Han DESAPARECIDO (+)44 MIL personas con Obrador; ONG’s acusan CIFRAS “MAQUILLADAS”

En México hay más de 111 mil personas desaparecidas desde 1966 a la fecha, lo cual muestra que el país vive una crisis que no puede ocultarse y que ni con los cambios de gobierno esta situación siquiera muestra visos de mejoría.

• Además, cifras de colectivos revelan que desde 2007 en el territorio nacional existen al menos 5 mil 696 fosas clandestinas encontradas, con cuerpos no identificados.
• De acuerdo con la organización “A dónde van los desaparecidos”, hasta abril de este año se han multiplicado los entierros ilegales en México y según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una buena parte de los habitantes localizados en estos sitios se ubican por orden de prelación en Guerrero, Michoacán, Colima, Veracruz y Sinaloa.

No obstante, esta ONG enfatizó que de ese total, 2 mil 864 fosas han sido localizadas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que equivale al 50.28% de estos lugares registrados.

• Es tal el grado de criminalidad que persiste en el país, que “A dónde van los desaparecidos” señala que Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, en Jalisco, concentran el 8% de las desapariciones registradas en la actual Administración, mientras que en las alcaldías de la Ciudad de México Gustavo A. Madero e Iztapalapa se ha incrementado exponencialmente el delito, además de que en 76 de cada cien municipios una o más personas están siendo buscadas.

“Como en ningún otro sexenio, las personas desaparecen en México. Las cifras oficiales indican que, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el pasado 25 de agosto han desaparecido 44 mil 73 personas, lo que representa el 40% de las 111 mil víctimas reconocidas”, abundó dicha organización.

• Un estudio realizado por la organización independiente Quinto Elemento Lab, reveló que de 2006 a 2016, México tenía 2 mil entierros ilegales, por lo que al comparar estos números con los actuales, implica un repunte superior a 80% hasta la primera mitad de este año.
• Mientras que el periodista e investigador enfocado en violaciones a derechos humanos Efraín Tzuc, señaló que “en los primeros cuatro años y medio de este sexenio se descubrieron en promedio 1.8 entierros ilegales cada día”, dato que duplica las estadísticas del CNB reconocidas en los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en un lapso que va de 2006 a 2012 y de 2012 a 2018, respectivamente.

Tzuc expone que hay un cambio en la localización de las fosas, dado que hasta antes de 2019 se concentraban en Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, pero, hoy en día aparecen en entidades como Colima, Michoacán y Sinaloa.

“El primer año de gobierno de López Obrador fue el punto de quiebre en esta tragedia: 970 fosas fueron descubiertas en 2019, una cifra récord que representó un incremento del 123%”, sostiene el informe de Quinto Elemento Lab elaborado por Tzuc.

4T supera a los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón

A casi 11 meses de que culmine la autollamada Cuarta Transformación, el gobierno lopezobradorista ha superado en casi 10 mil personas el número de desapariciones registradas en el periodo de Peña Nieto, y se han duplicado los casos ocurridos durante el mandato de Calderón Hinojosa, recalcó “A dónde van los desaparecidos”.

Nuevos epicentros lucen en el mapa criminal, agregó dicha organización al exponer que muestra de ello son las alcaldías citadinas Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las cuales destacan entre los lugares que acumulan más casos sin resolver en este sexenio.

Fue de esta forma que destacó que en la capital del país, durante más de una década, de 2006 a 2018, se reportaron en promedio 74 desapariciones cada año, pero durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno, los casos rebotaron a un promedio anual de 926 entre 2019 y mayo de 2023.

“La justicia y la verdad, que tanto hemos estado buscando, la vemos cada día más lejana. A este gobierno —de López Obrador— no le importamos nunca. No nada más aumentó la desaparición de personas, sino que siguen aumentando los cuerpos sin identificar en una impunidad absoluta, como lo dijo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas”, lamentó Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en 2011.

Acusan de intentar ‘rasurar’ cifras de desaparecidos

Colectivos y familiares de personas desaparecidas acusan que el Gobierno federal, con su actualización del registro de desaparecidos con apoyo de Servidores de la Nación, intenta «rasurar», maquillar y revictimizar con visitas domiciliarias.

• «Esto qué lectura nos da, que es una rasurada de las cifras oficiales que ellos mismos tienen y que ya no quieren reconocer en un contexto político», lanza José Ugalde, vocero de la Organización Desaparecidos Justicia AC Querétaro.

El 31 de julio, el Presidente anunció un plan para actualizar dicho registro, estrategia que involucra a los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, cuyo contacto con la ciudadanía es básicamente para empadronar a beneficiarios de programas sociales.

«En lugar de andarlos buscando en las casas deberían buscarlos en los campos, en las cárceles, en los hospitales; solamente lo hacen para decir que van a visibilizar lo de desaparecidos. Lo que falta es sensibilidad, empatía, solidaridad… y el Presidente no nos quiere ni recibir», dice Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora.

En tanto, los colectivos que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) advierten: «Nos preocupa por el riesgo de que pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de Gobierno».

Al inicio del sexenio, se hizo una depuración del registro de desaparecidos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para contar con una base de datos sólida y confiable.

• «El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda, sino por otras instancias, y no cuenta con una metodología clara y transparente», advierte la ONU.
• El pasado 23 de octubre, el Presidente López Obrador designó a la morenista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la CNB, pese a que no cuenta con experiencia en desapariciones.

La designación se dio a dos meses de la renuncia de la ex comisionada Karla Quintana, quien salió en medio de la cuestionada instrucción presidencial de depurar el censo de personas desaparecidas y usar en el proceso a Servidores de la Nación.

Hasta junio pasado, había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas.

• Ugalde, padre de José Esaú Ugalde Vega, joven desaparecido en 2015 a los 25 años de edad, se dijo a favor de la actualización del Registro, pero no con Servidores de la Nación y menos con visitas a domicilios.

«(La actualización) no tiene garantía ni certeza, y ellos (Servidores) no tienen el conocimiento ni el profesionalismo para hacerlo, son Servidores de la Nación, personas que no tienen el tacto de acercarse a las familias, lo cual es preocupante», expresa.

«La situación de que lleguen a tu casa, toquen y te pregunten, y te digan que están investigando (el estatus de la persona desaparecida) eso, créeme, es un golpe muy duro, revictimizante, terrible para las familias; pensamos que se está haciendo por cuestiones político-electorales, espero equivocarme».

• Tras el anuncio de López Obrador, activistas y colectivos de familiares de personas desaparecidas levantaron la voz con el argumento de que el censo puede ocultar la realidad del fenómeno y no se construye con base en una metodología transparente.
• El Movimiento por Nuestros Desaparecidos enfatiza que toda incorporación o remoción de datos del Registro Nacional debe realizarse de manera transparente y basada en evidencia debidamente confirmada y documentada, haciendo pública la metodología empleada.

“Nos preocupa que corra riesgo el RNPDNO y que estas acciones sean actos encaminados hacia la opacidad del mismo registro por no hacer público el proceso de actualización y su metodología”, agrega el MNDM, que conforman más de 80 colectivos de 25 estados.

En paralelo, el MNDM observa que, desde abril pasado, se detectaron “movimientos irregulares” en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas del Registro, el cual había tenido incrementos desde su creación.

“Sin embargo, en estos últimos meses ha ido descendiendo la cifra de personas cuyo paradero aún desconocemos. Para mantener vigente el RNPDNO, contar con un registro confiable (…), no puede revictimizar a las familias de personas desaparecidas”, añade.

En el mismo sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU advierte que el proceso de actualización no cumple con el Protocolo Homologado de Búsqueda ni con estándares internacionales en la materia.

El CED llama a que la actualización del Registro sea coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda con independencia e imparcialidad.

“El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias y no cuenta con una metodología clara y transparente, ni mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas”, indica.

• El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) sostiene que la renuncia de Karla Quintana a la titularidad de la CNB, en medio del levantamiento de un nuevo censo, plantea el riesgo de manipulación de los datos sobre el número de desaparecidos en México.

“Preocupa que los cambios en la CNB puedan ser usados para revertir avances o incluso para manipular el Registro de Personas Desaparecidas, con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”, apunta.

Ante dichos cuestionamientos, López Obrador ha llamado a la población a confiar en el ejercicio y colaborar en él; mientras que la Secretaría de Gobernación ha defendido el uso de Servidores en el proceso y ha pedido tanto a familiares como colectivos no preocuparse por la metodología, pues ésta, sostiene, está apegada a la ley.

“No tienen por qué preocuparse (los familiares), ¿cuál es la metodología? Está en el protocolo homologado de búsqueda, lo están realizando las Fiscalías de los estados, las comisiones locales de Búsqueda, la Comisión Nacional“, expresó el entonces Subsecretario Alejandro Encinas el 28 de agosto.

Se disparan los reportes

Hasta junio pasado, había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas.

• Sin que se haya terminado la cuestionada actualización del padrón, cuyos resultados se darán a conocer en diciembre –según adelantó el Presidente–, AMLO ha anticipado una posible disminución en el número de personas desaparecidas.
• No es posible, ha declarado el tabasqueño, que su Gobierno tenga más casos que la Administración de Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narco.

Y, mientras el Gobierno federal depura el censo y estima cifras a la baja, el Inegi señala un aumento en el número de reportes por desaparición.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023, publicado el pasado 28 de septiembre, revela un aumento de 171 por ciento entre 2021 y 2022.

Durante 2022, las instituciones de seguridad pública estatales registraron (conocieron) 18 mil 28 reportes de personas desaparecidas y 12 mil 139 de personas no localizadas.

A estas cifras se sumaron 3 mil 311 reportes para los que no se identificó si se trataba de personas desaparecidas o no localizadas, para un total de 33 mil 478 reportes en el año.

Esta cantidad representó un aumento de 171.1 por ciento con respecto a 2021, que sumó 12 mil 348 reportes.

• Este mismo Censo Nacional de Seguridad Estatal indica que el Estado de México concentró casi la mitad (49.5 por ciento) del total de reportes de personas desaparecidas durante el año pasado.
• La entidad mexiquense acumuló 8 mil 917, seguida de Nuevo León, con mil 918; Sinaloa, con mil 623; Guanajuato, con mil 149; Puebla, con mil 116; Tamaulipas, con 846, y Zacatecas, con 703.

El Censo incluye los datos sólo de 16 entidades. No se incluyen los demás estados debido a que, según el Inegi, no contaron con datos o elementos para responder sobre el tema, o bien, no tuvieron conocimiento de reportes de personas desaparecidas o no localizadas.

De la lista de 16 estados, los últimos lugares son Nayarit, Hidalgo y Aguascalientes, con 15, 19 y 26 reportes, respectivamente.

La CNB, que depende de Gobernación, realizó un diagnóstico del registro de desaparecidos al inicio de la llamado 4T y concluyó que no se contaba con una base de datos sólida ni confiable.

Encontró que existían múltiples archivos con estructuras diferentes, los datos eran inconsistentes, había “multiplicidad de información”, duplicidades, así como registros nulos y sin homologación de la información.

• En agosto de 2019, la entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció una nueva base de datos en la materia para sustituir el anterior Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
• Con el objetivo de “humanizar” las búsquedas, la dependencia federal lanzó entonces una plataforma digital para reportar la desaparición de personas, incluso migrantes de otros países, aun cuando no existiera denuncia.

Tras casi dos años sin actualizarse, las autoridades federales dieron a conocer en enero de 2020 que México acumulaba 61 mil 637 personas desaparecidas desde los años 60. La última vez que se había hecho pública esta cifra, en abril de 2018, la cuenta sumaba 41 mil casos.

Para construir el RNPDNO —en sustitución de la base anterior—, la CNB diseñó, desarrolló e implemento una estrategia tecnológica para la incorporación de información, permitiendo la interoperabilidad entre autoridades federales y estatales.

• La CNB también construyó una herramienta para que el público y cualquier autoridad pueda realizar el reporte, o hacer del conocimiento del órgano de la Segob la noticia de una persona desaparecida o no localizada, sin necesidad de tener una denuncia ante fiscalías.
• El resultado fue un importante aumento de las estadísticas debido a la incorporación de registros tanto nuevos como antiguos. Al 15 de junio de 2023 existían reportadas oficialmente como desaparecidas y no localizadas 111 mil 42 personas.

Las principales fuentes para dicho registro son las Fiscalías/Procuradurías (63.84 por ciento), las Comisiones de Búsqueda (31.26 por ciento), otras autoridades (1.13 por ciento), y de cualquier persona que no sea autoridad (3.77 por ciento).

Lo quieren rasurar

José Ugalde, padre de una persona desaparecida en Querétaro, subraya que la actualización del Registro Nacional debe hacerse con el acompañamiento de las familias y no con decisiones unilaterales.

• Considera que el levantamiento del censo busca dar una “rasurada” a la base de datos, pues ésta evidencia que el fenómeno de la desaparición de personas ha ido al alza en lo que va del sexenio.

“Y todavía sin consultar a las familias, sin avisarles, con qué protocolo, nada, no tenemos conocimiento de nada y esto qué lectura nos da, pues una rasurada de las cifras oficiales que ellos mismo tienen y que ahora no quieren reconocer en un contexto político”.

–¿Es esa la verdadera intención del Gobierno?, se le preguntó en entrevista telefónica.

“Sí, no sé si la palabra correcta pueda ser rasurar, pero reducir (las cifras) sí, en este contexto político, y eso no se vale, eso no lo podemos permitir, eso es atentar contra la sociedad, ni siquiera nos han enseñado un protocolo ni que las personas están capacitadas para hacer eso”.

• Para Ugalde, el Presidente López Obrador está tomando “acciones desesperadas” para poder salir a decir que las cifras de personas desaparecidas son más bajas que las que el mismo Gobierno ha presentado.
• “Y esa actitud ha generado entre las víctimas un gran enojo y molestia (porque) las desapariciones han ido mucho en aumento en este Gobierno”, alerta.

“Que ha habido acciones y que ha habido avances, sí, pocos, lentos, pero yo creo que lo único que (pedíamos) era que (se nos dijera) la verdad del fenómeno, de esta criminalidad de desapariciones”.

• El padre de familia confiesa que no le gustaría que algún servidor de la nación tocara a su puerta para este ejercicio, pero, en caso de que así suceda, dice, no tendría ganas de recibirlos o de responderles.

“No lo quisiera vivir eso porque va ser un golpe emocional terrible y, hasta por salud, no lo quisiera vivir, créeme que caería en una depresión y en una angustia terrible, más de la que estamos viviendo, esa pienso que sería mi reacción”, considera.

“(Si llegaran a ir) no quisiera responder, ni siquiera recibirlos, creo que es esa situación y problema del Gobierno, de cómo hacer las cosas bien y lo que están haciendo no está bien. (La actitud) de este Gobierno ha sido la de no escuchar, no atender y no sentarse a dialogar con las familias. Ha habido un distanciamiento del Gobierno con las víctimas”.

• Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, sostiene que la actualización del registro con Servidores del Bienestar es sólo un “mejoralito” para familiares de las víctimas, con el que el Gobierno quiere acreditar que está atendiendo el fenómeno.

“Son recursos que se gastan, pero esa no es la búsqueda, la búsqueda es diferente, es en los campos, que es donde hemos encontrado”.

Flores cuenta que en Sonora sólo han ido a visitar alrededor de 100 casas, cuando en la entidad, afirma la madre buscadora, existen alrededor de 7 mil familias con personas desaparecidas.

“El Gobierno hasta ahorita no ha ido a mi casa a tocar la puerta, ni a preguntar los datos de mi hijo, entonces te puedo decir que no es verdad que están haciendo las cosas como dicen, a lo mejor han ido a visitar, de 7 mil familias de desaparecidos que hay en Sonora, a lo mejor han ido a 100 casas y ¿ya con eso ya?”, cuestiona.

“En Sonora se hizo nada más unos días, una semana o dos semanas, pero ni en Sinaloa ni en Jalisco ni en ningún otro lugar se ha hecho (integralmente), entonces no sabemos con qué protocolos o de qué manera los están haciendo, así que no es verdad que estén haciendo las visitas domiciliarias como ellos dicen, o como debería de ser”.

• De acuerdo con fuentes consultadas, la idea de actualizar el Registro cobró fuerza este año y surgió a partir de que la base de datos que maneja la CNB arrojó cifras elevadas de personas desaparecidas durante la llamada 4T.
• Explican que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana planteó a la Presidencia la necesidad de “desinflar” el Registro tomando como referencia la experiencia de la Ciudad de México.

Con el aval presidencial, el Gobierno diseñó un esquema de actualización a partir de indicios de localización, no de “informes de localización” elaborados por autoridades buscadoras, ya sea Fiscalías o Comisiones de Búsqueda, como exige el Protocolo Homologado de Búsqueda.

• Las fuentes explican que el esquema está enfocado en bajar el número de desaparecidos, no así reducir el subregistro o contar con una cifra más cercana a la realidad, ya que se están buscando localizaciones, no desapariciones.

Señalan que el Gobierno analiza la posibilidad de que el Registro deje de ser manejado por la CNB y pase otra dependencia como la Secretaría de Seguridad, que lo operaría a través del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

• El pasado 23 de octubre, el Presidente López Obrador designó a la morenista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la CNB, pese a que no cuenta con experiencia en desapariciones.
• La designación se dio a dos meses de la renuncia de la ex comisionada Karla Quintana, quien salió en medio de la cuestionada instrucción presidencial de depurar el censo de personas desaparecidas y usar en el proceso a Servidores de la Nación.
• Aunque la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que el nombramiento fue consultado con organizaciones y colectivos de la sociedad civil, de inmediato surgieron los cuestionamientos desde las ONGs.

Fundar, el Observatorio de Designaciones Públicas y la oficina de Derechos Humanos de la ONU en México acusaron que el nombramiento de Reyes Sahagún fue opaco, discrecional, regresivo y sin escucha sustantiva de colectivos y familiares de desaparecidos.

Para Fundar y el Observatorio, el nombramiento de un perfil sin experiencia desalienta y causa incertidumbre sobre el rumbo de las políticas públicas en la materia.

En tanto, el Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda no sólo cuestionó el nombramiento, sino que demandó reponer el procedimiento para la designación del remplazo de Quintana.

En un pronunciamiento, el organismo, integrado por familiares de desaparecidos, académicos y representantes de organizaciones civiles, reprochó la falta de transparencia, la exclusión y la “simulación” en el proceso de selección.

México rebasa las 5 mil 600 fosas clandestinas

Ningún récord en las estadísticas del terror parece ser imbatible en México. Al aumento en el número de desapariciones, que supera las 111 mil 500 personas, se suma el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada.

• Ha sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por covid-19. Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que 2 mil 864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas en la presente administración.
• Quinto Elemento Lab publicó en 2018 el primer mapa del país sobre esta tragedia con datos obtenidos de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia. La investigación reveló que, entre 2006 y 2016, se habían descubierto casi 2 mil entierros ilegales.

Los datos para este nuevo reportaje, entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), provienen también de las fiscalías y muestran cómo en siete años, desde el recuento de Quinto Elemento Lab, el número de fosas clandestinas se ha incrementado en 88 por ciento. Además, se han registrado hallazgos en 177 municipios más que los reportados en 2016.

En estos lugares se encuentra parte de la respuesta que buscan miles de familias que escarban la tierra en parajes inhóspitos –en muchas ocasiones arriesgando su vida– para hallar a sus seres queridos desaparecidos.

• Para Yadira González Hernández, que busca a su hermano Juan, desaparecido en 2006 en la comunidad Los Ángeles, en Querétaro, la impunidad ante la tragedia es absoluta. “Como sociedad nos hemos acostumbrado: ya las cifras no nos impactan”, se lamenta la integrante de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.
• Desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas se han ido multiplicando a medida que se extendían por gran parte del país, hasta abarcar el 23 por ciento de los municipios a nivel nacional.

El incremento de los homicidios y desapariciones en México evidencia que la militarización de la seguridad pública emprendida por esta administración ha tenido resultados “desastrosos”, según Amnistía Internacional. A su vez, los criminales –y algunas autoridades estatales y municipales coludidas con estos– recurren a formas cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido o la incineración de los restos óseos, para así evitar su identificación.

Los datos obtenidos por Quinto Elemento Lab, analizados por primera vez temporal y geográficamente, muestran municipios de menos de 250 mil habitantes, con más de medio centenar de fosas encontradas en los últimos años, como Tecomán en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente en Veracruz; Salvatierra en Guanajuato, y Puerto Peñasco en Sonora.

La CNB, el organismo de la Secretaría de Gobernación encargado de buscar a las personas desaparecidas en el país, únicamente entregó información sobre las fosas clandestinas, sin incluir el número de cuerpos recuperados en cada una, pese a que este dato le fue proporcionado por las fiscalías estatales. Tampoco lo reporta en su mapa de hallazgos de entierros ilegales.

El sexenio en que brotaron las fosas

En los primeros cuatro años y medio de este sexenio se descubrieron en promedio 1.8 entierros ilegales cada día. Las 2 mil 864 fosas clandestinas encontradas durante la administración lopezobradorista representan más de la mitad de todas las registradas por la CNB hasta abril de este año, y duplican el número de hallazgos reportados en los doce años previos, bajo los mandatos de Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esto no necesariamente significa que las fosas se cavaran durante ese mismo periodo; algunas podrían haber permanecido años sin ser descubiertas.

• La geografía de los entierros ilegales también ha cambiado. Antes de 2019, más del 50 por ciento de las fosas se concentraban en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Desde diciembre de 2018, ese mismo porcentaje se localiza en cinco entidades: Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

El primer año de gobierno de López Obrador fue el punto de quiebre en esta tragedia: 970 fosas fueron descubiertas en 2019, una cifra récord que representó un incremento del 123 por ciento respecto al año inmediato anterior, cuando se localizaron 435. Desde entonces, los hallazgos han ido a la baja a nivel nacional, lo cual no implica una disminución de los entierros ilegales; podría ser que los lugares de ocultamiento sean más inaccesibles para los colectivos de buscadoras y las autoridades y, por ello, no los descubran. Otra posible explicación es que las fiscalías no reporten sus hallazgos a la CNB, o que se estén realizando menos búsquedas en campo.

Los datos analizados por Quinto Elemento Lab permiten saber que en este sexenio también han surgido nuevos epicentros de fosas clandestinas, especialmente en municipios con baja densidad poblacional, que configuran inéditos corredores del terror.

Tecomán, con 116 mil 305 habitantes, es el caso más dramático, al concentrar el 7.3 por ciento de las fosas localizadas desde diciembre de 2018, un total de 209.

• Su posición estratégica, a 10 kilómetros de la costa del Pacífico, lo ha convertido en un sitio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con informes de 2020 elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hackeados por el grupo Guacamaya, las actividades ilícitas en el municipio son ocasionadas por “el control del puerto interior y [para] mantener una red organizada que les permita y garantice la distribución en los lugares donde se centra la población local y el turismo nacional e internacional”.
• Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima, conoce bien la zona. Ella busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido en Villa de Álvarez, Colima, el 20 de agosto de 2018.

Recuerda que cuando hubo el primer hallazgo masivo de fosas, en la ranchería de Santa Rosa en Tecomán, llegaron colectivos de Jalisco, Nayarit y Michoacán para ver si había algún rastro de sus desaparecidos. “Era una zona retirada de la comunidad, como un parque en destrucción, seco todo. Hoyos, ramas secas”, cuenta la buscadora. El registro de la CNB contabiliza 52 fosas clandestinas localizadas entre el 2 y el 6 de febrero de 2019.

• Sepúlveda lleva un registro casi poético de las fosas que más le han impactado. Recuerda, por ejemplo, un lirio muy bonito en uno de los sitios de inhumación ilegal, también en Tecomán. Ahí, dice, los peritos excavaban para recuperar los cuerpos y salía mucha agua. Fue una exhumación complicada porque estaban cerca de un manglar.
• En otra fosa, cuenta, había un gran árbol de limón, el más grande de la zona; bajo su sombra encontraron unos 20 cuerpos enterrados.

Hubo también una ocasión en que dos inusuales “emisarios” aparecieron. “Estábamos arriba del cerro. Era un calor inmenso. De repente, yo volteo al cielo y veo en un árbol seco un colibrí y le digo a una compañera: ‘Mire, un colibrí. ¿Qué está haciendo aquí si no hay nada que coma?’ Voltea ella para el otro lado y ve una mariposa blanca. Yo creo que eran las dos personas [que se encontraron en la fosa], como que vinieron a darnos las gracias a todos por haberlos sacado de ahí”.

• Úrsulo Galván, en Veracruz, con 30 mil 97 habitantes, también destaca en esta lista de municipios. Bajo el suelo seco y arenoso del predio conocido como La Guapota se ocultaba el horror: casi 100 cuerpos enterrados. En total, 79 fosas clandestinas fueron descubiertas entre 2019 y 2023.

“La vegetación que hay es muy compleja: árboles con espinas, esto que le llaman ‘vainas de pica pica’, y justo las fosas estaban por debajo de esa vegetación, lo cual a mí me da la idea de que son fosas con algún tiempo [de haberse cavado]”, dice Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Otros municipios con mayor población llevan más de una década posicionados en esta trágica lista, como Acapulco, Guerrero, que entre 2011 y 2021 se ubicó entre los seis con más entierros ilegales. En 2019 rompió su récord, al registrar 56 fosas. Lo mismo pasó en Ahome, en el norte de Sinaloa, que reportó 67, también en ese año./Agencias-PUNTOporPUNTO