México tiene un bono catastrófico por 485 millones de dólares con cobertura contra pérdidas derivadas de sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024.
- Según el documento, este bono cuenta con activación paramétrica. Se contrató en 2020 con vigencia de cuatro años, por lo tanto, vence en marzo de 2024. Esta herramienta se habilitó tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
¿En qué emergencias se utiliza este bono catastrófico?
- El monto se divide en 4 categorías: sismos clase A, con cobertura de 175 millones de dólares, para siniestros de mayores magnitudes, baja probabilidad de ocurrencia, pero con mayor impacto económico. Esta cobertura está enfocada en la zona central del país.
- Otro es para los sismos clase B (60 millones de dólares): eventos de mayor probabilidad de ocurrencia y menores pérdidas económicas; cobertura enfocada en zona de la costa del Pacífico.
- También se contemplan los huracanes, como ‘Otis’ que afectó Acapulco, Guerrero. Para el caso de estos eventos se cubren todas las zonas costeras del Océano Pacífico y del Golfo de California.
Del mismo modo, se contemplan estos siniestros en el Atlántico para las zonas costeras del Golfo de México y Península de Yucatán. Ambos por 125 millones de dólares.
“Hacia 2024 las finanzas públicas contarán con una estrategia robusta de protección en materia de riesgos catastróficos: se renovará el Seguro de daños ocasionados por fenómenos naturales (seguro para catástrofes) y el bono catastrófico”, se expone en el texto de la Secretaría de Hacienda.
México también tiene un seguro de daños
Asimismo, también se enfatiza en dicho documento que México cuenta con la contratación de un seguro de daños ocasionados por fenómenos naturales con vigencia del 5 de julio de 2023 al 5 de julio de 2024.
- Este seguro tiene una cobertura de cinco mil millones de pesos, con deducibles operativos por diagnóstico ajustado de daños, diferenciados por sector (carretero, educativo, hidráulico, vivienda, salud, urbano y otros) y un deducible agregado anual por 750 millones de pesos.
“Este instrumento cubre los recursos presupuestales, para la atención a los efectos ocasionados por los fenómenos naturales”, señala.
- El Gobierno tiene contemplado para el próximo año fiscal actualizar los instrumentos de análisis y modelación de riesgos catastróficos para el fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres.
Expone que también trabajará con organismos internacionales, gobiernos de otros países y actores del sector asegurador nacional e internacional en la elaboración de estudios, proyectos y políticas públicas para hacer más eficiente los instrumentos nacionales de análisis de riesgo.
Bajan recursos para la atención de desastres naturales
A pesar de que la atención para desastres naturales es un gasto obligatorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 aprobado por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó un ajuste a la baja a esos recursos.
- Lo anterior, pese a que un tercio de la población y la economía son vulnerables a tres o más tipos de fenómenos naturales, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
- De acuerdo con el Informe de Finanzas Pública y la Deuda, para el ejercicio 2024 se autorizó un monto de 18 mil 203 millones de pesos para enfrentar los efectos climatológicos.
- Sin embargo, la SHCP realizó una modificación para dejarlo en 13 mil 472 millones de pesos, una disminución de 26% o 4 mil 731 millones.
Si bien ya no existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) desde 2021, tiene que haber una asignación presupuestal en el PEF que debe recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados para aplicarse para el Fondo para la Prevención de Desastres, el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a los que se refiere el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por otra parte, se incrementó el gasto obligatorio relacionado con erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado.
- Se trata de los recursos destinados para cubrir responsabilidades por delitos y faltas oficiales, que podrán exigirse durante el periodo que el funcionario ejerza su cargo y un año después.
- Para este año se avalaron para ese gasto obligatorio 593 mil 407 millones de pesos, pero la SHCP hizo una modificación para incrementarlo a 852 mil 400 millones, de los cuales se han pagado 484 mil 129 mdp hasta el cierre del primer semestre de este año.
“Nunca serán suficientes los recursos para desastres naturales”, dijo la especialista en protección civil, Laura Gurza.
Si bien las emergencias son caras para atender a la población y estabilizar la situación, es mucho más costoso reconstruir la infraestructura perdida o dañada.
- Advirtió que está probado que el desarrollo de una comunidad retrocede por décadas cuando se pierden hospitales, clínicas, escuelas, carreteras, puentes, calles, drenajes, parques, puertos, viviendas, negocios, cosechas, entre otros.
Estados, sin fondos para emergencias
Los estados mexicanos manejan reservas muy limitadas para hacer frente a la reconstrucción y apoyo a la población afectada por los desastres naturales en el país y para llevar a cabo acciones de prevención, advirtió un análisis de la calificadora Moody’s.
- Entre 2020 y 2022, el saldo de los fondos etiquetados para desastres naturales de los estados calificados por Moody’s Local México fue equivalente a 0.15% de sus ingresos operativos, un margen muy limitado para responder a eventos de alto impacto.
- Para la calificadora, los choques provocados por desastres naturales pueden generar presiones en la liquidez en el corto plazo, resultado de los gastos que se realizan para cubrir las necesidades inmediatas a la población tras el desastre.
Mientras que en el mediano plazo también pueden encontrarse obligados a tomar financiamientos para la reconstrucción de infraestructura.
Los desastres naturales también pueden tener impactos negativos en los ingresos propios de los estados y municipios, especialmente cuando estos fenómenos tienen repercusiones adversas en la actividad económica a nivel regional o local, lo cual hace aún más fuerte el impacto en las finanzas públicas”, señaló.
Y es que, si bien el gobierno federal sigue presupuestando recursos de manera anual para apoyar a los estados y municipios para cubrir los costos asociados con los desastres naturales, los cambios en el marco institucional del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), podrían afectar también la capacidad de apoyo del gobierno federal en el futuro.
Moody’s explicó que el Fideicomiso del Fonden registró un saldo 27 mil 602 millones al cierre de 2020, año en que el gobierno declaró el inicio de su proceso de extinción.
- Entre 2021 a 2023 y el presupuesto aprobado para 2024, el monto designado para el Fonden ha fluctuado en 8 mil 727 millones y 17 mil 985 millones de pesos, por debajo del gasto promedio anual de 18 mil 141 millones a cargo del Fonden entre 2016 y 2021.
- La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que los estados deben constituir fideicomisos públicos fondeados con aportaciones anuales para atender desastres naturales, pero la mayoría de los estados hacen las contribuciones mínimas establecidas en la ley.
- Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los que han sufrido mayores daños, particularmente por lluvias fuertes, huracanes y sismos, mientras que otros estados son mucho menos vulnerables a los desastres.
En general, los estados más susceptibles a los desastres naturales también tienen niveles de desarrollo económico per cápita más bajos y flexibilidad financiera limitada, reduciendo su margen para absorber choques”, dijo Moody’s.
Estados y municipios pagarán los costos por desastres naturales
En marzo pasado la Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece que serán los estados y municipios los responsables de destinar recursos para la atención de desastres naturales.
- Morena y sus aliados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, para establecer las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, coordinarán sus acciones en la materia.
- La nueva normatividad considera obligación y responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un desastre originado por amenazas naturales.
El documento, que abroga la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, fue avalado en lo general por 242 votos a favor, 204 en contra de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y cero abstenciones.
El dictamen establece que las entidades federativas tendrán que contar con centros de estudio y capacitación en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres.
Además, las entidades federativas deberán prever recursos en sus presupuestos de egresos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada por la ocurrencia de una o más amenazas naturales.
La iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de octubre, esto es, 19 días antes de que el huracán Otis devastara Acapulco.
En la fundamentación del dictamen, el diputado morenista Jorge Ángel Sibaja Mendoza expuso en tribuna que la ley vigente provocó la formación de grandes vicios, como la dependencia entre las entidades federativas de los recursos provenientes del Ejecutivo Federal, y con el dictamen se busca erradicar por completo, ya que se establece que serán ellas quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia.
- La reingeniería, destacó, permitiría una mejor comunicación y trabajo coordinado entre las entidades y la Federación, por medio de un mecanismo de transferencia de recursos. “La nueva ley está pensada en que los recursos sean ejecutados de manera coherente, evitando el desvío de los mismos. La Ley es clara, transparente y eficiente en el uso de los recursos; responde a las necesidades inmediatas de la prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción en caso de emergencias o desastres”.
Sibaja detalló que ahora los estados serán los que darán los recursos para atender alguna situación de emergencia y que sólo el Gobierno federal apoyará a las entidades cuando la situación lo amerite, como ocurrió en Acapulco con el huracán “Otis”.
La también morenista Olimpia Tamara Girón Hernández destacó que los gobiernos estatales deben ser los primeros en dar atención sobre protección civil y gestión del riesgo de desastres y crear políticas que establezcan mecanismos en temas de transparencia, eficacia, eficiencia y honradez.
¿Por qué desaparecieron el FONDEN?
Tras la llegada del huracán John a tierras mexicanas, dejando graves estragos en Oaxaca y Guerrero principalmente, la pregunta que más surge es: ¿Qué pasó con el FONDEN? ¿No serviría en estos momentos?
Pasando de tormenta tropical a huracán rápidamente, se estima que John llegará causar un desastre menor al del año pasado, con el caso de Otis.
- El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue un mecanismo financiero creado por el gobierno de México en 1996, durante la administración de Ernesto Zedillo. Su objetivo principal era proporcionar recursos económicos para la atención inmediata y la reconstrucción de áreas afectadas por desastres naturales, como huracanes, sismos, inundaciones y otros fenómenos que afectaran al país.
En esencia, el Fonden hacía que los recursos fueron movilizados rápidamente para garantizar que los servicios esenciales volvieran a estar operativos lo antes posible.
- Sin embargo, en 2020, como parte de una política de austeridad y combate a la corrupción, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó su eliminación, argumentando que el fondo era mal manejado y se utilizaba de manera ineficiente, según el mandatario, el fondo se había convertido en una “caja chica” para políticos corruptos y culminó con su desaparición en 2021.
Así se manejan los desastres naturales sin el Fonden
La polémica no se hizo esperar tras la controversial decisión de López Obrador sobre todo porque según algunos mexicanos, parecía más algo relacionado con un juego de campaña y su propia ideología a algo que realmente beneficiara a los habitantes en zonas en riesgo de desastres naturales.
- Sin el Fonden, el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de gestionar los recursos para desastres naturales de manera directa. Aunque se han destinado presupuestos anuales para emergencias, como los 18,000 millones de pesos aprobados para 2023, críticos afirman que la falta de un esquema independiente como el Fonden podría ralentizar la respuesta ante desastres de gran magnitud.
- Con un evidente vació en la gestión desastres naturales con la llegada de “John”, expertos ya han criticado que es muy posible que el país cuente con prácticamente la mitad de recursos para actuar frente a desastres naturales tan devastadores como el demoledor terremoto del 2017 o como los huracanes que se presentan este mismo año en el sur de país.
La falta de un fondo especializado puede traducirse en una respuesta más lenta y una reconstrucción más complicada, afectando a las comunidades más vulnerables. /Agencias- PUNTOporPUNTO
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