Un integrante de la red de amigos empresarios de Andrés «Andy» López Beltrán, hijo del Presidente de México, es indagado en el caso Segalmex, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- MCCI tuvo acceso a documentos judiciales del caso, en donde se señala que Hugo Buentello Carbonell, quien fuera proveedor en obras de gobierno y además fungió como subdirector de operaciones de Liconsa (un evidente conflicto de interés), es investigado por el delito de delincuencia organizada derivado de contratos irregulares en esa dependencia.
La investigación de MCCI identificó que Buentello Carbonell, siendo funcionario de Liconsa firmó un contrato por 86 millones de pesos con Grupo Vicente Suárez para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo de las que no existe evidencia de su entrega.
También hizo una adjudicación de 320 millones de pesos con ILAS, multinacional que en 2019 fue vinculada por la UIF con una trama de lavado de dinero a través del envío de alimentos a Venezuela.
- Buentello es accionista de Industrias Wohl, titular de la marca de muebles urbanos «Grava y Arena», cuyos productos fueron colocados en distintas obras realizadas en el actual sexenio por la Sedatu, incluido el Malecón de Villahermosa, cuya supervisión está a cargo de Alejandro Castro Jiménez Labora, también amigo de Andy López Beltrán, según reveló hace unos días LatinUS.
Acuerdos dudosos
Como administrador del contrato entre Liconsa y Vicente Suárez, Buentello Carbonell era el encargado de vigilar que las 50 mil bolsas de leche en polvo se entregaran en las instalaciones de Liconsa para posteriormente ser distribuidas en la red de tiendas comunitarias y rurales que tiene la dependencia en todo el país.
Sin embargo, nada de esto sucedió
En sus informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, bajo la vigilancia de Buentello Carbonell, Grupo Vicente Suárez subcontrató el 100 por ciento de los servicios con otra empresa y que Liconsa no proporcionó los entregables respectivos que acreditaran que recibió las bolsas de leche pactadas en el contrato.
- Actualmente, los contratos entre Liconsa y Grupo Vicente Suárez 73 son uno de los múltiples casos de corrupción ocurridos en Segalmex que indaga la Fiscalía General de la República. De las dos personas que firmaron el contrato, junto con Buentello Carbonell, una se encuentra vinculada a proceso y otra está prófuga de la justicia.
- Édgar Alejandro Armenta Peralta, quien signó el documento como apoderado de Grupo Vicente Suárez, fue detenido en abril por la FGR y fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- René Gavira, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex que participó como apoderado de la dependencia, se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con una ficha roja de Interpol para su localización y captura por múltiples acusaciones que la Fiscalía tiene en su contra.
Esfuman en 2 meses botín de Segalmex
Servicios Integrales Carregín, la empresa “fachada” que recibió 142.4 millones de pesos de Segalmex por una falsa compra de azúcar, esfumó en apenas dos meses el 82 por ciento del dinero que recibió y que transfirió a 18 personas físicas y morales.
La carpeta de investigación del caso indica que, tras recibir el 22 de mayo de 2020 el pago de Diconsa, entre el 25 de mayo y el 30 de julio de ese año hizo 38 retiros por una suma de 116 millones 877 mil 566 pesos en favor de terceros.
Cuando recibió el contrato millonario, ahora bajo investigación, Carregín estaba registrada como una proveedora que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua.
- Los principales destinatarios del dinero fueron la empresa Misceláneos Tupeca, representada por Juan Carlos Bustos Hernández, con 59.9 millones de pesos, y Corporativo JI Integra, cuyo represente es José Rafael Domínguez Cervantes, y al que se entregaron 30 millones de pesos.
- Les siguen Andrés Amner Aguilar Escalante, con 9.3 millones de pesos, y Fernando Hiram Zurita Jiménez, ex director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina, con 5 millones 90 mil pesos.
Según Hugo Gerardo Rosales Badillo, uno de los prófugos de la justicia por el Caso Segalmex, Zurita Jiménez es el operador detrás de la empresa “fachada” Carregín.
- Con los recursos cobrados a Diconsa, Carregín también pagó 5 millones de pesos al propio Rosales Badillo y 2.4 millones a Tequilera Obediente, representada por Carlos Solís de la Torre.
- Gremprisma recibió de la empresa que la Fiscalía General de la República describe como “fachada” 1.7 millones; Ingenio El Mante, 1.1 millones; Comercial Institucional Especializada , 810 mil pesos, y Kronos Consultores Amner, 375 mil pesos.
- Gonzalo Mora Nateras, hoy preso en el Penal del Altiplano, fue beneficiario de 374 mil pesos; Comercializadora y Servicios Ramos Almaguer, recibió 371 mil 250 pesos; José G. Castillejo Garduño, 50 mil; y Luis Fernando Zurita Mora, otros 21 mil.
En la lista entregada por la Secretaría de Hacienda a la FGR aparecen otros destinatarios del dinero presuntamente desviado, pero sólo están identificados por su Registro Federal de Causantes.
Todos son pagos que Hacienda y la FGR estiman que derivan del presunto desvío de más de 142 millones de pesos, en la compra simulada de azúcar.
- Carregín, sin embargo, transfirió más dinero de otras procedencias. Por ejemplo, la investigación establece que a Zurita Jiménez le pagaron un total de 9.7 millones de pesos y a Rosales Badillo un total de 10 millones de pesos.
9 mil 500 mdp desaparecidos y 40 denuncias después
A cuatro años de la creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que nació con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alimentación, 9 mil 500 millones de pesos han desaparecido sin que hasta el momento se conozca su paradero.
- Esta situación ha provocado que diversas instituciones hayan elaborado 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, realizado 84 actos de fiscalización y presentado 40 denuncias penales, procesos de los que solo se han conseguido dos vinculaciones a proceso contra un solo exfuncionario y ninguna sentencia.
Lo anterior, a pesar de la promesa de Andrés Manuel López Obrador y su administración sobre que no habrá impunidad en este caso. Hoy, siguen sin explicación ni castigo gastos no comprobados, inventarios fantasma, sobrecostos y otras irregularidades.
El origen del fraude
- Por decreto presidencial, el 18 de enero de 2019 se creó Segalmex, que agrupó a las empresas públicas Diconsa y Liconsa para apoyar en las tareas de compra y distribución de productos como granos, alimentos no perecederos y leche. Desde su creación, quedó al frente de esta institución Ignacio Ovalle, quien durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue director de la Conasupo.
- Un año más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al entregar los resultados de la Cuenta Pública 2019, indicó que Segalmex rebasó el presupuesto aprobado para el programa de precios de garantía para productos básicos y no acreditó el destino de 3 mil 027 millones de pesos, lo que significó un probable daño al erario.
- Además, documentó que el organismo ejerció mil 148 millones en gastos de operación o actividades administrativas, lo que significó 14.2% del presupuesto ejercido, cuando el límite máximo de este tipo de gastos es de 5%. Esto, “sin que la Secretaría de Agricultura (Sader), como coordinadora del sector, y Segalmex, como operadora del programa, tomaran las medidas pertinentes para racionalizar el gasto”.
Al año siguiente, en la Cuenta Pública 2020, la ASF nuevamente detectó presunta corrupción por 8 mil 638 millones en Segalmex, Diconsa y Liconsa, que tuvieron irregularidades en contrataciones y comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas.
Esta vez, el informe general señaló que en Segalmex se detectaron las mayores anomalías por 5 mil 640.6 millones, principalmente en los rubros de inventarios, ingresos, pagos por bienes y servicios, así como su registro contable y presupuestal, mientras que en Diconsa las observaciones fueron por mil 413.4 millones y en Liconsa por mil 583.2 millones.
Entre las irregularidades se detectó, además, la pérdida de bienes y recursos, como maíz y frijol, productos de la canasta básica cuya entrada a almacenes no se acreditó y salidas de efectivo.
- Precisamente fue en esa segunda revisión que la ASF señaló por primera vez a René Gavira, entonces director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, como responsable de efectuar entre 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos de esas instituciones por 950 millones de pesos, además de “extraviar” los rendimientos de este movimiento por 10.6 millones.
Según la ASF, esta irregularidad inició desde la firma de un primer Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal.
El pago de las inversiones se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número CIB/350, suscrito entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente y que es investigada por presunto lavado de dinero.
- Primeras acciones del gobierno: Pese a que las indagatorias recién comenzaban, el 30 de junio de 2020 Gavira, subalterno de Ovalle, renunció al organismo, lo que ocasionó que su sucesor, Jesús Óscar Navarro Gárate, fuera el encargado de las gestiones que se siguieron en el caso.
Este funcionario declaró que, al tener conocimiento de las inversiones bursátiles ilegales, avisó a la Unidad Jurídica y contactó a CI Casa de Bolsa para tramitar la recuperación de los 950 millones de pesos.
Pese a lo anterior, fue hasta marzo de 2021 que Ovalle giró instrucciones para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos. Un mes después, el 16 de abril, ordenó que se presentara una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Si bien se logró recuperar la totalidad de estos recursos a inicios de 2022, los informes de la ASF no dieron cuenta de que se hayan recibido en las cuentas de las paraestatales los 10.6 millones en rendimientos “extraviados”.
El 26 de enero de 2022, la Sader finalmente ordenó “separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias”.
Entre los funcionarios separados estuvieron Bernardo Fernández Sánchez, quien se desempeñaba como director de operaciones de Segalmex; Manuel Lozano Jiménez, quien fungía como apoderado legal y director de comercialización de Liconsa y Diconsa, y Carlos Antonio Dávila Amerena, director de asuntos jurídicos.
En paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa sobre los recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, “detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales”.
- Los hallazgos de la última revisión: Se publicaron en febrero de 2022, un mes después de que el gobierno diera a conocer el inicio de una investigación administrativa y la presentación de denuncias ante la FGR por posibles irregularidades cometidas por funcionarios, proveedores y prestadores de servicios.
El 14 de marzo de 2022, este medio dio a conocer que la FGR investigaba más de 20 denuncias sobre presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Desde entonces se anunciaba que el caso más avanzado era por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales por 950 millones autorizadas por Gavira.
- La versión que planteó la Fiscalía Anticorrupción era que, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias serían transferidas al propio Gavira, mientras que las pérdidas serían absorbidas por las empresas bajo su cargo, aunque las indagatorias apuntaron a que había más cómplices.
Durante la investigación de la ASF, y una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el exdirector de Segalmex, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, acusación que realizó sin presentar pruebas.
- No obstante, a través de solicitudes de transparencia, medios obtuvieron el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a Gavira que realizara las inversiones bursátiles supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría su objetivo.
Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, según consta en las actas del Consejo y la Asamblea de Accionistas de ambas instituciones.
En audiencia ante el Ministerio Público el 1 de abril pasado, Ovalle declaró no recordar haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos para la compra ilegal de certificados bursátiles, aunque incurrió en varias contradicciones e incluso dijo que pudo haber firmado sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, pues a diario recibía documentos ya revisados para su firma.
- Este caso se derivó de una denuncia de la Unidad Jurídica de Liconsa presentada desde el 16 de abril de 2021, así como de otras pruebas ofrecidas por la ASF, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación y consiguió pruebas suficientes para presentar dicho caso ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero y ejercicio indebido de la función pública.
La fiscalía también comenzó con la investigación de una veintena de denuncias presentadas por la ASF y Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de Liconsa, que fueron pagados a empresas que no entregaron los bienes contratados.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2020 ya investigaba a Gavira y su círculo cercano, luego de detectar que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales, según una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)./Agencias-PUNTOporPUNTO
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