las cifras oficiales en algunos estados van a la baja, esto no quiere decir que este delito no exista, ya que la cifra negra es muy superior a lo que se denuncia.
- El crimen organizado y grupos de personas que trabajan en solitario han perfeccionado sus métodos de extorsión. De acuerdo con cámaras empresariales consultadas por Reporte Índigo revelan que se ha sofisticado el cobro de derecho de piso de varios grupos.
Los negocios son asediados de cerca por varias personas que visitan constantemente estos centros de trabajo y presionan a los dueños o a su personal para cumplir con los pagos exigidos.
También son acosados con llamadas telefónicas en las que reciben amenazas dirigidas tanto hacia ellos como hacia su familia.
Encarecen alimentos y servicios
La proliferación de casos de extorsión han generado una merma a negocios y establecimientos comerciales de varios estados y, por si fuera poco, también al costo final de los alimentos y productos que generan dichos negocios.
Uno de los casos más evidentes es en Michoacán en donde la “renteada” ha influido en el precio del limón y aguacate, pues los productores de estos alimentos han tenido que negociar con los grupos criminales para que no detengan la distribución de sus cosechas por el país.
“Ellos marcan el precio final del limón y del aguacate. Nos imponen una cuota por cosecha para que no les pase nada. Por cada metro cuadrado nos cobran de 100 a 200 pesos a la semana y hay que pagarlos puntualmente”, sostuvo un productor de aguacates en Morelia.
- En Guerrero, el precio del kilogramo de tortilla está condicionado también por la extorsión. En el Estado de México, el abasto y el valor del kilo de pollo se ven afectados por esta misma problemática.
- Uno de los últimos casos que se vivió fue Texcaltitlán, Estado de México, en donde comuneros se alzaron contra presuntos integrantes de La Familia Michoacana, quienes exigían una cuota económica por trabajar sus tierras y negocios.
Mientras tanto, en Sonora y parte de Baja California, el crimen organizado ha tomado el control total de la pesca y la distribución de productos marinos. En Jalisco la cosa no pinta mejor: el negocio del ganado bovino de exportación también se encuentra cooptado por varios grupos del narco.
Mientras que en Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, se registran interferencias en los precios y el suministro de diversos alimentos.
De acuerdo con la última Encuesta de Victimización (ENVIPE-2023), el delito de cobro de piso y extorsión ocupa el tercer lugar en recurrencia a nivel nacional. Aunque no es un delito nuevo, su expansión se ha extendido a al menos 23 estados del país.
Millones de comerciantes pagan “el piso”
Más de la mitad del empleo en México es informal, millones de personas que se dedican a la venta en las calles y mercados ambulantes donde se puede encontrar de todo, comida, ropa y calzado, tecnología, cacharrería, flores, perfumes, bisutería o cordones de zapatos, cualquier cosa que a uno se le ocurra y aún más si tiene imaginación.
- Prácticamente, todos están extorsionados por el crimen o caciques locales, que les obligan a pagar “el piso” por su actividad comercial. Es corriente en las noticias contar que un motorista se acerca a uno de estos vendedores y sin quitarse el casco saca la pistola y lo mata.
- Todo el mundo sabe la razón: el infortunado se negó o no pudo pagar el impuesto criminal que cada semana, quizá ese mismo motorista, se acerca a cobrar. En los últimos tiempos han sido los polleros el objetivo de las balas.
- En el mercado de Toluca, la capital del Estado de México, han contratado seguridad privada porque están hartos de extorsiones y secuestros que las autoridades no consiguen frenar. Acosada durante décadas por el tráfico de drogas, la delincuencia organizada ha ido penetrando otras actividades y dejando tras de sí su habitual reguero de asesinatos.
De tarde en tarde, un mercado incendiado, almacenes de mercancías que dejan una humareda visible en toda la ciudad, balaceras. Y hartazgo, que se traduce en más balas.
- La delincuencia organizada encontró hace tiempo un lucrativo negocio en estos impuestos informales que roban a la economía mexicana miles de millones de pesos extorsionando a los más pobres. El asunto se ha ido agravando.
- “Es una dinámica en expansión. Hace 10 o 15 años, el cobro del piso a nivel nacional no tenía nada que ver con lo de hoy”, dice Romain le Cour, experto senior en Global Initiative (GI-TOC), que lleva años estudiando la violencia en México.
“El cartel de la Familia Michoacana, lejos de acabar con esa práctica como prometió cuando conquistaba territorios, la ha institucionalizado y burocratizado. Ya no es solo el comercio, se ha extendido a actividades industriales, es su firma de dominio territorial”, asegura. “Es la misma pauta que las mafias en Italia”.
- Los criminales obligan a pagar una tasa por metro cuadrado de negocio al comerciante, y otra por protegerle de otros cárteles, pero son ellos mismos los que ejercen la violencia si no reciben su pago.
- Entre los delitos comunes, la extorsión ocupa en México el tercer lugar, detrás del fraude y el robo, según manifiestan los ciudadanos en una encuesta de instituto de estadística (Inegi). Supone un 17% y es el delito que menos se denuncia, por miedo a los agresores o desconfianza ante la policía, coludida en buena medida con el crimen. La omertá mexicana.
- Un 92% del total de estos delitos se queda sin reportar o sin investigar, es lo que llaman cifra negra. En un país de 126 millones de habitantes, cada año se cuentan alrededor de 20 millones de víctimas de estos delitos. Los secuestros alcanzaron a 77.825 personas en 2022 y el 49% solo estuvo desaparecido un día, lo justo para asustar y cobrar lo que quieren.
En la capital de México hay una zona llamada Tepito, gobernada por un cartel criminal del mismo nombre. Internarse en Tepito, muy céntrico, es toda una aventura, decenas de calles entoldadas convertidas en mercadillo, una ciudad fascinante, un laberíntico zoco de estrechos pasillos que deja estupefactos a los turistas más intrépidos, aquellos que se meten donde les dicen que es peligroso.
Allí se surten quienes luego saldrán a vender por toda la ciudad de forma ambulante. Camiones del ejército patrullan por ese hormiguero intransitable de gritos y pitidos donde te atropellan los muchachos de las carretillas de mercancía a poco que te descuides. También hace presencia la policía, pero nada impide que cada sábado y domingo, puntualmente, entren los criminales a cobrar su cuota, a la vista de todos, puesto por puesto.
- “Llegan cuatro o cinco, se coloca uno en cada esquina y otro que viene a cobrar. Y hay que darles. Estamos ya hartos, pero el Gobierno no hace nada”, dice una tendera de ropa, quien calcula que se le va en eso un 15% que podría añadir a sus beneficios.
- Llevan así décadas. Como en la película de El Padrino, todo empezó con la ilegalidad de sus tenderetes callejeros que la policía quería levantar. El cacique de barrio negociaba con los agentes y pedía una cuota a los comerciantes para proteger sus negocios. Cuando miles de calles se fueron llenando de puestos de venta, las mafias entraron a reclamar su parte. Hoy, todos sacan su tajada.
- “Normalmente, son 30 pesos semanales por metro cuadrado, ahora en Navidad hasta 800, más otros 100 por la supuesta protección que nos dan”, dice una muchacha que vende películas.
“Pero otro grupo también nos cobra, 300, y lo mismo, le tenemos que pagar”. Después llegará a pedir su parte el cacique por la limpieza del lugar y el que arrienda la bodeguita para guardar de noche la mercancía y el que alquila el puesto. De modo que los pobres siguen siendo pobres y ay del que abra la boca o dé su nombre para un reportaje como este. Ay también del que no pague.
“Cuando arden los mercados dicen que son cortocircuitos, qué va, los queman ellos”, asegura la tendera de ropa, y se pregunta: “¿Cómo pueden organizarse tan bien las mafias y el gobierno tan mal?”.
- En efecto, quienes se dedican a estos impuestos se han convertido en toda una administración paralela donde la recaudación fluye que ya quisieran las Haciendas públicas.
- “El cobro del piso nace y se desarrolla en silencio, como la omertá de la mafia italiana. Pero los ciudadanos están hartos, ven que no pueden recurrir a las autoridades y todo acaba en violencia”, dice Le Cour.
“¿La policía? Tendría que ver a la policía saludando a los que vienen a cobrar el fin de semana, se chocan los puños con camaradería”, gesticula la tendera de ropa, cansada ya de que “todos son la misma porquería”. “La policía más bien se dedica a registrar a pobres muchachos que no llevan marihuana y hasta el celular les quitan”, critica.
- La corrupción de unos agentes locales mal pagados impide salir de este agujero económico y criminal. Le Cour asiente: “Estamos viendo solo la punta del iceberg, una parte ínfima del cobro del piso, que se ha desarrollado mucho por la omisión o la ineficacia de las autoridades públicas, o la complicidad, que alcanza en ocasiones hasta las fiscalías”.
La ausencia de Estado en temas de seguridad que dejan ver las estadísticas judiciales es terreno abonado para las mafias. Si un Ayuntamiento quiere cobrar el impuesto por actividad comercial a los que venden flores en Acapulco, por mencionar un ejemplo real, los comerciantes se rebelan. Si ya les cobran los criminales y nadie se los quita de encima, no van a pagar además otro impuesto legal, dijeron en su día. Los gobernantes miran para otro lado ante una realidad tozuda.
- Los criminales son expertos en reinventarse. Si el Gobierno da un golpe aquí, ellos van para otro lado. “Cuando se persiguió firmemente el huachicol [la gasolina pirata], empezaron a cobrar impuestos a los comerciantes, incluso a los que venden las tortillas”, sostiene Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- “El precio del limón y del aguacate también está determinado por las mafias. Cuando los gobiernos les pegan en sus negocios fuertes, se van a los más pequeños. Pero no ocurre en todo el país”, asegura este experto en Seguridad.
- “En el Norte no se da tanto, en Sinaloa, por ejemplo, no atacan a los pequeños, se apoyan en los empresarios para lavar dinero”, explica. Algunos expertos sostienen que encarcelar a los grandes capos de estas mafias deja a los sicarios sin gobierno y se dedican a sus propios negocios, más a pie de calle.
Ahora, dice Manaut, la migración es el gran negocio. Los camiones frigoríficos que bajan con mercancías, suben cargados de migrantes. Eso, que estuvo parado durante la pandemia de covid, ha estallado ahora en cientos de miles de personas que atraviesan México camino de Estados Unidos y las extorsiones son feroces con ellas. “Hay cálculos que sostienen que es un negocio más lucrativo y menos perseguido, que cuenta además con la corrupción de las policías locales”, dice.
- La versatilidad de los carteles para combinar sus negocios tiene hartos a los más pobres y los focos de violencia se adueñan de las calles sin que los gobernantes puedan atajarlo.
- El resto de la población permanece anestesiada ante esos crímenes que ocurren lejos de sus casas, pero todo el mundo contribuye con sus compras a financiar al narco, da igual que sean unos calcetines que un kilo de guayabas adquiridas en un mercadillo. Todos pagan el piso.
En Tepito, la tendera tuerce la boca para decir bajito: “No se voltee, esa moto que acaba de parar ahí en ese puesto, ¿la ve? no se voltee… ese es uno que viene a cobrar”. Sin bajarse, sin quitarse el casco, el motorista recibe su cuota y se larga. A 200 metros, el policía sigue metido en su coche mirando el celular.
Crimen organizado van tras tortillerías en Morelos
Debido a las extorsiones del crimen organizado podrían cerrar paulatinamente las tortillerías en la entidad.
- Monseñor Ramón Castro denunció durante su homilía dominical que Cuautla es el municipio más afectado en el estado por este delito debido a que los extorsionadores exigen un pago de 50 mil pesos de entrada y 10 mil mensuales.
- El sacerdote añadió que la gente vive con miedo, ya que el cobro de derecho de piso ocurre en todo tipo de negocios.
- La información fue confirmada por Antonio Vázquez, líder del Consejo de la masa y la tortilla de Morelos, quien dijo en entrevista con Azucena Uresti que el foco rojo de extorsiones es Cuautla junto con sus municipios cercanos.
Al menos 35 tortillerías en Morelos han cerrado por extorsión
“Es posible que de Guerrero estén inmigrando aquí los extorsionadores porque Guerrero está totalmente perdido, están sobre los compañeros en las tortillerías”, explicó.
- Vázquez afirmó que sí se han realizado denuncias, pero las autoridades no dan seguimiento a las carpetas de investigación.
- De acuerdo con datos del Consejo de la masa y la tortilla de Morelos, hay, al menos, 35 tortillerías que han cerrado debido al cobro de piso.
- Una forma de amenazar a los negocios y exigir el pago es baleando o quemando los locales por lo que algunos comerciantes intentan protegerse con rejas metálicas.
Antonio Vázquez aseguró que los extorsionadores se identifican como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la Familia Michoacana, con lo que infunden miedo entre los habitantes de Morelos.
Otro de los sectores afectados es el de los ingenios azucareros debido a que fue asesinado Darío Cortés, quien era líder de los transportistas de los ingenios azucareros en la entidad y también denunció amenazas por el pago de extorsión a grupos del crimen organizado.
Piden garantizar la seguridad de los empresarios
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) elevó como su máxima prioridad garantizar la seguridad de los empresarios y eliminar la injerencia del crimen organizado en los procesos productivos, con el fin de afianzar la relocalización de empresas conocida como “nearshoring” en México.
- Respecto a su agenda de 5 pilares para la consolidación del nearshoring presentada en septiembre pasado, donde la seguridad ocupaba el cuarto lugar, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, dejó en claro que es urgente excluir al crimen organizado de las cadenas de suministro.
“Es urgente garantizar la seguridad en el país y excluir toda injerencia del crimen organizado en los procesos de producción, suministro y logística de los negocios”, enfatizó Cervantes durante su participación en el foro “Mexico in the global spotlight: Nearshoring and the 2024 elections”, organizado por Baker McKenzie y Atlantic Council.
- El líder empresarial destacó la necesidad de contar con seguridad eficaz en todas las vías de comunicación del centro industrial y comercial del país, agregando que “esta garantía debe ser igualmente eficaz para toda unidad de negocio”.
- En un tono cauteloso, Cervantes advirtió que harán recomendaciones sin exponer a los empresarios, después de las bajas sufridas por líderes a manos del crimen.
- “Por eso las recomendaciones y lo hacemos con cuidado, porque no nos vamos a exponer, ya hemos tenido bajas de líderes. No vamos a exponer a nuestros empresarios. Debemos ser muy cuidadosos y desde nuestras trincheras hacer recomendaciones”.
El dirigente del CCE urgió a los tres niveles de gobierno y al poder judicial a trabajar en conjunto para combatir la inseguridad y la presencia del narco en las actividades económicas, considerada como un obstáculo clave para la plena consolidación del nearshoring en territorio mexicano./Agencias-PUNTOporPUNTO
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