La máquina generadora de empleos en el país está averiada. La crisis económica que se experimenta desde el año pasado más la pandemia de COVID-19 obligaron a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a bajar la cortina provocando que millones de trabajadores se queden sin ingresos, lo que a su vez propiciará que aumente la informalidad.
Entre mayo de 2019 y septiembre de 2020 un millón 010 mil 857 de estas unidades económicas dejaron de operar, según estimaciones del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) elaborado por el Inegi.
- Dicha cifra, representa el 21 por ciento del total de mipymes que están registradas en el país que es de 4.9 millones, es decir, que 3.9 millones de estos establecimientos sobrevivieron a los embates a la economía.
- Las micro, pequeñas y medianas empresas son las responsables de generar del 70 al 80 por ciento de los empleos en el país, por lo que son un pilar fundamental para que la población mexicana en edad de laborar pueda acceder a un trabajo digno
Las afectaciones a las mipymes, informa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se debieron en gran parte a la suspensión de actividades sociales recomendadas por las autoridades de salud para prevenir la propagación del COVID-19.
Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que entre julio y septiembre 2.2 millones de empleos generados por micronegocios se perdieron.
- 2.2 millones de empleos generados por micronegocios se perdieron entre julio y septiembre de 2020
- Mientras que la desocupación de personas económicamente activas aumentó un 29 por ciento, por lo que 2.77 millones de individuos no tuvieron un trabajo fijo en el tercer trimestre de 2020.
De acuerdo con especialistas, la consecuencia en el corto plazo es que el sector del empleo en la informalidad aumente y con ello la precariedad laboral, al no acceder a prestaciones como la seguridad social, generación de antigüedad, reparto de utilidades y aguinaldo entre otras.
El Inegi muestra que el problema de la falta de plazas de trabajo se agudiza en localidades rurales donde la tasa de informalidad fue de 79 por ciento entre julio y septiembre de este año, mientras que en zonas urbanas el porcentaje fue de 40.5 por ciento.
Guerrero encabeza la lista de las entidades con mayor tasa de informalidad con 78.5 por ciento, le sigue Oaxaca con 76.6 por ciento y Chiapas con 74.3 por ciento.
- En sentido contrario, Nuevo León tuvo la menor tasa con 34.5 por ciento. El segundo lugar lo ocupó Chihuahua con 36.6 por ciento, seguido de Coahuila con 36.9 por ciento.
- Para Carlos Mejía, especialista en materia laboral e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en México la regla es la informalidad, ya que más de la mitad de los empleados se desempeñan en dicho sector; y, de los trabajos que hay en la formalidad, gran parte son precarios.
“El problema es el riesgo laboral en el país que se va a acentuar con el cierre de las empresas y si a eso le sumamos que es probable que haya localidades que vuelvan al semáforo rojo (por la pandemia) se va a disparar el dato de la informalidad todavía más”, expone.
El académico agrega que a pesar de que el augurio del Gobierno federal de que con la vacuna se pueda estabilizar de manera masiva y pronta la situación del mercado del trabajo, los efectos de una crisis como la que atraviesa México y el mundo tardan en revertirse al menos entre dos y cinco años.
- Mejía agrega que otro índice que debe destacarse del análisis sobre la situación del empleo es el de la subocupación que pasó de 4.3 millones de personas en el tercer trimestre de 2019 a 8.7 millones para el mismo periodo de 2020.
El Inegi detalla que las personas subocupadas son aquellas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, es decir, que en la actualidad buscan más de una actividad remunerada para salir adelante.
“Tienen hasta dos o tres trabajos. Son personas que, por ejemplo, en la mañana se dedican al comercio y por la tarde o noche tienen otro empleo de seis horas o más, eso aumentó a septiembre.
“Si bien el gobierno mexicano ya estableció la promesa del diálogo para evitar la precariedad, lo que no ha trabajado es el tema propiamente del trabajo informal, en donde no hay forma de tener un registro sobre la subocupación y su precariedad”, menciona.
- Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), afirma que la informalidad va a aumentar de manera considerable por el COVID-19 como factor principal, pero también por la discusión sobre regular la subcontratación que inició el Gobierno federal.
Considera que en dado caso de que esta figura -también llamada outsourcing desaparezca- propiciará que muchas empresas opten por contratar a sus subordinados sin prestaciones y sin un contrato formal. Y añade que la administración federal actual no ha generado los trabajos esperados.
Desde que inició este gobierno se ha tenido muy poco interés en promover la formalidad laboral aunque el discurso sea otro. En el anterior sexenio se crearon en promedio por mes 57 mil plazas de trabajo, en el 2019 y antes de la pandemia se crearon 32 mil empleos por mes, hubo un decrecimiento.- Armando Leñero, Presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal
La informalidad se convierte en un medio de supervivencia
Sucedió lo inimaginable: en solo unos días los teatros, comercios, restaurantes, auditorios, salas de cine, hoteles, playas y plazas comerciales cerraron sus puertas por temor al contagio del coronavirus en México, y desde finales de marzo, esos negocios y las personas que dependen de ellos luchan para sobrevivir.
- Los estragos económicos son amargos, quienes se consideran afortunados conservan su trabajo, laboran más, pero han padecido una reducción a sus salarios, les han quitado prestaciones. Los desafortunados han perdido su empleo, sus negocios han cerrado, otros subsisten con operaciones mínimas, con ventas de algunos de sus activos. La informalidad se convierte en un conducto para generar recursos.
“Me quitaron todo lo que tenía, mi empleo, pero los gastos siguen, en el día pienso en todo lo que hay que pagar, entonces me las ingenio”, comenta Susana Juárez, quien tras la limitación en la producción de la pizzería en la que trabajaba, decidió preparar y vender chapatas y ensaladas en su casa con entrega a domicilio para seguir generando ingresos.
Previo a la pandemia, Susana ya era población vulnerable, pues no contaba ni cuenta con prestaciones sociales como seguro médico o ahorros, ya que se desempeña en la informalidad.
Este es uno de millones de casos en México: «tener prestaciones laborales, sociales, contrato, hace precisamente que los trabajos sean más estables, peor ante una crisis las personas más fáciles de despedir son las que no tienen prestaciones o con más carencias laborales”, explicó María Ayala López de Lara, investigadora en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Para diciembre de este año, el asesor económico de la American Chamber México, Luis Foncerrada, prevé entre 850,000 y 900,000 afiliados menos que al cierre del año pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“A octubre hemos perdido 550,000 afiliados, como todos los diciembres se despide a personal que se contrató por la temporada en tiendas y fábricas, así que vamos a perder alrededor de 350,000 afiliados, porque no es empleo, para terminar en diciembre con entre 850,000 y 900,000 menos que en 2019”, explicó el economista.
- No obstante, la verdadera situación laboral se ve en los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En junio había 34 millones de personas sin empleo, «eso representaba el 53% de la fuerza laboral potencial, en octubre llegamos a 19 millones, pero en diciembre se volverá a incrementar, así que cerraremos 2020 con alrededor de 20 millones de personas sin empleo, no uno, 20 millones es la realidad del país, esto va a representar el 30% de gente que requiere un empleo, el 30% de la fuerza laboral potencial de México, esta es la realidad y la situación más dramática que tiene el país“, explicó el economista.
- En tanto, el número de personas que laboran en el país por menos de lo que cuesta la canasta básica alimentaria (1,212 pesos al mes, en octubre) es decir, en pobreza laboral, pasó de 37.3% en febrero de 2020 a 44.5% en septiembre, indican cifras de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Para cerca de la mitad de las personas que sí tienen empleo, su salario no les alcanza para la canasta básica alimentaria. La mayor parte de los grupos de menores ingresos, los más pobres, son los que están sufriendo, porque además están padeciendo la escasez de recursos”, comentó Foncerrada.
Sobrevivir
Frente al desempleo y la falta de ingresos, la informalidad se convierte en un medio de sobrevivencia. Poco a poco los barrios populares en la Ciudad de México se adornan con locales ambulantes, puestos de garnachas afuera de las casas, cubrebocas a la venta en los tianguis, de alcohol en gel, de caretas.
“Claramente va a crecer el mercado informal, la necesidad de las personas por sobrevivir seguirá existiendo, creemos que la informalidad, más que una estrategia para violar la ley, no pagar impuestos, es una estrategia de sobrevivencia. Quien está en el sector informal está en una situación más precaria para enfrentar crisis, en general la informalidad está plagada de falta de conocimiento financiero, de falta de acceso a herramientas digitales, todas esas carencias se hicieron más fuertes con la pandemia; más los que perdieron un empleo formal tendrán que sobrevivir, se irán a la informalidad”, consideró la investigadora de Frente a la Pobreza.
- Cifras del INEGI refieren que en octubre, el número de trabajadores en la informalidad fue de 29.7 millones de personas, es decir el 56% de las personas ocupadas, cuando en septiembre fue de 54.9%. En febrero el porcentaje fue de 56.3%.
- “El porcentaje de personas ocupadas sin seguridad social, sin contrato estable, vimos que ahora es menor que a inicio de año, pero no porque la gente tenga más seguridad social, sino porque las personas que perdieron su trabajo, fueron las que no tenían seguridad social, ni contrato estable”, explicó María Ayala López de Lara.
La especialista consideró que se debe atender a la población que trabaja sin seguridad social, porque incluso en trabajos subordinados en empresas grandes, hay gente que no tiene seguridad social, la cual representa una herramienta para enfrentar “esta que es una crisis desigualadora que afecta más a quien menos tiene, y quien más tiene, tiene más herramientas para enfrentarla”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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