A Laboratorios Solfrán la vetaron hace dos años de las compras públicas, pero eso no impidió que los medicamentos fabricados por la empresa del ex súper delegado Carlos Lomelí se siguieran vendiendo al Gobierno federal.
- Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción aplicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2019, que le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
- Tan sólo 7 de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción, por 11.5 millones de pesos, para vender los fármacos fabricados por Solfrán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Sólo uno de esos contratos se dio por licitación, los otros 56 fueron adjudicaciones directas.
La empresa de Lomelí vendió sus medicamentos a través de una red nacional de intermediarios, ubicados en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Aguascalientes y la Ciudad de México.
Documentos obtenidos por MCCI muestran que a los pocos días de que la SFP anunció la sanción, el laboratorio propiedad del ex candidato a Gobernador de Jalisco por Morena emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores, para que enviaran cotizaciones al IMSS de su producto Kendragel, una medicina para la acidez estomacal registrada por Solfrán ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). De esa forma, pudo seguir vendiendo su producto, pese a la inhabilitación.
- En mayo de 2019, MCCI informó que 9 empresas farmacéuticas vinculadas con Carlos Lomelí, habían obtenido en 7 años más de 2 mil 263 millones de pesos en contratos gubernamentales.
- De las nueve empresas, sólo cuatro fueron reconocidas por Lomelí como propias, una de ellas Laboratorios Solfrán.
La SFP inició una investigación sobre los contratos y el 13 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución en la que ordenó a cualquier dependencia gubernamental abstenerse de contratar a Solfrán por un plazo de 2 años y medio.
Ese mismo día, la SFP precisó en un comunicado que se había castigado a Solfrán por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
Lomelí fue diputado federal entre septiembre de 2015 y febrero de 2018; renunció a su cargo para ser candidato a Gobernador de Jalisco por Morena. Tras su derrota, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró delegado federal de su gobierno en Jalisco.
- El político y empresario jalisciense promovió amparos contra la inhabilitación. El 14 de enero del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgó una suspensión. La SFP impugnó y durante más de un año continuó el litigio.
Finalmente, el 23 de marzo de 2021 el Tribunal anuló la sanción que la SFP había impuesto a Laboratorios Solfrán desde septiembre de 2019.
Empresas eludieron sanciones y ganaron contratos
La mañana del 15 julio de 2019, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo una aparición inusual en el escenario de la conferencia mañanera. Con el rostro sin expresión, se paró en el pódium, que, generalmente, es del presidente, e informó que su dependencia tenía siete investigaciones relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, el empresario que era delegado del gobierno federal en Jalisco.
“Sobre el caso Lomelí Bolaños se tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan datos de posibles conductas irregulares”, destacó la zar anticorrupción, quien dijo que cuatro de ellas eran con empresas relacionadas con él y eran contratistas del gobierno.
- Entre ellas se encontraban Laboratorios Solfrán y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), dos empresas de productos médicos que, según reveló en su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se encontraban en un predio propiedad de Lomelí y que desde el principio de esta administración recibió contratos públicos.
- Sandoval, con voz firme y sin hacer pausas en su discurso, dijo que refrendaba su compromiso con llevar las siete investigaciones hasta las últimas consecuencias. Continuó y aseguró que, desde el principio de la administración, se advirtió que no se tolerarían conflictos de intereses, y quien los tuviera no debería ni podría trabajar en el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’. Ese día anunció la renuncia de Lomelí Bolaños a su cargo en el gobierno federal.
Para septiembre de ese año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de la inhabilitación de Laboratorios Solfrán y, en julio de 2020, la de Abisalud. A pesar de las sonadas sanciones, esta última empresa continuó recibiendo contratos, según se advierte en Compranet, la página de compras del gobierno de México.
- A partir del directorio de la propia SFP, las empresas que siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones vía un tribunal son: Transportes y Enlaces Especializados; BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas; Laboratorios Solfrán; Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC; Valuación Operativa y Referencias de Mercado, y Servoil.
Mientras que las que lograron evadir las multas gracias al fallo de un tribunal fueron Carimed Equipos; Centro para el Desarrollo Integral y la Competitividad del Turismo en Áreas; Construcción Integral y Estructuras Metálicas, así como Grupo Fármacos Especializados y Laboratorios Solfrán.
Igual que Abisalud, al menos 12 empresas sancionadas por la misma dependencia siguieron obteniendo beneficios por parte del gobierno federal y se mantienen en el padrón de proveedores, a pesar de que la propia SFP las acusó de falsear información durante los procesos de contratación. La razón: han ganado en tribunales amparos para poder seguir en la cancha gubernamental.
Son compañías de distintos ramos que, según el propio portal, falsificaron información y recibieron multas que iban de 100,000 a 1 millón de pesos.
Las farmacéuticas
Entre las empresas que obtuvieron contratos a pesar de “falsear información” están dos del ramo farmacéutico: Laboratorios Solfrán y Abisalud. De acuerdo con el Directorio de Proveedores Sancionados del gobierno federal, la causa fue que proporcionaron información falsa durante el proceso de contratación.
En una revisión a la base de datos de compras públicas Compranet, se pudo comprobar que Abisalud recibió al menos tres contratos después de haberse hecho pública la inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del año 2020.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Sandoval anunció, el 27 de julio de 2020, la inhabilitación: Abisalud fue sancionada por su participación en una licitación para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes y, de acuerdo con la información oficial, proporcionó “información falsa”.
- Esta empresa ni siquiera aparece en el Directorio de Sancionados, por lo tanto, no es posible ver el historial en la página de la SFP. Sin embargo, esta situación queda clara en la demanda de amparo –a la cual se tuvo acceso– presentada por la empresa en julio de 2020 y que fue promovida por su representante legal, Juan Carlos Tadeo Martínez, esposo de la diputada morenista por Jalisco Érika García, y quien, hasta ese momento, era accionista mayoritario de Abisalud.
Inconformes con la resolución de la SFP, en el sistema de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aparecen 27 procesos judiciales relacionados con amparos promovidos por Abisalud contra el gobierno de México.
- Según se puede leer, las resoluciones finales han sido aplazadas debido a la contingencia de COVID-19. Sin embargo, en medio de la disputa legal, Abisalud continúa recibiendo contratos desde que fue anunciada su sanción el pasado 27 de julio de 2020.
- En total, esta empresa ha ganado 4 millones 290,000 pesos en contratos con el Instituto Nacional de Perinatología y con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde que fue sancionada. En lo que va del actual gobierno, ha acumulado 304 millones 920,774 pesos, según información publicada por la página de Compranet.
El 3 de febrero, la SFP perdió ante Lomelí. Un tribunal anuló, en definitiva, la inhabilitación en contra de otra de las empresas con las que se encuentra relacionado: Lomedic, que había sido proveedora del sistema de salud en gobiernos pasados. Con este fallo entre las manos, Lomelí se registró como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco.
Lomedic es una empresa que, como se define en su página de internet, se dedica al abasto de medicamentos. Según la modificación que realizó el exdelegado en 2019 en su declaración patrimonial, su participación era ocasional, como administrador de la compañía.
- Solfrán es otra de las empresas sancionadas por malas prácticas, fue inhabilitada el 13 de septiembre de 2019. Irma Eréndira Sandoval anunció, a través de sus redes sociales, que esa compañía no podría recibir más contratos durante dos años y seis meses. En diciembre de ese mismo año, la empresa presentó una demanda de nulidad en contra de la resolución, y una sala regional especializada en materia administrativa le concedió la suspensión provisional. De esta manera, Solfrán continuó “con el desempeño de sus actividades regulares”.
Para el 22 de enero de 2020, la SFP publicó en el Directorio de Sanciones que Laboratorios Solfrán podría participar de nuevo en concursos de gobierno, a razón de la decisión de la sala regional.
A partir de entonces, la compañía recibió ocho contratos entre enero y abril de 2020, por más de 14 millones 496,000 pesos con el IMSS, con Prevención y Readaptación Social y Servicios de Atención Psiquiátrica del gobierno federal./Agencias-PUNTOporPUNTO
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