Desde los años 90 del siglo 20, hay una tendencia en América Latina a militarizar el combate contra el crimen organizado.
«Uruguay y Argentina mantienen reglas específicas para que las Fuerzas Armadas no se involucren en tareas de seguridad pública. Sin embargo, son excepciones» en la región, explica a DW Anaís Medeiros Passos, profesora asociada del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil.
- Actualmente, en México, por ejemplo, se debate intensamente el tema de la militarización de la lucha contra el narcotráfico y otras formas de violencia organizada, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad creado en 2019, pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Policías militares y militares políticos
En entrevista con DW, Catalina Niño, experta en temas de seguridad de la Fundación Friedrich Ebert, en Colombia, agrega que también hay una tendencia a militarizar a las Policías, como es el caso de Colombia: «El nuevo gobierno de Gustavo Petro está planeando que eso va a cambiar, pero, por el momento, nuestra Policía sigue siendo parte del Ministerio de Defensa.»
- Brasil y Venezuela, por su parte, son casos ilustrativos de la presencia de militares en la política. En estos países sudamericanos hay varios militares y exmilitares en cargos que normalmente ocupan civiles. El mismo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, es un militar retirado, y miembros de las Fuerzas Armadas han llegado a ocupar la vicepresidencia, posicionarse al frente de once de 22 ministerios y ocupar unos 6.000 puestos en secretarías y ministerios.
COVID-19, pandemia militarizada
Asimismo, Medeiros Passos destaca que también se han militarizado otras áreas de la sociedad, como sucedió durante la gestión de la pandemia del coronavirus. «Todas las democracias latinoamericanas utilizaron a los militares, en algún grado, en sus respuestas estatales contra el COVID-19; eso incluyó logística, salud y producción industrial», señala.
En El Salvador, por ejemplo, los soldados estuvieron a cargo de controlar el toque de queda y el cumplimiento de la cuarentena social, mientras que en Honduras los militares llegaron a dispersar de forma violenta manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos.
Ventajas a corto plazo
En casos de emergencias sanitarias, humanitarias o naturales, las Fuerzas Armadas suelen tener una ventaja logística y organizativa para atender cierto tipo de crisis, apunta Niño. La socióloga señala que para los gobiernos es fácil recurrir a los militares, porque están pensados como una organización que debe atender órdenes de su comandante superior, que, en general, es el presidente.
- Para Medeiros Passos, otra ventaja es el efecto de disuasión: «La intervención militar puede estabilizar, o también disminuir los niveles de violencia criminal a corto plazo. En regiones donde las policías están corrompidas, o poco preparadas para contrarrestar organizaciones criminales, eso todavía es una opción».
Eternizando las Fuerzas Armadas
No obstante, ambas expertas consultadas por DW concuerdan en que hay varios riesgos asociados a la militarización de las fuerzas de seguridad y de otros ámbitos de la sociedad civil, como la exposición de los soldados a la corrupción, el aumento de violaciones de derechos humanos y abusos en contra de la ciudadanía.
Niño critica que, eternizando a las Fuerzas Armadas, se debilita a las otras instituciones que deberían estar a cargo de la seguridad. «Eso impide hacer esfuerzos más integrales y decididos para depurar a la Policía corrupta y fortalecerla».
La contradicción, en opinión de Medeiros Passos, es que «la función principal de las Fuerzas Armadas consiste en la defensa externa. Sin embargo, hasta en los países que utilizan los militares de manera frecuente en funciones de seguridad pública, la educación militar se enfoca en la guerra. Cuando los militares actúan como policías, son necesarias habilidades distintas para actuar en conformidad con los parámetros democráticos.»
A nivel mundial, naciones prefieren a las policías civiles que a las militarizadas
De acuerdo con un análisis realizado por el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdés, la tendencia global sobre la seguridad pública indica que 150 países -es decir, el 75%- están optando por contar con cuerpos policiales de orden civil o predominantemente civil.
- Este estudio publicado en la revista Nexos que contempla a las 193 naciones soberanas reconocidas por Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Vaticano, Palestina, Taiwán, Hong Kong, Macao, Kosovo y Puerto Rico, que tienen cuerpos policiales autónomos a pesar de que algunos no son soberanos.
- Entre estos, existen 17 países que tienen una fuerza pública conformada por una combinación de orden civil-militar y otras 33 naciones que tienen esquemas de mando principalmente militar como Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Angola, Nicaragua, Camboya, Kazajstán, Eritrea, Irán, Vietnam, Chad o Siria.
Las instituciones de fuerza pública que tienen una actuación más militarizada, es decir con dinámicas más combativas, son más propensas a utilizar la fuerza letal que está más asociada a abusos en materia de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales o tortura, nos dijo Daira Arana Aguilar, experta en militarización y directora general de Global Thought -una organización mexicana que atiende asuntos internacionales.
“Hay un tema importante en el tema de la fuerza pública a nivel América Latina sobre los abusos, sobre todo en la utilización de la fuerza que es una de las facultades más importantes que tienen aparte del arresto y la detención”, explicó Arana Aguilar.
“Un ejemplo interesante sobre una policía militarizada podría ser la policía militar de orden público de Honduras, una policía dentro de las fuerzas armadas que tiene todas las atribuciones de policía, pero que justamente tiene este diseño militar en su disciplina, en su estructura”, detalló la experta.
- La entrevistada recordó que el gobierno de Honduras -sobre todo el de Juan Orlando Hernández, ex presidente hondureño de 2014 a 2018 y de 2018 a enero de este 2022- manejó esta estructura de seguridad pública durante mucho tiempo, como un factor central en la disminución de homicidios.
“Sin embargo no hay evidencia concreta que nos permita determinar que efectivamente la actuación de la policía militar del orden público tuvo una injerencia en la reducción de los homicidios en Honduras”, acusó la directora de Global Thought.
- Los carabineros de Chile son también una policía militarizada, pero hay mencionar que uno de los factores que motivó la solicitud de contar con una reforma constitucional fue justo la actuación de la fuerza pública, particularmente de los carabineros que en su momento fueron una institución ejemplar, nos dijo Arana.
“El tema de derechos humanos es algo que toda América Latina está padeciendo. Tendríamos que hacer un análisis muy delicado para definir nuestro indicador que podrían ser las quejas en materia de derechos humanos ante los ombudsman nacionales y determinar cuáles tienen más o menos, aunque esta relación podría ser incluso insuficiente porque estaríamos perdiéndonos de cada contexto”, reflexionó la especialista.
- La maestra en Relaciones Internacionales y especialista en temas de Estudios Estratégicos y Seguridad, Patricia Baranda Carmona, coincidió en que debemos atender al contexto histórico, socioeconómico e incluso geopolítico de cada nación para poder comparar los resultados de los cuerpos de seguridad pública de cada país.
“Hay que partir de estas condiciones de que cada Estado tiene sus particularidades, riesgos y amenazas a su seguridad pública y por supuesto, en el plano de seguridad nacional. No es lo mismo, en términos geopolíticos dónde se ubican España, Francia -que son vecinos- y dónde se ubica Chile, que también tienen una policía militar”, reflexionó Baranda Carmona.
“El problema que tenemos los seres humanos es la tendencia a generalizar y a tratar de implementar modelos ajenos perdiendo de vista tus propias realidades, necesidades y alcances. Hay que partir desde este contexto, de que cada nación tiene sus particularidades y aunque compartan amenazas similares -como el crimen organizado– los efectos son a escala y son diferenciados”, señaló Baranda Carmona.
- La directora de Global Thought, Daira Arana, consideró que el panorama para México es complicado frente al cambio del mando de la Guardia Nacional al Ejército, ya que con la desaparición de la policía federal nuestro país no tiene una figura de fuerza intermedia para actuar en términos de seguridad pública.
“Estos cuerpos, que están en medio, en México se perdieron porque al quitar a la policía federal quedan por un lado el Ejército y la Guardia Nacional, y por otro, las policías locales, pero entre el Ejército y la Guardia Nacional, no hay un cuerpo policial que tenga las características necesarias en materia civil”, nos dijo Arana.
Por otro lado, la maestra Patricia Baranda consideró que habría que “darle el beneficio de la duda a la nueva figura de la Guardia Nacional”.
“Lo que va a estar en tela de juicio es la cuestión de los derechos humanos, que desde mi perspectiva es muy polarizable, muy politizada, y yo lo tomo con ‘pincitas’, porque es a la conveniencia de quién”, acusó la entrevistada.
“Vemos que históricamente, sobre todo en últimas fechas, sí, las fuerzas armadas se han dedicado a temas más humanitarios, pero hay esa institucionalidad y ese respeto por parte de la sociedad que se tendrá que ganar la Guardia Nacional. Y darle la oportunidad, porque ¿cómo voy a evaluar algo que ni siquiera existe?”, cuestionó Baranda.
Para Baranda Carmona la figura del militar, en una primera instancia, habla de la gravedad de la situación del lugar donde estás, “pero a la vez te da tranquilidad”.
“Considero que nuestra sociedad necesita orden, y eso no quiere decir que estemos en una dictadura, pero sí necesita más disciplina, y esa es la palabra clave que distingue a las fuerzas armadas de los demás instituciones (…) son los cuerpos más institucionalizados y más apegados a una política de Estado”, dijo la especialista.
- Los modelos de seguridad pública se deben adaptar a las circunstancias de cada país, a su contexto histórico y necesidades sociales, ya que nada garantiza que implementar un esquema que haya funcionado en una nación, sea eficiente en otra.
Sin embargo, preocupa que los ejemplos de policía militarizada que tenemos en el mundo en ocasiones pueden poner en riesgo la libertad, los derechos humanos y el ejercicio democrático de su ciudadanía.
México apuesta por la militarización
«Cambié de opinión». Andrés Manuel López Obrador justificó así esta semana por qué no obligará a que los militares regresen a los cuarteles y abandonen las tareas de seguridad pública en México, tal y como propuso en repetidas ocasiones antes de convertirse en presidente del país.
Su firme apuesta por el ejército, a quien ha confiado incluso la construcción de proyectos de infraestructura emblemáticos de su mandato, dio de hecho un paso más en la madrugada de este viernes cuando quedó aprobada en el Senado una reforma legislativa impulsada por el gobierno para transferir la Guardia Nacional -una fuerza creada bajo mando civil- a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- La decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la dependencia que aglutina al ejército y la Fuerza Aérea causó una gran polémica, entre críticas por lo que muchos organismos interpretan como una clara y progresiva militarización del país.
- Entre los señalamientos más frecuentes, está el hecho de que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, sin olvidar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al ejército mexicano. «Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos», dijo Amnistía Internacional este viernes.
López Obrador, sin embargo, defiende que este movimiento es crucial para continuar luchando contra la violencia que sigue imperando en el país y este viernes agradeció a los senadores la aprobación de la reforma «para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Sedena», dijo.
«Nos vemos en la Corte», se leía en una pancarta de la oposición en el Senado durante la votación, dado que la Constitución mexicana contempla que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil y que abre la puerta a una previsible fase de recursos judiciales contra esta reforma.
- La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa de López Obrador como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción.
Aunque la reforma constitucional que dio lugar a su creación también establecía entonces que los militares se retirarían de las calles en 2024, esto ya no será posible ahora que la propia Guardia Nacional pasará a formar parte de la Sedena.
Y, si bien en la práctica ya actuaba como un cuerpo bajo control militar -el 80% de sus 110.000 efectivos en 242 cuarteles provienen del ejército y la Marina-, esta reforma legal reafirma oficialmente el espíritu castrense de la Guardia Nacional.
«Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante», dice Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
«La profundización de la militarización en la administración pública va a ser muy difícil de revertir en los próximos años», alerta en entrevista con BBC Mundo
López Obrador, sin embargo, negó tales acusaciones.
«El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país», dijo esta semana.
Respuesta a la inseguridad en México
El mandatario justificó su cambio de estrategia respecto a la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles debido, dijo, a que resultaron la mejor opción de enfrentar los niveles de violencia que existían cuando inició su mandato y a que considera que otorgarle un carácter militar ayudará a su buen funcionamiento.
«Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?», reconoció.
«Nosotros no queremos un Estado autoritario, hemos luchado siempre en contra de eso, con el único afán de que (la Guardia Nacional) se consolide, que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal».
- Los datos, sin embargo, no muestran una gran mejoría en la seguridad nacional. Según MUCD, cuando en 2007 se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles en plena «guerra contra las drogas», los homicidios se triplicaron. Y desde que la Guardia Nacional nació en 2019, lo cierto es que la cifra de homicidios anuales se ha mantenido estable entre 36.600 y 35.600.
«Es una institución que detiene poco, lleva pocos casos ante la Justicia. No es una institución que está capacitada para investigar», cuestiona Reyes de MUCD.
«Y decir que la disciplina militar ayudará a consolidarla es totalmente falso, pues es algo que ya se ha aplicado en los últimos años y no ha habido un cambio significativo, no es una estrategia que esté funcionando», agrega./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
