El gobierno plantea eliminar 28 mil plazas de la Administración Pública Federal, cuyo contrato se realizó mediante el sistema laboral outsourcing (subcontratación); sin embargo, entre 2019 y 2020 se han pagado cinco mil millones de pesos a empresas dedicadas a este esquema.
- De acuerdo con informes de transparencia, el Banco del Bienestar es la entidad que mayores recursos invirtió en outsourcing, con más de 872 millones de pesos.
El plan de la Federación es absorber esos puestos de trabajo, es decir, recontratar al personal que sea despedido derivado de la reforma al outsourcing, que discuten los diputados.
“El gobierno se hace cargo de pagarles… no creo que haya problema para la regularización, no tenemos por qué tener intermediarios”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego agregó que no se puede promover una regulación del outsourcing y mantener ese esquema en el gobierno.
En la mañanera, insistió en que es ilegal la subcontratación, en el caso de los servidores públicos, y lo que se pretende es evitarla porque se abusó mucho de esta figura, pues se detectó que empresas despedían a los trabajadores en diciembre para no darles prestaciones, aguinaldos, ni reparto de utilidades y los volvían a contratar en enero o febrero del siguiente año.
Reconoció que lo han visto representantes de los empresarios que buscan tener un diálogo para abordar esta posible regulación, “pero aprovecho también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores, que mejor desistan”.
Si en el Congreso, agregó el mandatario, los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, aclaró.
- Sin embargo, entre los contratos vigentes del gobierno federal por outsourcing destaca el del Banco del Bienestar, que tiene un acuerdo con Servicios Empresariales Teram por 537.9 millones de pesos para la “contratación de los servicios técnicos y administrativos, que concluye el 31 de enero de 2021.
El pasado septiembre, la Secretaría de Marina suscribió un contrato con DICIPA por 13.9 millones de pesos por “subcontratación de servicios para terceros”.
PREVÉ CERO CORRUPCIÓN
En entrevista, José Narro Céspedes, senador por Zacatecas, dijo que en el Senado existen tres propuestas que van de la regulación a la eliminación de esta práctica.
- La iniciativa del Presidente, aseguró Narro, apunta a evitar la corrupción y el fraude al erario, que suele venir acompañado del outsourcing con empresas que pauperizan el salario, evitan el pago de prestaciones y menoscaban los derechos de los trabajadores.
“Buscamos que se reconozcan los derechos de los trabajadores, y que no sea una nueva forma de esclavitud”, enfatizó.
PERMITIRA 4T SUBCONTRATAR EN OBRAS Y SERVICIOS
A pesar de que la propuesta del Presidente de la República para regular el outsourcing expresamente prohíbe la subcontratación de personal, no considerará como tal el empleo de personal para servicios especializados o para la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.
- Y de manera excepcional, establece la iniciativa de reforma, se permitirá brindar efectos fiscales de deducción a los pagos o contraprestaciones realizadas por la prestación de subcontratación, siempre que se cuente con la autorización de la autoridad laboral y no se refieran trabajos relacionados con el objeto social o la actividad económica de las empresas.
- Esta propuesta, asevera el documento recibido en la Cámara de Diputados, no violenta el principio constitucional de equidad tributaria, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en el sentido de que la diferencia en el trato cuando éste tiene como finalidad evitar prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control de las obligaciones de los contribuyentes es válido a la luz de dicho principio constitucional.
En cuanto a las sanciones, el documento establece para aquellas personas que utilicen, se beneficien de la subcontratación de personal o se identifiquen empresas de servicios especializados operando sin la autorización correspondiente multas de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
Y a quien no permita la inspección de autoridades del trabajo se hará acreedor a una multa de 250 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
- Tendrá prisión preventiva oficiosa y penas agravadas los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados realizados por cualquier grupo de tres o más personas que se dediquen de manera permanente o reiterada a ofrecer, planear, asesorar o ejecutar esquemas ilegales que tengan como fin dañar al Fisco Federal, lo cual será perseguido como delincuencia organizada.
Las personas físicas o morales que contraten la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberán estar autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y cumplir ciertos requisitos, entre ellos, la formalización de un contrato en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar y el número de trabajadores que participarán, así como demostrar que están al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
NUEVAS REGLAS:
- Se modificará la definición de intermediario y bajo ningún caso será patrón, ese carácter lo tendrá quien se beneficie de los servicios.
- Quien contrate servicios o ejecución de obras con una empresa que incumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social, será responsable solidario con el trabajador.
Con respecto a la Ley del Infonavit, en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, hasta por seis meses./Agencias.-PUNTOporPUNTO
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