La reforma judicial que impulsa la 4T no sólo pretende elegir a ministros y jueces federales sino a cinco mil 25 juzgadores locales de las 32 entidades del país.
- Según datos oficiales, existen cuatro mil 398 jueces locales y 627 magistrados de Tribunales estatales, lo que suma cinco mil 25 cargos a elegir según la iniciativa presidencial. Esto se suma a los mil 688 cargos federales que, de aprobarse la iniciativa en sus términos, deberían votarse en urnas.
La iniciativa plantea que la elección de los cargos federales debería ocurrir a más tardar en 2025, mientras que para los cargos locales no define fecha.
En el artículo 116 de la iniciativa, en su inciso tercero, plantea que los Congresos locales deberán adecuar sus legislaciones a la federal para que se elijan a los jueces por voto directo y secreto.
- Da un plazo de 180 días después de la aprobación de la reforma federal para hacer esas adaptaciones, pero no fija un límite de fecha para los comicios de jueces locales.
- La mayoría de Congresos locales, controlados por Morena, pueden determinar un límite de candidatos o incluso mecanismos de control que favorezcan los intereses de gobernadores.
- El proceso electoral de cinco mil 25 jueces y magistrados locales sería uno de los más complicados en su logística.
Previsto a resolverse en la próxima Legislatura
El proyecto de reforma constitucional presentado en febrero por AMLO ante la Cámara de Diputados está previsto resolverse en la próxima Legislatura, donde Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada.
La iniciativa ordena la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como de todos los Jueces de Distrito y magistrados de Circuito del país, junto a los juzgadores locales.
- Según la reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que organizar en junio de 2025 la elección de al menos mil 688 cargos, de los cuales sólo 21 serían votados en todo el país, mientras que el resto se dividirían por estados.
- Para el Poder Judicial de la Federación, los cargos de elección nacional serían nueve integrantes de la Corte, siete de la Sala Superior del Tribunal Electoral y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.
- Para cada uno, el Ejecutivo y la propia Corte podrían nominar hasta 10 candidatos, y el Congreso otros cinco. En otro proceso sería la elección por voto popular de poco más de cinco mil 25 jueces y magistrados de los 32 tribunales estatales.
Elegir por voto popular a jueces, amenaza directa a la independencia judicial
La iniciativa de reformas constitucionales presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que contempla elegir por voto popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces, así como a magistrados federales, entre otras medidas, constituye una amenaza directa a la independencia judicial, pone en peligro los derechos de las minorías y es contraria a los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad del poder Judicial, plantea un análisis elaborado por el Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.
- En el informe titulado “Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”, subraya que las reformas incumplen las obligaciones internacionales que el país ha suscrito a través de diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y sobre independencia judicial.
- La iniciativa presentada por el mandatario mexicano el 5 de febrero de 2024, contempla, además, reducir la duración en el cargo de ministros y magistrados; vincular sus salarios a los del Ejecutivo y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección también sería por votación popular.
De acuerdo con el informe, de aprobarse esas propuestas socavarían las bases fundamentales del Estado de derecho en México.
Señala que, aunque el derecho internacional no establece un mecanismo específico para la selección de jueces, sí reconoce una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse para garantizar un poder Judicial independiente, los cuales incluyen que los métodos de selección sean públicos, objetivos y justos, que se fundamenten en el mérito, particularmente en lo que respecta a las cualificaciones, la integridad, la capacidad, la eficiencia, la imparcialidad y la independencia, y que sean transparentes y accesibles.
- Refiere que tanto los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura como los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, establecen la integridad, la idoneidad y la formación o cualificación jurídica adecuada como elementos preponderantes en el nombramiento de los jueces.
Del mismo modo, añade, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han reconocido que la selección de juezas y jueces debe hacerse exclusivamente sobre la base del mérito personal y la capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia en el cargo que tengan en cuenta la naturaleza específica de las funciones a desempeñar.
- Llama la atención en que la iniciativa pretende reducir el mandato de ministros de la SCJN de 15 a 12 años; también reducir de nueve a seis años los mandatos para los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aquellos de las salas regionales.
- “Este mandato de seis años podría coincidir con el periodo presidencial de igual duración. En el caso de las y los magistrados y jueces de distrito, la reforma pretende aumentar el mandato de seis a nueve años con la posibilidad añadida, en los casos de reelección para términos sucesivos”.
- El análisis concluye que para asegurar el Estado de derecho en México y cumplir con las obligaciones internacionales sobre independencia judicial, resulta necesario garantizar que la selección de jueces se base en méritos y capacidades, y no en votaciones populares.
Asimismo, garantizar que el método de selección posibilite la emisión de fallos imparciales, fundamentados exclusivamente en hechos y normas jurídicas, y que dichas decisiones se encuentren resguardadas contra influencias externas, así como garantizar la estabilidad en el cargo con periodos de mandato suficientes e independientes del período del poder Ejecutivo, permitiendo la destitución solo por causas justificadas, previamente establecidas en ley y con suficientes garantías procesales, incluido el derecho a contar con un recurso de revisión judicial.
También recalca la necesidad de garantizar la independencia de la autoridad disciplinaria judicial, evitando el nombramiento de sus integrantes mediante votación popular y desvinculando sus periodos de mandato de los del poder Ejecutivo y garantizar la independencia y estabilidad económica del Judicial, sin vincular los salarios judiciales a los del ejecutivo u otros poderes con autoridad sobre su remuneración.
Experiencia internacional acusa inconvenientes
- El documento incluye un apartado sobre experiencia comparada sobre elección de jueces. Subraya que muy pocos países eligen a jueces por votación popular y solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para jueces de cortes con jurisdicción constitucional.
Bolivia se convirtió, en 2009, en el único país latinoamericano en implementar la elección de jueces por voto popular.
- Según el análisis, la experiencia de las elecciones judiciales de 2011 y 2017 ha revelado problemas significativos. En ambas se ha observó que el proceso de preselección de candidatos estuvo influenciado por consideraciones políticas más que por méritos técnicos.
Además, el fracaso de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la preselección de candidatos idóneos ha generado descontento y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
- Asimismo, el alto porcentaje de votos nulos y en blanco, que constituyeron la mayoría de los votos, reflejó la desconfianza e incluso el desinterés de la ciudadanía en el sistema de elección por voto popular del funcionariado judicial, desvirtuando el argumento del origen democrático de las designaciones.
Destaca que la politización del proceso de selección ha llevado a una falta de transparencia y a la selección de candidatos que pueden no ser los más adecuados para el cargo judicial.
- En el caso de Estados Unidos, refiere que como parte de su Sistema Federal de gobierno, esa nación tiene un poder Judicial federal y un poder Judicial estatal para cada uno de sus cincuenta estados.
- En 39 estados eligen al menos a algunos miembros de este personal por votación popular y cerca de 90% de los jueces de los tribunales estatales se enfrentan a algún tipo de elección por votación popular.
El problema es que las elecciones judiciales son objeto de un importante debate público en ese país, ya que los grupos de interés, los partidos políticos y los candidatos gastan cada vez más dinero en estas elecciones y destaca que la American Bar Association (ABA) se ha opuesto a las elecciones judiciales, advirtiendo del “efecto corrosivo del dinero en las campañas electorales judiciales, donde (los partidos) interesados en los resultados de los casos decididos por los jueces intentan comprar ventajas en la sala del tribunal influyendo en quién será juez en las urnas”.
- La ABA apoya desde hace tiempo los sistemas de “selección por méritos” para los jueces y juezas estatales, en los que son seleccionados de entre un grupo de candidatos cuyas cualificaciones han sido revisadas y aprobadas por un organismo independiente.
- El Diálogo Interamericano es un centro de análisis e intercambio político que une a una red de líderes globales para promover la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe.
Recorte al presupuesto del PJ desaparecería juzgados de distrito
En 2023, la intención de la fracción legislativa de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, de recortar entre 15,000 y 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para este 2024, ocasionará la inoperancia del sistema, pues entre 60 y 70% de sus órganos jurisdiccionales quedarían imposibilitados para atender sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales, plantea un análisis interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- En tanto, analistas y académicos expertos en la materia, afirmaron que se trata de una «venganza política» del Ejecutivo contra la SCJN y, de concretarse, pondrá en riesgo la operación del Poder Judicial de la Federación, el derecho a la justicia, aumentará la impunidad e impactará negativamente la implementación de la nueva justicia laboral, la reforma en materia civil y familiar, y la solución de los conflictos derivados del proceso electoral de 2024, donde se renovarán la presidencia, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, así como un buen número de congresos estatales y ayuntamientos.
- De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, la reducción que se pretende hacer al presupuesto, “y cuyo sustento se desconoce”, ocasionaría un incremento en el índice de conflictividad social y de la incidencia de casos de justicia por propia mano.
Si se hace efectiva la amenaza de legisladores de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, el recorte podría ser superior a 32% del presupuesto ejercido en 2023.
Eso se traduciría en la falta de capacidades institucionales para reducir la impunidad, además, constituiría una violación a la Constitución, por trasgredir la división de poderes y, con ello, la pérdida de vigencia del Estado democrático constitucional de derecho.
Lo grave del asunto, recalca, es que eso podría traducirse en profundizar la desigualdad social, propiciando que solo quienes puedan pagar un abogado particular, cuenten con una defensa jurídica adecuada y de calidad, privando a las personas más pobres de una defensa pública y gratuita que les represente, atendiendo a sus contextos culturales.
- Francisco Burgoa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que habría una vulneración al derecho constitucionalmente establecido que tienen los mexicanos de acceso a la justicia y de manera pronta y expedita.
- Para el académico, la intención de recortar presupuesto para el Poder Judicial responde más a una venganza política, por parte del Gobierno federal, luego de que la SCJN ha emitido resoluciones que no le han gustado al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
- “Es inadmisible, que no se esté respetando la autonomía e independencia de la Corte, que no se esté garantizado la división de poderes. Pretender reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación es una intimidación y una forma de presionar a la Corte”.
El pasado 28 de agosto de 2023, la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, informó que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de este año, el Poder Judicial de la Federación solicita un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado para el año en curso (77,544 millones 491,126 pesos).
- El coordinador de la fracción legislativa de Morena en el recinto de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anunció el domingo pasado que se han detectado “gastos innecesarios” que van de los 15,000 y 25,000 millones de pesos en el Poder Judicial de la Federación y se hará el recorte respectivo.
- El recorte podría constituir el equivalente a 32% del presupuesto ejercido en 2023. Lo que ha encendido las alarmas en el Poder Judicial es que, si se concreta el recorte habrá una reducción superior al 32% del presupuesto de 2023, colocando al Poder Judicial de la Federación en el escenario presupuestal de 2015.
- Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), planteó que, de 2015 a 2023, el presupuesto ejercido por el Poder Judicial prácticamente estuvo estancado, pues sólo aumentó 1.3% en términos reales.
En este sexenio se llegaron a aprobar casi 94,000 millones de pesos para el ejercicio de 2017, pero no se ejerció esa cantidad, debido a que solo se gastaron 81,000 millones.
Expuso que el incremento que se plantea para 2024, tampoco es significativamente mayor y, lo que sí se ha visto, entre 2018 y 2019 es que hubo un recorte de 13% en los recursos asignados al Poder Judicial y de 2019 a 2023, ya ha existido una disminución de 2.9%, en términos reales.
Para el Poder Judicial de la Federación, lo delicado es que, en los hechos, se perderían ocho años de avances en las capacidades institucionales.
- Lo más grave es que desaparecería 63% de los juzgados de distrito y el 69% de los Tribunales Colegiados de Circuito; se perdería 35% de la capacidad laboral del Poder Judicial Federal y pone en riesgo la atención de más de 3,541,000 asuntos, que implican la defensa de la dignidad de las personas, patrimonio, familia, trabajo y desarrollo.
Eso, sin contar que se pondrían en riesgo la integridad de las personas usuarias y del personal judicial, al reducir drásticamente las capacidades para su protección y la de los inmuebles donde se imparte la justicia federal.
- Además, desaparecerían mecanismos de profesionalización del Poder Judicial de la Federación, para asegurar una impartición de justicia de mayor calidad. Presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2023 equivale a 0.26% del PIB; en países europeos con PIB similar a México representa 0.42%
De acuerdo con el análisis, para 2024, el Poder Judicial de la Federación ha solicitado un presupuesto que representa 0.9% del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual constituye una disminución significativa, si se compara con el gasto ejercido en 2017, cuando representaba 1.4%. Por otra parte, el presupuesto del Poder Judicial Federal para 2023, equivale al 0.26% del Producto Interno Bruto, (PIB), mientras que en 2018 era el 0.30%, lo que supone una disminución de 12.84% en cinco años.
- Si se compara con la cantidad de recursos que se destinan en otras partes del mundo, llama la atención que, al menos en 2020, en países europeos que se encuentran en un rango de PIB per cápita similar a México (entre 10,000 y 20,000 euros anuales), el costo de los sistemas judiciales representó 0.42% del PIB.
- En 2023, la inversión per cápita para el Poder Judicial de la Federación fue de 1.8 pesos diarios por cada mexicano, lo que representa 0.8% del salario mínimo, mientras que el promedio de los sistemas judiciales en países de Europa, es el equivalente a 4 pesos mexicanos per cápita (2022).
En América Latina (también en 2020), los países destinaron en promedio 0.56% de su PIB a tribunales de justicia. Por ejemplo, Brasil destinó 0.81%, Colombia 0.71% y Chile 0.52%.
En ese tenor, Laurance Pantin Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, planteó que, de concretarse ese recorte, el Poder Judicial ni siquiera pueda pagar al personal indispensable para dar el servicio de impartición de justicia.
Dijo que, según los diputados oficialistas, el recorte tiene como objetivo poner un alto a los gastos innecesarios del poder Judicial, como el que se destina para la seguridad de algunos ministros y juzgadores; sin embargo ─enfatizó─, hay que recordar que, en 2020 fueron asesinados en Colima un juez federal y su esposa y en diciembre de 2022 un juez local en Zacatecas, presuntamente, por relacionados con temas derivados del ejercicio de su función.
- Al hacer su propuesta de presupuesto para 2024, el Poder Judicial de la Federación consideró que México cuenta con un promedio de cinco personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Mientras que el estándar internacional es de 65 y el promedio de la región latinoamericana es de 18.
- Si la tendencia de 2023 se mantiene en 2024, al menos una de cada 100 personas tendrá un conflicto que dirimir ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual representa alrededor de 1.3 millones de casos nuevos. Esto es más de 72% del total de los asuntos resueltos durante 2022.
Podría afectar la representación legal que realizan abogados de oficio
Francisco Burgoa llamó la atención en que puede resultar afectado el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que representa jurídicamente y de manera gratuita en más de 32,500 asuntos y lleva a cabo más de 41,340 asesorías jurídicas, en 147 lenguas diferentes, en 138 localidades del país.
- Eso generaría una severa afectación a los mexicanos que no cuentan con un abogado que los acompañe cuando están involucrados en un caso judicial. Además aumentaría la impunidad, dijo el abogado.
- El Poder Judicial de la Federación tiene obligaciones constitucionales y legales pendientes, derivadas de las reformas laborales de 2017 y 2019, tanto a la Constitución de México como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prevén la creación de órganos jurisdiccionales en la materia.
- Laurance Pantin recordó que el Poder Judicial tiene prevista la construcción de alrededor de 22 centros de justicia laboral, los cuales, probablemente se verían afectados, pues no solo se trata de inmuebles, sino contratación del personal necesario.
Lo delicado es que en 2022 se terminó el plazo que se tenía para implementar en el Poder Judicial la implementación de la nueva justicia laboral.
- Asimismo, el Poder Judicial de la Federación tiene un reto importante en la implementación de todo lo que implicó la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que marca que haya oralidad en ciertos procesos y la posibilidad de implementar ciertas herramientas de justicia digital.
Eso implica la necesidad de tener nuevas instalaciones con infraestructura tecnológica apropiada.
- Manuel Guadarrama dijo que es un despropósito que se le den más responsabilidades al Poder Judicial, concretamente en materia laboral y procedimientos civiles, que son aspectos muy importantes en materia de acceso a la justicia y no se les apoye con los recursos suficientes para lograr su implementación, abundó.
En tanto, Francisco Burgoa subrayó que, al iniciar el proceso electoral para renovar la presidencia de la República, nueve gubernaturas y el Congreso de la Unión, así como una serie de legislaturas estatales y ayuntamientos, se incrementará el número de conflictos que deberá resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, para eso, requiere que cuente con el presupuesto suficiente, con el fin de proteger los derechos político-electorales de los mexicanos.
CDMX va por la extinción de juzgados
La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) externó su preocupación por el anuncio de la extinción de 24 juzgados civiles y 11 juzgados familiares en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) todos ellos de proceso escrito y la reasignación de otros juzgados debido a la gran carga de trabajo y rezago de asuntos que en ambas materias se tienen en la CDMX.
- En materia familiar los asuntos ingresados del 2021- abril 2024 con 307 mil 505, los asuntos concluidos en ese periodo fueron 108 mil 895 y existe un rezago del 64.58%.
- En materia civil los asuntos ingresados del 2021- abril 2024 fueron 297 mil 674 y concluidos 202 mil 148 refleja un rezago de 32.10%.
La Barra remarcó que preocupa la premura de la solicitud de declaratoria de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la CDMX, ya que el artículo cuarto transitorio de código establece que los procesos civiles y familiares que se encuentren en trámite continuarán su sustanciación conforme a la legislación aplicable al momento de su inicio siendo que podría aprovecharse el periodo faltante hasta abril de 2027, para la adecuación de la infraestructura física y tecnológica.
- Así como para la capacitación del personal dada las cifras presentadas se teme que los tiempos procesales se prolonguen en demasía ante el aumento de trabajo en los juzgados receptores de los expedientes provenientes de los juzgados que se extingan en perjuicio de los justiciables y muy especialmente de niños niñas y adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad involucrados.
“La BMA hace un llamado al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a reconsiderar las implicaciones de la extinción de juzgados y que se realicen las acciones necesarias para alcanzar una impartición eficiente, oportuna y eficaz de la justicia”, señaló el organismo en un posicionamiento.
Quedarán 50 juzgados operando
Al término de la extinción, quedarán 38 juzgados de lo civil operando y 22 de lo familiar.
Consultada al respecto, el área de comunicación del Poder Judicial señaló que por el momento no emitirán alguna postura sobre las implicaciones que traerá la medida.
- Pável Ruiz, abogado especialista en materia civil, coincide con la BMA en el sentido de que este proceso traerá una sobrecarga de trabajo en los juzgados que continuarán en operación.
“El problema que va a traer es una sobrecarga de trabajo en los juzgados que se van a quedar, porque se extinguen 35 juzgados (…), entonces en el día a día del abogado es muy difícil generar citas, que te den fechas de audiencias. Que vayas a realizar un trámite, un exhorto; se tardan días”, dijo a este diario.
“La ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece los días en los que estos trámites deben de hacerse, también lo es que la carga de trabajo es excesiva”, señaló.
Ruiz estimó que las autoridades, por cumplir con lo establecido en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, buscan extinguir los juzgados, “el error radica en querer implementar de manera rápida este nuevo código, que lo que pretende es que todo sea oral, que sea la justicia más pronta y expedita, pero en la práctica no lo es; tenemos juzgados donde los trámites son extremadamente tardados”, refirió.
Ocho años de litigio en el Juzgado 29
- Uno de los juzgados que está en proceso de extinción es el 29, dedicado a la materia familiar. Uno de los casos que actualmente se desahogan ahí es el de Lidia, quien desde 2016 inició un juicio por la pensión alimenticia de sus dos hijos menores de edad.
- Tras ocho años de que comenzara con el proceso en contra de su expareja, el juicio continúa; incluso el hombre ya estuvo preso por esta situación, ya que la mujer presentó una denuncia por incumplimiento de pensión alimenticia ante la Fiscalía capitalina.
Ernesto “N” fue arrestado en cumplimiento de una orden de aprehensión en octubre de 2023 y después de pagar lo que debía de pensión recuperó su libertad.
Sin embargo, el juicio de fondo por la pensión y custodia continúa.
- La víctima asegura que ni ella ni su abogado habían sido notificados sobre alguna reubicación de su caso a otro juzgado tras el proceso de extinción iniciado el 17 de junio.
- En el acuerdo 43-17/2024 quedó asentado que los asuntos que se lleven en los juzgados que serán extintos serán turnados a los que continúen dando servicio.
¿Cómo afecta la implementación de la oralidad en juzgados familiares y civiles?
La razón del caos: desde el 17 de junio el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México anunció la extinción de 11 juzgados familiares y 24 civiles.
Lo anterior para que las demandas de divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia o disputa sobre contratos mercantiles pasen de ser procesos escritos a orales.
- Pero, en los últimos días, el personal de los juzgados en materia familiar y civil del Poder Judicial de la CDMX no se da abasto para atender los asuntos…ya no hay espacio para más expedientes, se apilan en sillas, escritorios y encima de cualquier mueble.
“Ahorita el caos es bastante, porque por ejemplo el lunes hubo suspensión de términos por falta de personal”.- Elizabeth Mariana, Abogada
“Sí considero que deben de tener un poquito más de criterios sobre todo cuando va uno a checar expedientes porque se aglutina mucho la gente”.- Ricardo Arenas, Abogado
- Keren Blancas, especialista en derecho, explica que es parte de implementación del nuevo Código Nacional Civil y Familiar en todo el país.
- “Se busca despresurizar los procedimientos, compactarlos, evitar procesos largos y sobre todo, que los juicios no lleguen a litigios, que se trate de una conciliación”.- Keren Blancas, Especialista en derecho penal y civil.
- La transición al nuevo sistema se llevará a cabo de manera gradual, por eso, los asuntos de los juzgados en extinción están siendo enviados a otros, donde además siguen recibiendo trámites nuevos.
“Sí afecta, va a afectar los procesos, va a haber molestia por parte de los litigantes y de los usuarios porque tienen que entregar los juzgados que se extinguen a los nuevos juzgados todos los asuntos alrededor de 4 mil o 5 mil asuntos por juzgados lo que materialmente va a ser imposible mucha carga de trabajo mucho tiempo mucho material sin embargo en su momento esta transición va a traer beneficios”.- Keren Blancas, Especialista en derecho penal y civil.
Beneficios que ya son latentes en el caso de los divorcios exprés, que ya se tratan en salas de audiencia orales.
- “Ya todos son totalmente orales, vamos a ver sobre la práctica cómo nos va a ir ya que está muy reciente, sin embargo lo que se busca es que se resuelva en una o dos audiencias”.- Keren Blancas, Especialista en derecho penal y civil
- Actualmente ya se están realizando audiencias en el nuevo sistema oral en las materias civil y familiar en la sede principal del Poder Judicial de la Ciudad de México y se espera que todas las salas terminen en su totalidad para el 2027./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2024/05/ES_Informe-Mexico_Independencia-Judicial.pdf
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
