Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, es acusado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la contratación de empresas fantasmas, cuando fue gobernador de Campeche, para hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos por más de 59 millones de pesos, de acuerdo con información de la revista Forbes México.
- “Tengo conocimiento (de) que, durante el periodo de gobierno, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Christian Mishel Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez realizaron varias operaciones simuladas, desvíos de recursos, entre otros actos por encima de la ley, defraudando al gobierno de Campeche y a la Hacienda Pública Federal”, aseveró Teresita Cervantes Pérez en la denuncia presentada ante la Administración de Fiscalización Estratégica del SAT.
La denunciante, quien radica en la Ciudad de México, aseguró que Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello –candidato a gobernador en Campeche–, América del Carmen Azar Pérez y las empresas fantasmas celebraron en 2017, 2018 y 2019 operaciones que probablemente constituyen hechos violatorios de las disposiciones fiscales vigentes y constitutivos del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
- El 16 de septiembre de 2015, recordó Forbes, Moreno Cárdenas –conocido como Alito– inició su periodo como gobernador en Campeche, el cual concluyó el 13 de junio de 2019. Durante su mandato, América del Carmen Azar Pérez fue secretaria de Finanzas en el estado, y Christian Castro Bello –su sobrino– ocupó diversos cargos en la entidad. Este último ahora es candidato a gobernador por la alianza PRI-PAN-PRD en aquel estado.
- Christian Castro Bello nació el 14 de febrero de 1988 y es hijo de Patricia Bello Cárdenas, prima hermana de Alejandro Moreno. En 2019 fue titular de la Secretaría de Desarrollo de aquella entidad.
Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez suscribieron contratos con diversas empresas de distintos giros, las cuales se encuentran incluidas en la “lista negra” contemplada en el artículo 69-B del Código Fiscal Federal, de acuerdo con la denuncia citada por Forbes México.
- Según Teresita Cervantes Pérez, dichas compañías emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Los mencionados contribuyentes se encuentran no localizados, por lo que comúnmente son utilizados por servidores públicos con la finalidad de desviar recursos públicos, de acuerdo con Cervantes Pérez.
- La abogada afirmó que resulta “evidente” que Alejandro Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez llevaron a cabo, junto con otros funcionarios, operaciones para la adquisición, arrendamiento, servicios y obra pública por 59 millones de pesos con empresas fantasmas y señaladas en la “lista negra” del SAT.
“Ello generó un beneficio económico a los mismos, en perjuicio de los habitantes del estado de Campeche y del fisco federal por la presunta adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, expuso.
- La denuncia presentada ante el SAT explica que el presidente del PRI y el candidato a gobernador por la alianza PRI-PAN-PRD en Campeche contrataron a empresas como Comercializadora de Prisma, Comercializadora Múltiple de Servicios y Materiales de Occidente, Comercializadora y Distribuidora Turrialba y Corporativo Eximio.
También con Distribuidora y Comercializadora Frisia, Everomex Solutions, Inveryuc y Maquila Textil del Sur, entre otras.
En Campeche se han registrado otros señalamientos por supuestas operaciones fraudulentas cometidas por diversos grupos políticos. Representantes de Morena afirmaron en días recientes que el ayuntamiento de Campeche, dirigido por Eliseo Fernández Montúfar –hoy candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado– hizo que al menos cinco empresas fantasmas le facturaran más de 32 millones de pesos.
En su gobierno, cascada de anomalías
A casi dos años de que concluyó su gestión como gobernador de Campeche para convertirse en dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno arrastra irregularidades de su administración no aclaradas en esa entidad por 3 mil 852 millones de pesos, en gran parte, en 2018. De ese año no se han justificado plenamente 3 mil 430 millones de pesos, según el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo documento señala que en la mayor parte de las auditorías efectuadas tienen seguimiento concluido, pero las inconsistencias aún no están justificadas en 2021.
- Entre las principales observaciones no aclaradas por Moreno destaca el destino de buena parte de las participaciones federales entregadas a Campeche en 2018: de 6 mil 374 millones de pesos asignados por este concepto, la ASF auditó 4 mil 11 millones de pesos, concluyendo con el requerimiento al gobierno del estado para que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria por 2 mil 443 millones de pesos.
En las conclusiones de la revisión de esta partida, la principal recibida por Campeche del gobierno federal, la ASF advierte: En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 2 mil 941 millones de pesos, el cual representa 73.3 por ciento de la muestra auditada.
El saldo de Moreno ante la ASF sobresale con respecto a su antecesor, Fernando Ortega, a quien en seis años de su gobierno se le identificaron recursos no aclarados por 190 millones de pesos. En 2019, con Moreno fuera del gobierno desde junio de ese año, la cuenta pública 2019 en Campeche arrojó irregularidades por sólo 43 millones de pesos.
Fallas en informes contractuales
La ASF destaca que la administración de Moreno no presentó la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuentas bancarias) del ejercicio de los recursos de participaciones federales a entidades federativas 2018.
- Conforme al reporte de la auditoria 606 de la ASF correspondiente a la cuenta pública de 2018 y que esta clasificada como de seguimiento concluido (Moreno dimitió al gobierno en junio de 2019), se describen las irregularidades y se concluye:
“De una muestra de 33 expedientes de adquisiciones pagadas con recursos de participaciones federales 2018 por 158.2 millones de pesos para la adquisición de materiales y suministros, contrataciones para servicios profesionales y la adquisición de bienes muebles, equipos de cómputo y transporte, no proporcionaron el Programa Anual que incluyera 25 de las adjudicaciones; en 13 adquisiciones para la contratación de servicios de consultorías, servicio, actualización y mantenimiento de aeronaves del gobierno de Campeche; en 15 casos no contaron con los oficios de suficiencia presupuestal; en cinco casos no entregaron el acta constitutiva de los proveedores ganadores, lo que no permitió verificar su personalidad jurídica ni que sus actividades estén relacionadas con los bienes y servicios contratados.
- No proporcionó en 19 expedientes la documentación que acredite la capacidad de respuesta, recursos técnicos y experiencia de las empresas contratadas, ni presentaron para 9 proveedores la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en 27 casos su inscripción ante las dependencias de los Servicios de Seguridad Social, no contaron con el contrato debidamente formalizado y en 19 casos los contratos no se sustentan con la normativa aplicable.
En la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en 2018, la ASF concluyó presunto daño patrimonial por 205 millones de pesos por falta de entrega de los rendimientos financieros generados por la aportación de mil 545 millones de pesos destinados al referido fondo; 99.9 millones de pesos más los rendimientos financieros por no acreditar la documentación del pago de salarios, entre otros./Agencias-PUNTOporPUNTO
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