La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las reformas constitucionales necesarias para crear la Guardia Nacional, que se integrará con elementos del Ejército, la Marina y Policía Federal.
En el documento se elimina la disposición de plasmar en la Constitución que el Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. También se retiró la redacción de la iniciativa original que precisaba que nadie podrá ser retenido en instalaciones militares.
- «Bajo ninguna de las circunstancias referidas por este artículo, un detenido podrá ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares», citaba el párrafo que no fue incorporado en el texto final.
- Sin embargo, en esta nueva versión sí se estipula que los detenidos por la Guardia Nacional sólo podrán ser trasladados y puestos a disposición en las instalaciones de las autoridades civiles correspondientes.
- El dictamen indica que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que está cometiendo un delito, o inmediatamente después, pero precisa que deberá ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y a su vez, ésta tendrá que llevarlo con la misma prontitud al Ministerio Público.
«Cuando la detención la realicen las autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de las personas (…) deberán poner sin demora al indiciado a disposición del Ministerio Público. En todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención», se establece.
- El texto de reforma constitucional añade que la investigación de los delitos corresponde al MP y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél que esté en el ejercicio de esta función.
«Tratándose de hechos que puedan ser constitutivos de delitos del orden federal, la Guardia Nacional actuará bajo la conducción jurídica del Ministerio Público Federal».
- Además, se mantiene la redacción del artículo quinto transitorio, el cual señala que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional.
Persiste también la disposición de que a los integrantes de las policías militar y naval no se les aplicará la prohibición del artículo 129 constitucional, sobre que los miembros de las Fuerzas Armadas deben estar en sus cuarteles en tiempos de paz. Ese artículo fue parte de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
El dictamen no incorpora ninguna de las propuestas que durante la semana hicieron expertos nacionales e internacionales, quienes manifestaron su preocupación por la militarización del país y la continuidad de las políticas de seguridad de gobiernos anteriores.
Dichas recomendaciones coincidieron en que se debía precisar que el mando de la Guardia Nacional sería civil y no miembro de la Sedena; que se acotara claramente la temporalidad de la Guardia Nacional; que se estableciera el fortalecimiento de las policías locales; y que no desapareciera la Policía Federal.
Contrapeso
Amnistía Internacional publicó un documento que enumera 5 argumentos en contra de la Guardia Nacional:
- El modelo de la Guardia Nacional es muy semejante al de sexenios anteriores, sólo que con otro nombre.
- Existe evidencia de que el despliegue de las fuerzas armadas ha ido acompañado con aumento en las tasas de violencia.
- Se ha comprobado que la Policía Militar ha participado en casos de violaciones graves a derechos humanos.
- No hay certeza de que el entrenamiento de la Guardia Nacional será diferente a la que ya han tenido los militares antes.
- El Ejército y la Marina cometen más actos de tortura y otros malos tratos durante arrestos que la Policía Federal.
Irán a Tribunales
Detrás del apoyo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, está la cómoda posición de desentenderse de su obligación de dar seguridad a sus gobernados.
- Los afanes centralistas del presidente les vinieron estupendos a los gobernadores, porque de esa manera le dan la vuelta a uno de los principales problemas que tienen encima.
- No es la primera vez que ocurre. Con su declaratoria de guerra al narco, el entonces presidente Felipe Calderón se quiso consagrar como el jefe de Estado “valiente” que por fin combatía de frente a esa expresión de la delincuencia organizada. Tal era el discurso oficial.
Su sucesor, Enrique Peña, dejó de lado la retórica de guerra, pero mantuvo la estrategia.
- Cada uno pretendió resolver desde el centro el problema. Con la Secretaría de Seguridad Pública al mando de García Luna y de la Comisión Nacional de Seguridad con distintos titulares en cada uno de los gobiernos.
- Además de quitarle la responsabilidad a los gobernadores, ambos gobiernos les dieron millones de pesos a través de distintos subsidios de fondos federales de seguridad pública para equipar a sus policías, comprar patrullas, armas y equipos.
- Lo que los gobiernos estatales hicieron con ese dinero no se sabe, a la luz de las condiciones de inseguridad en todo el país y la ausencia de cuerpos policiales civiles profesionalizados.
Ante el fracaso de los gobiernos de Calderón y Peña, con un alto costo humano y económico, López Obrador se la pasó durante años criticando la estrategia. Razón no le faltaba. Su propuesta de no apagar el fuego con el fuego tuvo respaldo porque suponía un nuevo paradigma.
Para sorpresa de todos, el nuevo presidente no sólo mantiene la estrategia, sino que la profundizó. Calderón, ni en sus más preciadas ambiciones, se atrevió a reformar la Constitución para darle a los militares, de plano, todas las tareas de seguridad, incluida la que corresponde a los policías, que tiene que ver con los delitos comunes.
- La Guardia Nacional de López Obrador no supone ningún cambio. Sólo que ahora los gobernadores quedan a salvo completamente de las tareas de seguridad. Por eso es que expresaron su respaldo “sin regateos”.
- Claro, porque cualquier fracaso se le atribuirá directamente al gobierno de López Obrador y a su Guardia Nacional que, a pesar de no haber sido aprobada constitucionalmente, ya está desplegada en 11 regiones del país. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no dijo cuáles, pero es fácil pensar en las 12 regiones en las que el Ejército tiene dividido al país.
Antes de ser una realidad legal, La Guardia Nacional deberá pasar por las impugnaciones que acabarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que pase en el máximo tribunal tampoco se sabe, no sólo porque no sabemos cómo va a terminar el actual conflicto por la polémica Ley de Remuneraciones, sino porque cuando desecharon la Ley de Seguridad Interior, los ministros establecieron que los militares no deben cumplir funciones de seguridad pública.
El titular del Ejecutivo piensa lo contrario y su mayoría en el Legislativo lo respalda, lo que podría derivar en otro conflicto entre poderes./PROCESO- REFORMA-. PUNTOporPUNTO
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