La Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto un total de 20 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables desvíos de recursos por parte de entes públicos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- Se trata de querellas contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que fueron motivadas de fiscalizaciones a las Cuentas Públicas 2018, 2019 y 2020, y cuyos montos con probables daños al erario alcanzan los 13 mil millones de pesos.
De ese total, 11 se presentaron contra Segalmex durante 2022, de las cuales seis corresponden a la Cuenta Pública de 2019 y cinco a la cuenta 2020.
En tanto, en 2023 se presentaron cinco denuncias contra la Sader correspondientes a la Cuenta Pública 2018, tres contra Diconsa en torno a la Cuenta Pública 2020 y una contra la Conade de la Cuenta Pública 2020.
Al respecto, la diputada federal del PAN María Elena Pérez-Jaén, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), celebró que el máximo órgano fiscalizador del país “por fin” esté presentando denuncias penales contra esta administración, pero consideró que se trata de casos que “les reventaron en la cara” porque ya existían decenas de denuncias penales contra dichos entes.
“La Auditoría Superior de la Federación ya se acomodó, ha sido selectiva con su trabajo, sigue dejando mucho qué desear. La Auditoría Superior de la Federación está totalmente entregada al gobierno federal, al gobierno de la 4T, y lo que llama la atención es que estas denuncias las hacen porque ya no les queda de otra, porque ya les reventó el tema. Son denuncias que yo presenté y que otros han presentado. Ya les llegó el agua a los aparejos porque la cantidad de recursos desviados es escandalosa”, aseguró.
- Las denuncias contra Sader, Segalmex y Diconsa tienen que ver con la entrega de programas a beneficiarios fallecidos o no existentes, la pérdida de fertilizantes y la contratación de insumos que nunca se recibieron, así como un presunto desfalco que en su conjunto supera los 12 mil millones de pesos.
- Entre los informes que corresponden a las carpetas de las denuncias, destaca, por ejemplo, el contrato por 58.9 millones de pesos por el alquiler de equipo de laboratorio, pesaje y bandas transportadoras a cuatro empresas, cuyas condiciones no se cumplieron de acuerdo con la ley. También, un contrato por 39.6 millones de pesos con otras cuatro empresas por conservación y fumigación de granos, del cual nunca se acreditó su cumplimiento.
También se registran pagos por servicios que no se adquirieron y documentación de proveedores con “inconsistencias en sus rasgos”.
De igual forma, se encuentran montos no aclarados por la compraventa de maíz a cargo de Segalmex, entre ellos incentivos a medianos productores que nunca fueron identificados, así como la pérdida de varios miles de toneladas de maíz blanco, lo cual nunca se notificó a la aseguradora para hacer válido el seguro.
- En lo que respecta a Diconsa, destaca la falta de documentación para acreditar mercancías que ya no se encontraron físicamente en los almacenes, así como pérdida de alimentos perecederos y productos caducados o en mal estado que no fueron reportados.
- Para Gerardo Lozano Dubernard, quien fue Auditor Especial de la ASF, todavía hace falta mucho por denunciar.
“Se ha estado denunciando únicamente lo que es más mediático, como lo es el caso de estos temas, pero a mí me llama la atención que en el caso de Segalmex las denuncias se presentaron después de que comparece el titular de la Función Pública, donde anunció que habían presentado denuncias por ese caso. Me parece que están respondiendo a efectos mediáticos que están teniendo estos asuntos por su gravedad y que ya es imposible contenerlos”, detalló.
- La denuncia penal más reciente que interpuso la Auditoría Superior de la Federación es contra la Comisión Nacional del Deporte (Conade), de Ana Guevara, por las irregularidades detectadas en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2020, cuando alertó sobre probables daños al erario por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público de dicha dependencia.
- La querella legal fue interpuesta el pasado 28 de agosto, según información de la propia Auditoría.
El mencionado informe revela irregularidades por pagos con recursos públicos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte, así como por aceptar equipos tecnológicos con características diferentes y de menor calidad que los pagados.
- Esta podría ser la primera denuncia de varias en contra de la comisión que dirige la exvelocista mexicana, pues apenas el pasado 30 de julio de 2023 la ASF publicó otro informe sobre posibles daños al erario por 9 millones durante el análisis de la Cuenta Pública 2022.
En dicha presentación, el auditor David Colmenares detalló que en las próximas entregas de la Cuenta Pública se darán a conocer los resultados de tres auditorías más que se le están realizando al organismo rector del deporte encabezado por Ana Gabriela Guevara.
Cobran ‘moche’ directores en Diconsa
Durante la gestión de Ignacio Ovalle como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresas proveedoras de Diconsa pagaron el equivalente al 3% de cada contrato a una empresa «fantasma».
- Se estima que los funcionarios habrían cobrado hasta 180 millones de pesos de «moches» entre el 2019 y el 2020, documentó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- Diconsa forma parte de la estructura de Segalmex y su «Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar» establece que la dependencia debe cobrar a los proveedores hasta el 3% de la compra facturada, y que ese dinero se destinará para el mejoramiento de tiendas rurales o adquisición de vehículos para la flotilla de la dependencia.
Sin embargo, MCCI identificó que la aportación de los proveedores no se pagaba en cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de la empresa Film & Marketing 18k SA de CV, la cual fue constituida usando la identidad robada de al menos una de sus accionistas.
La empresa a la que se transfirieron millones de pesos de aportaciones de proveedores de Diconsa, fue constituida con la identidad robada a una mujer que reside en una zona marginada de la zona metropolitana de Guadalajara.
Alma Karina Cruz Íñiguez, quien lleva 15 años viviendo en la misma colonia y se dedica a las labores del hogar, pero aparece en el acta constitutiva de la empresa como accionista y administradora única.
- Oficios internos y copias de depósitos bancarios obtenidos por MCCI revelan que proveedores de Diconsa realizaron transferencias millonarias a las cuentas de dicha empresa a solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, entonces encabezada por René Gavira Segreste, actualmente vinculado a un doble proceso penal por la corrupción en Segalmex.
- Los cobros del 3% se hicieron sobre las compras consolidadas durante los años 2019 y 2020. De acuerdo con la normatividad, Diconsa debía descontar las aportaciones al momento del pago de la factura y posteriormente usar ese dinero para mejoras en la institución.
El presupuesto anual de las compras consolidadas de Diconsa ronda los 3 mil millones de pesos, por lo que entre 2019 y 2020 la comisión del 3% fue equivalente a 180 millones de pesos, monto que habría terminado en las cuentas de Film & Marketing.
Segalmex viola ley de Austeridad
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se está preparando para contratar un seguro de vida para todos sus funcionarios, a pesar de que esta acción está prohibida por la Ley Federal de Austeridad Republicana promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una licitación realizada el 5 de julio se detalla que este seguro cubrirá la muerte de los servidores públicos de Segalmex, sin importar la causa, incluso el suicidio, de acuerdo con información de El Universal. Esto, en medio del escándalo debido a un fraude de 9,500 millones de pesos.
- La licitación establece que el monto del seguro será 40 veces el salario bruto mensual y que cubrirá a todos los servidores públicos de Seguridad Alimentaria Mexicana, incluyendo a los mandos medios y superiores.
- Sin embargo, la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe expresamente la contratación de jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones utilizando recursos públicos.
Con el fin de proteger su bodega principal de “alborotos populares”, motines, huelgas, vandalismo y hasta “daños de personas mal intencionadas”, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) contratará un seguro múltiple empresarial que cubra hasta pérdidas por 50 millones de pesos, publicó LA SILLA ROTA en marzo de este año.
- De acuerdo con la licitación pública LA-08-JBP-008JBP999-N-5-2023, pública en la plataforma Compranet, dicho seguro deberá proteger la bodega principal de Segalmex, ubicada en Zacatecas, y todo lo que dentro se encuentre: desde equipo de cómputo hasta los granos que almacena.
Los riesgos por los que la empresa aseguradora –que finalmente sea contratada– debe proteger dichos bienes incluye explosiones, incendios, asaltos o robos, filtraciones de tuberías, descargas eléctricas, obstrucción de canales y hasta lluvias, granizadas y caída de árboles. Además, se incluyen otros factores que Segalmex consideró relevantes, como huelgas de los trabajadores, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo, daños cometidos por personas mal intencionadas y hasta motines.
- A finales del mes de junio, en una de sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “le dolió mucho” enterarse del fraude en Segalmex bajo la administración de Ignacio Ovalle, a quien justificó al decir que confió en “gente con malos antecedentes”, quienes lo engañaron.
“Es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.
Conade paga a atletas fantasmas y extravía 377.1 mdp
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pagó a discreción y ningún parámetro de rendición de cuentas sueldos de entre 10 mil a 30 mil pesos a más de 100 atletas que no existen, en el papel se detectaron depósitos por concepto de nóminas a personas ajenas a la comisión e incluso desvíos de dinero para la compra de artículos y materiales.
- Tras la primera alerta que envió la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre las irregularidades en el gasto de la Conade, ésta sigue sin comprobar el destino de los recursos públicos que se desembolsaron para el pago mensual de trabajadores y deportistas fantasma, pues —hasta el momento— se siguen sin comprobar que dichas personas existen.
Incluso la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió varios extrañamientos de forma oficial para que la comisión del deporte en México explique el gasto de los recursos que se emplearon para estos rubros, pues en caso de que no se documenten de forma debida existe un daño al erario grave.
- De acuerdo a una revisión de Publimetro a los informes de seguimiento, detectó que la Conade sigue sin presentar pruebas contundentes que demuestren que no se realizaron transferencias que alcanzaron los 10 millones de pesos a grupos de aviadores durante 2019 y 2020, así como los recursos que se pagaron para contratistas de diferentes giros.
En los documentos que se giraron por la autoridad federal se advierte que no se hallaron expedientes de los beneficiarios del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y tampoco se han documentado de forma correcta los comprobantes de sueldos que se emitieron para personas que se declararon como presuntos deportistas o empleados de la comisión.
Por otra parte, la Auditoría Superior pidió explicar a la Conade, dónde quedaron 377.1 millones de pesos.
- La ASF dio a conocer el informe de la cuenta pública del 2020, donde destaca nueve puntos los cuales la Conade, dirigida por Ana Gabriela Guevara, debe de explicar.
- Desde que la ex velocista llegó al organismo, han salido a la luz varias irregularidades, además de que hay denuncias por malos manejos y hasta por intento de homicidio.
Se realizaron adjudicaciones directas en la contratación de bienes y servicios sin motivar ni justificar la excepción al procedimiento de licitación pública.
Se adquirieron bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento.
Se recibieron equipos a entera satisfacción, aunque eran distintos a los pagado.
Se realizaron pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2020, por ejercicios correspondientes al ejercicio fiscal 2019, son que el pasivo estuviera debidamente contabilizado y sin la acreditación de haber recibido los bienes y servicios a entera satisfacción.
No se comprobó que los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) expedidos por los proveedores cumplieran con los requisitos fiscales exigibles.
- No se acreditó la prestación de los bienes y servicios pagados, contratados con diversos proveedores, debido a que no se presentaron, los entregables correspondientes.
- No se contó con los expedientes integrables de los beneficiarios del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
- Se pagaron con recursos públicos a personas físicas que no son miembros activos del Sistema Nacional del Deporte, y a algunos que no se acreditaron ser profesionistas, especialistas o con experiencia reconocida en el campo de entrenamiento deportivo.
No se comprobó el adecuado ejercicio de recursos transferidos a los sujetos de apoyo, y se observaron inconsistencias en las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2020./Agencias-PUNTOporPUNTO
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