AMLO militariza la República con su GN, violando CONSTITUCIÓN; “México regresa a la infame ERA AUTORITARIA del PRI”: Analistas

El experto en temas de seguridad Daniel Gómez-Tagle explicó que no puede enviarse a la Guardia Nacional a la Sedena por acuerdo, pues para que ello suceda los diputados y senadores debe reformar, al menos, cuatro leyes.

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Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que mediante un acuerdo cederá el control de la Guardia Nacional a la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), expertos en temas de seguridad y políticos señalaron que dicha decisión viola la Constitución.

  • El experto en temas de seguridad Daniel Gómez-Tagle explicó que no puede enviarse a la Guardia Nacional a la Sedena por acuerdo, pues para que ello suceda los diputados y senadores debe reformar, al menos, cuatro leyes.

El politólogo Javier Martín Reyes comentó que la Constitución establece que la Guardia Nacional es una institución civil que esta adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que esta debe ser modificada antes en el Congreso de la Unión para que pase a la Sedena.

“Aunque no le guste Andrés Manuel López Obrador, un decreto no puede alterar lo que la Constitución dicta con toda claridad”, dijo el también académico.

  • Mientras, la investigadora en el CIDE Catalina Pérez Correa señaló que este acuerdo viola la Constitución, por lo que cuestionó si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a dejar que el presidente lo haga.

“Si López Obrador está por encima del derecho y no está obligado a respetar la ley, ¿porqué los ciudadanos debemos hacerlo? Que explique el poder judicial por qué aplican unas leyes y otras no”, dijo.

Alejandro Hope recordó que el artículo 21 de la Constitución establece que la Federación contará con una institución policial de carácter civil que es la Guardia Nacional. Asimismo, en la Carta Magna se menciona que la estructura orgánica y dirección de esta se encontrará adscrita a la Secretaría de Seguridad.

Por lo anterior, el también articulista enfatizo que por decreto no se puede enviar a la Guardia Nacional a la Sedena.

A estos señalamientos se unieron legisladores. El coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez, mencionó que el anuncio de López Obrador es un golpe a la Constitución.

  • “No hay espacio para medias tintas frente al golpismo constitucional. Si un servidor público es incapaz de defender la Constitución, entonces no tiene nada que hacer en el servicio público”, escribió desde su cuenta de twitter.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, también criticó el acuerdo del presidente, pues éste pisotea la Constitución.

El mandatario realizó esta acción después de que los partidos de oposición en la Cámara de Diputados aseguraron que no pasarían ninguna reforma constitucional de López Obrador, como la electoral y la de Guardia Nacional.

Asunto, en manos del PJF

El decreto anunciado por el presidente es inconstitucional y el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe ser efectivo para detenerlo, coincidieron expertos en derecho constitucional.

  • Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estimó que el presidente López Obrador ya se dio cuenta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es ágil en procesar las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se promueven contra sus decretos, por lo que ahora busca consumar la militarización de la seguridad pública con la transferencia de la GN al Ejército.

«Me queda claro que la Suprema Corte y el poder Judicial tendrían que ponerle freno a un acuerdo que es abiertamente contrario a la Constitución”, mencionó.

  • Destacó que desde junio del 2020 la Suprema Corte no ha podido resolver las diversas acciones de inconstitucional promovidas en contra del decreto del 11 de mayo de ese año del presidente López Obrador, por el que ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta 2024.
  • En el mismo sentido, Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana (UP), expresó que el silencio de la Suprema Corte en este tema es un argumento que lleva al presidente López Obrador a plantear mediante un decreto pasar la GN a la Sedena.

Javier Martín Reyes explicó que si bien el decreto que emitirá el primer mandatario puede ser sujeto de amparos y suspensiones por parte de los jueces federales, la resolución definitiva tiene que provenir de la Suprema Corte de Justicia, misma que podría ir más allá del 2024 en su determinación.

  • Consideró que en caso de emitir dicho decreto, éste es inconstitucional, ya que el Artículo 21 de la carta magna es claro en que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.

En el mismo sentido, el abogado constitucionalista Ignacio R. Morales Lechuga planteó que el presidente López Obrador no puede emitir un decreto contra la Constitución sin que sufra las consecuencias de su violación.

  • El jurista Martín Reyes consideró que si el presidente López Obrador desea que la seguridad pública sea militar, debe cubrir el procedimiento correspondiente, mediante el envío de una iniciativa al Congreso.

“Si el presidente quiere una Guardia Nacional militarizada que lo planteé, que presente una iniciativa, que haya una discusión democrática en el Congreso, y si le dan las mayorías que se apruebe, aunque es una mala idea en el marco internacional. Pero aquí no se vale agarrar la vía fastrack de desconocer por un acuerdo o un decreto lo que con toda claridad establece la Constitución”, expresó.

La Fundación para la Justicia sostuvo que “el presidente viola el compromiso de respetar y actuar conforme a la Constitución, la cual establece que las instituciones de seguridad pública pertenecerán al orden civil. Cualquier decisión que disponga adscribir a la GN a la Sedena es inconstitucional”.

El politólogo Jorge Javier Romero planteó que “el presidente ha anunciado que, sin tapujos, ha decidido violar la Constitución y hacer lo que le de la gana con la Guardia Nacional. Desacato descarado, algo propio de golpistas”.

Preparan acciones

Por su parte, actores políticos y de la sociedad civil señalaron al presidente de buscar violar la ley a través de una medida inconstitucional.

  • El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró que con esta medida el gobierno federal otorgaría a las Fuerzas Armadas atribuciones que no les corresponden, por lo que Acción Nacional presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que se lleve a cabo el acuerdo que pretende el presidente.
  • Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, consideró que la intención del presidente de pasar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena es “otro distractor” y adelantó que no permitirán que “se atente contra el orden constitucional”, e indicó que acudirán a las instancias correspondientes para evitarlo.
  • En tanto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, criticó al mandatario al señalar que “gobernar a base de decretazos es pisotear la Constitución; tan grave es la forma, como el fondo, es decir, la militarización del país”. En este sentido, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el partido se sumará a las acciones de inconstitucionalidad contra el acuerdo del presidente.

En tanto, mediante pronunciamientos publicados en redes sociales, el Centro Prodh señaló que llevar a la GN a la Sedena con un acuerdo presidencial “implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución y profundizar la militarización”.

De acuerdo con la CNDH, en el primer semestre del 2022, la GN suma 1,109 quejas por violar derechos humanos, mientras que el Ejército 1,019.

México regresa a la infame era autoritaria del PRI

Como en la era autoritaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la administración de López Obrador ha procurado la centralización del poder, el debilitamiento de los contrapesos constitucionales y ha menoscabado el pluralismo. Además, más que en ninguna otra época reciente, los militares se despliegan masivamente por el país, se lee en una opinión de The Washington Pos

  • La columnista Catalina Pérez asegura que el presidente López Obrador gobierna sin controles ni transparencia, de ahí que también ha denostado a los órganos autónomos a la par que arremete contra las organizaciones civiles.

«Los ataques de López Obrador a lo que supone un obstáculo para realizar su proyecto político no se han quedado en palabras. Ha pasado al control o debilitamiento por vía de mecanismos legales».

Pérez comparó el actual gobierno de la cuarta transformación con el antiguo régimen del PRI, «el enorme poder del Estado se usa para intimidar a la ciudadanía»

  • «Entre estas prácticas que recuerdan al pasado, quizá el elemento que más distingue al gobierno de López Obrador es la militarización del país. Si bien antes de su gobierno el Ejército ya participaba en tareas de seguridad pública, combate a la delincuencia organizada o mejoramiento del medio ambiente, la cifra de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados ha crecido 45% durante este gobierno. También han aumentado sus atribuciones y presupuesto.»

Así mismo aseguro que bajo el gobierno de AMLO, «el Ejército se ha independizado económicamente, se ha fortalecido como actor político y controla áreas estratégicas más allá de la seguridad».

Finalmente aseguró que «la promesa de un nuevo futuro con la que López Obrador llegó al poder se ha desvanecido, en su lugar queda el regreso a un pasado de la historia mexicana marcada por el uso arbitrario y discrecional del poder.»

Oposición arremete contra decreto

Por otra parte la oposición ante la propuesta del presidente López Obrador fue amplia en redes sociales. “Ayyy nanita… Dios nos agarre confesados!! ES UN DICTADOR MILITARIZANDO EL PAIS PARA SOSTENERSE. No importa como pero se pasa la CONSTITUCIÓN por debajo del arco…”, escribió el expresidente Vicente Fox en Twitter al respecto.

  • Para Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, “decretar el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA sin modificar la Constitución huele a golpe de Estado”, publicó en Twitter. “Así podría decidir que puede reelegirse en el 2024. Militarista sin escrúpulos”, añadió.

Por su parte, el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong publicó: “La Constitución establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que, con el decreto que se pretende emitir, se estarían invadiendo, nuevamente, las facultades del Congreso”.

En redes sociales, integrantes de la oposición se han referido como “decretazo” a esta propuesta. En su cuenta personal, la senadora Lilly Téllez escribió: “Del NO al militarismo, al militarismo total. Del nada por la fuerza y todo por la razón, al decretazo y al carajo la Constitución. AMLO borracho de poder en su gobierno de cantina”.

Por su parte Leo Zuckerman ve previsible que «varios interesados demandarán que el acuerdo del Ejecutivo se eche para atrás porque contradice la Constitución y la Ley de la Guardia Nacional. El caso seguramente llegaría al Poder Judicial, que declararía inconstitucional e ilegal el susodicho decreto».

Lo que dice la ley sobre la Guardia Nacional

Entre las primeras menciones a la Guardia Nacional está el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

  • En el mismo artículo 21 constitucional, se señala: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”. Es decir, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que actualmente encabeza Rosa Icela Rodríguez y que el presidente dijo que pasará por una reestructuración, en la que propone que se llame “Secretaría de Seguridad y Justicia”.

El artículo 73 constitucional dicta que solamente el Congreso de la Unión es el único facultado para hacer reformas en cuanto a la organización de la Guardia Nacional. “Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones”

  • Ademas, el artículo 76, señala que el Senado será el responsable de “analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional”.
  • Finalmente, la actual Ley de la Guardia Nacional, señala en su artículo 4, que “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En los artículos transitorios de dicha Ley se estableció que si bien los integrantes de la Guardia Nacional podrán emerger de las Fuerzas Armadas, sus labores siempre serán de carácter civil, e incluso se marca la obligación de que los uniformados egresados de cuerpos militares deberán tomar cursos de capacitación. “Estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional sujetos a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta Ley”, agrega la fracción séptima de dicho artículo./Agencias-PUNTOporPUNTO

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