AMLO-4T buscan MILITARIZAR a MÉXICO, otorgando FUERO LEGAL y CONTROL SOCIAL al EJÉRCITO

En la exposición de motivos, se menciona que “la inexistencia de personal policial civil íntegro, confiable y capacitado para el cumplimiento de sus funciones” impulsó la creación de la Guardia Nacional.

La iniciativa del gobierno federal para que la Guardia Nacional quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descarta que el objetivo sea militarizar al país.

  • Sin embargo, plantea puntos como eliminar el requisito de renunciar al Ejército o a la Marina para sumarse a la Guardia; el cese de la corporación de 23 mil elementos que provenían de la Policía Federal, para que la Guardia termine por conformarse solo por elementos de las fuerzas Armadas, y que al realizar labores de seguridad pública sus elementos conserven su fuero militar, si por alguna razón deben ser sancionados.
  • El proyecto de ley del Ejecutivo plantea que la Secretaría de Seguridad diseñe la Estrategia y el Programa Nacional de Seguridad Pública, pero en “colaboración” con la Sedena. Con el Ejército controlando el presupuesto de la corporación, la distribución territorial de sus elementos, estructura y mandos, e incorporando además de “manera expresa” su actuación en servicios de investigación e inteligencia.
  • Toda la iniciativa plantea dar más atribuciones a la Sedena al mando de la Guardia, de mandos, capacitación, recursos, pero aún así se refiere que esa corporación “continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la SSPC”.

Un objetivo adicional mencionado es que la Guardia desarrolle sus actividades “con capacitación y adiestramiento policiales, de naturaleza no bélica”.

Esto, aunque al justificar la iniciativa se menciona la necesidad de una institución que pueda hacer frente a la amenaza del crimen organizado, que se ha convertido “en una fuerza ‘cuasimilitar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.

  • La adopción de este esquema policial complejo, dice el proyecto, “responde a los desafíos sin precedentes que los graves problemas de inseguridad y violencia vinculados principalmente al crimen organizado plantean al Estado mexicano en la actualidad, así como al fracaso de todos los esquemas institucionales previos en materia de seguridad y modelos de policía, resultado de su descomposición y corrupción crónicas”.

Si bien mencionan los “graves problemas de inseguridad” y un riesgo “sumamente delicado”, el gobierno también refiere como justificación que la Guardia Nacional ya ha dado resultados para frenar la tendencia creciente de asesinatos, que venía de sexenios anteriores.

Así justifican la reforma

En la exposición de motivos, se menciona que “la inexistencia de personal policial civil íntegro, confiable y capacitado para el cumplimiento de sus funciones” impulsó la creación de la Guardia Nacional.

Y que se optara porque la Sedena y la Secretaría de Marina participaran, junto a la secretaría de Seguridad, en el establecimiento de su estructura jerárquica y de sus normas de ingreso.

  • “La participación preponderante de la Sedena en la integración del contingente operacional de la Guardia Nacional y la conformación de su estructura, régimen de disciplina, dotación de recursos materiales y logísticos, así como despliegue e implantación territorial es el resultado de la implementación práctica del modelo policial consensuado por unanimidad entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, a partir del análisis de la propuesta original planteada por el titular del Poder Ejecutivo Federal”, menciona el texto.

Esto, se menciona citando la encuesta del Inegi ENVIPE 2020, ha “posiciónado a la Guardia Nacional como la institución que más confianza y aceptación genera entre la población mexicana, sólo detrás de la Armada y del Ejército”.

Ante las críticas por la militarización del país, la cual niega la iniciativa, se refiere que “la hipótesis que sostiene que la formación militar de los elementos dedicados a la seguridad pública produce, por sí misma, abusos contra la población, es refutable”.

  • Esta percepción, señalan, “se puede rebatir de manera contundente al observar que, en los últimos tres años, la disminución de homicidios dolosos, de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas y de la letalidad en los operativos contra la delincuencia, ha sido acompañada de un incremento significativo en la participación de elementos con formación castrense, justamente, a través de la creación de la Guardia Nacional”.

La transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, se destaca, “responde a la necesidad inmediata de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos que tienen su origen en las particularidades mismas de dicho cuerpo de seguridad creado por el constituyente permanente”.

Esto, frente a lo “apremiante” que resulta el abordaje de los retos emergentes que la violencia criminal plantea al Estado mexicano.

“Resulta pertinente, por tanto que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena, si se toma en cuenta que ambas inciden en un tema que es tanto de seguridad nacional como de seguridad pública, tal es el caso de la delincuencia organizada.

  • Lo que aquí se propone es una fórmula equilibrada para la participación de la Sedena en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, ya que se establecen reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial, con una estricta, clara separación y delimitación de las dependencias involucradas”.

El propósito final de esta iniciativa, se insiste, “no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”.

AMLO cambió de opinión

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cambió de opinión respecto al uso de militares en tareas de seguridad pública por tratarse de un problema grave, tras las criticas que han recibido unas reformas legales del partido gubernamental que colocan a la Guardia Nacional (GN) bajo el control del Ejército.

  • Cuando era oposición, López Obrador fue muy crítico de sus dos antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por recurrir a los soldados para enfrentar a los grupos criminales en las calles, en medio de denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos.

«Cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron», afirmó AMLO, al ser consultado por una periodista sobre su antigua promesa de hacer regresar a los militares a los cuarteles en seis meses, en caso de ser elegido en las urnas.

El presidente dijo estar convencido de que «la paz es fruto de la justicia» y aseguró que para combatir la inseguridad está dando trabajo a la gente y luchando contra la corrupción y la impunidad, pero justificó su política de seguridad porque debía sustituir a la extinta Policía Federal, que afirmó estaba plagada de vicios.

AMLO aumentó poder del narco para justificar militarización: Anabel Hernández

En su más reciente columna para la cadena internacional Deutsche Welle, la periodista de investigación Anabel Hernández calificó como “sabadazo negro” la modificación exprés de una serie de leyes para dar el control total y permanente de la seguridad pública cotidiana de los ciudadanos a la Sedena, poniendo a su vez bajo su control total la operación de la GN, incluyendo los “programas operativos y estrategias” de seguridad.

  • De acuerdo con la autora de libros como Emma y las otras señoras del narco y El traidor: el diario secreto del hijo del Mayo, con esos cambios constitucionales el gobierno de AMLO pasó a tomar un rostro totalmente militar al dar al Ejército el monopolio de la fuerza pública federal no solo en temas de seguridad sino de control social.

“En caso de manifestaciones sociales y protestas ciudadanas la policía civil sino la SEDENA quien directamente intervenga para imponer el orden cuando así decidan hacerlo”.

  • Dichas modificaciones, detalló Hernández, también significan la militarización de la justicia, puesto que una de las atribuciones de la Guardia Nacional es realizar investigación de delitos para la Fiscalía General de la República (FGR) y ministerios públicos: puede cumplimentar órdenes de aprehensión, entre otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales.

Asimismo, la periodista dijo que López Obrador, con la promulgación de la política “abrazos,no balazos” desde le inicio de su mandato, ha auspiciado el aumento de poder de los grupos criminales “permitiéndoles tener mayor control territorial, intromisión en la política y el control de sectores económicos estratégicos”.

  • “De esta forma el gobierno de AMLO auspició el caos prexistente y calculadamente lo atizó, para crear las circunstancias que justifiquen la imposición de la militarización como el único remedio posible”, sentenció.

El apoyo al poder civil se erosiona mientras crece el de las Fuerzas Armadas en México: TWP

Por otra parte, el columnista de The Washington Post, Ricardo Raphael recordó sobre las violaciones de derechos humanos que el ejército mexicano ha cometido, entre el que destaca la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

  • Otro de los eventos en el que participaron, recalco el columnista fue el que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón «Una segunda ola de violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas se fue extendiendo a partir de la autonombrada -guerra contra las drogas- que emprendió desde 2006 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).»

Así mismo recordó «la participación del Ejército en la masacre de Tlatlaya, en junio de 2014, o su involucramiento la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de ese mismo año, son episodios dolorosos. Como lo fue, recientemente, la desaparición de unas 70 personas perpetrada por la Marina en distintos municipios de Tamaulipas durante 2018».

  • Raphael señaló que López Obrador presumió datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi) del 2021 donde al menos el 42% de la población consideraba al Ejército como muy efectivo para hacer su trabajo.

«Si se añade a esta percepción la de quienes afirman que los militares son “algo” efectivos para el desempeño de sus tareas, se construye una cifra de aprobación para el Ejército de 86% y 87.8% para la Marina.»

«El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió estos mismos números en julio del año pasado para corroborar el respaldo popular que han tenido sus iniciativas de involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos que antes eran potestad exclusiva de las autoridades civiles, como la realización de obra pública, la administración de puertos y aeropuertos, el control de las aduanas, la investigación de actos de corrupción, la construcción de sucursales bancarias, el combate al robo de combustible o la distribución de medicamentos».

  • Pero en contra parte «de acuerdo con estudios de opinión del Latinobarómetro, realizados en América Latina, la confianza en las Fuerzas Armadas se deterioró entre 2015 y 2020, muy probablemente debido a los episodios de violación a los derechos humanos», señalo el columnista.

«Según los datos del análisis, en 2015 al menos 65% de la población tenía algún grado de confianza en las Fuerzas Armadas, mientras que en 2020 únicamente 54% compartía esa opinión. Al mismo tiempo, ha disminuido el rechazo a las Fuerzas Armadas, lo cual estaría vinculado al apoyo político que López Obrador ha entregado al poder militar. Mientras que en 2019 19% declaró no tenerle ninguna confianza al Ejército, en 2020 esa cifra fue de 15.9%».

  • De ahí apuntó Raphael que «en efecto, el enorme respaldo entregado por el mandatario mexicano ha sido influyente para revertir el deterioro reputacional del Ejército durante los años previos a su gestión».
  • El columnistas también aseveró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha exculpado a las Fuerzas Armadas por las violaciones a los derechos humanos.

«Si el jefe del Estado mexicano instruye a los militares a romper el orden constitucional (violar derechos humanos), ellos cumplen con esa orden; en cambio, si el comando civil dirige a las Fuerzas Armadas por los caminos de la democracia, estas obedecerán con una coincidencia precisa».

«Este argumento es frágil cuando se considera que el actual mandato presidencial terminará en dos años más y que en México no existe, hasta ahora, la posibilidad de la reelección presidencial. Resulta obligado preguntarse cómo van a actuar las Fuerzas Armadas si, en el futuro, otro mandatario con diferentes convicciones respecto de los derechos humanos regresa a dar instrucciones equivocadas».

  • Por último Raphael reveló que de a cuerdo con un estudio realizado en el 2021 por los académicos Daniel Zizumbo-Colunga y Benjamín Martínez-Velasco que explora la percepción que tienen las poblaciones mexicanas sobre la presencia militar, la mayoría considerable prefiere abiertamente a las Fuerzas Armadas respecto del resto de las instituciones de la democracia.

«Por ejemplo, en esas zonas 55% respaldaría que el Ejército tomase control del Congreso de la Unión si dentro de esa instancia se integrara un bloque político dispuesto a contrariar al gobierno encabezado por López Obrador»./PUNTOporPUNTO

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