Caso AYOTZINAPA: A 10 años, promesa obradorista de ‘VERDAD y JUSTICIA’ sigue PENDIENTE

Entre los padres y madres también permanecen la indignación y el coraje, pues para ellos el gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció a nuestros hijos y la actual administración de Andrés Manuel López Obrador deja en la impunidad el caso, asegura María de Jesús Tlatempa Bello, mamá de José Eduardo Bartolo.

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«Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables… Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”.

  • Esta fue la promesa del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018 a los padres de los estudiantes normalistas, pero a seis años de ese compromiso, la verdad de lo ocurrido se vio estano, lo que ha generado enojo y desilusión de los padres de los 43 estudiantes, quienes ahora depositan sus esperanzas en la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
  • “Teníamos esperanzas con él. Pensamos: ‘él va a dar con el paradero de los normalistas’”, así recuerda Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, las expectativas que tenían en el presidente López Obrador, quien el 30 de septiembre termina su gobierno sin cumplir su promesa.

Habían pasado menos de 72 horas de su gobierno, cuando la Presidencia de López Obrador tomó medidas en el caso Ayotzinapa. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicado su primer decreto con el que se instruía establecer las «condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia” y cuyo objetivo fue crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

  • Esa no fue la única medida del gobierno de AMLO. Se echó al suelo la llamada “verdad histórica” y estableció una nueva línea de investigación, regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se creó una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y el presidente encabezó reuniones frecuentes con los padres y abogados de los estudiantes, a los que invitaba al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Los primeros pasos del presidente generaron esperanza en los padres de familia, quienes le daban un voto de confianza.

Abajo la «verdad histórica»

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se tiró la llamada «verdad histórica», cuya versión consistía en que los integrantes de la organización delictiva «Guerreros Unidos» asesinaron e incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por presuntamente tratarse de integrantes de un grupo contrario, denominados «Los Rojos».

  • Al frente de la investigación, Alejandro Encinas aseguró que esta «verdad histórica» fue construida desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto para encubrir lo que verdaderamente sucedió con los jóvenes en Iguala.
  • De acuerdo Encinas, Ayotzinapa fue un crimen de Estado , que involucró a funcionarios de los tres órdenes de gobierno quienes ocultaron la verdad. Reveló que fue en una junta de autoridades donde se creó la llamada «verdad histórica».

«Estaban encabezadas por el entonces procurador general de la República y participaban autoridades estatales, el propio gobernador, el ex procurador, autoridades militares y distintas corporaciones federales como la policía federal preventiva como el Cisen», dijo Encinas en su momento.

  • Esa junta de autoridades también fue mencionada en un cuestionario que respondió Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, desde Israel, y en el que señaló al expresidente Enrique Peña Nieto de participar en ellas.

“Durante las sesiones del gabinete de seguridad, realizadas en la Oficina de Los Pinos del presidente de al República en el que participaron el presidente de la República y los titulares de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y vocero de la Presidencia, tomaron la decisión e instruyeron al procurador General de la República para que con esa información que se tenía se informara sobre el destino de los estudiantes de acuerdo con las declaraciones y evidencia presentada por el Ministerio Público Federal hasta ese momento”, declaró Zerón.

Sin evidencia de los jóvenes

  • En septiembre de 2023, el presidente aseguró que no había elementos que permitieran identificar que los jóvenes estuvieran con vida.

“También tenemos que decirlo con toda claridad que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que por el contrario todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, afirmó al presentar el segundo informe de la Comisión.

  • A pesar de ello, sólo han sido identificados los restos de tres estudiantes normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El Ejército, el motivo de la ruptura

Con el transcurrir de los meses y años, la relación entre el presidente y los padres de los 43 se volvió complicada.

  • En cuestión de meses, hubo menos encuentros y diálogo con el presidente; detenciones de militares, la salida del GIEI al considerar que había obstáculos del Ejército para avanzar en la investigación y finalmente la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, después de darse a conocer que en agosto la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la desaparición de los normalistas, de los cuales 16 eran militares.

Y más tarde la salida de Alejandro Encinas del caso Ayotzinapa en medio de las tensiones por las acusaciones en contra de militares. Ante los hechos, los padres de los 43 acusaron que el presidente los traicionó pues prefirió defender al Ejército e incumplir su promesa de que se llegaría a la verdad.

“Hay pruebas palpables, las pruebas que presentaron los expertos independientes, los abogados, son testimonios, de los registros que han sacado los expertos independientes de que hubo una manipulación por parte del Ejército. O sea, hay pruebas donde nosotros sabemos que el Ejército participó”, agregó Clemente Rodríguez, quien reprocha que el presidente haya protegido al Ejército.

  • El presidente lo ha negado. Asegura que por el caso Ayotzinapa, todos los militares que presuntamente participaron están en prisión.

“Ya hay como 15, 20 militares encarcelados, dos generales, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables. Ya están en la cárcel, eso no lo habían hecho antes, pero no se puede decir fue el Ejército”, aseguró el 21 de septiembre de 2023.

  • En su conferencia de este 25 de septiembre, volvió a defender al Ejército y aseguró que aunque hay quienes afirman que ‘le toman el pelo’, no es así.

‘Cabe señalar que en toda esta investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas’. Dicen los abogados de los padres y los del Prodh que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, y que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo yo obligarlos a que digan la verdad. Les comento…no me estoy chupando el dedo. Está muy difícil que me tomen el pelo», dijo.

Hubo avances… hasta topar con los militares

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, sostiene que hubo avances pero a partir de 2022 cuando la investigación tocó al Ejército, hubo un declive y hoy se encuentra en un bache.

»Hay una desesperanza, una molestia, en virtud de que no se cumplió lo que el presidente ofreció en un principio», dijo Rosales a días de que se cumplan 10 años del ataque en Iguala, Guerrero.

  • Desde el gobierno federal, los avances que se destacan son: aumento de 59 a 120 personas el número de encarcelados, tres órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de militares, exploración de 858 sitios en busca de los estudiantes, así como ofrecer recompensas a quienes aporten información relevante.

Apenas hace uno días, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado informó del arranque de una campaña masiva de difusión con espectaculares para intentar dar con el paradero de los 43 normalistas, 10 años después de su desaparición.

El encargo a Sheinbaum

Al saber que no cumplirá su promesa de llegar a la verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya encargó el caso a Claudia Sheinbaum.

  • Hace unas semanas ofreció ser el canal para que la presidenta electa recibiera a los padres de los 43 y les aseguró que a pesar de que concluya su gestión, la investigación no se cerrará.
  • En una carta que envió el presidente a los padres, previo a los 10 años de la desaparición, asegura que no habrá carpetazo al caso y manifiesta su confianza que con Sheinbaum pueda esclarecerse el caso.

«Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca, es un expediente abierto; y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia», dice la misiva.

  • Por su parte, la presidenta electa se ha comprometido a que el caso Ayotzinapa no será olvidado en su gobierno, y adelantó que se trabajará en conjunto para encontrar a los jóvenes. Para Mauricio Macotela, esa promesa tiene un gran obstáculo: la conclusión y la posibilidad de que se defienda al Ejército.
  • “El problema está en que tienen la misma conclusión que el gobierno anterior, entonces los padres no se van a quedar satisfechos con esa verdad histórica porque ellos saben que hay altos mandos del Ejército, y si no entregan las cabezas de los altos mandos del Ejército, no lo van a resolver, y no creo que entreguen esas cabezas”, agrega.

10 años y la exigencia de justicia sigue vigente

A 10 años de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, las protestas por parte de normalistas se han reactivado.

  • Durante las últimas dos semanas se han manifestado tanto en Guerrero como en la Ciudad de México. El lunes pasado protestaron en la Secretaría de Gobernación, mientras que este martes irrumpieron en el Senado de la República.

En tanto que el caso sigue siendo uno de los grandes pendientes del presidente López Obrador, al menos tres figuras clave del caso han sido recapturadas en las últimas dos semanas: Felipe Rodríguez Salgado, alias «El Cepillo», Gildardo López Astudillo, alias «El Gil» y Marco Antonio Ríos Berber, alias «La Pompi» o «El Cuasi»; todos vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos.

  • Así mientras las investigaciones en torno al caso continúan, el presidente López Obrador reconoció este mismo miércoles 25 de septiembre, a menos de una semana de dejar el poder, que en su sexenio no se avanzó como él hubiera querido en la investigación.
  • Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación», Andrés Manuel López Obrador. El presidente acusa que por la falta de cooperación de «El Gil» ya no se ha podido avanzar en la investigación.

«Ayudó, pero, luego, dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando, ‘aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, también de policías municipales de Iguala, Cocula y de autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes», afirmó en su mañanera del miércoles.

Familiares no se dan por vencido

En estos años de búsqueda y de lucha, los impactos son innegables: varios padres están muy enfermos, cinco han muerto; su unión familiar ya no existe, y la tristeza se ha tatuado en sus rostros. Como si todo hubiera ocurrido ayer.

  • En medio de su tragedia, dicen, los gobiernos les han tratado de imponer supuestas verdades sobre lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando sus hijos fueron atacados por policías municipales, estatales y federales e integrantes del cártel Guerreros Unidos. Todo ello, mientras trataban de tomar algunos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, donde participarían en la marcha del 2 de octubre.

Aseveran que las autoridades han intentado dividir a las familias para desarticular su movimiento, logrando que apenas unos cuantos se separen. Su vocero es Felipe de la Cruz, padre de un estudiante sobreviviente y quien hace tres años compitió por una diputación con Morena.

Por eso, como lo hicieron frente a los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las familias porfían ahora ante Claudia Sheinbaum: que se comprometa a decirnos la verdad. Como padres ya no queremos seguir recibiendo tanta mentira. Lo que pedimos es saber el paradero de nuestros hijos.

  • Familiares de algunos de esos muchachos expresan, en entrevistas con La Jornada, su frustración y dolor porque las investigaciones no han conducido a los resultados que ellos reclaman y su lucha se ha complicado por las secuelas de estar 10 años en búsqueda.
  • Su largo caminar incluye más de 120 marchas sólo en la Ciudad de México, adonde cada mes sin importar las inclemencias del tiempo ni los dolores del cuerpo, llegan desde Guerrero portando carteles con las fotografías de sus hijos para recordarle al gobierno y al país que no se han dado por vencidos.

Las jornadas de protesta han incluido manifestaciones y plantones en instituciones federales, en cuarteles militares y frente a las puertas de Palacio Nacional, donde han soportado todo, durmiendo en colchonetas tendidas sobre el pavimento.

  • En sus momentos iniciales, los reclamos fueron acompañados por miles de personas que colmaban las calles, pero al paso del tiempo se ha visto una menor presencia de gente solidaria.
  • Sus aliados permanentes han sido sobre todo estudiantes normalistas, sus abogados de raíces guerrerenses del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, además de organizaciones indígenas y populares.

Gobiernos sin respuestas

No siempre el tiempo cura todo. Entre los padres y madres también permanecen la indignación y el coraje, pues para ellos el gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció a nuestros hijos y la actual administración de Andrés Manuel López Obrador deja en la impunidad el caso, asegura María de Jesús Tlatempa Bello, mamá de José Eduardo Bartolo.

Las autoridades, dice, han hecho de todo para no avanzan en las investigaciones, por lo que no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerda que con Peña se criminalizó a los estudiantes diciendo que algunos eran parte del cártel de Los Rojos, y les pidió que ya superaran su dolor, mientras con López Obrador se les ha dicho que sus abogados los manipulan y funcionarios han maquinado la división de los padres y madres.

  • Cristina Bautista comenta que en los primeros años tras la desaparición de los 43 normalistas: con Peña Nieto “la tuvimos muy complicada. Nos recibía con gas lacrimógeno y en lugar de que avanzara la investigación, la distorsionaron.
  • Inmediatamente se organizaron para encubrirse, para construir la verdad oficial: ‘la mentira histórica’”, en la que supuestamente los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Dicha narrativa, sostiene, fue desmoronada por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Tras lo ocurrido con Peña Nieto, la esperanza renació cuando antes de tomar posesión el presidente López Obrador, quien venía de movimientos y luchas sociales, se comprometió a aclarar lo sucedido la noche de Iguala y a encontrar a los jóvenes. Pero se topó con el Ejército, coinciden las familias.

  • En los primeros tres años, concede Clemente Rodríguez, se avanzó en las investigaciones con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Se reconoció que lo sucedido fue un crimen de Estado en el que autoridades federales y locales conocieron en tiempo real la situación.
  • Sin embargo, Hilda Legideño asevera que el gobierno ha preferido dar la espalda al caso Ayotzinapa y proteger al Ejército, siendo que hay señalamientos y pruebas sobre su participación en la desaparición de los jóvenes. Un ejemplo de ello, argumenta, es que según las investigaciones conocieron en tiempo real las agresiones.

¿Qué clase de justicia se está ejerciendo en el caso?, pregunta, al recordar que si bien ha habido detenciones de miembros del crimen organizado, policías, militares y funcionarios de primer nivel, muchos de ellos gozan de libertad al llevar sus procesos penales en casa.

Pese a todo este viacrucis, las familias aseguran que se mantendrán unidas, con fuerza y que seguirán pugnando por saber la verdad. Si nos quedamos en el camino, si nos caemos, va a ser peleando por nuestros hijos y por sus compañeros, porque realmente ya nos hicimos una sola familia de los 43, asegura Bernabé Abraján, padre de Adán. /Agecnias-PUNTOporPUNTO

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