Luego de cuatro horas de discusión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el fin del fuero de los servidores públicos, sin que haya contrapesos legislativos que determinen si procede o no la eliminación de la inmunidad procesal del presidente de la República, el Jefe de Gobierno capitalino y los gobernadores sentenciados por delitos federales.
- La propuesta inicial determinaba que para el retiro de la inmunidad (conocida como fuero) y el cese de funciones del Primer Mandatario sentenciado por delitos federales se requería de la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de los presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de los presentes en el Senado.
- El fin de la inmunidad procedería en automático en el caso de sentencia por la comisión de delitos graves, electorales y por hechos de corrupción. En el caso de los gobernadores y el jefe de Gobierno, sería la mayoría absoluta del Senado la que determinaría la procedencia o no del fuero.
- Pero los candados legislativos se quitaron, así que funcionarios como el presidente de la República, legisladores, ministros de la Suprema Corte, el Fiscal General de la República, los consejeros del INE y los gobernadores, entre otros, sigan gozando de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra.
El dictamen de la reforma constitucional fue turnado al Pleno de la Cámara de Diputados y precisa que “el auto de vinculación a proceso puede ser recurrido directamente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
- El PAN y el PRI propusieron la eliminación de los candados legislativos para que ni el presidente ni los mandatarios locales tengan trato especial, lo que aceptó Morena sin cortapisas, aunque alertó del posible uso político de las acusaciones penales y hasta generación de violencia.
Lo digo con mucho respeto, esto (el proyecto de dictamen original) es contrario a lo que ofrecieron a través de campañas el grupo de mayoría, esta es la traición que prometieron no mantener. El presidente electo fue también promotor de la eliminación del fuero y creo que es una incongruencia mantenerlo prácticamente intocado con la necesidad de pedirle permiso a las cámaras. Seamos serios”, dijo el panista Elías Lixa.
- ¡Muerte súbita!, ¡sentencia y te vas a tu casa!”, exclamó el morenista Pablo Gómez, quien advirtió que el quitar la intervención del Congreso podría traer problemas, pero que Morena no tenía inconveniente porque Andrés Manuel López Obrador no quiere privilegios.
Nosotros en el grupo de Morena no le tenemos miedo a que el próximo Presidente de la República no goce de ninguna protección especial (…) Hay un mandato popular, hay una sociedad que respalda a su presidente electo, habemos millones de mexicanos que aún en cualquier intento absurdo, como lo hicimos en el pasado, en el 2005, cuando algunos partidos que hoy me da gusto que cambien su visión desaforaron al jefe de gobierno en la ciudad, y salimos avantes”, secundo Horacio Duarte, de Morena.
También propone MORENA eliminar Salas AntiCorrupción
De acuerdo con el proyecto, la futura Secretaria de Gobernación considera que el Congreso de la Unión incurrió en un exceso al aprobar la creación de esas instancias -para 15 nuevos magistrados-, sin que estuvieran contempladas en la Constitución.
- Según la Ministra en retiro de la Corte, el Sistema Nacional Anticorrupción sólo contemplaba en la Carta Magna la creación de una «Tercera Sección» del Tribunal para sancionar las faltas administrativas graves en materia de corrupción, cometidas por servidores públicos o particulares.
- «Se debe corregir el exceso en el que se incurrió en otro momento político con respecto al número de magistrados a designar», señala en la exposición de motivos, donde también aduce motivos de austeridad presupuestal.
- Sánchez Cordero sostiene que el Sistema no puede integrarse bajo un falso paradigma, ya que las salas especializadas simplemente carecen de sustento constitucional.
- Recordó que desde el 25 de abril del año pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado la lista de aspirantes para ocupar tres magistraturas de la Sala Superior y 15 de las salas especializadas, sin que se haya logrado avanzar en el análisis de las mismas por diversos cuestionamientos.
- Aunque ahora la Cámara alta está obligada por los tribunales a realizar la designación de esos magistrados, la senadora de Morena plantea frenar el proceso para realizar una reforma de fondo.
- «No es posible continuar con el trámite de dicha lista porque la misma tiene un vicio jurídico de origen», sentenció.
- «La Constitución nunca previó la existencia de salas especializadas, sino únicamente la existencia de una Sección integrante de la Sala Superior a quién tocaría ejercer la competencia de responsabilidades administrativas».
De avalarse la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal -que sólo requiere de mayoría simple-, el Senado sólo quedaría obligado a nombrar tres magistrados para la «Tercera Sección».
Por otro lado, en la misma iniciativa, la futura funcionaria federal plantea cambios a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Propone que, en el caso de los particulares que incurran en faltas graves de corrupción, las sanciones aplicarán tanto a la persona moral, como a sus socios y representantes. El castigo se extenderá hasta los familiares hasta el cuarto grado o cualquier tercero con quien tenga vinculación y que se haya visto beneficiado de la falta.
Adicionalmente, propone que los responsables de esas acciones no sólo sean sometidos al pago de multas sino de indemnizaciones. «Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos federales», refiere./REFORMA- EXCÉLSIOR- PUNTOporPUNTO
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