La primera entrega de informes individuales de la cuenta pública de 2022, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), exhibe serias deficiencias: su programa se presentó a destiempo; se concentra en el gasto que ejercieron estados y municipios (82%), revisando lo menos el ejercido por el gobierno federal (18%) y no se ha programado una sola auditoría forense al ejercicio del presupuesto de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los serios señalamientos de presuntos actos de corrupción en instituciones como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa, Liconsa y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
- La diputada federal panista, María Elena Pérez Jaen Zermeño, expuso que el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 (PAAF) se publicó tardíamente, hasta el 15 de marzo de 2023, y, a la fecha, no se ha publicado ninguna modificación al mismo.
- De acuerdo con la también integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para la revisión del gasto de 2022, se programaron 2,104 auditorías, de las cuales, el mayor número, 1,735, es decir 82%, corresponden a las del grupo funcional de gasto federalizado. Las restantes, 369, corresponden al gasto del gobierno federal.
Además, únicamente se programaron 10 auditorías de cumplimiento forense, pero ninguna a dependencias del gobierno federal, pues tres serán a gobiernos estatales (dos a Baja California Sur y una a Durango); cuatro a municipios (Ciudad Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México y Solidaridad, Quintana Roo) y a tres universidades autónomas estatales (las de Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).
La legisladora recordó que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, se comprometió a realizar auditorías forenses a Segalmex, Diconsa y la Conade, pero éstas no aparecen en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2022, publicada en marzo pasado.
Con ello, nos podemos dar cuenta que no se programaron auditorías de cumplimiento forense a ninguna entidad y dependencia de la Administración Pública Federal, como debería ser el caso de entidades como Segalmex, Diconsa, Liconsa y la Conade, las cuales han presentado, como he dicho reiteradamente en auditorías de ejercicios anteriores, irregularidades graves y desvíos de recursos públicos federales, remarcó.
De acuerdo con el Tablero de la Impunidad de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tan solo en el caso de Segalmex, donde hay denuncias de quebrantos que superan los 15,000 millones de pesos, tan sólo del ejercicio fiscal de 2022, se han denunciado los siguientes hechos:
- En enero de 2022 una nueva investigación de MCCI reveló que Segalmex otorgó un contrato por más de 245 millones de pesos a una empresa sin empleados dados de alta en el IMSS. Además, subcontrató a una empresa que había sido inhabilitada.
- El 26 de enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó a tres directivos de Segalmex por las irregularidades presentadas en esta dependencia.
- En febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación reveló en la Cuenta Pública 2020 que Segalmex no acreditó el destino de 8,000 millones de pesos.
- El 6 de abril de 2022, René Gavira Segreste fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, ya que había autorizado la compra de títulos bursátiles en una Casa de Bolsa con recursos de Segalmex.
Para la legisladora panista, el auditor superior ha dejado de lado las auditorías forenses, las cuales han tenido un marcado descenso durante su gestión, ya que, pasaron de 15 en 2016, la última fiscalizada por Juan Manuel Portal, a 12 en 2017, primera de Colmenares; a 15 en 2018; a nueve en 2019; a seis en 2020 y siete en 2021, y para 2022, hay 10 programadas, pero son únicamente para estados, municipios y universidades estatales.
Destacó que el auditor ha mencionado en diversos medios de comunicación que sí van a practicar auditorías forenses a Conade, Segalmex y Liconsa; sin embargo, estas no se encuentran publicadas en el PAAF del 15 de marzo pasado y, tampoco, se han publicado modificaciones al programa en las que se visualice su inclusión, lo cual la lleva a cuestionar ¿cuándo van a iniciarse esas auditorías si no están publicadas? y ¿por qué la importancia de que las auditorías forenses estén en el PAAF?, porque las auditorías no pueden iniciar sin que previamente estén incluidas en el multicitado programa.
Además, mencionó que, considerando que ya inició julio, que no se sabe cuándo se van a integrar al programa las auditorias forenses para entidades de la Administración Pública Federal, los plazos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para los distintos procesos en la ejecución de las auditorías, las vacaciones de la ASF (en julio una semana, en diciembre dos semanas), los tiempos internos que tiene la ASF para concluir sus informes de auditoría y el hecho de que las auditorías forenses suponen mayor profundidad, mayor alcance y, por lo tanto, requieren de mayor tiempo de ejecución, así como la aplicación de procedimientos forenses, por ejemplo, darle seguimiento al recurso hasta el último beneficiario, entrevistas, compulsas y confirmaciones con terceros, entre otros, quedan aproximadamente cuatro meses para que las auditorías de cumplimiento forense se practiquen, esto en caso de que se publiquen, “pero seamos sinceros, ¿con ese tiempo de ejecución las auditorías darán los resultados esperados?”.
- Por su parte, Ernesto Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destacó que, en el caso de la ausencia de auditorías forenses para el gasto que ejerce el gobierno federal, sí hay tendencias específicas que debieran preocuparnos.
Recordó que el auditor tiene la capacidad de aprobar y rechazar la programación de auditorías forenses, es decir “viene desde la cabeza de la institución decidir donde sí y dónde no se hacen auditorías forenses”. “Esto sí es un llamado de emergencia. Podrían haber modificaciones al programa de auditorías, pero hoy por hoy no se va a tocar al gobierno federal”.
La diputada Pérez Jaen Zermeño recalcó que la labor de David Colmenares como titular de la ASF, es cuestionable, pues se “está rendido y entregado a la 4T”.
- La integrante de la fracción legislativa del PAN en la Cámara de Diputados, recordó que el auditor ha planteado en diversos medios de comunicación, “números felices” sobre la programación de auditorías a diversas entidades “relevantes” y “proyectos estratégicos” que, según él, implican una mayor cobertura de fiscalización; sin embargo, también ha quedado demostrado que, durante su gestión, el número de auditorías que se practican a la administración pública federal ha disminuido.
En ese aspecto, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCC), en la primera entrega de la cuenta pública de 2022, se da cuenta que se practicaron 86 auditorías, lo que constituye la cifra más baja que la institución presenta en esa primera entrega. De la de 2021, 207; de la de 2020, 125; de la de 2018, 268: de la de 2017, 334 y de la de 2016, 502.
Se reporta la cifra de irregularidades más baja de los últimos años
Lo relevante del caso es que, en esta primera entrega de la cuenta pública de 2022, se reportan irregularidades por 61.5 millones de pesos, que es la cifra más baja para una primera entrega de auditorías que se tenga registro. En la de 2016, en la primera entrega, se hallaron inconsistencias por 26,773 millones de pesos, es decir 434 veces más de las que hoy se refieren para 2022.
- Si se analizan las cifras de los reportes de la primera entrega de las cuentas correspondientes de 2016 a 2021, se observa que año con año fueron bajando las cantidades de los montos de irregularidades encontradas.
- Ernesto Núñez llamó la atención en que en esta primera entrega de las auditorías correspondientes a 2022, el monto promedio de irregularidades por auditoría detectado fue de 715,000 pesos. “Ésta sí es una cifra completamente anormal, pues en 2019 el promedio fue de 114 millones de pesos por auditoria (que fue el punto más alto). Hoy estamos en una centésima parte del punto más alto”.
Recalcó que esas cifras no son coincidentes con la dinámica del gasto que estamos viendo y con lo documentado por periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos de corrupción.
Dijo que la preocupación apunta a que hoy estamos detectando menos casos y montos de corrupción, lo cual es delicado. “Lo que resulta cuestionable es que, en un entorno donde hay muchas evidencias de lo que está sucediendo, los hallazgos sean cada vez menores”.
Aclaró que, “si bien en estos momentos no hay elementos para señalar que se trata de una acción deliberada o no, ciertamente los datos que encienden las alarmas ahí están”.
MCCI destaca que actualmente, el desempeño de la ASF se caracteriza por el rezago en la recuperación de recursos federales que ejercen las entidades públicas.
- Concretamente, refiere que mientras que en las administraciones anteriores (de 2000 a 2016), el promedio de rescate era de 53 de cada 100 pesos, durante la revisión a las primeras cuatro cuentas públicas correspondientes al periodo en el que está al frente de la ASF Colmenares Páramo (2017-2020), esa institución solo recuperó 17 de cada 100 pesos observados con irregularidades-
“Si lo ves en espejo, quiere decir que hay 83% de impunidad, cuando antes estaba en 47 por ciento. Esto, en parte, es responsabilidad de la auditoría y, en parte, de la administración pública, que cada vez está justificando menos, las irregularidades que aparecen en las auditorías. Es una preocupación por partida doble: la auditoría está encontrando menos irregularidades, pero las dependencias están ofreciendo menos explicaciones y devolviendo menos recursos”, dijo Núñez.
En febrero pasado, MCCI señaló que la ASF tenía pendientes por recuperar más de 378,650 millones de pesos y a eso se suma un descenso en la presentación de denuncias por posibles quebrantos a la Hacienda Pública por parte de funcionarios.
- Según la organización civil, en los primeros cinco años de la era Colmenares (2018-2022) se enlistaron 220 denuncias de hechos tramitadas, contra 463 que presentó la administración anterior en un periodo similar.
Ernesto Núñez recalcó que esta primera entrega enciende las alertas, respecto al trabajo de la auditoría y la forma en que el gobierno ejerce el presupuesto.
Recalcó que lo preocupante es que la ASF era una institución que servía, pero hoy se están planteando serias dudas de su independencia, efectividad y lo que hará ante casos de corrupción documentados por organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
AMLO gastó 500 mil millones de más en el 2022
En abierta contradicción al principio de “austeridad republicana”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejerció en 2022 el gasto público más elevado de la historia, pues se excedió 507 mil 595 millones de pesos sobre lo aprobado por la Cámara de Diputados. Pero nada de ese exceso benefició al sector Salud, área que sufrió aún más recortes. También el área de seguridad fue recortada.
- Un análisis de Javier Martínez, de Mexicanos Contra la Corrupción, indica que el gobierno de AMLO se excedió 7.2% en el gasto 2022, al aprobar partidas adicionales a ciertas áreas, pero también, recortando gastos en áreas prioritarias para “reorientar” recursos a las obras consentidas de su administración.
Las secretarías más favorecidas con ampliaciones presupuestales fueron la Sedena (gran favorita del presidente), la Secretaría de Energía (para nutrir la construcción de la refinería de Dos Bocas), la Secretaría de Hacienda, la de Turismo (encargada de ciertos aspectos del proyecto del Tren Maya) y la Secretaría de Gobernación.
- Sedena tuvo un aumento presupuestal de 36% con respecto al año anterior.
- Dice el reportaje que “el aumento del gasto estuvo destinado principalmente a cubrir el sobrecosto del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas”.
Indica el investigador que “aun con el presupuesto más grande de la historia, el gobierno de AMLO decidió hacer recortes en las instituciones de salud y la seguridad pública civil”. Apuntó que fue imposible conocer a detalle el porcentaje de recorte, debido a que el INAI no está operativo actualmente.
Dice que las secretarías del Bienestar, Energía y Defensa “han ganado mucho mayor espacio dentro de la Administración Pública Federal”. Al tiempo, “los ramos autónomos son una parte minúscula del presupuesto a pesar de su importancia y, si ponemos a los poderes Legislativo y Judicial aparte, la proporción es aún menor”.
Como ejemplo, cita que el presupuesto del INAI, del que el presidente dice que es muy caro, representó apenas el 0.017% del gasto de 2022. Ello, insiste, mientras a la Sedena se le aumentó 36% el presupuesto.
Para ello, “los ramos administrativos que tuvieron mayores disminuciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Salud (SSA)”, lo que calificó como “un escándalo”.
“Las reasignaciones estuvieron particularmente orientadas a los proyectos de infraestructura del gobierno. Los recursos extra del ramo de Energía y Turismo estuvieron destinados a la construcción de la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya”, enfatiza.
Otras dependencias que gastaron más de lo que les correspondía fueron la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
Irregularidades millonarias con el sello de la 4T
En los tres primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal incurrió en diversas irregularidades financieras y administrativas, ya sea en sus megaproyectos –especialmente el Tren Maya y la nueva Refinería de Dos Bocas–, pero también en la gestión del sistema de alimentos subsidiados, en el sector de la salud pública o en la operación de programas sociales.
En la tercera entrega de sus reportes de auditoría de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró nuevas irregularidades por 2 mil 346 millones de pesos en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las cuales se sumaron a los desfalcos reportados por el ente fiscalizador en esta dependencia durante los dos años anteriores, y que suman ya más de 15 mil 517 millones de pesos.
- Durante sus tres años al frente de la institución, Ignacio Ovalle Fernández implementó un sistema totalmente opaco, a través del cual se movían decenas de millones de pesos en dinero y productos –de Liconsa y Diconsa, entre otros– sin emitir facturas ni documentos justificativos. Ovalle también encabezó la compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con recursos públicos, en un caso que llevó su entonces director de finanzas, René Gavira Segreste, a ser vinculado a proceso.
El pasado lunes 20, cuando presentó el informe de auditoría a la Cámara de Diputados, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, indicó que desde el pasado mes de septiembre el ente fiscalizador ha presentado 34 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 12 estuvieron vinculadas con Segalmex.
Aunque López Obrador reconoció la existencia de corrupción en Segalmex, ofreció una salida decorosa a Ovalle: lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, donde recibe un sueldo neto de 102 mil pesos, según el portal Nómina Transparente.
Opacidad en Dos Bocas
En el caso de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, la ASF señaló el singular método a través del cual el gobierno federal financia este megaproyecto, uno de los más onerosos del sexenio, que sólo en 2021 absorbió 120 mil millones de pesos, tres veces más que su presupuesto asignado para ese año.
Para entregar el dinero a la refinería sin cavar un hoyo en las finanzas de Pemex, la Secretaría de Energía –a cargo de Rocío Nahle García– realiza aportaciones a la petrolera, que a su vez las utiliza para comprar acciones de su filial privada PTI Industria de Desarrollo (PTI-ID), la cual está a cargo de la obra.
- En 2021 el gobierno federal canalizó cerca de 114 mil millones de pesos por esta vía, y Pemex sacó 6 mil millones de pesos de su propio bolsillo; sin embargo, la ASF determinó que PTI-ID “no reveló” en sus estados financieros que estos recursos fueron destinados a la construcción de Dos Bocas.
- Al revisar las gestiones de Dos Bocas, la ASF también anotó irregularidades en la adjudicación directa de nueve contratos con varios proveedores, incluyendo uno con las empresas Nuovo Pignone International y la estadunidense Baker Hughes, envuelta en cuestionamientos de la oposición porque uno de sus ejecutivos rentó su casa en Houston a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. En el sitio de PTI-ID, al igual que en todos los contratos de la refinería, el monto del servicio se encuentra testado.
Como lo hizo desde el arranque del proyecto, en 2021 PTI-ID firmó convenios modificatorios con algunos de sus contratistas para aumentar de manera brutal los montos contratados, una práctica ya documentada en este semanario (Proceso 2383). Así, la constructora ICA, en consorcio con la estadunidense UOP LLC, firmaron en 2021 un convenio modificatorio por 14 mil 636 millones de pesos, un monto más de cuatro veces superior al del contrato original firmado en 2019, el cual se elevó a 3 mil 309 millones de pesos.
De hecho, 2021 resultó un año extremadamente fructífero para ICA, pues además de este convenio modificatorio, celebró otros dos contratos en Dos Bocas, por un monto total de 27 mil millones de pesos, los cuales deberían terminar entre marzo y agosto de 2023, según la ASF. La empresa ítalo-argentina Techint también tuvo un gran año 2021, pues recibió contratos por 30 mil 229 millones de pesos.
Agricultura, a la cabeza
Datos del informe entregado por Colmenares indican que en el gobierno federal los ámbitos con mayores irregularidades son Agricultura y Desarrollo Rural, con montos por aclarar por 2 mil 622 millones de pesos, las empresas productivas del Estado, con 2 mil 290 millones de pesos cuyo destino no ha sido esclarecido, y Turismo, con mil 399 millones de pesos pendientes de aclaración.
En tanto, en el Poder Judicial falta aclarar el uso de 25 millones de pesos, y de 4.9 millones en los órganos autónomos, mientras en el Poder Legislativo no hay montos pendientes de aclaración.
- El tema en el que se detectaron las mayores irregularidades en los estados y municipios fue el ejercicio de las participaciones federales, en el que se debe aclarar el uso de 21 mil 151 millones de pesos.
Al presentar el informe, Colmenares, quien concluye su gestión en 2026, sostuvo que la ASF mantiene estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República y que colabora con esa institución “no sólo en la presentación de las denuncias, sino en todas las etapas posteriores, para formular y sostener acusaciones más sólidas por los daños a la hacienda pública federal determinados por este ente”.
El titular de la ASF señaló que la tercera entrega de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2021 incluye mil 1151 informes individuales, que sumados a 207 reportes de la primera entrega y 692 de la segunda suman 2 mil 50 auditorías.
1,414 mdp por aclarar por la construcción del Tren Maya
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó al menos 1,414 millones 934,377 pesos en montos por aclarar durante 2021, el tercer año de construcción del Tren Maya. En 13 auditorías realizadas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargada de la construcción del proyecto, la autoridad da cuenta de pagos en exceso por diversos materiales, así como en servicios que incluyen a empresas como BlackRock y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por su sigla en inglés).
La ASF analizó el programa de reubicación de pobladores dentro del trazo del proyecto y la construcción de los tramos 1 al 4, así como los estudios de preinversión y el seguimiento del proyecto, entre otros programas. El monto de 2021 fue significativamente mayor a los casi 268 millones de pesos por aclarar del ejercicio 2020.
- La obra que tiene el mayor monto irregular es la construcción de la plataforma y vía del Tramo 4, a cargo de ICA, con más de 1,086 millones de pesos pendientes de aclarar. El Tramo 4, que va de Izamal a Cancún y fue adjudicado de manera directa, también fue la obra que concentró las mayores irregularidades en el ejercicio previo, por más de 100 millones de pesos.
- La irregularidad del Tramo 4 se deriva principalmente de pagos en exceso por 492.9 millones de pesos en tres conceptos de la subpartida de muros de contención, “debido a que se consideraron cantidades muy superiores en el costo directo de materiales”, refiere el informe de la ASF. Una situación similar se vio en seis conceptos de la subpartida de pavimentos, por 400.2 millones de pesos.
Los tramos 1, 2 y 3, a cargo de consorcios liderados por Mota-Engil, Cica y Construcciones Urales, respectivamente, concentraron más de 107 millones de pesos en montos por aclarar, que se desprenden por inconsistencias en el cálculo de ajuste de costos, pagos en exceso, intereses, entre otros rubros.
La ASF encontró irregularidades incluso en el seguimiento del proyecto, por más de 14 millones de pesos en pagos en el acuerdo de asistencia técnica con la UNOPS, pues sólo se acreditaron 68 de 106 entregables.
Además, se detectaron pagos en exceso por más de 36 millones de pesos a la propuesta no solicitada de Blackrock, “ya que no se acreditó la utilización de la misma dentro de la determinación del proyecto Tren Maya”. BlackRock inicialmente quería construir el Tramo 5 del proyecto, pero el costo no convenció al gobierno federal, por lo que fue dividido en dos: uno a cargo del Ejército y otro hasta hace unos meses a cargo de Acciona y Grupo México.
El Tramo 5 Norte –a cargo del Ejército–, 5 Sur, así como los Tramos 6 y 7, no formaron parte de la auditoría.
Encuentra irregularidades por 37,6 millones de pesos en la construcción del AIFA
Pagos dobles, pagos por trabajos que no se realizaron y pagos por maquinaria que no se utilizó son las irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de acuerdo con la tercera entrega de las auditorías realizadas al uso de los recursos federales de 2021. La suma por probables daños al erario público en el nuevo aeropuerto asciende a 37,6 millones de pesos mexicanos.
- Según lo revisado por el organismo de fiscalización a nivel nacional, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encargados de la construcción de diferentes partes del nuevo aeropuerto cometieron irregularidades con el dinero público en las obras de la torre de control y los edificios administrativos, de la terminal de pasajeros y de la terminal de carga y aduanas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó la construcción de este aeropuerto, uno de los proyectos más importantes para su Gobierno, al Ejército mexicano, el cual dividió las obras en frentes. El mandatario ordenó que se instalara en Zumpango, Estado de México, luego de que cancelara la construcción de otro aeródromo, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) porque, de acuerdo con López Obrador, había habido mucha corrupción.
- En una auditoría anterior, de los recursos federales en 2020, la Auditoría Superior de la Federación explicó que cada frente de la construcción del aeropuerto era encabezado por un ingeniero militar, en total 23 militares para 43 frentes, a los que la Secretaría de Hacienda les abrió cuentas bancarias que podían controlar bajo una figura llamada “comisionado habilitado”.
En esa revisión, la ASF encontró irregularidades por 39.000 millones de pesos, en su mayoría, de pagos que los ingenieros militares no comprobaron ante la Sedena. En total, el Gobierno mexicano invirtió 75.000 millones de pesos en la construcción del aeropuerto que aun no ha logrado tener el número de vuelos que preveían las autoridades federales.
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación publicadas este lunes detallan que en la construcción de la terminal de pasajeros, es decir, el denominado frente 7, se realizó un pago por 19 millones de pesos para aplicar pintura intumescente, utilizada como protección contra incendios, sin que se presentara evidencia por parte de los militares de que efectivamente se colocó en 3,7 millones de kilogramos de acero en diversas áreas de la estructura.
También encontró otro contrato en el que se pagaron 732.000 pesos por más pintura de este estilo que al final se decidió no aplicar en el acero estructural de algunos módulos de la terminal de pasajeros.
En una revisión a las obras de la terminal de carga y aduanas del aeropuerto, el frente número 37, la ASF también destaca el pago de 10,6 millones de pesos por pagos para rentar maquinaria en cuatro contratos diferentes. El órgano fiscalizador señala que mientras que se estableció que las máquinas se usarían del 9 al 29 de abril de 2021, el inicio de la construcción de dicha terminal fue el 30 de abril de ese año.
- Finalmente, en el frente 5, dedicado a las obras de la torre de control y de los edificios administrativos del aeropuerto, la Auditoría reportó que se hizo un pago de tres millones de pesos por la aplicación de pintura contra incendios a una misma persona a la que un año antes ya se le había pagado por el mismo concepto. También encontró otro probable daño al erario por 3,7 millones de pesos por un contrato que se canceló de manera anticipada.
A partir de la publicación de las auditorías, los militares al frente de las obras señaladas por la ASF tendrán 30 días hábiles para solventar las observaciones del órgano fiscalizador. A pesar de que los recursos para la construcción del aeropuerto se les entregó a través de cuentas bancarias a los ingenieros militares, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a transparentar sus declaraciones patrimoniales con el argumento de que representa un riesgo para la seguridad nacional.
En agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia suspendió una orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que instruía a la Secretaría de la Función Pública dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares a cargo de las obras del AIFA.
El recurso que mantiene en la opacidad los datos patrimoniales de los militares fue promovido ante la Corte por la Consejería Jurídica de la Presidencia de México. Estos mismos ingenieros militares son ahora los que se encargan de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, a unos kilómetros de Tulum, en el Estado de Quintana Roo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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