El cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos y la labor de hacerlas cumplir por parte del Estado se encuentra estancado en la capital, según un informe del World Justice Project México, que posiciona a la Ciudad de México como una de las entidades peor calificadas en cuanto a Estado de Derecho, y la que ocupa las peores posiciones en límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción y justicia penal.
- La organización no gubernamental mide cada año el Estado de Derecho a través de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal mediante una escala de cero a uno.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2022–2023 –medición que se centra en los resultados e impactos de políticas públicas en esta materia–, revela que Querétaro es la entidad con mayor puntaje en este rubro con 0.49; mientras que la CDMX comparte la última posición con 0.36 puntos, al igual que Morelos, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo.
- En cuanto a límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción y justicia penal, la capital es sotanera con puntajes de 0.35, 0.29 y 0.29, respectivamente. Para los rubros de orden y seguridad (0.32), derechos fundamentales (0.46), cumplimiento regulatorio (0.31) y justicia civil (0.31), la CDMX ocupa las posiciones 27, 24, 29 y 30.
En contraste, la capital obtuvo su mejor puesto en el Índice en el rubro de gobierno abierto (0.51), donde registró la tercera mejor calificación del país. Cabe señalar que la puntuación de la CDMX no representó cambios con respecto a la medición 2021–2022.
- No obstante, la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo fue uno de los 20 estados que retrocedieron en la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público; asimismo, la ausencia de corrupción fue otro factor que cayó en la capital.
Alcaldes de la CDMX, los peores evaluados en confianza ciudadana
La confianza de los habitantes de la Ciudad de México no acompaña a sus 16 alcaldes, pues solo dos superan la barrera de los seis puntos sobre 10 posibles de acuerdo con el promedio del nivel de confianza de la última actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al primer trimestre de 2023.
- De acuerdo con la publicación periódica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son las autoridades en las que menos se confía a nivel nacional, pues solo el 29.2 % de la población le tiene fe a sus respectivos ediles.
- Los de la CDMX no están exentos, en conjunto los gobiernos de las 16 alcaldías alcanzan un nivel de confianza del 5.3, reprobatorio. Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, registró un promedio 6.1, en honestidad.
El desempeño de la mayoría de los ediles que tomaron –o renovaron– el cargo en octubre de 2021 no ha convencido a los capitalinos. José Carlos Acosta (Xochimilco), Judith Vanegas (Milpa Alta), Armando Quintero (Iztacalco) y Sandra Cuevas (Cuauhtémoc) son los ediles peor calificados por la ciudadanía que gobiernan con promedios de 3.3,4, 4.1 y 4.3. Les siguen Lía Limón (Álvaro Obregón), Margarita Saldaña (Azcapotzalco) y Luis Gerardo Quijano (Magdalena Contreras) con 4.7, 4.8 y 4.9, respectivamente.
- Los alcaldes que obtuvieron promedios dentro de los cinco puntos son Francisco Chíguil (Gustavo A. Madero), Giovani Gutiérrez (Coyoacán), Berenice Herández (Tláhuac), Alfa González (Tlalpan), Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), Santiago Taboada (Benito Juárez) y Evelyn Parra (Venustiano Carranza) con 5,5.1,5.2,5.6 y 5.8.
Los únicos dos alcaldes capitalinos que pasaron la prueba de la confianza según la ENSU del primer trimestre de 2023 son Adrián Rubalcava (Cuajimalpa) y Clara Brugada con 6.1 y 6.9, respectivamente.
En cuanto al promedio por fuerza política, los siete alcaldes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) –donde figuran los alcaldes mejor y peor evaluados en la ENSU– promedian un nivel de confianza de 4.8; mientras que los nueve ediles de oposición electos por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) promedian 5.0.
Alcaldías de la CDMX prefieren las compras con adjudicación directa
En el año 2022, ninguna alcaldía de la Ciudad de México respetó la ley en materia de adjudicaciones.
- Datos obtenidos a través de transparencia señalan que las demarcaciones capitalinas rebasaron el 20 por ciento de compras con adjudicación directa que tienen permitido realizar anualmente.
Con ello, los gobiernos cayeron en la misma mala práctica de administraciones anteriores, lo que representa una ventana de opacidad y corrupción, según organizaciones sociales.
El 2022 fue el primer año de Gobierno completo de la segunda generación de alcaldías, cuyas gestiones iniciaron en octubre del año 2021.
- En promedio, durante 2022, las 16 alcaldías contrataron bienes y servicios por adjudicación directa en el 62 por ciento de sus compras, así lo revelan datos que se pueden consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Del total de demarcaciones, hay cinco que destacan por sus altos porcentajes de compras sin concurso de licitación. Estas son Álvaro Obregón (AO), Coyoacán, Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztacalco.
- De acuerdo con la información revisada, AO es la alcaldía que más recurrió a la adjudicación directa al hacer el 85 por ciento de sus compras por este medio.
Esto al otorgar 295 contratos sin concurso, mientras que solo llevó a cabo 50 licitaciones.
- A la alcaldía gobernada por Lía Limón le sigue Coyoacán, donde sus autoridades otorgaron contratos directamente en el 80 por ciento de los procesos de adquisiciones.
En 2022, firmó un total de 292 convenios comerciales de manera directa y solo realizó 70 concursos de licitación.
- Posteriormente está Cuauhtémoc, que en dicho periodo realizó el 79 por ciento de sus compras de bienes y servicios sin concurso.
La alcaldía del centro de la ciudad firmó 186 contratos directamente y solo 48 son producto de licitaciones.
- En el cuarto lugar está Azcapotzalco, que contrató sin concurso el 75 por ciento de los convenios comerciales firmados en ese año.
Los datos revisados señalan que la demarcación firmó 202 contratos por adjudicación directa y solo 64 resultaron de alguna licitación.
- De igual forma, Iztacalco contrató en 2022 el 73 por ciento de los convenios comerciales (276) por adjudicación directa y solo en 102 casos llevó a cabo concursos en los que se buscarán las mejores condiciones económicas para la alcaldía.
- Las dos alcaldías que contrataron en 2022 más por licitación que por adjudicación directa son Iztapalapa y La Magdalena Contreras.
Según la PNT, Iztapalapa recurrió en el 46 por ciento de sus adquisiciones a la adjudicación directa. Mientras que La Magdalena Contreras solo en el 39 por ciento.
La violación a la ley
Las cifras señaladas anteriormente indican que, en su totalidad, los gobiernos de la Ciudad de México no han respetado lo que estipula la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México respecto a que se deben priorizar los concursos de licitación en compras públicas.
- El marco legal señala que los entes públicos locales solo deben adquirir el 20 por ciento del total de los bienes anuales sin concurso.
“La suma de las operaciones que se realicen conforme a adjudicación directa no podrán exceder del 20 por ciento de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado para la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad”, señala el artículo 55 de la disposición.
- Precisa que los concursos deben celebrarse con el fin de garantizar las mejores condiciones en el uso de los recursos públicos.
“Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente.
“A fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley”, detalla la normativa.
- Además, el artículo 54 del mismo marco legal describe los casos de excepción en los que se deben realizar las adquisiciones directas.
El apartado menciona que la adjudicación directa puede llevarse a cabo cuando un proveedor tenga la patente del bien requerido o cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la ciudad.
- Postura institucional: El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que el problema del abuso de las adjudicaciones directas viene desde el servicio público federal y crea susceptibilidad a actos de corrupción.
“Las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida”, precisa el organismo.
Explica que la finalidad de esto es garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico.
Corrupción en la capital difícilmente es sancionada
- En la Ciudad de México ha predominado la impunidad en delitos de corrupción durante años.
- De 2017 a 2020, apenas se han emitido sentencias en el 12 por ciento de los casos por delitos de corrupción que llegan al Poder Judicial de la capital del país.
- Especialistas consideran que esto genera una percepción de impunidad que agrava la situación de corrupción que se vive a nivel local.
Además, dicen, se evidencia el déficit de jueces que existe en la metrópoli y que impide que haya un acceso pronto a la justicia.
El 5 de diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), emitió un comunicado en el que señalaba que en 2017, 14 por ciento de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción y que la Ciudad de México es la entidad que tiene la mayor cantidad de víctimas, con el 20 por ciento de los casos a nivel nacional
Los datos de la impunidad y la corrupción
Según la solicitud información 6000000227820, hecha al Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) a través del sistema InfomexDF, de enero de 2017 a octubre de 2020, han iniciado mil 574 juicios contra servidores públicos por delitos relacionados con la corrupción como el cohecho, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público, negación del servicio público y usurpación de funciones.
- 1,574 juicios por corrupción contra servidores públicos se iniciaron de 2017 a 2020
De los cuales, de acuerdo con el documento de respuesta, en 815 se ha iniciado proceso penal; es decir, 51 por ciento de los casos se determinaron procedentes y continúan.
Sin embargo, de los que fueron procedentes, sólo 193 cuentan con una sentencia, lo que representa apenas el 12 por ciento de los casos recibidos por las autoridades judiciales en el lapso mencionado.
Por año, 2018 fue cuando menos sentencias se obtuvieron por dichos delitos; se recibieron 203 casos, de los cuales, en 47 se inició proceso y apenas en 12, 5.9 por ciento, se llegó a una resolución.
- 815 servidores públicos fueron procesados (51 por ciento)
Le sigue, con menos porcentaje de sentencias, 2019, cuando se iniciaron 502 juicios, 208 fueron procedentes y solo tuvieron una determinación judicial 37, el 7.3 por ciento.
En tercer lugar, está el 2020, cuando se abrieron 739 juicios, se continuó con el proceso en 500, y 115, 15 por ciento, llegaron a una sentencia.
Cabe destacar que pese a que en este año tampoco hubo más del 20 por ciento de sentencias, del lapso referido es cuando más juicios se iniciaron.
- 193 servidores públicos fueron sentenciados (12 por ciento)
Por último, en 2017, se abrieron 118 juicios, de los cuales 60 procedieron y 27, 22 por ciento llegaron a una sentencia.
Rezago e impunidad
El hecho de que apenas el 12 por ciento de todos los casos legales que recibe el PJCDMX por delitos relacionados con corrupción tengan una resolución, aumenta la percepción de impunidad y genera que se cometan más de este tipo de ilícitos, comenta Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
“La justicia no es pronta ni es expedita como lo dice la Constitución, eso es letra muerta, los juicios duran muchísimo y como abogados estamos conscientes de que la percepción de impunidad por eso aumenta, porque el sistema jurisdiccional tiene muchas deficiencias”, dice.
- Además, afirma que el problema de que la mayor parte de los casos de presunta corrupción no tengan sentencia, representa un incentivo para que se cometa más.
- “Si hay percepción de impunidad, obviamente va a ser un incentivo, porque se cree que no pasa nada por la vía penal, si se incurren en malas prácticas en el servicio público”
- No obstante, entre todos los factores que influyen en la situación, el más importante es el rezago generalizado en el Poder Judicial local generado por la falta de jueces.
“Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), deberían haber 12 jueces por cada mil habitantes, pero en la ciudad apenas hay tres por cada mil”, señala.
Entonces, afirma Alonso Inclán, a cada juzgador le toca 300 por ciento más de trabajo.
“No es lo mismo que un juez analice 10 casos a que le toque revisar 40, porque hay una sobrecarga de trabajo que se refleja en una tardanza y un rezago en la procuración de justicia”, menciona.
Además, en declaraciones de las autoridades judiciales, el rezago que existe en el PJCDMX se agravó en la Ciudad de México con la pandemia de COVID-19.
- El 28 de noviembre de 2020, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, dio a conocer durante una mesa de trabajo con el Congreso de la capital, que habían 75 mil expedientes judiciales acumulados en los tribunales, que no se habían podido resolver debido a, entre otros factores, la suspensión parcial de actividades por la contingencia sanitaria de COVID-19.
Asimismo, considera Alonso Inclán, los Ministerios Públicos también deben mejorar en el desempeño de su trabajo.
“Los Ministerios Públicos necesitan integrar mejor las investigaciones para que los jueces puedan darles una resolución más rápida y eso también contribuirá a que haya menos impunidad”, declara.
Cohecho, lo más cometido
El cohecho es el delito relacionado con la corrupción por el que más se han iniciado juicios durante los últimos cuatro años en la Ciudad de México
De acuerdo con el Código Penal local, el cohecho es cuando se soborna a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.
Del total de mil 574 casos judiciales que se iniciaron en la capital por dicho tipo de ilícitos, mil cuatro son por cohecho, es decir, el 63.7 por ciento./PUNTOporPUNTO
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