En el país se han denunciado 625 delitos por evasión de presos en los últimos cinco años, siendo Ciudad de México la entidad con más casos en dicho periodo con 79 carpetas de investigación abiertas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Durante 2019 se abrieron 15 expedientes en Ciudad de México por evasión de presos, y casi la mitad de los casos se presentaron en los últimos tres meses del año pasado cuando se registraron siete denuncias.
En 2018 los Ministerios Públicos recibieron 20 casos, una cifra que representó un incremento importante si se compara con los 7 reportes registrados en 2017 y los 14 respectivos en 2016.
Los centros penitenciarios de Ciudad de México tuvieron en 2015 su mayor número de averiguaciones previas por dicho delito con 23 expedientes. En ese año se registraron 15 denuncias en el periodo julio-noviembre.
De acuerdo con el Código Penal de Ciudad de México señala que “Al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de aquélla, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a trescientos días multa”.
Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en las cárceles administradas por el gobierno capitalino se desempeñaron 3 mil 7 vigilantes en 2018, de los cuales el 74.1 por ciento perciben un salario mensual entre 10 mil y 15 mil pesos, mientras que el resto cobra entre 5 mil y 10 mil pesos.
En lo que se refiere al nivel de estudios del personal de vigilancia, el Instituto revela que 899 custodios, equivalentes al 29.8 por ciento del total, tienen un grado de primaria y/o secundaria terminado, mientras que 699 (23.2 por ciento) concluyeron la preparatoria o carrera técnica comercial.
Por otra parte se observa que solamente 268 custodios cuentan con carreras de licenciatura, tres con nivel de maestría y otros mil 138 guardias se encuentran en la casilla de estudios no especificados.
Por año y entidad
En 2019 se denunciaron ante los ministerios públicos un total de 129 delitos por evasión de presos en el país, esta cifra fue muy similar a los 127 casos reportados en 2018, pero mayor a las 103 carpetas abiertas durante 2017.
- La mayor cantidad de crímenes registrados se presentó en 2016 cuando hubo 149 investigaciones por presunta participación de guardias en el escape de reos, mientras que en 2015 se reportaron 117 casos.
- Respecto a las entidades federativas, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas concentran 45 por ciento de las 625 denuncias recibidas por este delito durante el periodo 2015-2019. En el caso de Nuevo León se registraron 60 averiguaciones previas por la participación de custodios en fugas de reos.
La mayoría de los casos se deben a los constantes fugas que se perpetraron en el penal de Topo Chico durante los pasados años, pues en septiembre pasado este reclusorio cerró sus puertas con el fin de ser demolido. A Ciudad de México y Nuevo León le siguen en la lista el Estado de México con 59 investigaciones abiertas, Chihuahua con 52 y Tamaulipas con 36 denuncias.
Fugas en San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja California y Zacatecas
Aunque el escape de tres internos del Reclusorio Sur federal, en la Ciudad de México, fue más mediático debido al nexo que los fugados tienen con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en los otros casos también se exhiben las deficiencias de seguridad de los penales.
- En San Luis Potosí fue José Bartolo «N» quien se escapó el 18 de enero de la zona de talleres en el Cereso de Matehuala, aunque fue aprehendido un día después.
- El 29 de enero, mismo día de la fuga en el Reclusorio Sur, en Quintana Roo se escapó de la policía ministerial el presunto jefe de sicarios Bryan ‘Z’.
El colombiano, señalado como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizó como escape una ventana de las instalaciones ministeriales en Cancún, Quintana Roo.
Su fuga provocó el despido del Fiscal de Narcomenudeo, Julio César Moreno Orendáin, a quien el 11 de ese mismo mes habían ligado con el CJNG en una narcomanta colgada junto a tres cabezas.
- En el penal ‘Jorge A. Duarte Castillo’, conocido como La Mesa, en Tijuana, Baja California, el 3 de febrero un reo se saltó la barda, aunque igualmente fue capturado horas después.
- Al día siguiente, en la cárcel distrital de Tlaltenango, al sur de Zacatecas, autoridades penitenciarias autorizaron que un reo recogiera escombros afuera del penal, pero escapó y los directivos del centro penitenciario quedaron sujetas a investigación.
Para David Ramírez, investigador del área de seguridad de la organización México Evalúa, los custodios son una parte fundamental para entender por qué los reos crean un ambiente de autogobierno.
«Los guardias penitenciarios tienen malas condiciones laborales, y no sólo en términos salariales, sino en movilidad laboral, horarios, prestaciones», explicó.
«En las fugas que hemos visto, es poco probable que no haya colusión con custodios, quienes, en forma sistemática, implementan sistemas de renta contra familias que tienen una persona encerrada para cobrar por visita u objetos», planteó.
Advierten incapacidad
La liberación de presuntos delincuentes en el País por deficiencias en el procedimiento de arresto o la integración de los expedientes judiciales pone en evidencia las fallas e incapacidades de las autoridades policiales y ministeriales.
- Las fallas incluyen el llenado de informes con datos erróneos o falsos sobre la forma en que ocurrieron las detenciones, hasta la judicialización de expedientes endebles que se «caen» por no acreditar hechos y conductas delictivas.
- María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, señaló que la liberación de detenidos también hace patentes debilidades de gestión institucional, vicios, malas prácticas y hasta corrupción.
«Otra vez estamos acumulando una cantidad de casos fallidos, como nosotros les llamamos, donde esencialmente el problema no es del sistema penal acusatorio, sino de cómo están funcionando los operadores», advirtió.
«Está ya muy identificado el problema y no vemos acciones precisas de parte de la autoridad para resolver la incapacidad que tiene el primer respondiente y después el Ministerio Público. Tenemos evidencia definitivamente de incapacidad».
- El caso más reciente fue el de Óscar Andrés Flores, conocido como «El Lunares» y presunto líder de La Unión Tepito, liberado el sábado por un jueza federal al acreditarse –mediante un video– que su captura no ocurrió como reportó el Ministerio Público.
Sin embargo, la Procuraduría capitalina lo reaprehendió tan pronto abandonó el penal federal del Altiplano. «En las audiencias vemos que la debilidad no es del juez, sino del Ministerio Público, que no está haciendo su labor, su trabajo de forma efectiva, no es un problema de los jueces, el problema es que no logra acreditar con evidencia y con argumentos el MP frente al juez», añadió Novoa.
Carlos Mendoza, académico y consultor en seguridad, señaló que este tipo de liberaciones son una «deficiencia sistémica» que no se ha logrado corregir por factores como las malas prácticas que persisten en las Policías y Ministerios Públicos.
«Insisten en actuar y operar de forma arbitraria, sin seguir los procedimientos establecidos en los códigos respectivos y por supuesto en sus protocolos de actuación. Tampoco se ha terminado de capacitar, de formar y de habituar a los policías en el nuevo sistema», dijo.
«Antes, este tipo de hábitos los podían ocultar en el sistema mixto, pero ahora en el sistema acusatorio sin duda que es verdaderamente complicado, máxime cuando muchas de las evidencias que presta la tecnología, como los videos, ponen en evidencia contradicciones entre los reportes escritos y lo que realmente ocurre en las calles»./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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