La ambición de grupos criminales y del narco por el control del territorio y recursos estratégicos siembra el terror en comunidades indígenas que padecen del acoso de los grupos armados como ocurre en la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila en Michoacán, y en las comunidades de tzeltales, choles y lacandones en Chiapas.
Aunque las agresiones de los grupos criminales contra las comunidades indígenas repiten un patrón histórico, las autoridades no intervienen, llegan tarde o solo simulan apoyar.
“Las comunidades indígenas tienen una debilidad en particular. Como la Constitución les permite regirse por usos y costumbres, muchas tienen solo como medida de seguridad a su policía comunitaria o, en todo caso, el permiso que da la Sedena para todos los ejidatarios de poseer armas de fuego, pero no hay más, muchas de estas comunidades no tienen los recursos que tiene una policía estatal”, explicó Víctor Hernández, especialista y en materia de seguridad de la Universidad Panamericana (UP).
- El especialista en seguridad nacional indicó que existe una relación de origen entre el narcotráfico y las zonas rurales con asentamientos indígenas, por la naturaleza agrícola de los estupefacientes como la mariguana y los derivados de la flor de amapola.
“Los grupos del narcotráfico tradicionalmente han operado en zonas rurales por elementos estrictamente geográficos. La amapola, por ejemplo, solamente puede crecer en ámbitos semidesérticos, la mariguana necesita camuflarse entre otros cultivos y en ese sentido, aunque su zona de origen es rural desde el siglo XX, esto ha cambiado un poco con la introducción de los opioides sintéticos a principios de del siglo XXI que ya no siguen este patrón geográfico”, refirió el académico de la UP.
- En entidades como Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las comunidades indígenas llevan décadas padeciendo el acoso de los grupos criminales para desplazarlos de su territorio, para el reclutamiento forzado de sus jóvenes, o para establecer redes de trata de personas.
“Hay estudios académicos que sugieren que hoy los cárteles ganan más por trata de personas que propiamente por el narcotráfico, y la trata va desde los servicios de los ‘polleros’ que cruzan gente, hasta el reclutamiento forzado, el tráfico de órganos de migrantes. Ahí hay un incentivo muy fuerte para que especialmente en Chiapas haya una presencia importante de organizaciones que gestionan este servicio”, detalló Hernández.
Asimismo, Hernández abundó en que, al día de hoy, los cárteles diversificaron sus ingresos entre su modelo clásico agrícola; actividades como la trata y la extorsión, y la producción y trasiego de opioides y drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo.
El caso de Santa María Ostula
- El pasado 1 de julio, la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, en la región sierra-costa de Michoacán, reportó ataques contra los puestos de su guardia comunal, perpetrados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes buscaban avanzar en la zona. No obstante, los guardias comunitarios lograron repeler el ataque.
- Dos días más tarde y sin que las peticiones de ayuda fueran atendidas por las autoridades locales y federales, la comunidad fue atacada con drones equipados con armas de grueso calibre. Desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a escucharse las detonaciones y explosiones que se reanudaron una y otra vez en lapsos de aproximadamente 40 minutos.
- En dicho ataque, también se reportó la presencia de al menos 50 miembros del CJNG, quienes rodearon a los pobladores de Ostula para sembrar el terror e intimidarlos, en su mayoría mujeres, niños y personas de la tercera edad. El llamado de auxilio de la comunidad nahua fue dado a conocer por la prensa, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades se limitó a que efectivos de la Secretaría de Marina sobrevolaron la región en helicóptero sin acercarse a la zona de la que provino el ataque.
- Los comuneros de Aquila llevan más de una década enfrentando conflictos con la minera Ternium y con el crimen organizado. Por una parte exigen pagos justos de regalías por la extracción de hierro de la mina Las Encinas, por los que, acusan, pobladores, activistas y defensores del territorio al interior de la comunidad han sido acosados, desaparecidos y asesinados.
- Mientras que por otra están las incursiones de los grupos criminales como el CJNG, cuyos ataques y amenazas provocan la incertidumbre y el miedo en los habitantes de las 24 comunidades que conforman la población de Santa María Ostula. Solo en las últimas dos décadas se contabilizan 42 asesinatos de activistas y cinco desapariciones en la comunidad autónoma.
Actualmente, por razones de seguridad, la comunidad de Ostula no se está pronunciando de forma pública, pues sus habitantes aún resienten el acoso de los grupos armados.
En casos como el de Ostula, la reacción del Estado es lenta y está llena de omisiones, para Hernández, esto responde a que el modelo de la Guardia Nacional no se ha podido consolidar en zonas de difícil acceso, ni reemplazar a las policías municipales. Aunado a esto, sostiene que también existe desinterés político en solucionar esta problemática, pues las zonas rurales no constituyen un capital político que los funcionarios puedan capitalizar en tiempo de elecciones.
- “La realidad es que para los grupos criminales es muy fácil hacer una incursión en este tipo de comunidades normalmente dispersas, electoralmente no reditúan mucho, entonces pues ningún candidato tiene un incentivo fuerte de entrada, porque al final demográficamente quien vota más son las ciudades no es el campo, por tanto, hay más presión del electorado urbano que el del campo”, subrayó.
Chiapas condenado al olvido
Hace un mes la noticia de más de 4 mil personas que abandonaron su hogares en el municipio de Tila puso a Chiapas nuevamente como el foco de una violenta confrontación entre grupos criminales; sin embargo, fue la confirmación del hallazgo de 19 cuerpos en el municipio de La Concordia lo que ha mostró el lado más cruento de la incursión de los cárteles de la droga en esta entidad.
- Chiapas pasó de ser la cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a convertirse en un botín en disputa por el Cártel de Sinaloa y el CJNG. En la última década, el EZLN sufrió la pérdida de al menos 59 centros zapatistas autónomos por la violencia de los grupos criminales.
- De acuerdo con Víctor Hernández, la violencia que se vive en las comunidades de tzeltales, choles y lacandones en Chiapas en el marco del 30 aniversario del levantamiento zapatista también puede ser interpretado una suerte de castigo del Estado hacia su rebeldía, pero también muestra la poca capacidad de despliegue que tienen las fuerzas armadas para combatir la violencia que generan los grupos del narcotráfico.
“En la zona problemática de ahorita, que es Chiapas,Tabasco, Campeche, la realidad es que incluso al gobierno federal le conviene, sobre todo en las zonas que están bajo el control zapatista. Al gobierno federal le conviene que se incendien, pues porque al final lo que puede hacer es desmarcarse y decir ‘vean como su autogobierno y sus estructuras comunitarias, no les funciona y si me necesitan a mí, señor Gobierno federal’”, argumentó el especialista en seguridad.
- Para Hernández, la respuesta del Gobierno federal al anunciar despliegues de elementos castrenses en zonas de conflicto, responde a “pretextos” para no reconocer la incapacidad de atender la problemática con el despliegue del Ejército o la Guardia Nacional en zonas de difícil acceso en entidades como Chiapas.
- “No hay capacidad de despliegue, eso se podría resolver con helicópteros pero la realidad es que los helicópteros del Ejército siempre se caen. Entonces eso tampoco es una solución viable, ¿qué les espera a las comunidades indígenas? La realidad es que el mismo abandono que llevan teniendo los últimos tres siglos”, concluyó.
La irrupción de los cárteles
De acuerdo con el especialista en seguridad y actual investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Juan Manuel Aguilar Antonio, las dinámicas de los grupos del crimen organizado que controlan, principalmente la frontera sur de México, cambiaron, siendo el punto más destacable la llegada del Cártel de Sinaloa a Chiapas a finales del 2022.
- “Ahorita está destacando, sobre todo en Chiapas, la llegada del Cártel de Sinaloa, llegó más o menos a finales de 2022 y se relaciona con fenómenos que históricamente no eran tradicionales en la zona. No se involucraban las grandes corporaciones de los grupos del narcotráfico nacional.
“Ahora, tenemos la participación tangible y verificable de grandes corporaciones en el control de los cruces fronterizos, sobre todo en la frontera de Tapachula con Guatemala. Es un punto, una zona de influencia que antes estaba más relacionada con las pandillas centroamericanas como la Mara Salvatrucha, pero ahora se está relacionando con la operación directa de grupos nacionales, como lo es el Cártel de Sinaloa”, señala el investigador.
El especialista además destaca, otro factor derivado de la violencia de la zona, el surgimiento de grupos de autodefensa, algo que no se había visto en Chiapas, solamente con el levantamiento del EZLN.
- “El surgimiento de los grupos de autodefensa también cobró mucha relevancia dentro de 2022 y 2023. Hay estados muy proclives y con una tradición histórica grandísima con las autodefensas como Guerrero y Michoacán.
- Pero en el caso de Chiapas, más allá del levantamiento del EZLN, que fue no movimiento independentista, esto no existía en la entidad. Ahora es algo que ya estamos viendo, como cuando estos grupos asaltaron el cuartel de la Guardia Nacional para conseguir armamento”, recuerda.
- La penetración de los grandes grupos criminales y el surgimiento de estos grupos de autodefensa, podrían complicar el trabajo y coordinación entre las autoridades y los gobiernos por usos y costumbres de estas comunidades indígenas.
- “Estos dos factores ocasionan que haya una complejidad muy fuerte en el acuerdo que se ha dado históricamente por parte del Gobierno estatal y las comunidades indígenas, que usualmente están vinculadas a los usos y costumbres, los cuales hacen que funcionen de manera efectiva en múltiples estados.
“En ese sentido, el desarrollo institucional administrativo del municipio en estas entidades es muy diferente al resto del territorio nacional y ocasiona ciertos desequilibrios la presencia de estos grupos del crimen organizado, los cuales perturban a la población. El reto es generar consensos y medidas de contención y prevención contra la penetración de los grupos de la delincuencia organizada, esto va a ser un desafío muy fuerte para estas comunidades”, concluye el especialista.
Crimen recluta a la fuerza en Chiapas
Grupos de hombres armados obligaron a habitantes de al menos tres comunidades a unirse a sus filas, afirmaron pobladores de los municipios serranos Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
- De acuerdo con denuncias en redes sociales, sobre las cuales las autoridades no se han pronunciado oficialmente, el 15 de julio sicarios arribaron a los poblados de Llano Grande y Nueva Independencia, en Ángel Albino Corzo, para llevarse a un número indeterminado de hombres y mujeres, de los cuales se desconoce su paradero. De momento, ninguna familia ha presentado denuncias ante el Ministerio Público.
Se reportó que en Nueva Independencia los criminales obligaron a la población a instalar retenes para evitar el ingreso de fuerzas policiales.
- En tanto, ese mismo día varios habitantes de la comunidad Laguna del Cofre, perteneciente a Montecristo de Guerrero, también fueron reclutados a la fuerza por delincuentes. No se sabe nada de ellos desde entonces.
- Fuentes de la Policía Estatal consultadas por este diario señalaron que las denuncias realizadas por redes sociales ya fueron atendidas mediante el sistema de inteligencia. Al cierre de esta edición continuaban investigando.
En tanto, al menos 350 elementos del Ejército se alistaban para ser desplegados en los municipios donde se reportó el reclutamiento forzado.
- Un grupo de hombres armados habría obligado a hombres y mujeres de las comunidades de la Laguna del Cofre, municipio de Montecristo de Guerrero, así como de los poblados Llano Grande y Nueva Independencia, del municipio de Ángel Albino Corzo, a formar parte de su grupo criminal, el pasado 15 de julio, denunciaron pobladores en redes sociales.
Entraron hombres armados y se los llevaron a la fuerza”, dijeron. Las autoridades no se han pronunciado por el caso.
- Fuentes policiacas señalan que dicha denuncia ya fue atendida por el sistema de inteligencia, sin que al cierre de esta edición se confirmara o negara el hecho. Sin embargo, 350 militares se desplegan en las zonas para hacer frente a lo denunciado.
- La comunidad Llano Grande es la más cercana a la cabecera municipal de Ángel Albino Corzo, las otras se ubican en plena Sierra Madre de Chiapas; no son de difícil acceso, pero tampoco se registra presencia de soldados y guardias nacionales.
Hasta el momento no se sabe nada de las personas que presuntamente fueron reclutadas a la fuerza.
En mensajes de Whats-App se menciona que el grupo criminal habría llegado a dos comunidades de Ángel Albino Corzo y se llevaron a las personas, pero se desconoce el número de víctimas, y hasta anoche los familiares no habían denunciado ante el Ministerio Público.
En la comunidad Laguna del Cofre, la cual pertenece al municipio Montecristo de Guerrero, se habrían llevado también a un número desconocido de personas.
- Otra denuncia hecha en redes sociales detalla que en el ejido Nueva Independencia, municipio de Ángel Albino Corzo, un grupo criminal habría invadido la colonia y el pasado 15 de julio obligaron a la población a instalar retenes para impedir el paso de los uniformados.
- Desde hace cinco días, en la zona de la sierra de Chiapas, e incluso en el municipio de Ángel Albino Corzo, se registraron enfrentamientos y bloqueos de los caminos de terracería, en las entradas y salidas a Chicomuselo, Frontera Comalapa y Motozintla para impedir el acceso a las Fuerzas Armadas, las cuales siempre son corridas por los pobladores cuando efectúan recorridos de reconocimiento.
De acuerdo con los pobladores de Montecristo de Guerrero, hay un destacamento militar, pero no se han desplazado a las comunidades donde habría ocurrido el reclutamiento.
Asimismo, hace varios días, dos grupos armados se enfrentaron en un camino de terracería, entre los municipios de Amatenango de la Frontera y Motozintla, donde habrían utilizado unidades llamadas monstruos.
Pueblos indígenas, a quienes más impacta el desplazamiento forzado
La exrelatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, advirtió que tras visitar México logró identificar que el desplazamiento interno impacta de manera preocupante a los pueblos indígenas, así como a las mujeres y personas defensores y periodistas.
- Lo anterior es parte del informe final sobre la visita que realizó a México la extitular de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de ONU, Cecilia Jiménez-Damary, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- Entre los principales hallazgos de la visita realizada entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, por la entonces relatora especial a México, se observó que las causas del desplazamiento interno en la nación son diversas y multifactoriales, ya que incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas.
En especial, observó con gran preocupación que el fenómeno del desplazamiento interno afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas, los cuales, pese a representar el 10% de la población total de México, se vieron afectados por el 40% de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020.
- Asimismo, expresó que el desplazamiento interno impacta de forma diferenciada a mujeres y niñas, ya que se enfrentan a la violencia por razón del género, incluyendo la violencia sexual. Además de que observó los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como del temor de los hombres a ejercer actividades económicas en una zona controlada por el crimen organizado, obligando a las mujeres a convertirse en las únicas proveedoras.
En este sentido, también alertó sobre la presencia de niñas, niños y adolescentes en casi todos los episodios de desplazamiento en 2020 y resalta su impacto diferenciado debido a su condición particular de dependencia y vulnerabilidad, incluyendo el reclutamiento forzado, la ruptura de la unidad familiar, la pérdida de entornos protectores, el abandono de sus procesos académicos.
- Mientras que subrayó que los riesgos enfrentados por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como su desplazamiento a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques, han sido objeto de preocupaciones por distintos expertos de las Naciones Unidas.
“Esta violencia tendría un efecto inhibitorio para otras personas que ejercen el mismo rol. Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan con medidas de protección inadecuadas, e incluso conoció casos de periodistas que fueron asesinados en su nueva ubicación. Observa la falta de medidas diferenciadas para la protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la ausencia de planes integrales para la reubicación de la familia directa de las personas objeto de medidas de protección”, dicta el informe.
Paula Gaviria Betancur, la representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sostuvo que este informe genera esperanza para que sea una guía para el Estado mexicano, y así avanzar en la protección de las personas desplazadas internas.
- Asimismo, sostuvo que aunque existe una necesidad de que se creen instrumentos normativos y programáticos, así como políticas públicas específicas para atender la situación de desplazamiento interno de México, la ausencia de estos no puede representar una excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones.
- Y es que lamentó que a pesar de que hay organismo que ya cuentan con atribuciones para reconocer y atender a las personas desplazadas internas, como por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no pueden seguir siendo omisas ante las necesidades de esta población.
- En tanto, también ante este consejo de la ONU, Dora Lilia Roblero Garcia del Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), expresó que la violencia generalizada en México ha obligado a que miles de personas tengan que desplazarse forzadamente, siendo la población indígena de Chiapas una de las más afectadas.
Indicó que actualmente se registran desplazamientos forzados vinculados al actuar de grupos civiles armados, algunos sucesores del paramilitarismo y la estrategia contrainsurgente desplegada por el Estado mexicano desde los años noventa.
- Por lo que este fenómeno se complejiza por la violencia ocasionada, por grupos de la delincuencia organizada, contra la población y por las características de este fenómeno lo llegan a considerar una forma de tortura, y entorno torturante, ya que, de manera permanente, se infunden sufrimientos físicos y mentales contra la población, con el fin de una apropiación del territorio.
“Frente a este fenómeno se identifica una ausencia de medidas de prevención, así como para la atención integral de las víctimas, por lo que urgimos se retomen las recomendaciones propuestas por la Relatora”, subrayó ante los representantes de diferentes países.
- Por otro lado, Francisca Méndez, embajadora de México ante la ONU, reconoció que México aún enfrenta enormes desafíos para prevenir y brindar atención al desplazamiento interno, al tiempo que, dijo, el país está consciente de que debe garantizar los derechos de las personas desplazadas, brindarles protección y ofrecerles soluciones duraderas.
Por ello, aseguró que el Estado mexicano se compromete ante este Consejo a dar seguimiento y cabal atención a las recomendaciones planteadas en sinergia con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados.
Y es que resaltó que México tiene la voluntad de fortalecer su marco normativo, robustecer los mecanismo de protección y asistencia, mejorar la cooperación interinstitucional y contar con registros de personas desplazadas y producción de estadísticas oficiales.
Son indígenas cuatro de cada diez desplazados
Las tendencias de desplazamiento forzado en México desde 2017 reflejan que las poblaciones indígenas han sido las más afectadas, pues conforman 41 por ciento del total de personas desplazadas.
“A las afectaciones históricas que han vivido como pueblos, que han incluido el despojo territorial, incursiones militares y paramilitares en contextos donde se gestaron insurrecciones indígenas, se añade en los últimos años la presencia del crimen organizado en sus territorios”.
- Según el último informe sobre Desplazamiento Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos subraya que los pueblos indígenas representan 10.1 por ciento de la población nacional, por ello la desproporción tan grande en cuanto a las comunidades indígenas que resienten esta condiciones.
- El fenómeno, que se ha recrudecido, sólo es la “punta del iceberg de un problema complejo de violencias históricas que se han ido acumulando sobre cuerpos y territorios que se hacen visibles de manera muy dolorosa”.
El documento subraya que huir forzadamente del hogar desencadena una acumulación de violencias sobre quienes sufren de manera diferenciada de acuerdo con la pertenencia étnica, las condiciones socioeconómicas, entre otras categorías que reflejan la vulnerabilidad”. Incluso al interior de las comunidades indígenas las repercusiones son más importantes, en particular hacia las mujeres.
Las afectaciones por el desplazamiento interno en el país no sólo “se experimentan en la huida, sino también en las trayectorias y destino”. Según la organización, en 2020, 9 mil 748 personas tuvieron que huir de sus tierras, de las cuales 4 mil eran indígenas, particularmente concentradas en tres entidades:
- Chiapas y Oaxaca (que, históricamente con Guerrero, registran el mayor número de episodios de desplazamiento de comunidades indígenas), así como Chihuahua, que en los últimos años se ha sumado como entidad donde se dan más expulsiones.
Más allá de los nuevos desplazamientos forzados que orillaron a comunidades indígenas (principalmente tsotsiles, tseltales, tarahumaras, huaves, mixes y triquis), en la actualidad hay muchas personas indígenas que viven en “desplazamiento prolongado”.
- El recrudecimiento en los últimos años del desplazamiento de comunidades indígenas sólo acentúa esta problemática que enfrentan desde la década de los 70 y especialmente en los 90 con las comunidades pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hicieron más visiblemente el éxodo de comunidades con más de 80 mil personas en 1995.
Un nuevo factor se ha sumado al asedio a estas poblaciones: el crimen organizado, el cual ha impactado particularmente en Chihuahua y Guerrero. Las disputas de los grupos delictivos en ambas entidades han tenido en la población originaria las principales víctimas en la sierra Tarahumara o en el Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango y Sinaloa. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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