BANDAS CRIMINALES dejan atrás el trasiego de DROGAS para dedicarse al COBRO de PISO

En el contexto de la crisis económica, el cobro de derecho de piso por parte de organizaciones criminales a establecimientos comerciales, tiene un impacto todavía más significativo, pues estas actividades delictivas inhiben la inversión de las grandes compañías y prácticamente asfixian a las pequeñas y medianas empresas.

Ante su incapacidad operativa para competir en el tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo, la droga de mayor demanda en Estados Unidos, grupos del crimen organizado trasladaron sus actividades a la extorsión, delito que registra niveles récord de incidencia durante el último año.

  • Informes del gabinete de seguridad detallan que bandas locales dejaron atrás el trasiego de cocaína, marihuana y otras drogas para dedicarse de lleno al cobro de piso en diferentes modalidades a productores del campo, ganaderos, comerciantes, empresarios, transportistas, presidentes municipales y hasta a beneficiarios de programas sociales en el país.
  • Según las autoridades, se ha detectado en algunos estados que los extorsionadores cuentan con los padrones de beneficiarios de programas, por lo que ya saben los apoyos que van a recibir, los montos económicos y el día que los van a recibir para cobrarles una cuota.

Además de que tienen el monopolio de la venta y distribución de diversas mercancías en las poblaciones en las que tienen el control territorial de las actividades ilícitas.

  • En el gobierno federal estiman que las ganancias anuales de la delincuencia por la extorsión se elevaron de 12 mil millones de pesos en 2018 a 36 mil millones de pesos en el último año, por lo que se alista la operación de la Comisión Nacional Antiextorsiones y acciones para disuadir a los grupos delincuenciales que tienen asolados a los sectores económicos.

Durante la pandemia por Covid-19, las autoridades federales identificaron el cambio en los patrones criminales de centenares de bandas que no tienen capacidad operativa como los grandes cárteles, lo que atribuyen a que el país vive una crisis de extorsión que de no atenderse podría estallar el próximo año.

Incluso, consideran que la mayoría de los homicidios dolosos registrados en el país están vinculados con el cobro de derecho de piso en bares y comercios de distinto tipo y que uno de los factores del alza en los precios de los productos de la canasta básica se debe a que los costos de la extorsión se están incluyendo durante la venta y la distribución de los alimentos básicos.

  • Asimismo, las autoridades federales ven que una de las causas por las que se incrementó el envío de remesas de los mexicanos radicados en Estados Unidos, es porque parte de ese dinero está siendo utilizado para el pago de extorsiones y secuestro de sus familiares en México, algunos fueron extorsionados en su intento por ingresar al vecino país del norte.
  • Las autoridades consultadas detectaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vende su marca a células delictivas muy locales para que operen bajo su nombre la extorsión, el secuestro y la venta de droga, como una estrategia de expansión y control territorial.

Expusieron el caso del sur de Veracruz, donde el CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho”, convirtió en sus aliados a grupos de esa región que antes trabajaban para Los Zetas y el Cártel del Golfo, y que ahora operan el cobro de piso, secuestro, narcomenudeo en la zona.

En Michoacán, las células criminales que operan en la Tierra Caliente, como Los Viagras y escisiones de Los Templarios, imponen el precio de productos como el limón, pollo y el aguacate, además de que están atentos a los depósitos de los apoyos del gobierno federal a la población vulnerable para cobrarle una cuota de lo que reciben mensualmente o de manera bimestral.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, reportó la detención de dos extorsionadores de líneas de transporte que solicitaban pagos a cambio de dejarlos trabajar.

“Estas personas, mediante mensajes a personal de las líneas de auto transporte solicitaban cuotas altas para poder realizar las actividades, incluso hubo una detonación a un autobús entre el 26 y 28 de septiembre, esto fue en la carretera Chilpancingo-Acapulco; donde no hubo consecuencias fatales”, reveló.

El funcionario afirmó que detectaron que dejaban mensajes en los baños de una terminal de autobuses de pasajeros, identificándose como parte de un grupo criminal, y pedían que se diera, por cada línea de pasajeros una determinada cantidad de dinero en efectivo.

  • En junio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el delito que más ha crecido es la extorsión y reveló que las bandas criminales están cometiendo asesinatos para cobrar derecho de piso en mercados y diversos comercios, así como contra productores.
  • Por su parte, el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONO), Francisco Rivas Rodríguez, aseguró que “la extorsión está desatada en 500 municipios del país, en los que la delincuencia tiene el control de la producción, la distribución y la venta de productos básicos a la población, lo que está impactando en la inflación”.
  • Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abril de este año alcanzó el máximo histórico de mil 141 víctimas de extorsión, seguido de junio, mil 139; mayo, mil 116; marzo, 945; agosto, 939; septiembre, 838; febrero, 730; enero, 742, y julio, con 857.

A inicios de 2021, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lanzó Denuncia Anónima 089, una aplicación para teléfonos móviles para prevenir posibles actos de extorsión y fraude en el país.

La app alerta a los ciudadanos sobre números denunciados y sospechosos, al recibir una llamada a su celular que será verificada en una base de números reportados al 089 o los recibidos en la misma aplicación.

Si el número se encuentra en la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión, la aplicación emitirá una alerta para prevenir que el ciudadano no tome la llamada.

Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que las principales denuncias por delitos electrónicos el año pasado fueron por fraude en el comercio electrónico, difamación, acoso, extorsión y amenazas.

Criminales afectan la economía de los estados

En el contexto de la crisis económica, el cobro de derecho de piso por parte de organizaciones criminales a establecimientos comerciales, tiene un impacto todavía más significativo, pues estas actividades delictivas inhiben la inversión de las grandes compañías y prácticamente asfixian a las pequeñas y medianas empresas.

  • En julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó su informe de resultados del primer cuatrimestre de 2022, en el cual muestra que el ánimo de inversión bajó al 52 por ciento, 1.8 menos que el año anterior, en buena medida por la delincuencia. Con la extorsión y el cobro de piso entrando al top tres de los principales delitos contra empresarios.
  • Con la pandemia de COVID-19, los grupos que cobran derecho de piso a pequeñas y medianas empresas aumentaron los costos de su “impuesto”

Si bien José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, detalló que la incertidumbre económica sigue siendo el principal inhibidor de la inversión, explicó que uno de cada dos socios de la Confederación fueron víctimas de algún delito. Destacando el incremento en reportes por cobro de derecho de piso y demás tipos de extorsión.

  • Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, comenta a Reporte Índigo que “lo lacerante de la extorsión es que mata la actividad empresarial”, pues es una actividad con características complejas que la vuelven más difícil de contener que a otros delitos como, por ejemplo, los asaltos.

“Es un delito que puede afectar el desempeño económico de varias formas. En primer lugar, puede afectar decisiones de inversión, al final de cuentas se convierte en, le podemos llamar, un impuesto que te va minando todo lo que podrías estar invirtiendo. Puede también afectar decisiones internas de la empresa”.

También considera que “resulta un tanto ingenuo pensar que las policías van a resolver el problema de la extorsión”, siendo que, precisamente, una de las características de este delito “es que tienen un componente de colusión con las autoridades”.

  • Esto como ejemplo de las muchas formas en las que pueden desarrollar estos delitos, mencionando que hay “extorsiones predatorias, que nada más están buscando extraer rentas; extorsiones protectivas, en las que llegue otra persona o conjunto que diga ‘para evitar que te pase eso, yo te protejo, pero entonces págame”.
  • Aunado a esto, Vélez plantea que no se puede esperar una política anti extorsión homogénea y se debe apostar por una de carácter diferenciado que contemple las características de las empresas por cada región, ya que esta clase de cobros afecta de una manera a las grandes empresas y de otra a las pequeñas.

Aunque las grandes firmas no están exentas de sufrir los efectos de estas extorsiones, son las pequeñas y medianas empresas las que están más expuestas, situación de suma gravedad al considerar que estas representan más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto y sobre el 80 por ciento del empleo formal, no obstante, tienen una esperanza de vida media menor a dos años.

  • Desde octubre de 2021, la Alianza Nacional de Micro y Pequeños Comerciantes, denunció que estos negocios son afectados por una triple tributación, ya que a los impuestos comunes y legales, se suman los costos de las mordidas que piden funcionarios para otorgar permisos o autorizar trámites, además del cobro de derecho de piso y demás extorsiones.

Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, comenta a Reporte Índigo que, dada la falta de confianza en las autoridades y el tiempo que se requiere para denunciar las extorsiones, un gran número de pequeños empresarios optan por cerrar y cambiar de ubicación como medida de protección.

“La acreditación lleva años, llega a representar el 80 por ciento de tus ventas. Un local pequeño trabaja, por lo menos, tres años para estar acreditado y poder estar en la mente del consumidor.

“Cuando llega el crimen organizado, o desorganizado, porque aquí ya no sabemos, la opción más viable es bajar las cortinas, cerrar y buscar otros lugares”.- Gerardo López, Presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio

  • De acuerdo con estudios del Consejo, un comercio pequeño tiene que pagar cobros de entre tres y cinco mil pesos en promedio, aunque pueden llegar hasta los 10 mil según la información que los extorsionadores obtengan.

Además, “ya con una economía abierta después de la pandemia, se han incrementado los casos de delito”.

Destaca las afectaciones al sistema económico nacional en general, puesto que las cantidades de dinero que los criminales obtienen por las extorsiones “no solamente no fluye en las venas de la economía formal, tampoco se pagan impuestos. Es un recurso que termina generando un boquete importante al pago de impuestos”.

13 estados han denunciado ser extorsionados

Comerciantes y empresarios de 13 estados del país han denunciado ser extorsionados por organizaciones criminales, mismas que los contactan por llamada telefónica para cobrar derecho de piso, aseguran que no importa el giro del negocio, todos deben pagar un costo.

  • José es dueño de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, y hace más de ocho años recibió un mensaje a su celular: “Somos del CJNG y tenemos la indicación de ponernos de acuerdo contigo para que pagues piso”. Acto seguido, los delincuentes se presentaron al establecimiento. Después de tomarse unas cervezas, se fueron con la promesa de un asustado José, quien les pagaría entre cinco y diez mil pesos al mes. “Quisimos denunciar, pero vimos que quemaban los negocios y no nos arriesgamos”.

Al igual que José, comerciantes y empresarios de 13 estados acusan que son extorsionados por las organizaciones criminales: los pagos van desde los 50 pesos semanales hasta los 250 mil por mes. No importa que la víctima venda dulces o maneje un taxi, que tenga una tortillería o administre un restaurante, que trabaje en un taller mecánico o que sea el dueño de un hotel, que sea el propietario de un deshuesadero o de un bar.

El alarmante delito de la extorsión ha sido reconocido por la Confederación de Cámaras Industriales, la cual detectó a Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas como entidades donde la delincuencia controla incluso los precios y el abasto de los alimentos.

“En Coatzacoalcos controlan el alcohol y la droga”, dice José y cuenta que hace unas semanas llegaron a ofrecerle que dejara de pagar la cuota a cambio de que vendiera droga. “Pero me negué y me siguen cobrando”. Seis de sus conocidos, en cambio, aceptaron el nuevo giro comercial. Los propietarios del Club Barrillas no accedieron ni a una ni a otra y, horas antes de la inauguración, les fueron a balear el lugar.

  • Lo mismo ha sucedido en Minatitlán y Nanchital, donde han atacado a hospitales, negocios de comida y talleres mecánicos. “Ahora se llaman Nuevo Veracruz, pero son los mismos del CJNG”, cuenta José. El alcalde Amado Cruz no niega exista el delito, pero tampoco ha recibido ninguna denuncia.
  • Donde tampoco se cuentan con denuncias es en Baja California Sur, pese a que, en enero pasado, el obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba, denunció que la extorsión es el delito más común en los cinco municipios.

Odilia, dueña de una tienda abarrotera, fue amenazada por varios hombres que le ordenaron cerrar más temprano. “No es posible denunciar, va de por medio la familia, por eso nos callamos”, se queja.

Casos similares se reportan en Oaxaca, donde la fiscalía local cuenta con 74 denuncias por cobro de derecho de piso a empresarios, locatarios de mercados públicos y hasta propietarios de escuelas privadas. Los municipios más perjudicados son: Oaxaca de Juárez, Villa de Etla, Zimatlán de Álvarez, Ocotlán de Morelos, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.

  • En Chihuahua, la fiscalía ha iniciado poco más de 300 carpetas de investigación. Entre los negocios más afectados están los yonques o deshuesaderos de autos y el de la compra y venta de metales. “Diario recibimos llamadas de extorsión”, se queja Héctor Lozoya, dirigente de la Unión de Yonqueros de Ciudad Juárez. “Hay algunos que sí han depositado porque les gana el temor”.

Rogelio Ramos, presidente local de la Canaco, cuenta que los giros agrícolas, de fumigaciones y cibernético han estado recibiendo llamadas desde diferentes reclusorios del país.

El mismo fenómeno ocurre en Durango. Teófilo Chaidez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Social, dice que varios de sus afiliados reportan extorsiones telefónicas al menos una vez al día. “Pagan por miedo, porque no quieren arriesgarse a que las amenazas se hagan realidad”.

  • En Acapulco, la extorsión y el cobro de piso se ejerce desde hace más de una década. A los vendedores de ropa usada de la colonia Emiliano Zapata, por ejemplo, les impusieron una cuota de 120 pesos diarios; a las fonditas y a taqueros, 100. “Pero si tienes mesas y sillas, sube la cantidad”, dice una comerciante, cuyo hijo tampoco se escapa de la extorsión. “Tengo dos taxis, pero pago cuota a tres grupos diferentes. Si no lo hago, me queman las unidades”.

En el Estado de México, la Asociación de Empresarios y Ciudadanos dio a conocer que al menos cuatro de sus agremiados han sido asesinados por no pagar la “renta”. Que Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán y Valle de Bravo son los municipios con más extorsiones. Y que el modus operandi de los delincuentes consiste en fotografiar a los empleados de los negocios para amenazarlos y/o golpearlos “para que el patrón entienda que no es broma”.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en Valle de Bravo, cuenta que la extorsión telefónica es la más recurrente, seguida de la presencial u “operación guante”, que no es otra cosa que presentarse a las empresas para “explicar los beneficios” de llegar a un acuerdo. “Los dueños de tiendas de abarrotes, carnicerías o tortillerías pagan entre 2 mil y 3 mil pesos al mes; los franeleros y boleros, 50 y 100 pesos a la semana”, dice Rivera. “A muchos comerciantes los obligan a vender cigarros sueltos de contrabando y a los taxistas a entregar droga a domicilio”.

  • En Zamora, Michoacán, los comercios informales, especialmente aquellos dedicados a la venta de productos ilegales, son el blanco perfecto de las células delictivas. De acuerdo con comerciantes, en este municipio todo se puede hacer: rifas clandestinas, juegos de apuesta, venta de ropa de segunda mano, siempre y cuando se pague una tarifa.
  • En Tamaulipas la extorsión era uno de los delitos de alto impacto que había logrado reducirse, pero en los últimos meses se ha triplicado. Los empresarios creen que ahora se trata de bandas foráneas, bien organizadas, que poseen información detallada de las actividades de las víctimas. “Eso facilita que tres de cada diez extorsionados, caigan”, dice Cristian Pérez, secretario técnico de la federación local de Cámaras de Comercio.“Aquí el delincuente llama al establecimiento y amenaza con hacerle daño a algún familiar o al mismo dueño. Usan nombres e información que recaban por redes sociales”.

Otros estados en focos rojos por el delito de la extorsión son Hidalgo (sobre todo a transportistas de la ruta México–Tizayuca), en Puebla (en mercados como La Unión, Morelos, La Acocota, Hidalgo e Independencia), y en todo el estado de Nuevo León./Agencias-PUNTOporPUNTO

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